EL REY FELIPE ANTE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Los reyes Juan Carlos y Felipe en un acto oficial (Foto EFE).

Observo con asombrado estupor, por emplear una fórmula del estilo “honda satisfacción”, como los reiterados escándalos económicos del rey Juan Carlos se mantienen al margen de la institución que usó para llevar a cabo todos sus turbios negocios, sus trampas y sus mentiras. Es más, me llama la atención, es una manera de hablar, como los medios y los políticos se emplean a fondo en librar al rey Felipe de toda sombra de sospecha.

Deberíamos distinguir entre lo judicial y lo político. En el primer campo, habrá que aclarar las posibles responsabilidades del exJefe del Estado y la investigación ya nos llevará a quienes, junto a él, puedan tener que vérselas con la justicia o no.

A mi me interesa bastante más la cuestión política. Y en este apartado distinguir entre el protagonista y la institución tiene muy poco sentido. Primero porque toda la corrupción que se haya dado ha sido posible porque se ha hecho usando la Corona como plataforma de actuación y trinchera de defensa y, segundo, porque al tratarse de una institución basada en la continuidad dinástica y no sometida a elección, ni a posibilidad de cambio, una mancha de estas características la pone en cuestión de manera absoluta.

Cualquier mandatario surgido de las urnas y, por tanto, representante dela voluntad popular puede ser inmediatamente (o casi) sustituido si es descubierto con las manos en la masa. Con la Monarquía no sucede así. Por tanto, la culpa no descansa sobre los hombros del protagonista del acto corrupto sino de la propia institución.

Resulta absolutamente increible que el actual rey Felipe no supiera nada de lo que estaba sucediendo, que fuera espectador privilegiado del acelerado enriquecimiento de su padre y todo le pareciera fruto de su asignación presupuestaria, que viviera en medio de ese Patio de Monipondio que ha resultado ser Zarzuela y sospechara. Visto desde ahora el “caso Urdangarín” ya no parece otra cosa que una franquicia más del gran negocio “juancarlista”. La resistencia de la infanta Elena a aceptar su papel de apestada se entiende perfectamente ahora. Con lo que pasaba en las plantas nobles, los negocios del atlético Urdangarín no eran más que calderilla.

Así las cosas, y hablando de política, no hay más alternativa que poner en marcha una Comisión de Investigación Parlamentaria sobre la cuestión. Y la cuestión no es Juan Carlos sino Monarquía. El rey Felipe, que es quien ostenta la jefatura del Estado, es quien debe disipar todas las sospechas alrededor de la institución que representa. Por supuesto que debe convencernos de que él estaba al margen de todo, aunque eso le deje en una posición de incapaz poco fiable; pero además debe limpiar la imagen de la Corona. No lo tiene fácil. Monarquía y democracia son esencialmente incompatibles. La excepcionalidad que supone su convivencia debe basarse en una ejemplaridad y una extraña conexión con la ciudadanía que es imposible de mantener encadenando escándalos, ocultaciones y dudas por resolver.

La necesidad de consultar a la ciudadanía sobre la Monarquía es inaplazable. No se trata de aprovechar lo que está pasando para reclamar una República. Esta reclamación no necesita más argumentos añadidos al principio de que en democracia nadie vale más que nadie, ni tiene derechos diferentes. Se trata de que la Monarquía ha desaprovechado la oportunidad que se les ha dado para convencernos de su necesidad pese a ser la heredera de un dictador que, a sangre y fuego, acabó con la democracia. Las cargas explosivas sobre sus cimientos las han puesto ellos mismos. Las explicaciones del rey Felipe ante una Comisión de Investigación son su última posición de defensa. Puesto que no las dará, y puesto que no podemos votarle, que se bote solo. Cuando la majestad desemboca en insignificacia, es momento de preparar las maletas y evitarnos nuevos episodios de asombro y estupor.