lunes, 10 de diciembre de 2012

El poder irresponsable



Gerardo Díaz Ferrán, cuando presidía a los empresarios españoles (Foto: EP)

Una de las vías imprescindibles para que la democracia recupere su prestigio, su utilidad y su valor pasa por la transparencia. El poder político debe tener las paredes de cristal para que se sepa todo lo que hace y por qué lo hace. El poder ha de mostrar todas sus acciones y, además, poder explicarlas. Incluso, o sobre todo, cuando se equivoque. Entiéndase poder como todas las instancias que, de una forma u otra, tienen un papel relevante en el desarrollo social, ejercen un determinado liderazgo o dependen del dinero público para su mantenimiento. El poder,  en este sentido amplio al que me refiero, ha de ser transparente porque ha de ser responsable de sus actos. La cuestión de la responsabilidad siempre vive entre interrogaciones, entre dudas, rodeada de niebla, salvo que se hable de algo positivo, claro está, que entonces los responsables abundan. El poder elude las responsabilidades todo lo que puede  y cuando las cosas se ponen duras y se llega a un callejón sin salida aparece, como si fuera un comodín en el póker, la carta mágica: las responsabilidades penales. Toda responsabilidad u obligación de explicaciones se desvía a los tribunales. Conocemos las frases: "Si alguien tiene alguna duda que acuda al juez", "mientras no haya una sentencia firme..." Pues no. En democracia esto es inaceptable.
Cuando se recurre a los tribunales como árbitro final de todos los comportamientos dudosos se demuestra la inexistencia de talante democrático y, prácticamente siempre, es que hay algo muy feo que se quiere esconder. Añado, aunque no quiero detenerme en esto, que el poder sabe que tiene suficientes medios para acabar saltándose la letra de la ley. Cómo no lo va a saber si las leyes las redactan ellos... Pues bien, más allá de la responsabilidad penal está (es la que siempre se esgrime) la responsabilidad política. No tengo ninguna duda de que un político que apela a los tribunales para ofrecer las explicaciones que se le reclaman debe dimitir de inmediato. Su cargo depende de la confianza con los representados y si no es capaz de explicarles a ellos claramente sus actos y disipar dudas, no se merece seguir en su puesto. Así que si apela al juez para demostrar su inocencia, que sea el juez con su sentencia quien haga la luz (si la hay) pero, mientras, fuera de la poltrona.
De todas formas, por más que siempre se apele a los políticos en temas de responsabilidad más allá de la judicial, no es cosa simplemente de ellos. En este sentido, se han dado en la última semana dos casos que, más allá de las causas en marcha en los juzgados, requerirían que sus protagonistas dieran explicaciones a los ciudadanos, aunque no estén amenazados por una condena judicial. Me refiero al caso de la detención y encarcelamiento del expresidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y a la información según la cual la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía se desvincula del supuesto informe que mantenía que el president de la Generalitat catalana, Artur Mas, tenía dinero en paraísos fiscales.
En el primer caso, la actual cúpula de la CEOE, con su presidente a la cabeza, Joan Rosell, debería pedir disculpas por haber estado dirigidos por quien los dirigió en los últimos tiempos. Hay que recordar que la CEOE mandó al Sr. Díaz Ferrán a negociar con el gobierno y los sindicatos una reforma laboral. Haber estado representados por un personaje así no es cualquier cosa. Las hemerotecas rebosan de declaraciones, peticiones y proclamas de Gerardo Díaz Ferrán en las que ofrece, en nombre de la CEOE, recuérdese, recetas de todo tipo para mejorar la economía española. Se permtía el ahora encarcelado por un montón de presuntos delitos decir que en España había que trabajar más y cobrar menos. Él,  que estaba huyendo con trampas de sus acreedores; él, que cobraba 100.000 euros mensuales en negro; él, que robaba a sus trabajadores para poder salvar su fortuna. En concreto, Joan Rosell defendió a su predecesor hasta que la situación ya era insostenible. La CEOE es responsable de haber tenido de presidente a quien tuvo, de haberle dado tareas fundamentales para el país y de no haber cortado el escándalo, al menos por lo que se refería a la organización empresarial, cuando se empezaron a conocer los primeros datos de como Díaz Ferrán gestionaba sus empresas. Además, ¿alguien puede creer que el nivel de información que tenían los grandes empresarios representados en la CEOE sobre el "modus operandi" de su presidente era el mismo que teníamos los demás? Yo no lo creo. La CEOE debe una explicación a la ciudadanía. Una explicación y el compromiso añadido de que, en adelante, ante futuras dudas tomarán decisiones más drásticas. (Si alguien tiene interés aquí se puede ver el discurso íntegro de Díaz Ferrán cuando abandonó la presidencia de la CEOE. ¡¡¡No tiene desperdicio!!!).



Pedro J. Ramírez, siempre tan presto a exigir responsabilidades a los demás, parece mentira que no aclare el lío sobre el supuesto informe de la UDEF que ya no es el "caso Mas" sino el "caso El Mundo" (Foto: J. Quiñoa)

En cuanto al supuesto informe de la UDEF, el hecho de que la propia policía haya desmentido la existencia, o el conocimiento de dicho papel, pone en situación complicada al periódico "El Mundo". Al margen de sus posibles responsabilidades penales, los directivos de "El Mundo" están en la obligación de explicar su versión del embrollo. No puede ser que durante semanas, y con la simple base de un supuesto informe, un periódico acuse gravemente a unos determinados dirigentes políticos y, cuando el supuesto origen del documento asegura no conocerlo, los periodistas que lo han publicado no hagan otra cosa que callarse. "El Mundo" tiene la obligación, la responsabilidad, de llegar hasta el final en el origen del supuesto informe y explicarlo todo a sus lectores. Es una responsabilidad profesional. No es complicado, los periodistas responsables directos de haber dado valor al documento han de desandar el camino andado y ser capaces de concluir si su información tiene o no tiene base sólida. La ciudadanía, más allá de la que habita trincheras partidistas, ideológicas o mediáticas, quiere y se merece una explicación. El silencio de una persona tan habitualmente locuaz como el director de "El Mundo", Pedro J. Ramírez, es vergonzoso. Su "twitt" en el que decía, por toda respuesta, que la UDEF no puede hacer otra cosa que negar el documento porque si no sería un delito de revelación de secretos, no es suficiente. No puede ser que su periódico se haya desentendido ahora del tema. Tanto si ha sido un montaje en el que han caído engañados, como si el documento existe y ahora la policía lo niega, es bueno acabar de resolverlo. Así sabremos como trabaja "El Mundo" y como trabaja la policía.
En definitiva, responsabilidad, transparencia y democracia. O andamos todas las estaciones o no llegaremos al final.

Dejo aquí unas declaraciones de Díaz Ferrán, en sus últimos tiempos como líder de los empresarios españoles. Escuchar ahora sus recomendaciones y consejos mueven a la vergüenza ajena. Parece mentira que a los empresarios no les llegue para pedir disculpas.

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