jueves, 6 de julio de 2017

EL BARRANC DE PUÇOL, A PESAR DEL PP, YA ES UNA REALIDAD

La canalización del barranc de Puçol era una obra que arrancó hace más de 10 años, que el PP encargó a la empresa de Enrique Ortiz y que, cuando llegamos al Consell en 2015, llevaba un par de años parada . El presupuesto inicial, alrededor de 8 millones de euros, se había disparado hasta duplicar el inicial. Desde la dirección general del Agua que dirige Manuel Aldeguer se tenía claro que tocaba desbloquear la obra y terminarla. Ya está. Ayer hicimos una visita para ver cómo quedado porque la canalización es ya una realidad. 

 
Fuimos al barranco con Manuel Aldeguer, con la alcaldesa de Puçol, Lola Sánchez, con el que fuera alcalde hasta hace un par de semanas, Enric Esteve, y con otros concejales de la corporación y técnicos municipales y de la Generalitat. 
 
Al final, la obra ha costado 18 millones de euros. Se trata de una vieja reivindicación de la ciudadanía de Puçol ya que el barranco generaba muchos problemas con las lluvias. Al estar tan encajonado entre la población y las carreteras, la canalización, después de pasar durante más de un kilómetro por la zona industrial, ha implicado la construcción de un cauce de nueva planta de 600 metros de largo hasta llegar al barranco del Puig que se ha ampliado hasta llegar al mar. 

 
La obra está calculada para un periodo de retorno de 200 años, es decir, según las estadísticas, la infraestructura debería soportar el pico de cualquier avenida ocurrida en esa misma zona durante los últimos 200 años. La capacidad del barranco ahora es de 86 m3/segundo en la zona de nueva construcción y superior a los 250 m3/segundos en la ampliación del barranco del Puig. La mayoría del trazado está preparado además para tener vegetación permanente. 
 
Se han hecho dos puentes nuevos y se han incrementado las estructuras de paso existentes. Hay que tener en cuenta que la nueva canalización afecta a una carretera de mucho tráfico como la V-21 y diversas infraestructuras como un gaseoducto, una planta depuradora y la RAM, la Real Acequia de Moncada. 
 
Como todos los jueves ayer tocaba "Consellet". De nuestra Conselleria llevábamos un par de convenios con la Universidad de Elche sobre temas agroalimentarios, la cesión de un terrenos al Ayuntamiento de Turis y tres indemnizaciones a diferentes empresas por trabajos medioambientales. 
 
Antes de comer, me reuní con los responsables del departamento de Evaluación Ambiental por comenzar a preparar la comparecencia en Les Corts que tengo el próximo martes. El Partido Popular estaba interesado en los asuntos que tenemos pendientes en la Comisión de Evaluación Ambiental y, como tocará dar un amplio abanico de cifras, era necesario preparar las que pueden ser más útiles y comprensibles. 
 
La tarde la empecé con la reunión de la Mesa Forestal, que es la herramienta de participación más importante con la que contamos y en la que están representados los diferentes agentes relacionados con nuestras políticas de gestión de los bosques. 

  
Empezamos informando sobre el reciente incendio de la sierra Calderona: un fuego que, según los primeros informes, lo causó un rayo y quemó 1.400 hectáreas aproximadamente: 1.180 forestales (547 del Parque Natural) y 232 no forestales.
Ya siguiendo el orden del día revisamos el proyecto de las nuevas Normas Técnicas para la redacción de Planes Locales de Prevención de Incendios, el del uso recreativo del fuego en terrenos forestales y el de modificación del régimen sancionador. 
 
Respecto a este último tema, se trata de clarificar más la tipificación de las infracciones y se endurece el régimen de sanciones. En cuanto a la cuestión del uso recreativo del fuego, la pretensión es compatibilizar la celebración de fiestas tradicionales donde se usa el fuego con la protección de las zonas forestales. Por ello se delimitarán claramente las zonas donde se puede hacer uso de la pirotecnia o el fuego en general y, también, la potencia de los fuegos de artificio que pueden dispararse. 
 
En la Mesa Forestal informamos también de las actuaciones que se han realizado en relación a los temporales de enero y febrero pasados. En los terrenos de propiedad privada se ha procurado agilizar y facilitar en todo lo posible la tramitación de cara a la extracción de los árboles destrozados y en terrenos públicos se le ha encargado a VAERSA la tarea. Se dispone de 1'7 millones de euros para la retirada de árboles y de 4'5 para arreglos de caminos. En el debate, estuvimos de acuerdo en la necesidad de mejorar la colaboración público-privada para hacer más efectivos estos trabajos. Hubo otra cuestión que también contó con el asentimiento de los presentes, la necesidad de que desde la administración se ponga en marcha una iniciativa en el sentido de procurar el pago por servicios ambientales. El mundo rural es el que está manteniendo una gestión forestal que no es rentable económicamente pero sí desde el punto de vista ambiental y social. Así que es necesario que el conjunto de la ciudadanía se implique en el mantenimiento y mejora de la gestión forestal. Se trata de buscar vías para implantar algún pago finalista, sea sobre combustible o en otro àmbito, que revierta en esa gestión de nuestros montes que son los que están compensando las emisiones de gases de efecto invernadero causa del cambio climático.
 
La tarde, ya entrada la noche, la acabé en la sede de Compromí en una reunión de la Ejecutiva de VerdsEquo.

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