miércoles, 8 de julio de 2020

EL REY FELIPE ANTE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Los reyes Juan Carlos y Felipe en un acto oficial (Foto EFE).


Observo con asombrado estupor, por emplear una fórmula del estilo “honda satisfacción”, como los reiterados escándalos económicos del rey Juan Carlos se mantienen al margen de la institución que usó para llevar a cabo todos sus turbios negocios, sus trampas y sus mentiras. Es más, me llama la atención, es una manera de hablar, como los medios y los políticos se emplean a fondo en librar al rey Felipe de toda sombra de sospecha.

Deberíamos distinguir entre lo judicial y lo político. En el primer campo, habrá que aclarar las posibles responsabilidades del exJefe del Estado y la investigación ya nos llevará a quienes, junto a él, puedan tener que vérselas con la justicia o no.

A mi me interesa bastante más la cuestión política. Y en este apartado distinguir entre el protagonista y la institución tiene muy poco sentido. Primero porque toda la corrupción que se haya dado ha sido posible porque se ha hecho usando la Corona como plataforma de actuación y trinchera de defensa y, segundo, porque al tratarse de una institución basada en la continuidad dinástica y no sometida a elección, ni a posibilidad de cambio, una mancha de estas características la pone en cuestión de manera absoluta.

Cualquier mandatario surgido de las urnas y, por tanto, representante dela voluntad popular puede ser inmediatamente (o casi) sustituido si es descubierto con las manos en la masa. Con la Monarquía no sucede así. Por tanto, la culpa no descansa sobre los hombros del protagonista del acto corrupto sino de la propia institución.

Resulta absolutamente increible que el actual rey Felipe no supiera nada de lo que estaba sucediendo, que fuera espectador privilegiado del acelerado enriquecimiento de su padre y todo le pareciera fruto de su asignación presupuestaria, que viviera en medio de ese Patio de Monipondio que ha resultado ser Zarzuela y sospechara. Visto desde ahora el “caso Urdangarín” ya no parece otra cosa que una franquicia más del gran negocio “juancarlista”. La resistencia de la infanta Elena a aceptar su papel de apestada se entiende perfectamente ahora. Con lo que pasaba en las plantas nobles, los negocios del atlético Urdangarín no eran más que calderilla.

Así las cosas, y hablando de política, no hay más alternativa que poner en marcha una Comisión de Investigación Parlamentaria sobre la cuestión. Y la cuestión no es Juan Carlos sino Monarquía. El rey Felipe, que es quien ostenta la jefatura del Estado, es quien debe disipar todas las sospechas alrededor de la institución que representa. Por supuesto que debe convencernos de que él estaba al margen de todo, aunque eso le deje en una posición de incapaz poco fiable; pero además debe limpiar la imagen de la Corona. No lo tiene fácil. Monarquía y democracia son esencialmente incompatibles. La excepcionalidad que supone su convivencia debe basarse en una ejemplaridad y una extraña conexión con la ciudadanía que es imposible de mantener encadenando escándalos, ocultaciones y dudas por resolver.

La necesidad de consultar a la ciudadanía sobre la Monarquía es inaplazable. No se trata de aprovechar lo que está pasando para reclamar una República. Esta reclamación no necesita más argumentos añadidos al principio de que en democracia nadie vale más que nadie, ni tiene derechos diferentes. Se trata de que la Monarquía ha desaprovechado la oportunidad que se les ha dado para convencernos de su necesidad pese a ser la heredera de un dictador que, a sangre y fuego, acabó con la democracia. Las cargas explosivas sobre sus cimientos las han puesto ellos mismos. Las explicaciones del rey Felipe ante una Comisión de Investigación son su última posición de defensa. Puesto que no las dará, y puesto que no podemos votarle, que se bote solo. Cuando la majestad desemboca en insignificacia, es momento de preparar las maletas y evitarnos nuevos episodios de asombro y estupor.


martes, 30 de junio de 2020

PLAN RENOVE, EN REALIDAD, PLAN REPITE


Congestión circulatoria en una de las entradas a Madrid (EFE)



Los buenos resultados de los Verdes franceses este fin de semana, acompañados de la inmediata reacción del presidente de la República, Emannuel Macron, que ha prometido ser más ecologista que nadie y ha puesto sobre la mesa 15.000 millones para Transición Ecológica, me ha devuelto a la iniciativa que se conoció  hace unos días del Gobierno Sánchez para echar una mano al sector del automóvil en nuestro país y que, de momento, parece paralizada. Estaba previsto incluir las nuevas  ayudas en el Consejo de Ministros de ayer pero, finalmente, quedó fuera, aunque se ha anunciado que se aprobará en 15 días.

La propuesta que se conoce del futuro Plan Renove es un indicio de que, en lo económico, la nueva normalidad va camino de parecerse mucho a la vieja. Que el primer paso que se le ocurre al Gobierno para reactivar el tejido productivo sea ese nuevo plan pro-automovil y que se subvencione la compra de coches contaminantes es una señal evidente de que no hemos entendido nada; o mejor dicho, que hayamos entendido algo o no, el poder económico, cortoplacista y depredador, sigue al mano gobierne Rajoy, Sánchez o quien sea.

El Gobierno propone la movilización de 1.000 millones de euros destinado a la compra de vehículos, aunque el paquete global va más allá. Un 10% escaso corresponde al Ministerio de Transición Ecológica para la adquisición de lo que se conoce como “coches limpios”, que es mucho decir. Por tanto, el grueso del Plan es seguir como siempre ya que incluso se financia la compra de coches que contaminan por encima de las peores previsiones europeas.

Parece que el gobierno y la ministra Ribera han dejado para mejor ocasión, siempre es así, la búsqueda de alternativas a la movilidad insostenible, la que multiplica las emisiones, la que se ceba en nuestra salud.  Ni las declaraciones de emergencia climática parecen servir para acelerar los tiempos. Mucha emergencia en los discursos, todo parsimonia en las acciones.

El gobierno lanza un pésimo mensaje contra el que será preciso seguir trabajando: les sigue importando más la presión a la cual les someten los grandes lobbies empresariales que la vida de nuestros hijos; el dinero antes que las personas. Así estamos.

Era el momento de empezar a marcar otro camino. Liderar socialmente es eso: recoger las necesidades, conectar con las demandas de la base de la ciudadanía, con el interés general, marcar una nueva hoja de ruta y compartirla con el conjunto de la sociedad.

Parece que vamos camino de desaprovechar la posibilidad de comenzar a dirigir las grandes inversiones hacia nuevas maneras en la movilidad, hacia el refuerzo del transporte público, hacia la desmotorización de los desplazamientos.

No nos engañemos, en el manoseado concepto de la sostenibilidad también hay negocio. Lo digo por quienes pretenden hacer ver que cualquier cambio hunde la economía. Hay negocio y, claro está, lo harán los grandes poderes económicos de siempre, aceptemos eso. De lo que se trata es de intentar que el nuevo modelo sirva para reducir la desigualdad y que no sea a costa de nuestra salud. Así de simple. Pongamos el dinero público al servicio de las personas y no de los negocios. No vale usar los puestos de trabajo del sector del automóvil como escudo humano. La Transición Ecológica es obligatoria y puede ser justa. De hecho, lo será si, en lugar de subvencionar el pasado se invierte en futuro.

Y dicho esto, menos lobo con el tema “Plan Renove”. Los estudios muestran que no pasan de ser respuestas urgentes ante las presiones empresariales. Pan para hoy y hambre para mañana. Las subvenciones adelantan las compras pero no las amplían. Los nuevos vehículos no contaminan menos porque se usan más. El vehículo privado vuelve con fuerza porque la crisis sanitaria ha generado miedo al transporte público, y eso durará un tiempo. El “Plan Renove 2020” es una simple subvención a la industria, sin obligarla a reconvertirse ni ser menos contaminante. En cuanto a los precios, hay ayuda de la administración pero no de la industria. Las marcas subirán los precios en la misma medida que tengan de comprometerse con descuentos posteriores. Siempre ha sido así. Y cuando les convenga, nada de todo esto para ni sus cierres, ni sus deslocalizaciones.

lunes, 29 de junio de 2020

EUROPA ES VERDE MIENTRAS ESPAÑA PERSEVERA EN EL MARRÓN



Gregory Doucet, ganador de las municipales en Lyon con el 53% de los votos, haciendo campaña electoral (AFP)

¿Y si en 2022 nos encontráramos que Alemania y Francia están gobernadas por partidos verdes? Bueno, pues no lo descarten.
Hace un año, los Verdes alemanes quedaron en segunda posición en las elecciones europeas, doblando sus resultados, con un millón y medio de votos más que los socialistas y a sólo 800.000 de la CDU.
Este fin de semana en Francia, Europa Ecología, los Verdes, han sido los grandes ganadores de las municipales. Hace un año ya fueron los terceros más votados en las Europeas y ahora han ganado alcaldías como la de Marsella, Lyon, Burdeos , Estrasburgo, Tours, Besançon, Poitiers o Grenoble; las mayores ciudades francesas. Y en París gobernará la socialista Hidalgo con su apoyo.
Una “tsunami verde” lo califica la prensa francesa. Además, con nombre de mujer, ya que hay mayoría de alcaldesas.


Jeanne Barseghian, futura alcaldesa de Estrasburgo, en su cartel electoral (AFP)


La reacción del Presidente de la República, Emmanuel Macron, el gran derrotado de las elecciones del fin de semana, ha sido anunciar una inversión de 15.000 millones de euros para programas de economía sostenible. Además acaba de recibir el informe de las 150 personas elegidas por sorteo que han elaborado un "Programa Ciudadano por el Clima". De 149 propuestas, asegura el presidente francés que 146 las hace suyas. Y no se ha quedado ahí Macron, también se ha comprometido a defender ante la UE todas aquellas medidas que superan sus competencias nacionales. De lo que no quiere escuchar hablar es de decrecimiento pero tiempo al tiempo.
El "tsunami" que proclama la prensa francesa ha sido posible porque el ecologismo político de nuestros vecinos ha conseguido hacer llegar a la ciudadanía un discurso pragmático que ha desnudado al viejo bipartidismo. Los partidos clásicos, a izquierda y derecha, aún con nombres modificados, se sitúan en un productivismo falaz y sin futuro y son incapaces de llevar adelante los cambios, las transformaciones y las rupturas que los retos que tenemos por delante exigen. Algo que  vemos a diario en el Estado español.
El discurso que los verdes franceses han sabido explicar presenta la ecología como el hilo humano que puede reconstruir la sociedad atendiendo a los problemas cotidianos de la gente y apagando su inquietud ante el futuro. Claro que el ecologismo francés está en la izquierda pero no señalan a la derecha cuando hablan de su enemigo, ni siquiera a la Agrupación Nacional de Le Pen, sino a la ansiedad, al miedo de la gente, a la desigualdad brutal y a la pérdida de derechos.

jueves, 21 de mayo de 2020

EL CAMBIO CLIMÁTICO SE COMBATE CON UN NUEVO MODELO ECONÓMICO





El Gobierno acaba de dar luz verde a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Es una buena noticia. Se inicia ahora un proceso para mejorarla en el ámbito parlamentario. Y hay mucho que mejorar. El proyecto de ley recoge compromisos e intenciones que ya están en otros documentos: desde las diferentes estrategias contra el cambio climático de distintas autonomías a los propios documentos del Ministerio de Transición Ecológica como, por ejemplo, los planes de Energía y Clima o de Adaptación al Cambio Climático.

La reducción de emisiones que se propone (un 20% en los próximos diez años) no llega a las demandas europeas pero, además, resulta difícil de creer ya que en los últimos 30 años las hemos visto crecer un 8% y, esto, considerando las bajadas que se dieron en los años de crisis.

También llama la atención la importancia que se da a la Transición Energética, que indudablemente la tiene, sin apuntar a una realidad que se nos impondrá en breve y por la vía de los hechos: no solo se deben modificar las fuentes energéticas sino que tenemos que vivir con menos energía. La ley se pone de perfil ante esta realidad. Por eso, por citar una evidencia, se pretende dar la sensación de que la movilidad no debe cambiar tanto, que pasando de coches de gasolina o gasóleo a coches eléctricos, todo resuelto. No será así.


La ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta 4ª, Teresa Ribera (foto EFE)


Con las referencias a la aviación o al transporte marítimo pasa parecido. Se espera que se amplíe el uso de los biocombustibles en los aviones y que haya combustibles menos contaminantes en los barcos. Ambicioso, ambicioso, no parece. Yo creo que no es ni realista.

La lucha contra el Cambio Climático nos obliga a un nuevo paradigma vital, a un nuevo modelo económico, productivo y social. A medir la bondad o maldad de lo que hacemos mucho más allá del PIB. Y no es ese el espíritu que emana del proyecto del Gobierno.

Si no rehuimos el PIB como indicador no hay nada que hacer. El aumento del PIB es siempre a costa de la naturaleza y la naturaleza es nuestra medicina, cuando la perjudicamos perdemos la salud.

Los expertos mantienen que de aquí a 2080 casi el 60% de las especies pierden su hábitat. La duda es saber si nosotros estaremos entre ellas o aún tendremos un poco más de tiempo.

El proyecto de ley del Gobierno, ciertamente, debería ser más ambicioso pero, sobre todo, sería necesario que concretara el cómo de la transformación que necesitamos de manera urgente: cómo vamos a limitar la depredación de recursos, cómo vamos a modificar la construcción de infraestructuras y la ocupación del territorio, cómo vamos a relocalizar las producciones y reducir los circuitos comerciales, cómo vamos a repartir el empleo y cómo vamos a vivir con menos energía.

sábado, 25 de abril de 2020

EL DONUT DE LA BUENA VIDA, QUIÉN LO IBA A DECIR

Imágen de la campaña publicitaria de "Donuts" en los años 70.



Hubo hace más de 40 años un famoso anuncio de TV que dio a conocer el “Donut”, un bollito tan supuestamente sabroso que el niño protagonista empieza olvidando el almuerzo en casa (“¡Anda, los donuts!”, era la frase) pero, con el paso de los días,  le gusta tanto que lo que acaba olvidándose en casa son los libros (“¡Anda, la cartera”, remataba). En mi cuadrilla de amigos, el anuncio tuvo mucho eco porque el niño que lo protagonizaba vivía en nuestro pueblo. No sé qué habrá sido de él. A los donuts no les ha ido mal. La marca se ha convertido en una especie de categoría. Han diversificado mucho el producto y son un clásico. A mi me sigue pareciendo un producto graso y poco recomendable, pero este no es el caso.
Nosotros, de pequeños, no comíamos donuts. Eramos más de pan con tomate, con aceite y sal, hasta con aceite y azúcar. El ocio era salir al bosque, rodar en bici, pegarle patadas a un balón y, en verano, pasar horas en la playa entre barcas de pescadores. Eran tiempos austeros, de consumo limitado pero era una buena vida y, visto desde ahora, una buena vida, bastante más sostenible que la actual. Eran los años 70 y ya sé que se estaba gestando el abuso consumista que hoy nos ahoga pero yo de eso no era consciente. Volveré al “donut”, no el de comer sino el de pensar.
La buena vida, entendida desde la fraternidad humana, está en la franja situada entre la satisfacción de las necesidades básicas y el deterioro de nuestro entorno. Toda actividad que contribuya a fortalecer ese espacio es positiva. Si se sitúa por debajo significa explotación y desigualdad; si lo supera, insostenibilidad y depredación. En el primer caso nos cargamos el presente; en el segundo, el futuro. Pero no un futuro lejano sino un mañana distópico que intuimos o que ya directamente rozamos.
Fuera de la buena vida es el reino de la miopía ya que nadie está a salvo. Un mundo desigual es injusto y donde hay injusticia no hay seguridad, para nadie, por más que algunos, la minoría situada en la cima de la pirámide, puedan sentirse momentáneamente blindados. Sobre la insostenibilidad hay poco que discutir. El manido “estamos todos en el mismo barco” se puede contestar con que “las condiciones de los camarotes son muy distintas”, y es cierto, pero si el barco se hunde no hay botes salvavidas para nadie.
Ahora que Amsterdam ha puesto en el mapa las teorías económicas del “donut” de Kate Raworth, les propongo que dediquen algún momento del fin de semana a leer sobre ello en internet. En esa línea van los dos párrafos que acaban de leer.


Juan Roig (izquierda) y Vicente Boluda, dos de los principales dirigentes de la Asociación Valenciana de Empresarios, en un acto reciente en favor del Corredor Mediterraneo (Foto EFE).


En cambio, no es necesario perder el tiempo con voces como las de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) a través de la cual armadores como Vicente Boluda o grandes distribuidores como Juan Roig reclaman la actividad económico como si aquí no pasara nada. Da la sensación de que no es que no les importe la salud sino que la suya se deteriora cuando no oyen el “clin clin” de las cajas registradoras.
El otro día, también en su nombre, el expresidente del Gobierno Felipe González, hoy miembro del Consejo de Administración de la empresa de Boluda, reclamaba grandes consensos mientras se burlaba de la presencia de Podemos en el Gobierno. La derecha siempre pide consensos cuando pierde las elecciones. ¿Por qué no consensuó el PP la reforma laboral, la ley mordaza o la guerra de Irak? Pues porque gobernaba y no los necesitaba. Cuando la derecha gana las elecciones gobierna, normal, y cuando las pierde, la izquierda no pude gobernar porque hay que consensuar. La ley del embudo. Ya está bien de apelar al consenso. El consenso es una figura excepcional y de naturaleza no democrática ya que implica que la minoría puede vetar a la mayoría. Si, en su momento, se hubieran tenido que consensuar decisiones como las vacaciones pagadas, el divorcio, los impuestos progresivos, la igualdad de género, las bajas laborales, la separación Iglesia- Estado, el matrimonio homosexual, la abolición de la esclavitud o el derecho a la huelga, por no alargarme, todavía estaríamos esperando.

miércoles, 22 de abril de 2020

CALLEJA, ETA Y ZAPLANA


José María Calleja, poco después de dejar de presentar los informativos de la televisión autonómica vasca (EITB)

Fue con motivo de las elecciones autonómicas de Euskadi de 1994 que cubrí como enviado especial de Canal 9 que entrevisté a José María Calleja, fallecido ayer. Bueno, no fue una entrevista. En realidad, aproveché para hablar unos minutos con él con la excusa de “consultar a alguien representativo del periodismo vasco”. No es que lo tuviera idealizado pero me interesaba un periodista que le plantaba cara a ETA en el mismo País vasco. Aquel año ETA mató a 25 personas y el siguiente a 46. Hubo años que rozaron el centenar.  Calleja, que ya había estado en la cárcel en tiempos de Franco, por entonces era presentador de Informativos en ETB, la televisión autonómica vasca, y estaba en el punto de mira de los etarras porque abiertamente evidenciaba el comportamiento criminal de ETA.
Me sorprendió  la normalidad con la que me hablo de situación. Estaba más preocupado por como el clima de terror etarra afectaba al periodismo que por su caso particular. A diferencia de lo que acostumbra la profesión se pasó todo el rato desdramatizando su caso. Yo le insistía en el valor de su actitud y él me contestaba algo así como “coño, es que lo que hace ETA es una barbaridad”.
Con el paso de los años tampoco he seguido mucho su trayectoria pero sí lo suficiente para ver que mantenía esa misma perspectiva profesional y sensata para encarar todos los temas de la actualidad política.
Tenía más razones y experiencias que la inmensa mayoría para sentar cátedra o no dejar margen a la duda pero tenía la rara habilidad de combinar adecuadamente firmeza y modestia cuando argumentaba y, la verdad, entre tanto botarate dándose importancia, Calleja resultaba llevadero.
Cuando las cosas empeoraron en Canal 9, cuando desapareció la vocación informativa y se  extendió en la casa un régimen miserable de acojonamiento chusquero que la práctica totalidad de periodistas (o lo que fueran) aceptó sin rechistar, muchas veces pensé en Calleja. Si el defendió el periodismo ante las bombas de ETA, ¿cómo era posible que nosotros no fuéramos capaces de hacerlo ante las bravuconadas de Zaplana, Sánchez Carrascosa, Camps, Vicente Sanz o Genoveva Reig?


lunes, 20 de abril de 2020

LOS PELIGROS DEL ECOLOGISMO

El agricultor, sindicalista y ecologista brasileño Chico Mendes, en 1988, poco antes de ser asesinado.



La salida verde a las distintas crisis que ha puesto de manifiesto el COVID19 está teniendo mucho eco. Presidentes, ministros y hasta destacados empresarios dicen apoyarla. Tanto aplauso es una buena noticia pero conviene no pecar de ingenuos. La “salida verde” es iniciar un proceso de transformación del modelo económico imperante y el poder, no el que sale de las elecciones, sino el de los grandes consejos de administración no lo va a facilitar.
El poder económico nunca facilita nada que cuestione su modelo de negocio. Y es un pulso muy desigual.
En 2018, 168 personas fueron asesinadas en todo el mundo por defender la conservación de la naturaleza frente al enriquecimiento suicida de quienes viven (y muy bien) de su depredación.
168 personas, que se deben sumar a las 207 que fueron asesinadas en 2017, a las 201 de 2016, y a tantas y tantas otras de años anteriores. Los datos son de la organización internacional Global Witness que lleva más de 25 años trabajando estos temas. Son algo más de tres muertos por semana. Asesinatos, por otra parte, que en su inmensa mayoría quedan sin ser investigados y por los que nadie paga.
Filipinas, Colombia, Guatemala, India, Brasil… encabezan la lista de estos crímenes. Es la represión contra el cambio y cambia de método según el país:  en Estados Unidos se facilita la apropiación de tierras por parte de empresas del sector de los combustibles fósiles se apropien de tierras mientras los gobiernos se dedican a  legislar para reprimir las protestas. También Inglaterra, por poner otro ejemplo, está condenando a penas de cárcel a manifestantes antifracking.
Las personas asesinadas son mujeres y hombres que plantan cara al desarrollo indiscriminado de explotaciones mineras contaminantes, las más de las veces, a cielo abierto; a talas masivas de árboles; a negocios que privatizan, envenenan o agotan fuentes de agua; a explotaciones agroindustriales que empobrecen, depredan e intoxican los suelos…
168 muertos por defender la vida, el planeta, el futuro de todos y todas. La mayoría anónimos, víctimas silenciadas. Asesinos que siguen libres y asesinados a los que se empieza tildando de “locos que acabarán con la economía” para  terminar llamándoles terroristas y poder acabar con ellos.
Alguna de las víctimas, muy pocas,  tienen nombres conocidos; Chico Mendes, Berta Cáceres… Pero sirve de poco. Chico Mendes era un recolector de caucho brasileño que evitó con sus protestas la desaparición de más de un millón de hectáreas. Por ello recibió el reconocimiento de la ONU que lo premió en 1987. En 1988, después de seis intentos fallidos, fue asesinado a balazos. Se detuvo a sus asesinos, dos terratenientes de la Unión Democrática Ruralista, un sindicato de propietarios que agrupaba alcaldes, diputados y gobernadores. Estuvieron dos años en la cárcel. Se escaparon. Se les volvió a detener y, al poco, quedaron libres. Mendes es todo un símbolo, sí, pero en 2018, 30 años después de su muerte, en su país, en Brasil, asesinaron a 20 activistas medioambientales más por las mismas razones que lo habían matado a él.
Y Berta Cáceres, parecido. La mataron en 2016 por defender el derecho de los pueblos indígenas de Honduras a que las grandes empresas agroindustriales no les robaran las tierras. Era una mujer con múltiples premios internacionales que le reconocían su trabajo conservacionista. Su muerte también recorrió el mundo pero eso no sirvió para evitar que en el año posterior a su asesinato fueran abatidas, sólo en Honduras, 7 personas más por las mismas razones. Ciertamente el gobierno hondureño en 2017 legisló al respecto: endureció las normas para permitir que los manifestantes ambientalistas pudieran ser juzgados como terroristas.
Y, por cierto, no se sabe de ningún terrateniente muerto a manos de activistas ecologistas, ni en 2018, ni en 2017, ni en años anteriores. Lo dicho, el cambio es peligroso.

lunes, 16 de marzo de 2020

LO PENDIENTE


Días excepcionales como estos en los cuales nuestra rutina se ve obligatoriamente afectada y disponemos de tiempo extraordinario es muy oportuno aprovechar para “lo pendiente”. España tiene pendiente una pensada y la toma de alguna decisión sobre la monarquía.

Nuestras majestades son tan particulares que, pese a tratarse de una institución que se basa en la continuidad, se pasan la vida repudiando la herencia recibida: primero, Juan Carlos a Franco; ahora, Felipe a Juan Carlos.

Tan particular es la monarquía que, mientras toda las instituciones se vuelcan contra el coronavirus, el Jefe del Estado, como cualquier ciudadano de a pie, también aprovecha para “lo pendiente”, que no es otra cosa que pertrechar excusas frente a los sucios negocios de su padre que lo tenían a él como beneficiario. Todo muy feo.

Resulta que lo sabía desde hace más de un año pero no se digna a hacerlo público hasta que un medio extranjero, “The Telegraph”, lo implica. Qué oportuno. También le quita la asignación ahora, como si la dignidad de su emérito progenitor dependiera de que todos sepamos o no los chanchullos que él conocía desde hace mucho tiempo.

Pues eso, “lo pendiente” ahora es, por salud democrática y por justicia, aprovechar estos días extraños para reflexionar sobre tantos años de tomadura de pelo monárquica. Un rey que, como Felipe VI renuncia a la herencia de su padre, de hecho, está abdicando. La ilegitimidad de la fortuna real es solo un aspecto de su total ilegitimidad democrática.

El coronavirus es una prueba de que vienen tiempos difíciles, que nos acechan complicaciones sanitarias, climatológicas, económicas, sociales… Sería bueno disponer de una democracia fuerte. Seguir con la casta borbónica, la debilita.

miércoles, 29 de enero de 2020

REFLEXIÓN URGENTE SOBRE LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA CLIMÁTICA: LO QUE URGEN SON HECHOS

 El nuevo gobierno de Pedro Sánchez, en su primera reunión (Foto: EFE)


Los señores y señoras de la foto nos dicen que tenemos que conciliar el progreso de la industria española con la sostenibilidad y la descarbonización. No parece sencillo, ¿verdad? Pues, precisamente, por eso creo que mencionarlo es el punto de partida ideal de este articulo que pretende revisar la reciente Declaración  de Emergencia Climática aprobada por el Gobierno. La citada conciliación la encontramos, concretamente, en el compromiso número 24 del documento.
La clave está en saber qué es primero, qué está supeditado a qué. Porque, no nos engañemos, progreso industrial, sostenibilidad y descarbonización son términos de muy complicada compatibilidad. Claro que el sentido común indica que la sostenibilidad es lo primordial porque sin ella no hay nada, pero la dura realidad es que el progreso industrial, léase incremento de los beneficios económicos, ha estado siempre por delante de la sostenibilidad, y, precisamente por eso, hemos llegado a donde hemos llegado. Sólo un dato, el famoso Protocolo de Kyoto, que pretendía una reducción importante de las emisiones a nivel mundial, se firmó en 1997. Pues bien, en los siguientes 20 años las emisiones crecieron más que en los 20 años previos a Kyoto.
Digo todo esto que sé que suena a incredulidad porque la Declaración del Gobierno Sánchez no es un documento fruto del trabajo de un grupo de científicos, ni es obra de profesores universitarios, ni de divulgadores cargados de buena voluntad. No. La Declaración es obra de un Gobierno. Por tanto más importante que lo que dice, por bien que suene, es lo que se haga. La acción es lo que define y por lo que se tiene que juzgar a quien nos gobierna.
Suena bien lo de cumplir París, lo del cambio climático como reto y oportunidad, el reconocimiento del Mediterráneo como zona especialmente vulnerable, la total aceptación de que es nuestra calidad de vida la que está en juego y lo de que no se puede profundizar en las desigualdades. Me chirrían, en cambio, las abundantes apelaciones a la mejora de la competitividad, al fortalecimiento industrial, al incremento de la productividad. Cal y arena repartidas a partes iguales. Volvemos al principio: estaría bien definir qué es lo primero, no vaya a ser que cada cual entienda una cosa y acabemos en un pulso entre el gran  poder económico y la inmensa mayoría social que, como siempre en estos casos, se decante a favor de quien más tiene.
La Declaración de Emergencia Climática del Gobierno Sánchez es ambigua, redactada en unos términos de clásica corrección política y deja muchas dudas. Les pongo una frase de la introducción del documento como ejemplo, estudiadísima. Habla de ”encauzar el proceso de transformación en positivo de nuestra economía y de nuestra sociedad que se basa en la ciencia, en el principio de prudencia económica”. ¡Ole! Es un párrafo de “bienquedismo político” en estado puro que esconde una trampa y una contradicción:
1.     La trampa: En forma de “excusatio non petita”, al hablar de “transformación en positivo de nuestra economía”. ¿En positivo? Claro, quedaría mal hablar de transformación negativa pero a eso vamos, y no es malo. Cada vez son más la voces que mantienen que la Transición Ecológica que se precisa no se puede hacer fuera del marco del decrecimiento, cosa que es perfectamente compatible con una prosperidad compartida, con la reducción de las desigualdades y con un aumento de la felicidad de las personas. Pero conviene explicarlo y no mantenernos en imágenes y discursos tramposos y antiguos.
2.     La contradicción: Cuando dice que la transformación en positivo de la economía se tiene que hacer en base al principio de “prudencia económica”. Es contradictorio porque, justamente, ese principio mantiene que los riesgos deben ser tenidos en cuenta desde el mismo momento que se tiene noticia de ellos. Si en el tema que nos ocupa el citado precepto se hubiese considerado, no estaríamos en situación de emergencia.

Lo dicho, estamos ante un documento gubernamental, por tanto, se deberá analizar en que hechos se concreta. Una ojeada a las 30 compromisos de la Declaración me suscita algunas preguntas:
Agua, ¿recuperaremos acuíferos? ¿Salvaremos nuestras masas de agua? ¿Pondremos pie en pared ante el aumento de la demanda de una agricultura intensiva y suicida?
Desigualdades, ¿buscaremos el dinero allá donde lo tienen los grandes defraudadores para equilibrar rentas?
Productos energéticos fósiles, ¿dejaremos de subvencionar por tierra, mar y aire a los Florentino, Iberdrolas, Botines y similares para que sigan hablando en verde y actuando en marón?
Sector financiero, ¿los usaremos como palancas para pagar la Transición Ecológica o seguiremos perdonando sus deudas ahora y en la hora de nuestra muerte?
Fiscalidad, ¿pagarán más y más y más los que más y más y más contaminan?
Género, ¿se movilizará el dinero necesario para acabar con la esclavitud femenina de los cuidados?
Pobreza Energética ¿de verdad se les piensa cerrar el grifo a las Endesas, Iberdrolas y similares? ¿ Se reducirá de una vez la parte fija de las facturas?
Movilidad, ¿el ministerio de Transportes dejará de ampliar autopistas y autovías a costa de zonas verdes y de huerta como, por ejemplo, está sucediendo ahora mismo en Valencia?
Salud, ¿contaminar llevará gente a la cárcel? ¿Puertos del Estado piensa reconsiderar sus actividades en instalaciones que están en el centro de grandes ciudades?
Desarrollo rural,  los pagos por servicios ambientales, ¿para cuándo? ¿Y el final de la dictadura de las grandes superficies sobre los agricultores?
Consumo, economía circular y residuos cero, ¿ Y si Ecoembes, Coca-Cola, Mercadona o Danone se enfadan?
Turismo, ¿extenderemos la tasa turística o seguiremos financiando con el dinero de todos los excesos del modelo?
Protección de la costa, ¿se acabaron los puertos invasivos que crecen y crecen acabando con su entorno?

Bienvenida la Declaración. Avanzamos, diplomáticamente avanzamos. Suena bien. Aunque le falta una nota: resulta extraño que “Transición Ecológica” no aparezca en todo el texto que está promovido por un ministerio (Vicepresidencia) precisamente con ese nombre. Pero, lo dicho, suena bien…