jueves, 24 de noviembre de 2016

SOBRE EMPRESAS PÚBLICAS ANTICUADAS Y LA MEJORA DEL SERVICIO PÚBLICO

VAERSA es para la Generalitat una herramienta fundamental de presente y de futuro para poder hacer realidad muchas de nuestras políticas a lo largo de todo el territorio. Los servicios que ofrecemos a la ciudadanía pasan, en el caso de nuestra Conselleria, por VAERSA en muchas ocasiones. Desde su origen VAERSA funciona a través de encomiendas que se reclaman desde las diferentes áreas de nuestra administración. Estamos hablando de decenas y decenas de encomiendas diferentes para trabajos de todo tipo, desde cuestiones de vigilancia forestal en temas agrícolas, de agua o de prevención de incendios, por poner algún ejemplo. El caso es que el modelo existente genera muchas complicaciones a la Generalitat como a la propia empresa instrumental y, sobre todo, a sus trabajadores que viven en situación permanente de incertidumbre. Ayer empecé el día con una reunión entre representantes de la dirección de la empresa y representantes sindicales de CCOO y UGT sobre esta situación. Se trata de mantener vías de diálogo permanentemente abiertas para buscar soluciones a corto plazo a los problemas laborales que se plantean y, sobre todo, marcar una hoja de ruta hacia el futuro. La fórmula de convertir VAERSA en una Empresa de Derecho Público es una alternativa a explorar y es necesario que sea con acuerdos mayoritarios y en beneficio de todos, empezando, obviamente, para la sociedad que es quien paga y recibe los servicios que se dan.
A continuación, junto con el director general de Medio Natural, Antoni Marzo, nos reunimos con el alcalde de Alfarp, Santi Cervera, que tenía especial interés en buscar maneras de colaborar para poder adquirir una gran parte de los bosques de la población que ahora son propiedad de la "Sociedad de Montes" de la localidad y que, dado que pasa por graves problemas económicos, podría servir para integrarla como ente vinculado a la administración municipal. Me llamó la atención que Alfarp no tenga en propiedad el edificio de su Ayuntamiento. Se trata de un inmueble, precisamente de la "Sociedad de Montes", y en el segundo piso están las dependencias municipales que, además, necesitan reformas. Hace unos 10 años, el Gobierno del PP planificó la construcción de un nuevo edificio. Costaba 2 millones de euros y, finalmente, todo se quedó en palabras y proyectos. El alcalde nos decía que, ahora, con un 10% de ese presupuesto lo harían. Otras cuestiones que también valoramos fueron: la posibilidad de declarar una Paraje Natural Municipal en la zona de "La Falaguera"; el pésimo estado del río Magro por culpa de la dejadez de la Confederación Hidrográfica; y la necesidad de arreglar algunos caminos rurales de la población.
Como ayer era jueves, tocaba "Consellet" para preparar el Pleno del Consell de los viernes. De nuestra Conselleria iban tres convenios de investigación con diferentes universidades. En concreto, dos con la de Valencia, uno sobre conservación de cetáceos y tortugas y, un segundo sobre, conservación de flora; y uno con la Miguel Hernández de Elche por la mejora poblacional de aves en el Hondo de Elche.

Después de comer aproveché para recuperar mucho del trabajo burocrático acumulado por los días que estuve en Marrakech en la COP22, lecturas y firmas, sobre todo, y hablé con la alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez, sobre la necesidad de acelerar tanto posible las obras de mejora de sus espigones marítimos. Quedamos para una reunión en breve.

La tarde la acabé con una reunión con el director general del Agua, Manuel Aldeguer; el gerente de EPSAR, Enrique Lapuente, y Juan Bautista Juan, responsable del Ciclo del Agua de la Diputación de Castellón, sobre una serie de obras pendientes de tratamiento de aguas residuales. Se trata de nueve trabajos que aún estaban por hacer de un Convenio de 2005, que habían quedado fuera de ejecución. Benefician a pueblos pequeños y son, básicamente, de ampliación de las depuradoras existentes. El acuerdo al que llegamos fue resolver el viejo convenio y hacer uno nuevo que dejara en manos de la EPSAR la realización de esas obras, para que la dirección general del Agua pudiera dedicar sus presupuestos a infraestructuras de abastecimiento.

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