jueves, 9 de febrero de 2017

SEGUIMOS APROBANDO POR UNANIMIDAD TODOS LOS TEMAS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

Después de tres días de viaje en Bruselas retomo mi diario de actividad. Así que esta entrada tiene, también, bastante de resumen. 
 
Durante el martes y el miércoles asistí a debates que se dieron en el seno del Comité de las Regiones. Los organismos europeos tienen una considerable sensibilidad medioambiental de la que, en general, tenemos mucho que aprender en el conjunto del Estado español, y también aquí en la Comunitat Valenciana. 
 
La primera de las actividades fue una reunión del Seminario sobre "Ciudades y regiones inteligentes, hacia la Tercera Revolución Industrial" que sirvió para poner en común ejemplos de políticas de sostenibilidad que se están aplicando en todo el continente europeo.


Hubo diferentes Gobiernos regionales y municipales que realizaron varias ponencias con sus experiencias. En el caso de España, participó la consejera de Infraestructuras de Euskadi, Arantxa Tapia. Hubo también ponencias de Holanda, Francia y Rumanía, entre otros. 
 
No se trata de detallar aquí todas las intervenciones pero sí destacar que se dieron muchos ejemplos de buenas prácticas y que, en general, tenían dos características: habían logrado amplio apoyo ciudadano después de resistencias iniciales y significaban creación de puestos de trabajo y mejora en las condiciones de vida. 
 
Nosotros queremos implicarnos al máximo en esta coalición de ciudades y regiones inteligentes, en este movimiento por la sostenibilidad en el ámbito europeo, y aportamos nuestra voluntad de impulsar nuevas políticas en varios ámbitos, desde temas de movilidad o residuos hasta la lucha contra el cambio climático. Ciertamente tenemos mucho camino por delante a la vista de lo que hacen en otros lugares de Europa. 
 
Ya el miércoles participé en el Intergrupo sobre modernización del sector de la Automoción, que dirige nuestro delegado en Bruselas, Joan Calabuig. Se trata de un sector altamente contaminante y, por tanto, muy sensible en términos de impacto medioambiental. Por ello, el margen para conseguir que la modernización pase también por reducir ese impacto en el medio ambiente es un reto que nadie discute.


Ayer jueves, de vuelta a la actividad doméstica, tuve primero un encuentro con un grupo de estudiantes de Ciencias Ambientales de la Universidad Politécnica de Valencia. Les expliqué un poco el funcionamiento de nuestra Secretaría, los temas más destacados que llevamos entre manos, las dificultades con las que nos topamos y el valor de lo que hacemos. No tuvieron inconveniente alguno a la hora de hacerme llegar sus exigencias, sugerencias y propuestas. Lo que yo les expliqué es que, más allá de voluntades políticas, también hay otra limitación clave: los presupuestos. Esto, realmente, le quita mucha épica a nuestro trabajo... pero es así.


A continuación, me reuní con Ramón Martinez Vaya, del colectivo de Compromís de Atzeneta d'Albaida, que venía a reclamar información sobre una cantera de la población que, según nos comentaba, genera molestias. Hemos quedado en revisar la información tenemos al respecto. 
 

Después participé en el "Consellet" de los jueves y, ya por la tarde, tuvimos una nueva sesión de la Comisión de Evaluación Ambiental que, afortunadamente, fue corta y sencilla. Acordamos los documentos de alcance de diferentes normas de gestión de la Red Natura 2000 y también el del Plan General de Aras de los Olmos; así como un puñado de modificaciones puntuales de planes generales, desde Santa Pola a Ibi, pasando por Benidorm o Tavernes Blanques. También dimos luz verde a diferentes actividades industriales, comerciales o residenciales perfectamente compatibles con los requisitos ambientales.

 
Como viene sucediendo desde la primera reunión del verano de 2015, la Comisión, donde estamos representantes de las Consellerias de Infraestructuras y de Agricultura y Medio Ambiente, tomó todas las decisiones por unanimidad. Un acuerdo absoluto que garantiza respeto a la Ley en todos los sentidos, tanto en lo referente al cuidado medioambiental como a la seguridad jurídica de los interesados.

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