sábado, 22 de abril de 2017

GESTIONAR MAL LOS RESIDUOS ENCARECE EL SERVICIO

El de ayer fue un viernes de trabajo intenso, pero de puertas adentro. Dos reuniones que tenía convocadas fueron anuladas por distintas razones ajenas a mi decisión y éso me permitió dedicarme a temas internos, de diseño y desarrollo de nuestro trabajo. 
 
Por supuesto que aproveché para firmar todo lo que tenía pendiente, lo que significa dedicarle mucho tiempo (uno siempre tiene la sensación de que es menos de lo necesario) a revisar documentos, informes y escritos adjuntos. 
 
Así las cosas, además de disponer de tiempo para ir a tomar un café a media mañana, cosa en absoluto habitual, empecé a las nueve con una reunión con el director de VAERSA, Vicent Garcia; la directora general de Prevención de Incendios, Delia Álvarez, y el asesor de Asuntos Generales, Enrique Pastor, para revisar el estado de aplicación del Plan de Prevención de Incendios Forestales (PPIF). 
 
Se trata de una de las mayores encomiendas de nuestra Secretaría Autonómica, y afecta a un tema muy sensible como es la vigilancia forestal. El PPIF moviliza más de 450 trabajadores, un centenar de unidades de vigilancia y dispone de casi 70 puntos de observación. 
 
Después, y en el despacho de la consellera Elena Cebrián, pasamos revista a los temas más destacados de la próxima Comisión de Evaluación Ambiental que tendrá lugar esta próxima semana y, a continuación, me reuní con los responsables del área para ultimar la documentación. 
 
La jornada la rematé con una reunión con el director general de Calidad Ambiental y Cambio Climático, Joan Piquer. Con Piquer hablé sobre las ayudas europeas que estamos tramitando en relación a la automatización de las instalaciones de recogida de residuos, especialmente todo lo relativo a los ecoparques, y estudiamos hasta dónde podemos ampliar los fondos a recibir. 

Foto de J. Signes
Volvimos a repasar la situación de los diferentes consorcios para ir priorizando las inversiones a realizar para que la gestión de los residuos mejore, para acercarnos al cumplimiento de los requisitos que marca la Unión Europea en reciclaje y, al final, mejorar sustancialmente el servicio que ofrecemos a la ciudadanía. 

 
Cada vez que hacemos estas revisiones topamos siempre con un doble déficit que nos condena: ni tenemos los niveles de separación en origen que deberíamos tener, ni disponemos de las instalaciones adecuadas para su tratamiento. Continuamos en esa lucha contrarreloj y debemos ser capaces de implicar a todas las administraciones porque el beneficio será general. La falta de instalaciones conlleva un gasto añadido para los Ayuntamientos ya que los desplazamientos de los flujos de basura son mayores. La necesidad de establecer políticas de proximidad y autosuficiencia en los distintos territorios son la mejor manera de abaratar la gestión de nuestros residuos. Y me refiero a abaratar en un doble sentido: hacerla más sostenible y, por tanto, menos costosa ambientalmente y, al mismo tiempo, que cueste menos a la ciudadanía. Aquellas zonas que no dispongan a medio plazo de las instalaciones adecuadas para gestionar sus propios residuos acabarán inexorablemente pagando más caro el servicio.

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