El
de ayer fue un viernes de trabajo intenso, pero de puertas adentro.
Dos reuniones que tenía convocadas fueron anuladas por distintas
razones ajenas a mi decisión y éso me permitió dedicarme a temas
internos, de diseño y desarrollo de nuestro trabajo.
Por
supuesto que aproveché para firmar todo lo que tenía pendiente, lo
que significa dedicarle mucho tiempo (uno siempre tiene la sensación
de que es menos de lo necesario) a revisar documentos, informes y
escritos adjuntos.
Así
las cosas, además de disponer de tiempo para ir a tomar un café a
media mañana, cosa en absoluto habitual, empecé a las nueve con una
reunión con el director de VAERSA, Vicent Garcia; la directora
general de Prevención de Incendios, Delia Álvarez, y el asesor de
Asuntos Generales, Enrique Pastor, para revisar el estado de
aplicación del Plan de Prevención de Incendios Forestales (PPIF).
Se
trata de una de las mayores encomiendas de nuestra Secretaría
Autonómica, y afecta a un tema muy sensible como es la vigilancia
forestal. El PPIF moviliza más de 450 trabajadores, un centenar de
unidades de vigilancia y dispone de casi 70 puntos de observación.
Después,
y en el despacho de la consellera Elena Cebrián, pasamos revista a
los temas más destacados de la próxima Comisión de Evaluación
Ambiental que tendrá lugar esta próxima semana y, a continuación,
me reuní con los responsables del área para ultimar la
documentación.
La
jornada la rematé con una reunión con el director general de
Calidad Ambiental y Cambio Climático, Joan Piquer. Con Piquer hablé
sobre las ayudas europeas que estamos tramitando en relación a la
automatización de las instalaciones de recogida de residuos,
especialmente todo lo relativo a los ecoparques, y estudiamos hasta
dónde podemos ampliar los fondos a recibir.
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| Foto de J. Signes |
Volvimos
a repasar la situación de los diferentes consorcios para ir
priorizando las inversiones a realizar para que la gestión de los
residuos mejore, para acercarnos al cumplimiento de los requisitos
que marca la Unión Europea en reciclaje y, al final, mejorar
sustancialmente el servicio que ofrecemos a la ciudadanía.
Cada
vez que hacemos estas revisiones topamos siempre con un doble déficit
que nos condena: ni tenemos los niveles de separación en origen que
deberíamos tener, ni disponemos de las instalaciones adecuadas para
su tratamiento. Continuamos en esa lucha contrarreloj y debemos ser
capaces de implicar a todas las administraciones porque el beneficio
será general. La falta de instalaciones conlleva un gasto añadido
para los Ayuntamientos ya que los desplazamientos de los flujos de
basura son mayores. La necesidad de establecer políticas de
proximidad y autosuficiencia en los distintos territorios son la
mejor manera de abaratar la gestión de nuestros residuos. Y me
refiero a abaratar en un doble sentido: hacerla más sostenible y,
por tanto, menos costosa ambientalmente y, al mismo tiempo, que
cueste menos a la ciudadanía. Aquellas zonas que no dispongan a
medio plazo de las instalaciones adecuadas para gestionar sus propios
residuos acabarán inexorablemente pagando más caro el servicio.
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