martes, 8 de julio de 2014

El periodismo está lleno de "Gowex"




Destapado ayer el "caso Gowes", hay coincidencia general en que la existencia de información manipulada lleva a inversiones equivocadas que acaban en sorpresas desagradables. Bueno, pues si tan claro está en el campo de la Bolsa, ¿cómo es posible que en democracia vivamos sumidos en la constante información manipulada sin que nadie tome medidas? El presidente de Gowex, Jenaro García, reconoció ayer que falseó las cuentas de su empresa y todo el mundo se ha llevado las manos a a la cabeza, y el sujeto puede acabar entre rejas. En cambio, por poner un ejemplo, todos los grandes medios falsean la información sobre la fortuna del Rey, y no pasa nada. Se pueden esconder corrupciones, maquillar cifras económicas, disimular fraudes, poner sordina a inmensas violaciones de los derechos humanos, relativizar asesinatos... y todos tan contentos. Pues no, si "Gowex", con sus mentiras, distorsionó el funcionamiento de la Bolsa, el periodismo, con las suyas, distorsiona la democracia. La misma buena información que se necesita para invertir bien, se necesita para votar bien.

Yendo a lo concreto, si la información no estuviera manipulada, en España ni el PP, ni el PSOE hubieran dispuesto de 30 años de mayorías en todas las administraciones pese a sus tropelías, igual que la Monarquía Borbónica no hubiera disfrutado de casi 40 años de propaganda y en las cárceles habría muchos más banqueros. Lo que sucede es que quienes manipulan la información son precisamente, y por resumir, los dos grandes partidos, los grandes empresarios y los grandes banqueros, en definitiva, la Corte.

Lo urgente, pues,  es buscar la manera de limitar el poder desinformativo de esta clase dominante. Es en defensa propia, en defensa de la democracia. Claro que hay que limitar la libertad de expresión de los poderosos, limitar su poder hegemónico.  La libertad de expresión, como todas, no es una libertad absoluta. Los poderosos, con la fuerza de sus altavoces, apagan todas las demás libertades de expresión, las del resto de ciudadanos, por eso hay que buscar un mínimo equilibrio. Legislar en beneficio del vulnerable. Regular, sí, regular, aunque los grandes medios no quieran ni oír hablar de esto ya que las normas que se necesitan van contra su oligopolio.

No se trata de negar ningún derecho sino de regular el ejercicio de la libertad de expresión para que haya un espacio que permita que los menos poderosos, los menos ricos, los peor instalados, también puedan ejercer su derecho efectivo a esa libertad. Ha pasado ya el tiempo de garantizar que se podrá decir lo que se quiera sin tener que pagar por ello. Eso, mal que bien, ya está conseguido. Ahora lo que se debe procurar es que haya una cierta igualdad de expresión, que no solo todo el mundo pueda decir lo que crea oportuno sino que también se tenga la garantía de que todo el mundo podrá ser escuchado. ¿De qué sirve hablar si nadie te oye?


Jenaro García, presidente de Gowex, cuando su empresa salió a Bolsa. Ahora ha reconocido que falseó las cuentas. El periodismo está lleno de "jenarosgarcías" que falsean la información (Foto: EFE).


Hay que empezar por regular los medios públicos, pero los privados no pueden quedar al margen. El derecho a recibir información libre y veraz es un derecho fundamental. La administración no solamente no debe entorpecerlo sino remover todos los obstáculos para su cumplimiento real. Viendo lo que el PP está haciendo con TVE, queda claro que estamos muy lejos de lo que se espera de unos gobernantes democráticos.

Pluralidad, control ciudadano y profesionalización son los grandes ejes que deben inspirar la legislación reguladora de los medios de comunicación. Nada de dejarlo todo en manos de los políticos y, mucho menos, de grandes empresarios y banqueros que, a día de hoy, son quienes deciden de qué se habla en los medios españoles y a quién se le da la palabra.

Los medios públicos, en contra de la corriente que defiende su desaparición, han de  reforzarse. El derecho a la información no puede quedar en manos del mercado. Los medios audiovisuales de masas, con el añadido imprescindible de la red, son un terreno fundamental en la formación de la opinión pública. La información que en ellos aparezca no puede depender de los intereses económicos de sus propietarios sino de decisiones profesionales.

Eso sí, los medios públicos han de quedar al margen de intereses partidistas. Es indispensable contar con un organismo de supervisión del sector audiovisual. Un organismo muy cualificado, plural y que tenga capacidad de intervenir en el nombramiento de los máximos directivos de los medios públicos. A continuación es necesario que los propios trabajadores participen de forma vinculante en la elección de todos los mandos informativos intermedios y, a posteriori, deben existir formas de control y auditoria ciudadana de los contenidos.

Por supuesto que el organismo de control audiovisual no ha de limitarse solo a las emisoras o portales públicos. Su responsabilidad ha de ser también velar porque los medios privados respeten la pluralidad, la libertad de expresión y la veracidad en las informaciones. Los incumplimientos han de dar pie a sanciones que puedan desembocar en la retirada de las concesiones de emisión.

La prensa no ha de quedar al margen del seguimiento de su labor y tiene que existir, también, alguna instancia que se ocupe de su fiscalización. Por último, ha de ser obligatoria la existencia de Comités de Redacción en todos los departamentos de informativos; unos comités que han de disponer de amplia capacidad de intervención tanto en organización, como en contenidos.

Otro aspecto básico a revisar es la enorme concentración que se da hoy en los grandes medios españoles que, prácticamente en su totalidad, tienen detrás grandes bancos y grandes empresas ajenas al sector. Menos de diez  grupos controlan la totalidad de las grandes televisiones, radios y cabeceras periodísticas y tras ellas están desde La Caixa al Banco de Santander, pasando por Berlusconi, Golden Sachs, el Deustch Bank, Telefónica o cualquier otro tiburón de las finanzas que se les pueda ocurrir.

Es preciso legislar contra tales concentraciones, dejar al mercado que campe a sus anchas es dar por buena la ley del más fuerte. No. Los repartos de licencias han de garantizar que no se dan más emisoras a quien ya tiene, que se reparte de verdad, que se blindan espacios para iniciativas ciudadanas y movimientos sociales. Hay que procurar que el poder financiero se mantenga al margen del negocio de la información. Se puede ganar dinero explicando noticias pero hay que evitar que se use la desinformación para ganar influencia con el único objetivo de forrarse en otros campos.

Las garantías de pluralidad y de veracidad informativa no han de negociarse con los empresarios, ni dejar que los periodistas las tengan que discutir con aquellos de quienes dependen sus nóminas. Tampoco valen las autorregulaciones, ya hemos visto que son  papel mojado. Es más sencillo. Puesto que la prioridad de la legislación sobre cuestiones que afecten a la información es intentar que esta sea plural, veraz y democrática, con quien tiene que entenderse el poder político es  con los colectivos profesionales, con los movimientos ciudadanos, con los consumidores y con el mundo académico. También los sindicatos tienen mucho que decir ya que es imposible que el periodismo libre lo consigan trabajadores en precario.

Solo pensando en los ciudadanos tendremos unas leyes que hagan efectivo el derecho a la información. Si ponemos por delante los intereses del poder (sea político o económico), seguro que tendremos medios que serán excelentes negocios pero tendremos una pésima democracia, una democracia tan falsa como las cuentas de "Gowex".

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