La
jornada de ayer arrancó con una reunión larga del Consejo de
Dirección de la Secretaría Autonómica. Me reuní con los cuatro
directores generales y repasamos la actividad de las últimas semanas
y la agenda de, prácticamente, los dos meses que tenemos por
delante. Dos meses en los que veremos la aprobación de los
presupuestos tras su paso por Las Cortes y el avance de diferentes
iniciativas legislativas en marcha.
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| Foto: P. Rubio (El Mundo) |
Quiero
destacar que uno de los temas que tratamos ayer fue la reversión del
dominio de la balsa del Toscar, en Alicante, que el gobierno de
Fabra, días antes de las pasadas elecciones autonómicas de 2015,
cedió a la Junta Central de Usuarios del Vinalopó sin tener en
cuenta los informes de Abogacía de la Generalitat, ni los intereses
de los propietarios del terreno, la Comunidad de Usuarios del Medio
Vinalopó. Llevamos desde el comienzo de legislatura con toda la
tramitación para hacer efectiva la reversión y la semana pasada fue
notificada a la Junta. Con esta decisión, que reconoce la cesión
irregular del PP a la Junta, lo que provocó en su día el recurso de
la Comunidad de Usuarios del Medio Vinalopó, esta infraestructura
hídrica vuelve a ser de la administración autonómica porque se
considera «dominio público» y, por tanto, no enajenable, y su
titular vuelve a ser la Generalitat.
Los
reiterados informes que (esta vez sí) se han reclamado a la Abogacía
son la base de esta decisión que garantiza una gestión adecuada y
controlada del agua que debe llegar del postrasvase Júcar-Vinalopó
porque la balsa del Toscar es un punto de administración clave de
ese agua en la zona. Una vez recuperada la titularidad, la gestión,
en una primera fase de transición, la haremos a través de la
empresa pública Tragsa, que en su día construyó la instalación. A
medio plazo, esa gestión podrá hacerse desde la administración o
cederla a los usuarios.
Precisamente
de agua hablamos también al mediodía en la reunión que uvimos en
el despacho de la consellera Elena Cebrián con el presidente de
Riegos de Levante-Margen Izquierda, Javier Berenguer, y la gerente,
Belén Castellano. En la reunión también estuvo el secretario
autonómico de Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero.
La
Comunidad representa un total de más de 30.000 hectáreas, desde
Mutxamel hasta Orihuela. La zona vive una situación de gravísima
sequía y nos reclamaron que los facilitaramos los mayores caudales
de agua posible desde las depuradoras y desalinizadoras de aquella
zona. Nuestro compromiso, conscientes como somos de la grave
situación que provoca la falta de agua, es total y absoluto. Ahora
más que nunca se demuestra que nuestro discurso sobre la necesidad
de no apostar sólo por los trasvases era el acertado. La falta de
lluvias imposibilita incluso los trasvases en marcha y hay que tener
a punto fuentes de agua alternativa.
En
cuanto al uso de agua depurada facilitaremos la puesta en
funcionamiento de todas las infraestructuras disponibles, algunas de
las que el PP abandonó durante más de 10 años después de tenerlas
construidas y que nuestro Gobierno está poniendo ahora en marcha.
Respecto
a las desalinizadoras, seguiremos apretando al Gobierno de Rajoy para
que las ponga a pleno rendimiento y garantice así mayor
disponibilidad de caudales.
El
final de la mañana y la primera hora de la tarde los aprovechamos
para volver al tema de la quema de la paja del arroz. Si a principios
de la semana hicimos reuniones con agricultores y Ayuntamientos para
revisar el primer mes de esta campaña, ayer nos reunimos con los
responsables de las Asociaciones de Vecinos y de colectivos
ecologistas como Acció Ecologista Agró.
Les explicamos lo mismo que
a agricultores y Ayuntamientos. Frente a las más de 15.000 hectáreas
que se pudieron quemar el año pasado, este año se han quemado,
hasta la fecha, unas 4.800. Esto ha implicado una menor presencia de
humo en el entorno de la Albufera pero ha habido muchos
incumplimientos de las condiciones establecidas y, a pesar del
control, ha habido episodios de presencia de humo, y por tanto,
excesivas molestias a la ciudadanía. A primeros de 2018 volveremos a
reunirnos todos para hacer un balance más general de esta campaña y
preparar la siguiente. El mensaje es que de cara al año que viene la
quema deberá reducirse todavía más y también deberemos potenciar
las alternativas disponibles.
Mañana
domingo, a primera hora de la tarde y con el director general de
Calidad Ambiental y Cambio Climático, me voy a Bonn a participar en
la 23 Cumbre Mundial del Clima (COP23). Las reuniones comenzaron el
pasado lunes y acabarán a finales de la próxima semana. Nosotros
estaremos hasta el jueves para estar presentes en las negociaciones
como miembros de la delegación española, tener algunas reuniones
con destacados representantes institucionales y asistir a jornadas
que tienen que ver de manera especial con la realidad de la cuenca
mediterránea.
Ciertamente
las perspectivas de la Cumbre de Bonn no son optimistas. Después de
los compromisos de hace dos años en París, en la COP21, la
concreción de aquellos acuerdos no llega. Más allá del daño que
puede haber hecho la actitud negacionista de Trump desde la
presidencia de los Estados Unidos, lo que es cierto es que los
deberes están por hacer, que el año 2016 ha marcado máximos en
concentración de CO2 en la atmósfera, que el máximo de dos grados
de aumento de temperatura antes de finales de siglo vamos camino de
alcanzarlo antes de 2050... en definitiva, que los Gobiernos seguimos
con la palabra hipotecada pero sin que las acciones se ajusten a los
compromisos. Mientras, ni las ayudas a los países pobres para
compensarlos de sus renuncias a los combustibles fósiles se están
haciendo efectivas.
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