sábado, 25 de abril de 2020

EL DONUT DE LA BUENA VIDA, QUIÉN LO IBA A DECIR

Imágen de la campaña publicitaria de "Donuts" en los años 70.



Hubo hace más de 40 años un famoso anuncio de TV que dio a conocer el “Donut”, un bollito tan supuestamente sabroso que el niño protagonista empieza olvidando el almuerzo en casa (“¡Anda, los donuts!”, era la frase) pero, con el paso de los días,  le gusta tanto que lo que acaba olvidándose en casa son los libros (“¡Anda, la cartera”, remataba). En mi cuadrilla de amigos, el anuncio tuvo mucho eco porque el niño que lo protagonizaba vivía en nuestro pueblo. No sé qué habrá sido de él. A los donuts no les ha ido mal. La marca se ha convertido en una especie de categoría. Han diversificado mucho el producto y son un clásico. A mi me sigue pareciendo un producto graso y poco recomendable, pero este no es el caso.
Nosotros, de pequeños, no comíamos donuts. Eramos más de pan con tomate, con aceite y sal, hasta con aceite y azúcar. El ocio era salir al bosque, rodar en bici, pegarle patadas a un balón y, en verano, pasar horas en la playa entre barcas de pescadores. Eran tiempos austeros, de consumo limitado pero era una buena vida y, visto desde ahora, una buena vida, bastante más sostenible que la actual. Eran los años 70 y ya sé que se estaba gestando el abuso consumista que hoy nos ahoga pero yo de eso no era consciente. Volveré al “donut”, no el de comer sino el de pensar.
La buena vida, entendida desde la fraternidad humana, está en la franja situada entre la satisfacción de las necesidades básicas y el deterioro de nuestro entorno. Toda actividad que contribuya a fortalecer ese espacio es positiva. Si se sitúa por debajo significa explotación y desigualdad; si lo supera, insostenibilidad y depredación. En el primer caso nos cargamos el presente; en el segundo, el futuro. Pero no un futuro lejano sino un mañana distópico que intuimos o que ya directamente rozamos.
Fuera de la buena vida es el reino de la miopía ya que nadie está a salvo. Un mundo desigual es injusto y donde hay injusticia no hay seguridad, para nadie, por más que algunos, la minoría situada en la cima de la pirámide, puedan sentirse momentáneamente blindados. Sobre la insostenibilidad hay poco que discutir. El manido “estamos todos en el mismo barco” se puede contestar con que “las condiciones de los camarotes son muy distintas”, y es cierto, pero si el barco se hunde no hay botes salvavidas para nadie.
Ahora que Amsterdam ha puesto en el mapa las teorías económicas del “donut” de Kate Raworth, les propongo que dediquen algún momento del fin de semana a leer sobre ello en internet. En esa línea van los dos párrafos que acaban de leer.


Juan Roig (izquierda) y Vicente Boluda, dos de los principales dirigentes de la Asociación Valenciana de Empresarios, en un acto reciente en favor del Corredor Mediterraneo (Foto EFE).


En cambio, no es necesario perder el tiempo con voces como las de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) a través de la cual armadores como Vicente Boluda o grandes distribuidores como Juan Roig reclaman la actividad económico como si aquí no pasara nada. Da la sensación de que no es que no les importe la salud sino que la suya se deteriora cuando no oyen el “clin clin” de las cajas registradoras.
El otro día, también en su nombre, el expresidente del Gobierno Felipe González, hoy miembro del Consejo de Administración de la empresa de Boluda, reclamaba grandes consensos mientras se burlaba de la presencia de Podemos en el Gobierno. La derecha siempre pide consensos cuando pierde las elecciones. ¿Por qué no consensuó el PP la reforma laboral, la ley mordaza o la guerra de Irak? Pues porque gobernaba y no los necesitaba. Cuando la derecha gana las elecciones gobierna, normal, y cuando las pierde, la izquierda no pude gobernar porque hay que consensuar. La ley del embudo. Ya está bien de apelar al consenso. El consenso es una figura excepcional y de naturaleza no democrática ya que implica que la minoría puede vetar a la mayoría. Si, en su momento, se hubieran tenido que consensuar decisiones como las vacaciones pagadas, el divorcio, los impuestos progresivos, la igualdad de género, las bajas laborales, la separación Iglesia- Estado, el matrimonio homosexual, la abolición de la esclavitud o el derecho a la huelga, por no alargarme, todavía estaríamos esperando.

miércoles, 22 de abril de 2020

CALLEJA, ETA Y ZAPLANA


José María Calleja, poco después de dejar de presentar los informativos de la televisión autonómica vasca (EITB)

Fue con motivo de las elecciones autonómicas de Euskadi de 1994 que cubrí como enviado especial de Canal 9 que entrevisté a José María Calleja, fallecido ayer. Bueno, no fue una entrevista. En realidad, aproveché para hablar unos minutos con él con la excusa de “consultar a alguien representativo del periodismo vasco”. No es que lo tuviera idealizado pero me interesaba un periodista que le plantaba cara a ETA en el mismo País vasco. Aquel año ETA mató a 25 personas y el siguiente a 46. Hubo años que rozaron el centenar.  Calleja, que ya había estado en la cárcel en tiempos de Franco, por entonces era presentador de Informativos en ETB, la televisión autonómica vasca, y estaba en el punto de mira de los etarras porque abiertamente evidenciaba el comportamiento criminal de ETA.
Me sorprendió  la normalidad con la que me hablo de situación. Estaba más preocupado por como el clima de terror etarra afectaba al periodismo que por su caso particular. A diferencia de lo que acostumbra la profesión se pasó todo el rato desdramatizando su caso. Yo le insistía en el valor de su actitud y él me contestaba algo así como “coño, es que lo que hace ETA es una barbaridad”.
Con el paso de los años tampoco he seguido mucho su trayectoria pero sí lo suficiente para ver que mantenía esa misma perspectiva profesional y sensata para encarar todos los temas de la actualidad política.
Tenía más razones y experiencias que la inmensa mayoría para sentar cátedra o no dejar margen a la duda pero tenía la rara habilidad de combinar adecuadamente firmeza y modestia cuando argumentaba y, la verdad, entre tanto botarate dándose importancia, Calleja resultaba llevadero.
Cuando las cosas empeoraron en Canal 9, cuando desapareció la vocación informativa y se  extendió en la casa un régimen miserable de acojonamiento chusquero que la práctica totalidad de periodistas (o lo que fueran) aceptó sin rechistar, muchas veces pensé en Calleja. Si el defendió el periodismo ante las bombas de ETA, ¿cómo era posible que nosotros no fuéramos capaces de hacerlo ante las bravuconadas de Zaplana, Sánchez Carrascosa, Camps, Vicente Sanz o Genoveva Reig?


lunes, 20 de abril de 2020

LOS PELIGROS DEL ECOLOGISMO

El agricultor, sindicalista y ecologista brasileño Chico Mendes, en 1988, poco antes de ser asesinado.



La salida verde a las distintas crisis que ha puesto de manifiesto el COVID19 está teniendo mucho eco. Presidentes, ministros y hasta destacados empresarios dicen apoyarla. Tanto aplauso es una buena noticia pero conviene no pecar de ingenuos. La “salida verde” es iniciar un proceso de transformación del modelo económico imperante y el poder, no el que sale de las elecciones, sino el de los grandes consejos de administración no lo va a facilitar.
El poder económico nunca facilita nada que cuestione su modelo de negocio. Y es un pulso muy desigual.
En 2018, 168 personas fueron asesinadas en todo el mundo por defender la conservación de la naturaleza frente al enriquecimiento suicida de quienes viven (y muy bien) de su depredación.
168 personas, que se deben sumar a las 207 que fueron asesinadas en 2017, a las 201 de 2016, y a tantas y tantas otras de años anteriores. Los datos son de la organización internacional Global Witness que lleva más de 25 años trabajando estos temas. Son algo más de tres muertos por semana. Asesinatos, por otra parte, que en su inmensa mayoría quedan sin ser investigados y por los que nadie paga.
Filipinas, Colombia, Guatemala, India, Brasil… encabezan la lista de estos crímenes. Es la represión contra el cambio y cambia de método según el país:  en Estados Unidos se facilita la apropiación de tierras por parte de empresas del sector de los combustibles fósiles se apropien de tierras mientras los gobiernos se dedican a  legislar para reprimir las protestas. También Inglaterra, por poner otro ejemplo, está condenando a penas de cárcel a manifestantes antifracking.
Las personas asesinadas son mujeres y hombres que plantan cara al desarrollo indiscriminado de explotaciones mineras contaminantes, las más de las veces, a cielo abierto; a talas masivas de árboles; a negocios que privatizan, envenenan o agotan fuentes de agua; a explotaciones agroindustriales que empobrecen, depredan e intoxican los suelos…
168 muertos por defender la vida, el planeta, el futuro de todos y todas. La mayoría anónimos, víctimas silenciadas. Asesinos que siguen libres y asesinados a los que se empieza tildando de “locos que acabarán con la economía” para  terminar llamándoles terroristas y poder acabar con ellos.
Alguna de las víctimas, muy pocas,  tienen nombres conocidos; Chico Mendes, Berta Cáceres… Pero sirve de poco. Chico Mendes era un recolector de caucho brasileño que evitó con sus protestas la desaparición de más de un millón de hectáreas. Por ello recibió el reconocimiento de la ONU que lo premió en 1987. En 1988, después de seis intentos fallidos, fue asesinado a balazos. Se detuvo a sus asesinos, dos terratenientes de la Unión Democrática Ruralista, un sindicato de propietarios que agrupaba alcaldes, diputados y gobernadores. Estuvieron dos años en la cárcel. Se escaparon. Se les volvió a detener y, al poco, quedaron libres. Mendes es todo un símbolo, sí, pero en 2018, 30 años después de su muerte, en su país, en Brasil, asesinaron a 20 activistas medioambientales más por las mismas razones que lo habían matado a él.
Y Berta Cáceres, parecido. La mataron en 2016 por defender el derecho de los pueblos indígenas de Honduras a que las grandes empresas agroindustriales no les robaran las tierras. Era una mujer con múltiples premios internacionales que le reconocían su trabajo conservacionista. Su muerte también recorrió el mundo pero eso no sirvió para evitar que en el año posterior a su asesinato fueran abatidas, sólo en Honduras, 7 personas más por las mismas razones. Ciertamente el gobierno hondureño en 2017 legisló al respecto: endureció las normas para permitir que los manifestantes ambientalistas pudieran ser juzgados como terroristas.
Y, por cierto, no se sabe de ningún terrateniente muerto a manos de activistas ecologistas, ni en 2018, ni en 2017, ni en años anteriores. Lo dicho, el cambio es peligroso.