La
jornada de ayer la empecé con uno de esos temas que demandan una
atención contínua, se trata del seguimiento de los planes de
ayudas europeas ligadas a los Programas de Desarrollo Rural (PDR)
para el periodo 2014-2020.
A
primera hora de la mañana me reuní con el secretario autonómico de
Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero, responsable de la Agencia
de Fomento y Garantía Agraria que gestiona el PDR, y el
subsecretario de la Conselleria, José Moratal. Se trata de hacer un
seguimiento de cómo llevamos toda la tramitación de los proyectos
así como su ejecución para garantizar que conseguiremos cumplir con
todos nuestros compromisos de gasto y, por tanto, que recibiremos las
ayudas. El proceso no es sencillo y, en esta cuestión también, los
problemas de personal, la falta de músculo administrativo,
representan un handicap importante. Agricultura y Medio Ambiente, en
mi caso, las direcciones generales de Prevención de Incendios y
Medio Natural, son las receptoras de estos fondos. Es primordial
hacer el seguimiento del trámite ya que los gastos se tienen que ir
justificando escalonadamente y hay que procurar no perder el paso.
Seguidamente
recibí en mi despacho a César Salvo y Ezequiel Castellano, del
Centro de Estudios de la Serranía, que me entregaron un dossier de
la campaña de recogida de firmas que han llevado a cabo en la
localidad valenciana de Villar del Arzobispo para salvar el Cerro
Castellar y recuperar la Rambla Castellarda. Su preocupación, muy
extendida en la comarca, se centra en cómo revertir la depredación
del territorio que han provocado las minas a cielo abierto en las
diferentes poblaciones de la zona. En la recogida de firmas
especifican que están a favor de la actividad minera pero que ha
llegado la hora de corregir sus impactos ambientales. Por escrito han
recogido más de 500 firmas y casi 9.000 a través de internet en
sólo 30 días. Nuestro compromiso va en la línea de lo que ya
estamos haciendo, es decir, implicarnos al máximo en la supervisión
y reducción de todos los impactos ambientales y exigir el
cumplimiento de la ley en todos los ámbitos. El proceso para ir
cerrando aquellas explotaciones que no se ajusten a la normativa ya
está en marcha, pero toca también hacer efectiva la restauración
de todos los terrenos afectados.
Como
todos los jueves, ayer tocaba "Consellet" previo al Pleno
del Consell de los viernes. Ayer, de nuestra Conselleria, sólo
llevábamos una serie de convenios con Cofradías de Pescadores y
Comunidades de Regantes sobre protección ambiental y con la
Universidad Politécnica de Valencia para la realización de
prácticas universitarias.
Justo
después de comer, y en la sede de Compromís de la Plaza del Pilar
de Valencia, celebramos una Ejecutiva de VerdsEquo que, como siempre,
fue larga y densa. Ayer los temas centrales a discusión fueron los
informes sobre finanzas, el debate sobre la situación política
general y la convocatoria de las próximas Mesas de País.
Por
último, permitidme añadir algo que no suele ser habitual y que tiene
que ver con este diario que escribo cada día sobre mi actividad
institucional. Ayer me llegó una carta de la dirección de Reyval,
la empresa que gestiona una planta de residuos en Alcora (Castellón),
pidiéndome que rectificara una nota escrita en este blog. Considero que no ha
lugar a rectificar nada, aunque sí, por supuesto, quisiera hacer
alguna puntualización.
En
primer lugar, toca aclarar que las rectificaciones se hacen sobre
informaciones y no, como es el caso de mi blog, sobre textos de
opinión que son reflexiones políticas
sobre mi gestión como secretario autonómico al objeto de ser lo más
transparente posible como responsable público.
En
todo caso, la carta explica que, contra lo que yo decía en mi
escrito del pasado 5 de abril, ni se debe cerrar planta de Alcora ni
la empresa Reyval ha quedado sin posibilidad de recurso.
Yo,
con mejor o peor fortuna, lo que decía es que, en cumplimiento de la
sentencia del Tribunal Supremo, la planta debe cerrarse a la gestión
de lo que hasta ahora gestionaba (residuos sanitarios) ya que se
queda sin Autorización Ambiental; y que la sentencia es de obligada
ejecución ya que no tiene recurso en el ámbito del poder judicial,
más allá del posible amparo del Tribunal Constitucional, lo que, a
mi modo de ver, queda fuera de dicho ámbito.
1 comentario:
Estimado Julià:
Si el Constitucional la admite y termina dando la razón, la conclusión puede ser otra.
Pero no adelantemos acontecimientos.
Un saludo.
Fdo. Un seguidor incondicional.
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