La
mañana de ayer la empecé con dos reuniones internas con los
directores generales de Prevención de Incendios, Delia Álvarez, y de
Medio Natural, Antoni Marzo. Los tres hicimos un repaso a los
informes de que disponemos sobre la quema de la paja del arroz en la
Albufera. Nos hemos pasado más de medio año trabajando en la
búsqueda de iniciativas que pudieran permitir la retirada de la paja
y evitar, así, tener que quemar. La dificultad está en retirar la
paja de las zonas más bajas, aquellas donde la paja queda sumergida.
Las diferentes posibilidades contempladas para estos terrenos no han
dado resultado por diferentes razones, la falta de colaboración por
parte de muchos de los agentes implicados no es una de las más
importantes. De cualquier modo, como la quema es, al margen de otras
consideraciones ambientales, una práctica sobre la que recaen
indicios más que fundamentados de posibles afecciones a la salud de
las personas, sólo por un principio de prudencia, hay que limitar al
máximo la quema. Lo que está claro es que disponemos de los
informes suficientes para fundamentar una práctica lo más
responsable posible y no, como ocurrió el año pasado, que los
incumplimientos de las condiciones establecidas fueran la tónica
habitual.
La
siguiente reunión del día tuvo relación también con temas de
contaminación. Conjuntamente con el director general de Calidad
Ambiental y Cambio Climático, Joan Piquer, me reuní con el
presidente y el director del Puerto de Alicante, Juan Antonio Gisbert
y Carlos Eleno, respectivamente. El tema de la contaminación por
culpa, básicamente, del movimiento de graneles fue el centro de la
conversación. El Puerto de Alicante tiene una autorización de
actividad condicionada a que, en el periodo de un año, se compruebe
fehacientemente que dichos movimientos no generan contaminación ni,
por tanto, molestias a la ciudadanía.
Gisbert
y Eleno nos contaron todas las iniciativas que están llevando a
cabo, todas las que ya han puesto en marcha para cumplir los
requerimientos de la autorización y aquellas que quedan por aplicar,
nos dijeron que estarán listas antes de finalizar el mes de agosto.
En determinados casos, ciertamente, alguno de los retrasos tiene que
ver con las propias dificultades burocráticas de la administración.
En
todo caso, nosotros les anunciamos la apertura de un expediente y
reiteramos la necesidad de que tengan a punto la contratación de la
construcción de naves en depresión y la conveniencia de buscar,
entre todos, la vía más fácil para conseguirlas. Los directivos
del Puerto nos aseguraron su implicación. Y todos estamos de acuerdo
en que, de una manera u otra, acabaremos en ellas.
Ayer
era jueves y, al mediodía, participé en el "Consellet"
previo al Pleno del Consell de todos los viernes. De nuestra
Secretaría Autonómica llevamos un convenio con una comunidad de
regantes de Godelleta para electrificar un sistema de bombeo que
permita sustituir el uso de una masa de agua muy explotada por una en
mejores condiciones.
Ya
por la tarde, y presidido por la consellera Elena Cebrián, reunimos
al Consejo Asesor y de Participación del Medio Ambiente (CAPMA).
Ayer ya anuncié aquí mismo que en la sesión presentábamos el
borrador de la Ley de Espacios Naturales Protegidos. Una norma que
llevaba muchos años de retraso, y la necesidad de revisar la actual
legislación autonómica, que data de 1994, pedía a gritos una
actualización.
La
nueva Ley incorpora figuras de protección hasta ahora no reguladas y
se adapta a las directivas europeas más recientes. La nueva Ley de
Espacios Naturales Protegidos creará las "Zonas de Incentivos
para la Conservación" que pretende incidir en una de las
eternas cuestiones pendientes cuando hablamos de protección de zonas
de montaña: integrar los objetivos de conservación con la mejora
económica social y territorial de las poblaciones incluidas en los
ámbitos protegidos.
Asimismo
se incorporan vías para fomentar la coordinación entre las
diferentes áreas protegidas y se facilita la intervención e
implicación social en la gestión de estos espacios naturales. El
nuevo texto también incorpora un apartado relativo al régimen
sancionador, lo que facilitará el trabajo de la administración y la
seguridad jurídica de los administrados.
En
el CAPMA de ayer también se presentó el borrador de regulación de
las actividades potencialmente contaminantes. Una obligación que
estaba pendiente desde 2006 y que se pone ahora en marcha por primera
vez. Hasta ahora hemos ido enviando instrucciones a las direcciones
territoriales de cómo actuar pero no había una normativa definida.
Con
la norma que ayer se revisó, identificar las actividades y los focos
contaminantes será más sencillo, se contemplan revisiones de la
autorización, la periodicidad y la metodología de los controles.
La
Estrategia de Prevención de Incendios (basada en concienciación
social, ordenación forestal, mejora de ecosistemas y restauración),
el informe sobre los trabajos de la comisión del CAPMA sobre Cambio
Climático, la presentación de una futura aplicación informática
para saber en tiempo real la calidad del aire, la previa de la Guía
de Educación Ambiental y una propuesta sobre indicadores
medioambientales fueron otros de los temas tratados ayer.
Por
último en el apartado de ruegos y preguntas, se hicieron un par de
referencias por varios participantes sobre la necesidad de controlar
ambientalmente los planes territoriales de la administración y la
conveniencia de hacer un inventario de las zonas húmedas de la
Comunitat.
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