jueves, 12 de septiembre de 2013

La privatización miope de las televisiones públicas

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En un mundo lleno de leyes y normas que, a veces para bien y otras, muchas, para mal, limitan nuestra libertad, la televisión parece el único gran agente social  que vive abiertamente al margen de la legislación. Tele 5 nos inunda diariamente de basura saltándose a la torera todas las normas existentes pero nadie dice nada. TVE disfruta de la original situación de ser una televisión pública pero cuyos contenidos en programas los deciden única y exclusivamente los grandes bancos y las grandes empresas. Con la desaparición de la publicidad, TVE ya solo programa espacios patrocinados y, puesto que los únicos que patrocinan son el BBVA, Telefónica o El Corte Inglés, la realidad es que exclusivamente se hacen los programas que estas grandes corporaciones quieren. Así las cosas, ¿dónde está el carácter público de TVE?
Más curiosidades: Canal 9 está a punto de privatizar sus contenidos. Casi 50 empresas productoras, agrupadas en distintas candidaturas, optan a los tres lotes de programación a concurso. No hay mejor imagen para definir el proceso que la de un grupo de náufragos (las productoras, la mayoría de ellas cargadas de deudas y casi en quiebra) que se pelean entre ellos por subir a un barco que se está hundiendo (Canal 9 arrastra deudas por 1.300 millones de euros, no llega al 3% de audiencia y tiene su futuro en manos de los tribunales que han de decidir si el reciente despido del 75% de su plantilla es o no legal). Se dan casos tan curiosos en esta privatización como que el periódico "Las Provincias" opta a los tres lotes en juego cuando en 2006 ya recibió la adjudicación de una licencia de TDT por parte de la Generalitat pero la tiene alquilada para emisiones de teletienda, cosa absolutamente ilegal. No parece muy razonable que quien incumple abiertamente la ley en la última concesión pública conseguida, pueda optar a una nueva...
La mencionada imagen de los náufragos y el barco a la deriva pone de manifiesto la nulidad manifiesta de todo el audiovisual valenciano, que tiene depositadas sus esperanzas de futuro en la moribunda Canal 9. Si las productoras valencianas tienen un mínimo de calidad, ¿por qué no se la juegan en el sector privado? ¿Por qué lo confían todo al dinero público? ¿Estamos simplemente ante un capítulo más de transferencia de capital público a lo privado como en sanidad o educación? Pues sí, eso es. Aquí nadie tiene ni proyecto, ni a nadie le importa la democracia comunicativa o el derecho a la información. La consigna es: toma el dinero y corre.
Lo triste es que la carrera es hacia el abismo. Un sector audiovisual no puede depender de los medios públicos, igual que el sector alimentario no puede esperar que sean las instituciones las que compren su producción. No estamos ante compartimentos estancos pero si ante realidades diferentes. Las empresas privadas deben trabajar en el mercado y hacer se fuertes en él. En cambio,  los medios públicos han de alejarse de la lógica de mercado y  responder a un proyecto político que los ponga al servicio de la comunicación democrática, en definitiva, de la democracia. Es su única razón de ser, el único camino por el que pueden ser viables. Desviarse de eso, sirva como ejemplo precisamente Canal 9, es quedarse sin sentido. La inexistencia de un proyecto político sobre medios de comunicación público es, a la postre, el desastre asegurado. Los medios públicos cuando pierden su razón de ser arrasan todo lo que tocan, también a las productoras que pretenden aprovecharse de ellos. Las empresas que optan a la privatización de Canal 9 han de saber que su viaje es a ninguna parte y que, además, cuando un nuevo gobierno dirija la Generalitat, serán los primeros en caer. Si tuvieran más visión y menos prisa se darían cuenta que su mayor suerte sería un Canal 9 público potente, de referencia, con la plantilla necesaria, una gestión austera y contenidos democráticos y útiles. En esa situación no podrían "pegar los pelotazos" que han pegado pero tampoco sufrirían los impagos que han sufrido, ni los vaivenes que han tendido que soportar. Entonces, las productoras valencianas, y los proveedores en general, sabrían a que atenerse y disfrutarían de la seguridad de realizar de forma constante determinados trabajos complementarios que la cadena contrataría. De esa forma, el sector podría ir ganando músculo y, quizá, hasta llegaría a ser lo suficientemente fuerte como para colocar sus productos en las grandes cadenas privadas y, de una vez, ganar el dinero honradamente.

1 comentario:

VENENO dijo...

Hola Julia, el hijo prodigo vuelve al blog. Una vez más de acuerdo en todo. Solo recordar que los que deben elegir la mejor oferta en cada uno de los lotes, son los investigados judicialmente, por la adjudicación a una empresa constructora de la cobertura audiovisual de la visita del Papa. Pero son también son los que baremaron con sus propios criterios que trabajadores debían ser afectados por el ERE y quiénes no. Los que compraron y pagaron, los reportajes de la productora Triskel. Los que compraban y vendían derechos televisivos, creando unas perdidas millonarias a la cadena. Los que niegan sistemáticamente a jueces, sindicatos y partidos políticos, cualquier documentación que se les solicita. Pero Ciscar, repite el mantra de la trasparencia y buen hacer de todo lo que acometen, mientras los jueces le van tumbando los procesos, mientras les condenan a pagar las costas.