El
“Acuerdo Progresista” entre el PSOE y Unidas Podemos, el que debe
dar el gobierno más de izquierdas que haya tenido España en, al
menos, los últimos 80 años es, leído en clave de ecología
política, un paso adelante que abre la puerta al imprescindible
proceso, ya en boca de todos, de una transición ecológica.
Ya
no se trata de crear un Ministerio para la Transición Ecológica
sino que armar un programa que la tiene en cuenta a la hora de
definir las principales políticas a llevar a cabo.
Ahora
lo que se precisa es, como tantas veces y en tantos marcos se ha
dicho, pasar de las palabras a los hechos. Una transición no es una
ruptura, no es un volantazo, no es un puñetazo en la mesa pero
tampoco puede quedarse en un papel, en una declaración o en buenas
intenciones. El proceso es urgente. Nuestra supervivencia en el
planeta está en peligro. Nuestra calidad de vida es ficticia, se
basa en la depredación de unos recursos finitos. El nivel de
sufrimiento al que vamos a someter a nuestros hijos es impropio del
amor que decimos tenerles.
Llama
la atención que en la introducción del acuerdo no se haga ninguna
referencia a la cuestión, así como el hecho de que en el primer
párrafo de la declaración hasta por dos veces aparezca el término
“crecimiento sostenible” que es un eufemismo para decir que
pretende contentar a unos y a otros. Crecimiento y sostenibilidad son
términos antitéticos y cuanto antes encontremos otra palabra para
definir la necesidad de poder vivir bien, todos y todas, dentro de
los límites del planeta más deprisa se podrá hacer la transición
al modelo productivo, económico y de vida que necesitamos. Hablar de
prosperidad compartida es bastante más realista inmersos como
estamos en un proceso de decrecimiento en terminos productivos que
debemos ser capaces de organizar sin que, como hasta ahora, lo paguen
los más vulnerables .
Por
contra, es muy positivo que se considere la despoblación rural como
un problema clave a combatir (está en el apartado 1.1 y todo el 8
también se le dedica) y que el futuro del trabajo también se revise
a partir de los desafíos ecológicos (1.2). También lo es que se
hable de rehablitación de viviendas (2.9.2) y de favorecer los
alquileres y no de nuevas burbujas inmobiliarias a costa del
territorio.
Se
echa en falta alguna referencia concreta a la necesaria reducción de
los horarios laborales, a un nuevo modelo de reparto del trabajo. En
toda Europa ya se está avanzando en esta dirección porque ese es un
aspecto clave en el proceso de Transición Ecológica. A ver si la
prometida ley de Usos de Tiempo (1.10) empieza a transitar este
camino.
El
apartado 3 del acuerdo, el que hace referencia a la lucha contra el
Cambio Climático, podría haber ido un poco más allá empezando por
el propio título. El Congreso de los Diputados reclamó al gobierno
el pasado mes de septiembre la declaración de Emergencia Climática.
Eso es lo que debería haber constado en el encabezamiento.
Dicho
esto, bienvenido el compromiso de la aprobación, por fin, de una Ley
de Cambio Climático (yo también la llamaría de Emergencia
Climática) y Transición Energética y de la reforma el sistema
eléctrico.
Las
cuatro páginas dedicadas a este apartado tres representan un
declaración de intenciones que invita al optimismo pero que es
preciso acompañar con atención y con la presión ciudadana
suficiente para que los grandes grupos empresariales y financieros no
las conviertan en un maquillaje verde de las políticas marrones de
siempre.
No
son cuestiones menores introducir el concepto de transición justa
(punto 3.3) aunque debe ir más allá de los trabajadores del carbón
y las nucleares, ni es poca cosa una Ley de plásticos de un solo uso
(3.4) pero que sea para reforzar la responsabilidad ampliada de los
productores y no para castigar al consumidor. Fomentar el autoconsumo
(3.5) viniendo de donde venimos es un anuncio halagüeño y la
creación de un fondo de compensación de daños medioambientales
(3.6) un buena iniciativa para hacer realidad que quien contamina
paga y que los costes ambientales no puede obviarse.
El
anuncio de una Ley de Movilidad Sostenible (3.8) que apueste por el
transporte público y la electrificación de los vehículos, así
como las distintas referencias a planes de mejoras en nuestros
acuíferos (3.9) y a facilitar por la gestión pública y directa del
agua (3.10) son buenas noticia pero en ambos apartados hay
formulaciones que intranquilizan. Esperemos que las apelaciones a
“promover inversiones productivas y sostenibles en los puertos”
no quiera decir nuevas ampliaciones que acaben asfixiando las
ciudades y que “garantizaremos el agua potable y de riego al mismo
tiempo que se protege el medio ambiente” no signifique que
mantendremos el mito de “agua para todos” como irresponsablemente
hizo siempre el Partido Popular.
Muy
interesante también el anuncio de una futura Ley de Bienestar Animal
(3.16) que no cita ni los toros ni la caza pero que serán temas que
no se podrán quedar fuera.
En
el apartado dedicado a la industria suena muy bien el compromiso de
un Plan de Desarrollo Industrial con el horizonte 2030 para la
Transición Ecológica y al descarbonización (4.9) pero, en cambio,
inquieta que se siga hablando de “crecimiento económico” como
gran objetivo aunque sea referido a la revolución digital (4.1).
Coherente
con la preocupación por el despoblamiento es el fomento de la compra
de alimentos de proximidad y con criterios ecológicos (4.14) y la
referencia una política forestal que ayudes a crear empleo de
calidad en las zonas rurales (4.15) y, en ese sentido, reforzar las
medidas de prevención de incendios (4.16) no en clave de extinción
sino ligándolo a la mencionada política forestal resulta
esperanzador.
Muy
inconcreta es la referencia a la Estrategia de Turismo Sostenible
2030 (4.12). Sabemos el tipo de turismo que tenemos. La depredación
de nuestras costas es su efecto más evidente. Su reconversión se
intuye complicada y llena de obstáculos por más que el cambio en
las temperaturas y en el nivel del mar la haga especialmente urgente.
A
lo largo del texto hay dos referencias al Green New Deal (apartado
3.2 referido a la rehabilitación de viviendas y 11.2 sobre la
necesidad de impulsarlo a nivel europeo). Sabemos que el Green New
Deal es una propuesta discutida y discutible que pretende algo que a
mi me parece imposible que es reverdecer el capitalismo. Pero, y
vuelvo al principio, la Transición Ecológica no es un decreto sino
un proceso y el Green New Deal puede formar parte de él si se
gobierna adecuadamente. En ese sentido, facilitar fondos para el
proceso de transición es fundamental y, yendo a lo que dice el
documento, establecer “un impuesto europeo sobre el CO2 en
frontera” puede ser muy útil.
Para
acabar, solo una cosa más que me estoy alargando más de lo que
quería. Se apuntan posibles cambios constitucionales únicamente para
rebajar la edad de voto (5.7) y para reducir el aforamiento de los
políticos (2.11.7). Se echa de menos alguna modificación “verde”
que podría ayudar mucho al proceso de Transición Ecológica.
Llega
el momento de pasar a la acción. Atentos.
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