MINERÍA SÍ, PERO SIN DEPREDAR EL MEDIO AMBIENTE

La jornada de ayer la empecé con uno de esos temas que demandan una atención contínua, se trata del seguimiento de los planes de ayudas europeas ligadas a los Programas de Desarrollo Rural (PDR) para el periodo 2014-2020. 

 

A primera hora de la mañana me reuní con el secretario autonómico de Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero, responsable de la Agencia de Fomento y Garantía Agraria que gestiona el PDR, y el subsecretario de la Conselleria, José Moratal. Se trata de hacer un seguimiento de cómo llevamos toda la tramitación de los proyectos así como su ejecución para garantizar que conseguiremos cumplir con todos nuestros compromisos de gasto y, por tanto, que recibiremos las ayudas. El proceso no es sencillo y, en esta cuestión también, los problemas de personal, la falta de músculo administrativo, representan un handicap importante. Agricultura y Medio Ambiente, en mi caso, las direcciones generales de Prevención de Incendios y Medio Natural, son las receptoras de estos fondos. Es primordial hacer el seguimiento del trámite ya que los gastos se tienen que ir justificando escalonadamente y hay que procurar no perder el paso. 

 

Seguidamente recibí en mi despacho a César Salvo y Ezequiel Castellano, del Centro de Estudios de la Serranía, que me entregaron un dossier de la campaña de recogida de firmas que han llevado a cabo en la localidad valenciana de Villar del Arzobispo para salvar el Cerro Castellar y recuperar la Rambla Castellarda. Su preocupación, muy extendida en la comarca, se centra en cómo revertir la depredación del territorio que han provocado las minas a cielo abierto en las diferentes poblaciones de la zona. En la recogida de firmas especifican que están a favor de la actividad minera pero que ha llegado la hora de corregir sus impactos ambientales. Por escrito han recogido más de 500 firmas y casi 9.000 a través de internet en sólo 30 días. Nuestro compromiso va en la línea de lo que ya estamos haciendo, es decir, implicarnos al máximo en la supervisión y reducción de todos los impactos ambientales y exigir el cumplimiento de la ley en todos los ámbitos. El proceso para ir cerrando aquellas explotaciones que no se ajusten a la normativa ya está en marcha, pero toca también hacer efectiva la restauración de todos los terrenos afectados. 

 

Como todos los jueves, ayer tocaba "Consellet" previo al Pleno del Consell de los viernes. Ayer, de nuestra Conselleria, sólo llevábamos una serie de convenios con Cofradías de Pescadores y Comunidades de Regantes sobre protección ambiental y con la Universidad Politécnica de Valencia para la realización de prácticas universitarias. 

 

Justo después de comer, y en la sede de Compromís de la Plaza del Pilar de Valencia, celebramos una Ejecutiva de VerdsEquo que, como siempre, fue larga y densa. Ayer los temas centrales a discusión fueron los informes sobre finanzas, el debate sobre la situación política general y la convocatoria de las próximas Mesas de País. 

 

Por último, permitidme añadir algo que no suele ser habitual y que tiene que ver con este diario que escribo cada día sobre mi actividad institucional. Ayer me llegó una carta de la dirección de Reyval, la empresa que gestiona una planta de residuos en Alcora (Castellón), pidiéndome que rectificara una nota escrita en este blog. Considero que no ha lugar a rectificar nada, aunque sí, por supuesto, quisiera hacer alguna puntualización. 

En primer lugar, toca aclarar que las rectificaciones se hacen sobre informaciones y no, como es el caso de mi blog, sobre textos de opinión que son reflexiones políticas sobre mi gestión como secretario autonómico al objeto de ser lo más transparente posible como responsable público. 

 

En todo caso, la carta explica que, contra lo que yo decía en mi escrito del pasado 5 de abril, ni se debe cerrar planta de Alcora ni la empresa Reyval ha quedado sin posibilidad de recurso. 

 

Yo, con mejor o peor fortuna, lo que decía es que, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, la planta debe cerrarse a la gestión de lo que hasta ahora gestionaba (residuos sanitarios) ya que se queda sin Autorización Ambiental; y que la sentencia es de obligada ejecución ya que no tiene recurso en el ámbito del poder judicial, más allá del posible amparo del Tribunal Constitucional, lo que, a mi modo de ver, queda fuera de dicho ámbito.