viernes, 3 de enero de 2020

BIENVENIDO EL GOBIERNO MÁS VERDE DE LA HISTORIA


Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados, después de hacer público su acuerdo para conformar Gobierno. (Foto: EFE)


El “Acuerdo Progresista” entre el PSOE y Unidas Podemos, el que debe dar el gobierno más de izquierdas que haya tenido España en, al menos, los últimos 80 años es, leído en clave de ecología política, un paso adelante que abre la puerta al imprescindible proceso, ya en boca de todos, de una transición ecológica.

Ya no se trata de crear un Ministerio para la Transición Ecológica sino que armar un programa que la tiene en cuenta a la hora de definir las principales políticas a llevar a cabo.

Ahora lo que se precisa es, como tantas veces y en tantos marcos se ha dicho, pasar de las palabras a los hechos. Una transición no es una ruptura, no es un volantazo, no es un puñetazo en la mesa pero tampoco puede quedarse en un papel, en una declaración o en buenas intenciones. El proceso es urgente. Nuestra supervivencia en el planeta está en peligro. Nuestra calidad de vida es ficticia, se basa en la depredación de unos recursos finitos. El nivel de sufrimiento al que vamos a someter a nuestros hijos es impropio del amor que decimos tenerles.

Llama la atención que en la introducción del acuerdo no se haga ninguna referencia a la cuestión, así como el hecho de que en el primer párrafo de la declaración hasta por dos veces aparezca el término “crecimiento sostenible” que es un eufemismo para decir que pretende contentar a unos y a otros. Crecimiento y sostenibilidad son términos antitéticos y cuanto antes encontremos otra palabra para definir la necesidad de poder vivir bien, todos y todas, dentro de los límites del planeta más deprisa se podrá hacer la transición al modelo productivo, económico y de vida que necesitamos. Hablar de prosperidad compartida es bastante más realista inmersos como estamos en un proceso de decrecimiento en terminos productivos que debemos ser capaces de organizar sin que, como hasta ahora, lo paguen los más vulnerables .

Por contra, es muy positivo que se considere la despoblación rural como un problema clave a combatir (está en el apartado 1.1 y todo el 8 también se le dedica) y que el futuro del trabajo también se revise a partir de los desafíos ecológicos (1.2). También lo es que se hable de rehablitación de viviendas (2.9.2) y de favorecer los alquileres y no de nuevas burbujas inmobiliarias a costa del territorio.
Se echa en falta alguna referencia concreta a la necesaria reducción de los horarios laborales, a un nuevo modelo de reparto del trabajo. En toda Europa ya se está avanzando en esta dirección porque ese es un aspecto clave en el proceso de Transición Ecológica. A ver si la prometida ley de Usos de Tiempo (1.10) empieza a transitar este camino.

El apartado 3 del acuerdo, el que hace referencia a la lucha contra el Cambio Climático, podría haber ido un poco más allá empezando por el propio título. El Congreso de los Diputados reclamó al gobierno el pasado mes de septiembre la declaración de Emergencia Climática. Eso es lo que debería haber constado en el encabezamiento.

Dicho esto, bienvenido el compromiso de la aprobación, por fin, de una Ley de Cambio Climático (yo también la llamaría de Emergencia Climática) y Transición Energética y de la reforma el sistema eléctrico.

Las cuatro páginas dedicadas a este apartado tres representan un declaración de intenciones que invita al optimismo pero que es preciso acompañar con atención y con la presión ciudadana suficiente para que los grandes grupos empresariales y financieros no las conviertan en un maquillaje verde de las políticas marrones de siempre.

No son cuestiones menores introducir el concepto de transición justa (punto 3.3) aunque debe ir más allá de los trabajadores del carbón y las nucleares, ni es poca cosa una Ley de plásticos de un solo uso (3.4) pero que sea para reforzar la responsabilidad ampliada de los productores y no para castigar al consumidor. Fomentar el autoconsumo (3.5) viniendo de donde venimos es un anuncio halagüeño y la creación de un fondo de compensación de daños medioambientales (3.6) un buena iniciativa para hacer realidad que quien contamina paga y que los costes ambientales no puede obviarse.

El anuncio de una Ley de Movilidad Sostenible (3.8) que apueste por el transporte público y la electrificación de los vehículos, así como las distintas referencias a planes de mejoras en nuestros acuíferos (3.9) y a facilitar por la gestión pública y directa del agua (3.10) son buenas noticia pero en ambos apartados hay formulaciones que intranquilizan. Esperemos que las apelaciones a “promover inversiones productivas y sostenibles en los puertos” no quiera decir nuevas ampliaciones que acaben asfixiando las ciudades y que “garantizaremos el agua potable y de riego al mismo tiempo que se protege el medio ambiente” no signifique que mantendremos el mito de “agua para todos” como irresponsablemente hizo siempre el Partido Popular.

Muy interesante también el anuncio de una futura Ley de Bienestar Animal (3.16) que no cita ni los toros ni la caza pero que serán temas que no se podrán quedar fuera.

En el apartado dedicado a la industria suena muy bien el compromiso de un Plan de Desarrollo Industrial con el horizonte 2030 para la Transición Ecológica y al descarbonización (4.9) pero, en cambio, inquieta que se siga hablando de “crecimiento económico” como gran objetivo aunque sea referido a la revolución digital (4.1).

Coherente con la preocupación por el despoblamiento es el fomento de la compra de alimentos de proximidad y con criterios ecológicos (4.14) y la referencia una política forestal que ayudes a crear empleo de calidad en las zonas rurales (4.15) y, en ese sentido, reforzar las medidas de prevención de incendios (4.16) no en clave de extinción sino ligándolo a la mencionada política forestal resulta esperanzador.

Muy inconcreta es la referencia a la Estrategia de Turismo Sostenible 2030 (4.12). Sabemos el tipo de turismo que tenemos. La depredación de nuestras costas es su efecto más evidente. Su reconversión se intuye complicada y llena de obstáculos por más que el cambio en las temperaturas y en el nivel del mar la haga especialmente urgente.

A lo largo del texto hay dos referencias al Green New Deal (apartado 3.2 referido a la rehabilitación de viviendas y 11.2 sobre la necesidad de impulsarlo a nivel europeo). Sabemos que el Green New Deal es una propuesta discutida y discutible que pretende algo que a mi me parece imposible que es reverdecer el capitalismo. Pero, y vuelvo al principio, la Transición Ecológica no es un decreto sino un proceso y el Green New Deal puede formar parte de él si se gobierna adecuadamente. En ese sentido, facilitar fondos para el proceso de transición es fundamental y, yendo a lo que dice el documento, establecer “un impuesto europeo sobre el CO2 en frontera” puede ser muy útil.

Para acabar, solo una cosa más que me estoy alargando más de lo que quería. Se apuntan posibles cambios constitucionales únicamente para rebajar la edad de voto (5.7) y para reducir el aforamiento de los políticos (2.11.7). Se echa de menos alguna modificación “verde” que podría ayudar mucho al proceso de Transición Ecológica.

Llega el momento de pasar a la acción. Atentos.

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