sábado, 12 de enero de 2013

Justicia a "posteriori" es injusticia

La ley funciona como una red de mínimos para resolver los abusos de poder.
En la medida que la justicia es lenta, quienes se ven sometidos a excesos o injusticias pasan tiempo, mucho tiempo, demasiado tiempo en condiciones de indefensión. Las víctimas directas de los atropellos ven en  los tribunales la única vía para recuperar sus derechos. A ellos se encomiendan con más resignación que fe. Además, las injusticias impunes extienden por toda la población una profunda sensación de miedo que, en mayor o menor medida, limita su ejercicio ciudadano. Otra cosa que consigue la impunidad es sacar lo peor de las personas.
En los sistemas políticamente inmaduros como el español, donde la economía y las élites dominantes tienen, sin contrapeso alguno, a las mayorías parlamentarias a su completo servicio , la ley es la única garantía de que disfrutan los ciudadanos. Llena de deficiencias, pero la única. Estos días estamos viendo muchos ejemplos de cómo la ley protege al poder y desasiste a la gente. Ahí está Josep Antoni Duran i Lleida yéndose de rositas de la financianción ilegal de su partido, Ángel Carromero abandonando la cárcel a toda velocidad, la Guardia Civil sin pagar por abordar una patera o Juan José Güemes haciendo negocio con sectores de la sanidad pública que él mismo privatizó. Por el contrario, nos encontramos con dramas humanos en forma de gente que se queda sin piso por sus deudas con lo bancos, a Alfonso Fernández,  "Alfón", dos meses en presión preventiva por una hechos que se desconocen o los trabajadores de Canal 9 y Telemadrid despedidos a cientos por los mismos directivos responsables del hundimiento de las cadenas.
Pues bien, pese a todo, los tribunales son la única esperanza de los “pobres”. Esperanza para poder permanecer en sus pisos, esperanza para pararle los pies a la policía, esperanza para que se echen atrás los EREs irregulares en tantas empresas públicas. Los culpables no pagarán. Lo sabemos. Llegado el caso, siempre habrá un gobierno servil y miserable que indulté al banquero corrupto, al policía torturador, al político abusador o al directivo sinvergüenza. No será nuevo, ya lo hemos visto.
Así las cosas, y pese a lo positivo del papel de la ley, no es suficiente. No nos podemos dar por satisfechos con que la ley sirva para resolver, a toro pasado, el atropello cometido. La filosofía que debe presidir la función legislativa es procurar evitar los hechos antes de que estos supongan perjuicios para los otros.
Un ejemplo sencillo: la tan comentada “ley de huelga”, esa que tan preocupados tiene a empresarios y derecha en general; esa que tanta obsesión tienen por regular. Claro que no hay que limitar el derecho de huelga. Hasta ahora el 99% de las sentencias sobre las huelgas lo que han venido a reconocer es, a posteriori, que la administración ha obligado a servicios mínimos abusivos. Por tanto, la corrección legislativa que se necesita es para garantizar que ese tipo de abuso no se repetirá. En este sentido, el componente más efectivo de la ley, de ésta y de muchas otras, sería que el responsable del abuso pagara de inmediato su culpa. Es decir, no solo se reconocerían los derechos conculcados de la víctima sino que el responsable pagaría de inmediato, ya fuera con si dinero o con su cargo. Rato estaría ya inhabilitado, como lo  estarían Cristina Cifuentes, Durán i Lleida, el director de la Guardia Civil o Esteban González Pons que en 2005 concedió a sus "amigos" 42 emisoras de televisión en Valencia en un concurso que siete años después ha sido declarado ilegal.
El problema que tenemos es que acabarían siendo los mismos legisladores, sus amigos o sus compañeros de partido, los que pagarían por tanto abuso que ahora queda impune. Hoy se legisla procurando salvar siempre a cualquier poderoso que sea responsable de algún daño. Por eso nadie escarmienta. Por eso los abusos se repiten y repiten. En la política que viene, transparente y horizontal, tal forma de legislar no tendrá sitio.

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