La
canalización del barranc de Puçol era una obra que arrancó hace
más de 10 años, que el PP encargó a la empresa de Enrique Ortiz y
que, cuando llegamos al Consell en 2015, llevaba un par de años
parada . El presupuesto inicial, alrededor de 8 millones de euros, se
había disparado hasta duplicar el inicial. Desde la dirección
general del Agua que dirige Manuel Aldeguer se tenía claro que
tocaba desbloquear la obra y terminarla. Ya está. Ayer hicimos una
visita para ver cómo quedado porque la canalización es ya una
realidad.
Fuimos
al barranco con Manuel Aldeguer, con la alcaldesa de Puçol, Lola
Sánchez, con el que fuera alcalde hasta hace un par de semanas,
Enric Esteve, y con otros concejales de la corporación y técnicos
municipales y de la Generalitat.
Al
final, la obra ha costado 18 millones de euros. Se trata de una vieja
reivindicación de la ciudadanía de Puçol ya que el barranco
generaba muchos problemas con las lluvias. Al estar tan encajonado
entre la población y las carreteras, la canalización, después de
pasar durante más de un kilómetro por la zona industrial, ha
implicado la construcción de un cauce de nueva planta de 600 metros
de largo hasta llegar al barranco del Puig que se ha ampliado hasta
llegar al mar.
La
obra está calculada para un periodo de retorno de 200 años, es
decir, según las estadísticas, la infraestructura debería soportar
el pico de cualquier avenida ocurrida en esa misma zona durante los
últimos 200 años. La capacidad del barranco ahora es de 86
m3/segundo en la zona de nueva construcción y superior a
los 250 m3/segundos en la ampliación del barranco del
Puig. La mayoría del trazado está preparado además para tener
vegetación permanente.
Se
han hecho dos puentes nuevos y se han incrementado las estructuras de
paso existentes. Hay que tener en cuenta que la nueva canalización
afecta a una carretera de mucho tráfico como la V-21 y diversas
infraestructuras como un gaseoducto, una planta depuradora y la RAM,
la Real Acequia de Moncada.
Como
todos los jueves ayer tocaba "Consellet". De nuestra
Conselleria llevábamos un par de convenios con la Universidad de
Elche sobre temas agroalimentarios, la cesión de un terrenos al
Ayuntamiento de Turis y tres indemnizaciones a diferentes empresas
por trabajos medioambientales.
Antes
de comer, me reuní con los responsables del departamento de
Evaluación Ambiental por comenzar a preparar la comparecencia en Les
Corts que tengo el próximo martes. El Partido Popular estaba
interesado en los asuntos que tenemos pendientes en la Comisión de
Evaluación Ambiental y, como tocará dar un amplio abanico de
cifras, era necesario preparar las que pueden ser más útiles y
comprensibles.
La
tarde la empecé con la reunión de la Mesa Forestal, que es la
herramienta de participación más importante con la que contamos y
en la que están representados los diferentes agentes relacionados
con nuestras políticas de gestión de los bosques.
Empezamos
informando sobre el reciente incendio de la sierra Calderona: un
fuego que, según los primeros informes, lo causó un rayo y quemó
1.400 hectáreas aproximadamente: 1.180 forestales (547 del Parque
Natural) y 232 no forestales.
Ya
siguiendo el orden del día revisamos el proyecto de las nuevas
Normas Técnicas para la redacción de Planes Locales de Prevención
de Incendios, el del uso recreativo del fuego en terrenos forestales
y el de modificación del régimen sancionador.
Respecto
a este último tema, se trata de clarificar más la tipificación de
las infracciones y se endurece el régimen de sanciones. En cuanto a
la cuestión del uso recreativo del fuego, la pretensión es
compatibilizar la celebración de fiestas tradicionales donde se usa
el fuego con la protección de las zonas forestales. Por ello se
delimitarán claramente las zonas donde se puede hacer uso de la
pirotecnia o el fuego en general y, también, la potencia de los
fuegos de artificio que pueden dispararse.
En
la Mesa Forestal informamos también de las actuaciones que se han
realizado en relación a los temporales de enero y febrero pasados.
En los terrenos de propiedad privada se ha procurado agilizar y
facilitar en todo lo posible la tramitación de cara a la extracción
de los árboles destrozados y en terrenos públicos se le ha
encargado a VAERSA la tarea. Se dispone de 1'7 millones de euros para
la retirada de árboles y de 4'5 para arreglos de caminos. En el
debate, estuvimos de acuerdo en la necesidad de mejorar la
colaboración público-privada para hacer más efectivos estos
trabajos. Hubo otra cuestión que también contó con el asentimiento de los presentes, la necesidad de que desde la administración se ponga en marcha una iniciativa en el sentido de procurar el pago por servicios ambientales. El mundo rural es el que está manteniendo una gestión forestal que no es rentable económicamente pero sí desde el punto de vista ambiental y social. Así que es necesario que el conjunto de la ciudadanía se implique en el mantenimiento y mejora de la gestión forestal. Se trata de buscar vías para implantar algún pago finalista, sea sobre combustible o en otro àmbito, que revierta en esa gestión de nuestros montes que son los que están compensando las emisiones de gases de efecto invernadero causa del cambio climático.
La
tarde, ya entrada la noche, la acabé en la sede de Compromí en una
reunión de la Ejecutiva de VerdsEquo.
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