lunes, 29 de abril de 2013

"Des-Informe Semanal", esta vez criminalizando los escraches

Clicando sobre la imagen se puede ver el reportaje emitido por "Informe Semanal" el pasado sábado 27 de abril titulado "Acoso a políticos" que analizo detalladamente a continuación.

A la vista del reportaje sobre los escraches del "Informe Semanal" del pasado sábado lo primero que me sale decir es que los dos supuestos periodistas que firmaban el trabajo, Ignacio Moreno y Mikel Marín, son dos pésimos profesionales indignos de un servicio público como debería ser TVE y, peor que ellos, el director del espacio, Jenaro Castro, y el jefe de Informativos de la cadena, Julio Somoano. La manipulación informativa, el periodismo basura, sería imposible sin ejecutores como ellos. Por encima de estos cuatro nombres, me parece digno de destacar que cuando un gobierno, como el de Mariano Rajoy, es capaz de llegar a estos niveles de manipulación tan evidente no merece la más mínima confianza diga lo que diga, haga lo que haga.
El trabajo de Moreno y Marín fue, desde el título ("Acoso a los políticos"), un ejercicio desinformativo de criminalización de las protestas ciudadanas y un burdo panfleto propagandístico al servicio del gobierno del PP.
El reportaje estaba lleno de juicios de valor, los autores defienden sin disimulo el argumentario del PP, todas las opiniones recogidas barrían a favor del gobierno (incluso distorsionándolas para que pareciera que decían lo que no decían) y la única aparición de la portavoz de la Plataforma Antidesahucios, Ada Colau, fue para vincularla con ETA.
Analicemos con un poco de detalle el reportaje:

El inicio es toda una declaración de intenciones:

"Sus miembros [de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH)] han emprendido en las últimas semanas una estrategia de acoso a cargos públicos del Partido Popular [...] con el objetivo de condicionar el voto de los ciudadanos..."

¿Por qué usar la palabra "emprender" y no "iniciar" o "comenzar"? Pues, obviamente, porque emprender tiene un sentido negativo, el que le da su acepción de  "emprenderla contra alguien, meterse con una persona, maltratar". Mucho más periodístico hubiera sido decir "han  iniciado", "han comenzado", pero no. También podían haber dicho "con el objetivo de influir" pero "condicionar" es más sonoro. TVE jamás usaría "objetivo de condicionar" cuando, por ejemplo, el cardenal Rouco Varela le pide al gobierno determinadas leyes o la Iglesia saca a la calle a sus fieles con cualquier demanda concreta. En cambio, con la PAH sí se habla de condicionar. No es gratuito. Este inicio apunta la criminalización a la que todo el reportaje va a someter al movimiento.

Luego aparece el título:

"Acoso a políticos"

Acoso, según el diccionario, es "persecución, sin tregua ni reposo, a un animal o persona" o "persecución con peticiones molestas e insistentes" y, por persecución se puede entender "seguimiento,acoso y maltrato a los miembros de un grupo social,político o religioso por razones ideológicas". En definitiva que el intento de criminalización es evidente. Usando simplemente la palabra adecuada para definir las movilizaciones, escraches, hubiera estado todo resuelto. Pero, claro, el argumentario del PP, ya hace un par de semanas, se ha decantado por erradicar la palabra "escrache", que la población ya había asumido positivamente, y usar en su lugar "acoso". Qué casualidad que eso sea lo que hace también el reportaje de "Informe Semanal".

Nos metemos en materia y el periodista, la voz "en off", mantiene que la PAH y el gobierno tienen distintas visiones de lo que está pasando. Lo dice así:

"La Plataforma habla de legitima reivindicación social pero  para el Ministerio del Interior podrían ir más allá del derecho a la libertad de expresión y manifestación".

Aquí entran declaraciones. Se podría esperar que se oyeran las dos opiniones apuntadas pero no. Solo aparece el Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, que habla de coacciones a la vida privada de los políticos y de violaciones de derechos fundamentales. De la versión no gubernamental, nada.

Obviaré que el vídeo usa la expresión "dación de pago" que apunta poco conocimiento sobre la materia. Lo que no me parece que se pueda pasar por alto es la aparición en pantalla del filósofo  José Antonio Marina reclamando que la limitación del derecho de manifestación:

Dice Marina: "el derecho de manifestación es un derecho fundamental que solo puede sr limitado cuando afecta a los derechos fundamental, en este caso podría ser a la seguridad ciudadana y al derecho a al intimidad, de manera que debe ser limitado según la ley".

El uso de un filósofo como si se tratara de un especialista en derecho resulta sorprendente y más que, de nuevo, frente a esta opinión coincidente con la  del gobierno no se escuche a nadie opinando lo contrario. Llevamos ya dos declaraciones a cero.

El siguiente en aparecer es el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que también remacha que, igual que se debe proteger el derecho de manifestación, se debe proteger a los representantes populares. Nadie explica a que viene tanto hablar de protección sin que se explique cuál es el peligro concreto al que se ven sometidos los representantes políticos. En concreto, Rajoy habla de "proteger el derecho a representar a los ciudadanos que nos han elegido en elecciones libres y democráticas". Parece muy sensato proteger ese derecho del que habla el Presidente (de un modo un poco alambicado en su formulación, pero vamos...); lo que no está nada claro es quien está poniendo eso en peligro. El reportaje nada apunta al respecto. Llevamos ya, tres declaraciones a cero.

Aquí llega una de las perlas del trabajo de Moreno y Marín:

"La campaña antidesahucios, según la mayoría de analistas consultados por "Informe Semanal", roza la persecución e incurre en acoso  a los parlamenatrios del PP para condicionar su voto".

Aquí sería necesario saber quienes son esos "analistas" y, sobre todo, saber qué criterio se ha utilizado para su elección ya que todo el mundo conoce a muchos otros analistas que podrían haber expresado opiniones contrarias. Por otra parte, qué curioso que el juicio de estos especialistas sea exactamente el mismo, idéntico, que el expresado por el periodista al inicio del reportaje.

Más del argumentario del PP, sin contextualización alguna:

"La Plataforma de Afectados por la Hipoteca llama a manifestarse ante las sedes del PP pero no de otros partidos y convoca concentraciones de protesta frente a las viviendas de los populares".

Aparece en pantalla el diputado Esteban González Pons, de quien se dice su familia "sufrió acoso en su domicilio". De la literalidad del texto lo que se deduce es que entraron "en" su domicilio, cosa que no es cierta... pero la imagen ahí queda. Hubiera sido más exacto decir "frente" a su domicilo. De inmediato quien aparece en pantalla es González Pons que califica los hechos de "violencia". Por supuesto, es la única versión de los hechos. Estamos ya, cuatro declaraciones a cero.

Aquí el reportaje hace  una pirueta y, sin más detalles ni explicaciones, asegura que la mayoría de los partidos están de lado del PP y  presenta a  Elena Valenciano, la dirigente socialista que abandonó twitter por las cosas que se escribían allí sobre sus hijos, asegurando que el PSOE nunca va estar al lado de la intimidación a las familias de los políticos. A continuación es el expresidente socialista Felipe González quien aparece hablando de violencia psicológica y de por qué "un niño ha de aguantar una presión en la puerta de su casa".  Seis declaraciones a cero. Menuda goleada.

El reportaje no se priva de poner de manifiesto las supuestas contradicciones de quienes están contra las opiniones del gobierno. Así, se cita a la consejera de Vivienda de Andalucía, Elena Cortés, que había dicho que ella, si no fuera por su cargo, estaría dispuesta a participar en las protestas. "Informe Semanal" saca un recorte de prensa, sin citar ni de qué medio se trata, donde se deja en mal lugar a Cortés:

"Según recoge algún medio, paradójicamente, Elena Cortés, de Izquierda Unida, avaló desde que llegó al gobierno de coalición de Griñán, en mayo del 2012, 142 lanzamientos (sic) de desahucio".

No me digan que lo de "agún medio" no es impropio de un programa serio. Y aquí entran declaraciones. ¿De Elena Cortés? No, no; declaraciones de las delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, comentado las  opiniones de Cortés. Dice Cifuentes: " Me parece que es una posición, la suya, un poco contradictoria en lo personal  y,  en lo político, de una irresponsabilidad absoluta". Siete a cero.

Siguiendo con el argumentario popular, el reportaje introduce a continuación todo lo hecho por el gobierno en cuestiones de vivienda en los últimos años:

"El gobierno del PP impulsa en noviembre de 2012 un decreto de medidas urgentes para proteger a los colectivos más vulnerables y crea un fondo social de viviendas en alquiler destinadas a familias desahuciadas".

Se destaca que nadie había hecho lo que ha hecho el gobierno de Mariano Rajoy. Es la dosis contra el gobierno Zapatero:

"Por primera vez un gobierno va más allá de reformas puntuales y elabora un proyecto de ley de hipotecas. El PSOE defiende la dación en pago, fórmula que fue rechazada por los socialistas hasta en diez ocasiones en la última legislatura de Zapatero. Según el Banco de España, fue en ese periodo cuando se iniciaron el 99% de los procesos de desahucio".

Nadie del PSOE aparece para dar su versión sobre esta afirmación; como nadie contesta la siguiente,  en boca del PP, según la cual la dación en pago, entre otras cosas, aumentaría la morosidad y frenaria el crédito a las familias.

El reportaje cita a continuación a la portavoz de la PAH, Ada Colau. Se destaca que Colau ha asegurado en  un acto reciente que su organización piensa aumentar la presión sobre el PP. Sigue una declaración. ¿De Ada Colau? No; de Esteban Gonzalez Pons que asegura que:

"Lo que ahora están llamado escrache es lo mismo que durante mucho tiempo, en el, País Vasco se ha llamando kale borroka".

Vamos ocho declaraciones a cero. Nueve cuando de inmediato vuelve a salir el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, para decir que el gobierno va a proteger los derechos fundamentales. Habla del derecho de los manifestantes a protestar pero tambiénde proteger a quienes "por decisión de los ciudadanos son sus legítimos representantes, para que  puedan tomar las decisiones que corresponda libres de cualquier clase de coacción, de cualquier clase de amenaza, de cualquier clase de intimidación, de vejaciones...". En lo que no se detiene el reportaje es en reflexionar cómo se hace esta doble protección y si el gobierno sacrifica algún derecho respecto a otro.

En el siguiente pasaje se alude al exdiregente del PP, Jorge Vestrynge, como uno de los organizadores de una concentración frente a la casa de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.  Las declaraciones que siguen no son del mencionado Vestrynge sino de Sáenz de Santamaría y del Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce. Once a cero.
La cuota de amenazas a los que protesta llega de inmediato en forma de referencia a un auto del juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que, refiriéndose a las protestas contra diputados catalanes en 2011, mantiene que "el acoso organizado a cargos electos es un delito grave penado con hasta cinco años de cárcel".

Dos representantes de organizaciones judiciales aparecen acto seguido: Ximo Bosch, de Jueces para la Democracia, y Pablo Llarena, de la Asociación Profesional de la Magistratura. A Bosch, cuya asociación se opone a la criminaliazación de los escraches, se le recoge una manifestación centrada en la necesidad de que sean protestas pacíficas. Las palabras de Llarena son para pedir que se tipifiquen penalmente este tipo de protestas. Considerando neutras las palabras de Bosch, tenemos que el reparto de declaraciones está ya doce a cero.

El reportaje aprovecha también  para aclarar unas manifestaciones del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, en las que había defendido la legalidad de los escraches. Moliner aparece para decir que él ni acusa ni defiende... No sea cosa que alguien pueda pensar que tan alto mandatario defiende las protestas.
Pegado a las  palabras de Moliner se recoge una declaración de José Luis González Armengol, de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, que sí dice explícitamente que en alguno de los casos conocidos "estaríamos en presencia de un delito porque hay una intimidación, es una forma coactiva y, evidentemente, seria sancionable en el código penal".

En la parte final del reportaje, el texto se centra en la presunta vinculación entre la PAH y el entorno de ETA que sugiere la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. Se dice que el sindicato "Manos Limpias" ha denunciado a Ada Colau y, como supuesta prueba de la relación con el entorno etarra, se mantiene que miembros de la Plataforma apoyaron manifestaciones "en favor de los presos de ETA" y que un dirigente vasco de la PAH se manifestóen una  ocasión con a un destacado miembro de Herri Batasuna ante un banco. Aquí aparece, por primera vez (y única) Ada Colau. Claro que no es para hablar de desahucios sino para defenderse de las acusaciones de proximidad con ETA. Luego sale Cifuentes para desmentir a Colau y asegurar que "dentro de la plataforma se está dando cobijo a algunas organizaciones o algunos sectores como los que están en "STOP desahucios" que si están defendiendo de manera explícita las actuaciones que realiza el entorno abertzale en el País Vasco.  Me gustaría que el propio Bildu no apoyara, como está haciendo de manenra manifiesta, las acciones que está llevando a cabo la Plataforma".

La pieza acaba con el recordatorio de que la Ley Hipotecaria ya  ha pasado por el Congreso y que la PAH asegura que "seguirá con el acoso y hostigamiento a diputados y senadores del PP para que se modifique la Ley". Tal afirmación es del pedriodista, no de la PAH que, precisamente, lo que ha dicho es que, una vez aprobada la ley, los escraches pierden sentido y que se replantearán su estrategia. Lo mejor hubiera sido preguntarle a Colau al respecto y no limitar sus palabras al tema de ETA. Eso hubiera servido, además, para equilibrar las declaraciones dentro del reportaje ya que el resultado final, catorce intervenciones a favor de las tesis del gobierno; una de las de la PAH, y dos neutras, las de Bosch y Moliner, no parece ni muy informativo, ni muy profesional, ni muy democrático.

2 comentarios:

VENENO dijo...

Esto se parece al teleprograma, cuatro desgraciados paradosflauta, cinco si me cuento yo, comentando lo que hacen las televisiones para mantener a la audiencia atenta al dedo, el informe semanal, la sexta y el reportaje del accidente del metro, los desinformativos valetudo de cagantNou y yo mirando fijamente al dedo mientras siegan la hierva bajo mis pies, "nos estan meando en los ojos y dicen que es lluvia..." esta frase la dijo un entrevistado en uno de esos programas, aqui de momento solo usamos la lluvia para subir la audiencia agricola de les nostres terres. Permanezcan atentos al dedo.

VENENO dijo...

Acabo de escuchar por la radio que se ha llegado a un acuerdo para la reciprocida de emisiones de RTVV y TV3, que no funcionara hasta que el gobierno central asigne mas frecuencias (canales). Mientras la nueva directora de RTVV, no sabe si cerrar uno, dos, los tres o ninguno y los canales de TDT que tan acertadamente asigno el plan PONS, ni se sabe ni se le espera. CHE, si fa falta eixe canal u page jo... sera per dines...