martes, 10 de octubre de 2017

UN GOBIERNO QUE RECORTA LA DEMOCRACIA, ALIMENTA EL FASCISMO

Sí, yo también fui testigo de cómo los herederos del franquismo, los fascistas que no saben ni que lo son porque no les llega ni para tener conciencia de lo que son, llenaban de violencia y odio las calles de Valencia el pasado lunes, 9 de octubre. 

 
Lo sufrí con más vergüenza que temor por la mañana, durante la Procesión Cívica, y lo vi con miedo por la tarde. No había dos bandos, ni eran independentistas contra "gente que llevaba banderas españolas". No. Éramos gente educada y demócrata frente a energúmenos que insultaban con los ojos inyectados en sangre, frente a gente que perseguía y golpeaba de manera vil y cobarde. Y estas cosas no pasan por casualidad. 

 
Estre puñado de violentos son los mismos que si nos los hubieramos encontrado en los años 40 nos hubieran disparado y nos hubieran dejado tirados en una cuneta. Son los mismos. El lunes estaban crecidos porque llevamos meses viendo cómo se tensa la situación política en España, cómo se alimenta el "ellos" y el "nosotros" y cómo la democracia va perdiendo terreno. 
 
Si un gobierno como el de Rajoy puede negar a un pueblo, como el de Cataluña, su derecho a votar reclamado reiterada y masivamente; si a miles de personas se les puede contestar con represión policial, golpes, detenciones, incautaciones de papeletas, retirada de urnas y puertas y cristales rotos; si todo esto lo puede hacer un gobierno, lo más normal es lo que ha pasado, que la ultraderecha se sienta fuerte y tome la calle. Y que conste una cosa, los mismos que, durante la Procesión Cívica, insultaban al gobierno del Botánico o a los partidos que lo apoyan, aplaudían cuando pasaba el PP. A mí me daría mucha vergüenza que los violentos me sintieran suyos. Al igual que es inaceptable que un delegado del gobierno del PP como Juan José Moragues no sólo sea incapaz de evitar las agresiones, que es su responsabilidad, sino que haga como si no hubiera sucedido nada. 

 
Todo esto ocurrió el lunes, y también quería recogerlo aquí. 
 
Sobre mi jornada de trabajo de ayer martes, la empecé con una reunión con Manuel Aldeguer, director general del Agua, con el que traté diferentes temas en marcha pero, sobre todo, dos: la revisión del proyecto de encauzamiento del Barranc dels Frares de Godella para evitar destrozar la huerta de Rocafort y la decisión de la Unión Europea de archivar un expediente de sanción contra la Generalitat por la construcción de tres depuradoras sin cumplir las directivas sobre tratamiento de aguas residuales. 
 
Sobre el Barranc dels Frares tenemos la intención de construir balsas de laminación y soterrar la canalización para evitar impactos en la huerta. En los próximos días explicaremos la nueva propuesta a los diferentes agentes implicados (vecinos, agricultores, ayuntamientos, etc.) y pondremos en marcha los operativos de expropiación. 
 
En cuanto al expediente sancionador de la UE afectaba a las depuradoras de Teulada, Peñíscola y Benicarló. Las autoridades europeas iniciaron el proceso de sanción en 2004 por considerar desleal la actitud del gobierno valenciano de aquel momento. Las cifras de servicio a los ciudadanos no coincidían con las que se habían previsto y la bola se fue haciendo mayor porque nunca se ofreció la respuesta adecuada. La sombra de una sanción multimillonaria pendía sobre nosotros. Al llegar al gobierno en 2015 teníamos los plazos muy ajustados y, tanto desde la EPSAR como desde la dirección general del Agua, se ha hecho un trabajo minucioso que ha acabado convenciendo a las autoridades europeas de que nos hemos ajustado a las condiciones pactadas. No disponemos todavía de toda la información pero la retirada de la sanción es una gran noticia que nos ahorra mucho dinero público. 
 
A continuación, junto con la directora general de Prevención de Incendios, fuimos hasta el Ayuntamiento de Sueca, donde habíamos organizado con diferentes alcaldes del entorno de la Albufera una reunión para intentar facilitar en lo posible la retirada de las restos de la paja del arroz y evitar así su quema. Con la alcaldesa de Sueca, Raquel Tamarit, como anfitriona, y con los alcaldes de Cullera, Jordi Mayor, y de Albalat de la Ribera, Felipe Hernandis, estudiamos diferentes posibilidades de intervención. Desde la Generalitat facilitaremos puntos que puedan servir como "bancos de paja", zonas de acopio que permitan su posterior aprovechamiento. Los Ayuntamientos se ofrecieron a completar nuestras iniciativas, siempre teniendo en cuenta que la retirada de la paja de los campos de arroz es una responsabilidad del agricultor que recibe ayudas europeas por la gestión de estos restos. 

 
La tarde la dediqué a una reunión con el subsecretario de la Conselleria, José Moratal, y la directora general de Prevención de Incendios, Delia Álvarez, con los que repasamos el grado de cumplimiento de los diferentes proyectos incluidos en los Planes de Desarrollo Rural y las previsiones de cara a los presupuestos de la Generalitat para 2018. Moratal estuvo ayer en la Conselleria de Hacienda para comentar los diferentes criterios que se van a plantear para cerrar los próximos presupuestos y tenemos que ir viendo como ajustamos las posibilidades económicas del conjunto a nuestras necesidades.
 
Antes de terminar el día aún mantuve una última reunión con el gerente de EPSAR, Enrique Lapuente, para comenzar a preparar el Consejo de Participación Ciudadana de la entidad que haremos después del puente del 12 de octubre.

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