miércoles, 9 de septiembre de 2020

PIRÓMANOS BANCARIOS AL MANDO DE LA EXTINCIÓN DEL INCENDIO ECONÓMICO

 


La, según parece, imparable fusión entre CaixaBank y Bankia es como si, en plena pandemia del COVID, el gobierno nos sorprendiera dando luz verde al despido de nuestro personal sanitario aludiendo a estrategias económicas de altos vuelos. En estos tiempos de emergencia climática, de urgente necesidad de ir hacia un modelo económico menos contaminante y depredador y en plena fase de desmoronamiento por las consecuencias económicas de una crisis sanitaria, permitir mayor concentración bancaria y la desaparición de la poca banca pública que tenemos en vez de reforzarla, es lo mismo que acabar con el cuerpo de bomberos en plena ola de incendios.

El tránsito hacia un tejido industrial con menos emisiones, la superación del mito del crecimiento consumista, la ayuda a las pequeñas y medianas empresas en este proceso, la reorientación de las prioridades en temas de rehabilitación de viviendas y de cambios en la movilidad, la compensaciones que exige una transición ecológica socialmente justa y equlibrada en lo territorial o la transformación del modelo energético no puede hacer se a la velocidad que necesitamos sin un impulso de la banca pública.

No tenemos que inventar nada. Lo reclama hasta el Banco Mundial. Está sucediendo en los países europeos de referencia. En estos tiempos convulsos nadie renuncia a las herramientas públicas en el sector bancario. Alemania, Italia, Francia, los países del norte del continente… Los bancos más solventes según todos los test son, oh, casualidad, los públicos. En Alemania, repartidos por landers, son básicos en las inversiones más sostenibles; en Holanda, el BNG, exactamente igual. Hasta en Estados Unidos, Dakota del Norte está esquivando los graves desajustes económicos de este país, gracias a su banca pública absolutamente excepcional.

La banca pública es un factor de estabilidad. Resulta ridículo escuchar al presidente Sánchez o a sus portavoces apelar a al existencia del ICO para tranquilizarnos respecto de la fusión de Bankia (en realidad, absorción) con CaixaBank. El ICO no llega ni al 10% de lo que representa la banca pública en la mayoría de países de nuestro entorno.

Para entendernos: la banca pública es una garantía de competitvidad, de la competitividad buena y justa en tiempos de brutal concentración del sector financiero y sirve al interés general en lugar de buscar el beneficio rápido y a costa de lo que sea. Resulta sorprendente que en tiempos de emergencia climática, en realidad, le deberíamos llamar emergencia social, un gobierno progresista considere adecuada una mayor privatización bancaria. No voy a reclamar la nacionalización del sector pero que un gobierno como el de Pedro Sánchez se planteara la consideración de toda la banca como un servicio público esencial parece lo mínimo. Pues no, todo lo contrario. Y claro, de sus deudas pendientes, “ya tal… “ que diría Rajoy.

Acabo con una vuelta a la defensa del interés general para reclamar la existencia de una banca pública potente que pueda ejercer de impulsora de la transformación ecológica de nuestra economía. Más allá de la miopía caníbal del capitalismo depredador, acelerar la transición ecológica es una responsabilidad en beneficio de las futuras generaciones, esas que hoy no están aquí, o todavía no tienen sitio en las altas esferas de poder. También en el ámbito de la economía. Cuánto más ignoremos los peligros ambientales mayores serán las catástrofes que se producirán y, por tanto, también serán mayores las pérdidas económicas, la desestabilización los desastres financieros. Por el contrario, cuanto más decididamente dirijamos dinero a inversiones “ecológicas” más posible será una prosperidad compartida. Tenemos que elegir, también esos buitres de consejo de administración acostumbrados a mandar sin pasar por las urnas, desde Primo de Rivera a nuestros días, entre una transición verde suave o traumática. Entre crecer y crecer hasta llegar al abismo y seguir creciendo para caer en él o repensar nuestro modelo de consumo.  O movilizamos ya los recursos financieros hacia la descarbonización o tenemos los días contados. O lo impulsamos desde lo público o no llegamos a tiempo.O lo hace este gobierno o estamos perdidos. O recuperamos la banca pública o nada. En pleno incendio dejar las tareas de extinción en manos delos pirómanos es poco tranquilizador.

lunes, 7 de septiembre de 2020

EL COVID ES UN ENSAYO

 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (centro) hablando con el presidente de la Fundación La Caixa, Isidre Fainé (iz.), en una imagen reciente. (Foto: EFE)

Si tienen dudas sobre la falta de sinceridad de los gobiernos respecto de su preocupación por el cambio climático piensen en el español y en el anuncio de fusión entre CaixaBank y Bankia. La operación financiera más importante de los últimos años se hace sin que nadie se acuerde de cómo puede aprovecharse para ayudar en la transformación que precisa nuestra economía para adaptarse a la emergencia climática que el mismo gobierno ha declarado. Es más, el presidente Sánchez está dispuesto a perder de un plumazo todo el peso estatal decisorio en Bankia y, por tanto, toda posibilidad de que exista una banca pública que, desde el interés general, impulse la modernización de nuestro sistema productivo, la transición ecológica y el nuevo modelo social que tal realidad reclama.

La explicación búsquenla donde casi siempre: el poder político sigue supeditado a los grandes poderes económicos y no se atreve, no quiere o no sabe conducir a estos a los comportamientos que se precisan porque creen que se puede poner en peligro su cuenta de resultados. La evidencia de lo que realmente está en peligro es la supervivencia de la especie humana parece importarles menos.

Piensen en cualquier exceso que se les ocurra y verán como llegan a la conclusión de que respuesta es una limitación. No hay milagros: los excesos se combaten con limitaciones y, si estas se preparan con tiempo, se pueden organizar para que resulten más o menos cómodas; si se van retrasando acaban cayendo sobre nosotros de forma sorpresiva, brutal e injusta. Lo estamos viendo con las recetas contra el coronavirus pero, en un marco más amplio, al paso que vamos, más lo veremos con la crisis climática.

Hemos basado nuestro crecimiento (capitalista y miope) en la destrucción de nuestro entorno y eso forzosamente se vuelve en nuestra contra. Hemos vivido como una especie superior, como si nuestra existencia no dependiera de la naturaleza. Craso error. Nos hemos excedido, mucho, y ahora toca limitarnos. En realidad, se trata de un cambio de modelo económico y social pero tenemos que empezar ya, de forma decidida, sin paños calientes, en defensa del interés general, desde lo público, escuchando a los científicos y no a los grandes consejos de administración, pasando de las palabras a los hechos, armonizando lo económico con lo social y lo ecológico.

Sabemos que se nos agotan las energías fósiles que además están matando nuestra salud (y la del planeta, que viene a ser lo mismo), que disminuyen nuestros recursos hídricos, que tenemos en cuestión nuestro sector agrícola y turístico, que vendrán sequías crueles, grandes inundaciones, mayores incendios, que subirá el nivel del mar, que perdemos biodiversidad cada día y que el aumento de las temperaturas es un hecho. Todo por nuestro excesos. Pues ahora toca limitarnos. Y eso no ha de ser, en términos generales, vivir peor, al revés. Debemos pasar de la guerra de todos contra todos a la búsqueda del bienestar compartido. Es cuestión de repartir mejor lo que tenemos y de modificar las formas de hacer y aquello a lo que damos más valor. Por eso es básico contar con recursos económicos para acelerar el proceso y con gobiernos valientes que se lo crean de verdad.

Vienen tiempos obligatorios de grandes transformaciones. Las incomodidades del COVID son simplemente un pequeño ensayo.

La transición energética que está dejando atrás el gas, el carbón y el petroleo es como el epicentro del cambio. Las energías renovables son limpias y baratas y dan para seguir viviendo pero su tasa de retorno es inferior a las fósiles. Por tanto, tenemos que variar comportamientos y el modelo económico dominante. Es decir, nos tenemos que organizar para vivir con menos energía. Lo primero es, pues, desterrar el mito del crecimiento. Sí, para hacer tortilla hay que romper los huevos.

Hechos: la movilidad la tenemos que reducir. Hechos: abandonemos las grandes operaciones urbanísticas y dediquémonos a rehabilitar. Hechos: paguemos a quienes conservan la biodiversidad, los bosques y nuestro entorno rural. Hechos: garanticemos la rentabilidad de la agricultura de proximidad. Hechos: pongamos en pie un sistema tributario progresivo pensado para la transición ecológica. Hechos: aprovechemos la fuerza de una banca pública para facilitar la transformación de nuestra economía. Hechos: aseguremos que la banca en general está al servicio de la economía real y no de la especulación financiera. Hechos: blindemos sanidad, educación y dependencia de recortes y mercantilización. Hechos: garanticemos el acceso de todos a los bienes comunes, que nunca a costa de la gente sean negocio ni el agua, ni la tierra, ni la energía. Hechos: reduzcamos el consumo y la generación de residuos. Hechos: invirtamos en educación, cultura e innovación lo que hoy gastamos en armas.

Las palabras ya están dichas; los grandes acuerdos internacionales los conocemos; las declaraciones emergencia climática las hemos leído; los propósitos sabemos que están. Es tiempo de pasar a la acción. Una acción que ha de profundizar en la democracia, fortalecer lo público, procurar una mayor cohesión social, un mayor equilibrio territorial, más descentralización y recordar a los grandes poderes económicos que sus intereses particulares están supeditados al interés general y que para gobernar hay que presentarse a las elecciones.


jueves, 6 de agosto de 2020

LAS 3 MENTIRAS: CAMPECHANOS, TRANSPARENTES Y SOCIALISTAS

De izquierda a derecha, los reyes Felipe VI y Juan Carlos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (foto: El Mundo)



El rey Juan Carlos personificó la continuidad del franquismo sin Franco ni franquistas, la pervivencia del sistema con un formato más moderno y homologable internacionalmente. Para ello se selló el “Gran Acuerdo” que lleva 50 años en pie y que, pese a las grietas, se mantiene fuerte: unos medios de comunicación convertidos en sus relaciones públicas, unos partidos políticos en el papel de guardaespaldas, unos empresarios dispuestos a pagar, una justicia ausente y un halo general de censura para fabricar y proteger el mito de la Transición intocable y su Campechano Sumo Hacedor. 


Hoy el vértice del montaje sigue donde siempre: hoy todo gira alrededor de Felipe VI y su apoyo clave se llama Partido Socialista Obrero Español. No es la izquierda ni el republicanismo el que ha obligado a huir al rey emérito, no. Quien lo ha empujado es la clase dominante de este país, aquella a la cual ha servido y de la que se ha servido, la del "Gran Acuerdo". La que ya lo da por amortizado y lo ve como un peligro para la institución y, por tanto, para la continuidad de sus privilegios. Por eso han sido los medios más "prosistema"la que más ha insistido en sus tropelías. El padre fuera, viva el hijo. Como cuando la abdicación: los focos a la fachada recién remozada y la mierda, bajo la alfombra. El PSOE, fiel a sus papel oficial de ala izquierda de la derecha, se limita a evitar que la mayoría social republicana y democrática pueda reflejarse en las instituciones.


El rey Felipe VI presidiendo una reunión de la CEOE en junio pasado (foto: EFE)




Dado que la campechanía ya no basta, el nuevo rey cabalga a lomos de la transparencia. La farsa se mantiene. Ni Juan Carlos era campechano en el sentido que se le quería dar (basta recordar como se atrevía hasta a golpear a un chófer en público); ni Felipe VI es transparente. ¿Transparente? Ni nos cuenta dónde está su padre, ni cual es la razón de su marcha, ni qué se pretende con ella, ni como se orquestó con el Gobierno Sánchez. Por supuesto tampoco nos explica cómo puede ser que no supiera nada de lo que se cocía en Palacio o si sabía algunas cosas pero no acababa de atar cabos. Nos burlamos mil veces de Ana Mato por no extrañarse de la aparición de un Jaguar en su garaje pero la ignorancia de Felipe VI no parece sorprendernos. Algo debería decirnos sobre cómo se vive 50 años en la Cueva de Alí Babá sin sospechar de nada.  La proclamada transparencia parece que tampoco le llega para detallarnos la fortuna de su progenitor. Vamos, ni la suya conocemos. Ni una palabra sobre todo el patrimonio escondido en paraísos fiscales. Nada nos ha contado tampoco del lío de las herencias, de por qué esperó a que los periódicos extranjeros informaran de sus cuentas para repudiar el dinero de su real progenitor. Echo de menos también alguna transparente reflexión por su parte sobre el silencio que hay sobre la opinión que los españoles tienen de la Monarquía. ¿Cómo es posible que el CIS no pregunte jamás al respecto? Seguro que no es por orden de la Casa Real. Seguro que la Casa Real dispone de algún trabajo sobre el tema. ¿A qué espera para hacerlo público?


Y sobre el PSOE: llama la atención la velocidad de su tránsito. Del antifranquismo republicano al “juancarlismo” en lo que va del 1974 al 1978 y de “juancarlistas” a monárquicos en poco más de una semana. Hoy  el PSOE es el cauterizador de la herida abierta que tienen los Borbones. Es enternecedor escuchar como proclaman que los pufos del rey Juan Carlos no afectan a la institución porque son cosa del pasado y que ya no está en ejercicio. ¿Quiere esto decir que si se le hubiera pillado con las manos en la masa, eso hubiera sido el final de la Corona? ¿Entonces sí? 


El rey Juan Carlos saluda al expresidente del Gobierno, Felipe González, en presencia de Pedro Sánchez (foto: EFE)


Sin este PSOE el cambio de modelo de Estado, la III República, con todo lo que eso puede significar más allá de la ausencia de un rey, estaría en el centro del debate político. Sin este PSOE, Vox y el PP estarían sólos con la CEOE y la cúpula episcopal en la defensa de la Monarquía Borbónica, y se las verían muy complicadas para justificar su encaje democrático y su legitimidad, tanto de origen como de ejercicio. El PSOE, que se mantiene fiel al “Gran Acuerdo” postfranquista, ya se ha tenido que desprender de su extravagante máscara que los hacía “republicanos juancarlistas” y evidenciar que, contra su historia, son un partido monárquico, como VOX y el PP. Puesto que ni está en su tradición, ni debe ser una cuestión de apego personal al rey, ni supongo que piensan que el pueblo español es tan inmaduro que necesita una tutela de sangre azul, me inclino a pensar que la repentina condición monárquica del PSOE responde a que se han visto obligados a escoger bando y, como VOX y el PP, entre defender los intereses de los poderes económicos dominantes o enfrentarse a ellos, han escogido la primera opción.


Ver hace unos días a Felipe González defender al rey Juan Carlos resultaba ridículo y daba pena. Ver hoy al PSOE ejercer de parapeto borbónico es desolador y da una idea del trabajo que nos queda para que nuestra democracia sea merecedora de tal nombre.


miércoles, 8 de julio de 2020

EL REY FELIPE ANTE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Los reyes Juan Carlos y Felipe en un acto oficial (Foto EFE).


Observo con asombrado estupor, por emplear una fórmula del estilo “honda satisfacción”, como los reiterados escándalos económicos del rey Juan Carlos se mantienen al margen de la institución que usó para llevar a cabo todos sus turbios negocios, sus trampas y sus mentiras. Es más, me llama la atención, es una manera de hablar, como los medios y los políticos se emplean a fondo en librar al rey Felipe de toda sombra de sospecha.

Deberíamos distinguir entre lo judicial y lo político. En el primer campo, habrá que aclarar las posibles responsabilidades del exJefe del Estado y la investigación ya nos llevará a quienes, junto a él, puedan tener que vérselas con la justicia o no.

A mi me interesa bastante más la cuestión política. Y en este apartado distinguir entre el protagonista y la institución tiene muy poco sentido. Primero porque toda la corrupción que se haya dado ha sido posible porque se ha hecho usando la Corona como plataforma de actuación y trinchera de defensa y, segundo, porque al tratarse de una institución basada en la continuidad dinástica y no sometida a elección, ni a posibilidad de cambio, una mancha de estas características la pone en cuestión de manera absoluta.

Cualquier mandatario surgido de las urnas y, por tanto, representante dela voluntad popular puede ser inmediatamente (o casi) sustituido si es descubierto con las manos en la masa. Con la Monarquía no sucede así. Por tanto, la culpa no descansa sobre los hombros del protagonista del acto corrupto sino de la propia institución.

Resulta absolutamente increible que el actual rey Felipe no supiera nada de lo que estaba sucediendo, que fuera espectador privilegiado del acelerado enriquecimiento de su padre y todo le pareciera fruto de su asignación presupuestaria, que viviera en medio de ese Patio de Monipondio que ha resultado ser Zarzuela y sospechara. Visto desde ahora el “caso Urdangarín” ya no parece otra cosa que una franquicia más del gran negocio “juancarlista”. La resistencia de la infanta Elena a aceptar su papel de apestada se entiende perfectamente ahora. Con lo que pasaba en las plantas nobles, los negocios del atlético Urdangarín no eran más que calderilla.

Así las cosas, y hablando de política, no hay más alternativa que poner en marcha una Comisión de Investigación Parlamentaria sobre la cuestión. Y la cuestión no es Juan Carlos sino Monarquía. El rey Felipe, que es quien ostenta la jefatura del Estado, es quien debe disipar todas las sospechas alrededor de la institución que representa. Por supuesto que debe convencernos de que él estaba al margen de todo, aunque eso le deje en una posición de incapaz poco fiable; pero además debe limpiar la imagen de la Corona. No lo tiene fácil. Monarquía y democracia son esencialmente incompatibles. La excepcionalidad que supone su convivencia debe basarse en una ejemplaridad y una extraña conexión con la ciudadanía que es imposible de mantener encadenando escándalos, ocultaciones y dudas por resolver.

La necesidad de consultar a la ciudadanía sobre la Monarquía es inaplazable. No se trata de aprovechar lo que está pasando para reclamar una República. Esta reclamación no necesita más argumentos añadidos al principio de que en democracia nadie vale más que nadie, ni tiene derechos diferentes. Se trata de que la Monarquía ha desaprovechado la oportunidad que se les ha dado para convencernos de su necesidad pese a ser la heredera de un dictador que, a sangre y fuego, acabó con la democracia. Las cargas explosivas sobre sus cimientos las han puesto ellos mismos. Las explicaciones del rey Felipe ante una Comisión de Investigación son su última posición de defensa. Puesto que no las dará, y puesto que no podemos votarle, que se bote solo. Cuando la majestad desemboca en insignificacia, es momento de preparar las maletas y evitarnos nuevos episodios de asombro y estupor.


martes, 30 de junio de 2020

PLAN RENOVE, EN REALIDAD, PLAN REPITE


Congestión circulatoria en una de las entradas a Madrid (EFE)



Los buenos resultados de los Verdes franceses este fin de semana, acompañados de la inmediata reacción del presidente de la República, Emannuel Macron, que ha prometido ser más ecologista que nadie y ha puesto sobre la mesa 15.000 millones para Transición Ecológica, me ha devuelto a la iniciativa que se conoció  hace unos días del Gobierno Sánchez para echar una mano al sector del automóvil en nuestro país y que, de momento, parece paralizada. Estaba previsto incluir las nuevas  ayudas en el Consejo de Ministros de ayer pero, finalmente, quedó fuera, aunque se ha anunciado que se aprobará en 15 días.

La propuesta que se conoce del futuro Plan Renove es un indicio de que, en lo económico, la nueva normalidad va camino de parecerse mucho a la vieja. Que el primer paso que se le ocurre al Gobierno para reactivar el tejido productivo sea ese nuevo plan pro-automovil y que se subvencione la compra de coches contaminantes es una señal evidente de que no hemos entendido nada; o mejor dicho, que hayamos entendido algo o no, el poder económico, cortoplacista y depredador, sigue al mano gobierne Rajoy, Sánchez o quien sea.

El Gobierno propone la movilización de 1.000 millones de euros destinado a la compra de vehículos, aunque el paquete global va más allá. Un 10% escaso corresponde al Ministerio de Transición Ecológica para la adquisición de lo que se conoce como “coches limpios”, que es mucho decir. Por tanto, el grueso del Plan es seguir como siempre ya que incluso se financia la compra de coches que contaminan por encima de las peores previsiones europeas.

Parece que el gobierno y la ministra Ribera han dejado para mejor ocasión, siempre es así, la búsqueda de alternativas a la movilidad insostenible, la que multiplica las emisiones, la que se ceba en nuestra salud.  Ni las declaraciones de emergencia climática parecen servir para acelerar los tiempos. Mucha emergencia en los discursos, todo parsimonia en las acciones.

El gobierno lanza un pésimo mensaje contra el que será preciso seguir trabajando: les sigue importando más la presión a la cual les someten los grandes lobbies empresariales que la vida de nuestros hijos; el dinero antes que las personas. Así estamos.

Era el momento de empezar a marcar otro camino. Liderar socialmente es eso: recoger las necesidades, conectar con las demandas de la base de la ciudadanía, con el interés general, marcar una nueva hoja de ruta y compartirla con el conjunto de la sociedad.

Parece que vamos camino de desaprovechar la posibilidad de comenzar a dirigir las grandes inversiones hacia nuevas maneras en la movilidad, hacia el refuerzo del transporte público, hacia la desmotorización de los desplazamientos.

No nos engañemos, en el manoseado concepto de la sostenibilidad también hay negocio. Lo digo por quienes pretenden hacer ver que cualquier cambio hunde la economía. Hay negocio y, claro está, lo harán los grandes poderes económicos de siempre, aceptemos eso. De lo que se trata es de intentar que el nuevo modelo sirva para reducir la desigualdad y que no sea a costa de nuestra salud. Así de simple. Pongamos el dinero público al servicio de las personas y no de los negocios. No vale usar los puestos de trabajo del sector del automóvil como escudo humano. La Transición Ecológica es obligatoria y puede ser justa. De hecho, lo será si, en lugar de subvencionar el pasado se invierte en futuro.

Y dicho esto, menos lobo con el tema “Plan Renove”. Los estudios muestran que no pasan de ser respuestas urgentes ante las presiones empresariales. Pan para hoy y hambre para mañana. Las subvenciones adelantan las compras pero no las amplían. Los nuevos vehículos no contaminan menos porque se usan más. El vehículo privado vuelve con fuerza porque la crisis sanitaria ha generado miedo al transporte público, y eso durará un tiempo. El “Plan Renove 2020” es una simple subvención a la industria, sin obligarla a reconvertirse ni ser menos contaminante. En cuanto a los precios, hay ayuda de la administración pero no de la industria. Las marcas subirán los precios en la misma medida que tengan de comprometerse con descuentos posteriores. Siempre ha sido así. Y cuando les convenga, nada de todo esto para ni sus cierres, ni sus deslocalizaciones.