jueves, 22 de noviembre de 2012

¿Y si al PP le hubiera caducado la bula?

Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia (Foto: autor desconocido.)

En la mayoría de casos, las decisiones políticas más acertadas, más útiles y más justas son las que tienen detrás el apoyo de los afectados. No es nada nuevo. No son las más sencillas, ya que necesitan de diálogo y acuerdo entre partes con intereses enfrentados, pero son las mejores. Alberto Ruiz Gallardón, un político que en otro tiempo fue tomado como ejemplo de tolerancia y moderación, se ha revelado finalmente, por si alguien lo dudaba, como representante del "ordeno y mando que para esto dispongo de mayoría absoluta". Ya lo hizo en el gobierno autonómico de Madrid y en el ayuntamiento de la capital, pero con Sabina en su lista de amigos y media sonrisa, consiguió parecer lo contrario de lo que sus actos indicaban. Ahora, en el ministerio de Justicia, ha perdido (o se ha quitado) la careta. Su reciente subida de tasas judiciales, con todo el mundo en contra es un ejemplo de como no se deben hacer las cosas en democracia.
El cierre del Hospital de la Princesa en Madrid y el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la empresa Urbaser, concesionaria de la recogida de basuras en Jerez, eran también dos muestras de decisiones impuesta sí o sí. Al final las dos se han revisado y corregido. El Hospital de la Princesa no se cierra y los 125 trabajadores de Urbaser que se iban a la calle seguirán en sus puestos. En ambos casos, ha sido la resistencia de los afectados lo que ha llevado a reconsiderar las decisiones tomadas. Se ha dialogado allá donde solo había imposición y se ha llegado a acuerdos para satisfacción de todos, aunque no sea una satisfacción absoluta. En democracia es normal que no haya victorias absolutas pero los acuerdos, cuando son amplios, se pueden considerar objetivos conseguidos. Si además quien acaba dándose por satisfecho es el gobernado, el trabajador, el débil en el pulso abierto, estamos ante una buena noticia.
En Valencia, la Generalitat, gobernada por el PP desde hace diecisiete años, tiene una larguísima tradición de toma de decisiones amparada en la mayoría absoluta del partido gobernante. Ni los intereses de los ciudadanos afectados, ni las leyes, ni su propia responsabilidad política ha sido nunca obstáculo. Hasta ahora todo esto le había salido electoralmente gratis al PP, por eso nunca revisaba sus atropellos. Me temo que ahora las cosas han cambiado y bien harían los "populares" en tener en cuenta el nuevo escenario.
La Generalitat valenciana, entre muchos otros fuegos declarados, tiene abiertos dos EREs en dos grandes empresas públicas: Radiotelevisión Valenciana (RTVV), donde está previsto despedir a 1198 de sus 1700 trabajadores, y Ferrocarrils de la Generalitat (FGV), unos 500 de 1800. Las dos empresas tienen una "vida" cargada de coincidencias: ausencia absoluta de diálogo con los trabajadores, directivos de contrastada fidelidad partidista, inmensas pérdidas económicas, plantillas hinchadas, enchufismo, sobredimensión del número de directivos, sueldos millonarios para la cúpula de mando, empeoramiento de la calidad en los servicios, pérdida de desprestigio entre los usuarios, denuncias judiciales, máximos responsables llevados a los tribunales, documentos manipulados... En el desenlace de todo también hay coincidencia: los que han llevado las empresas a la bancarrota se van de rositas, unos grandes EREs para despedir trabajadores y los responsables políticos de todo, el PP, mirando hacia otro como si esto no fuera con ellos.
En su día, un trabajador de Ferrocarriles de la Generalitat (FGV) denunció a la gerente de la empresa, Marisa Gracia,  por haber ordenado cambios irregulares en un informe (con asalto a un ordenador personal incluido) para poder adjudicar una determinada contrata a quien ella quería y no a quien recomendaban los técnicos. El trabajador en cuestión fue expedientado y suspendido de empleo y sueldo por la propia Gracia. A día de hoy, Marisa Gracia, protegida en todo momento por el PP, está denunciada por la Fiscalía y el juez ha admitido a trámite el asunto. El pasado 31 de octubre, Gracia dimitió de  su cargo entre los aplausos del gobierno de la Generalitat que le agradeció los servicios prestados; entre ellos haber tapado todo lo que pudo las responsabilidades de la administración en el accidente del Metro de Valencia que en 2006 costó la vida a 43 personas. Sobre el ERE que dejará a 500  trabajadores en la calle, siguen sin negociar y asegurando que es la única solución.

           
Resumen bastante completo de algunas de las movilizaciones de los trabajadores de RTVV contra su ERE.

En Radiotelevisión Valenciana también acaban de expedientar y sancionar con dos meses de empleo y sueldo a 48 trabajadores por protestar contra el ERE. Se les acusa de haber ocupado un plató y haber impedido la emisión de un informativo. Además de perder su puesto de trabajo, los afectados perderán dos meses de nómina y otros dos del seguro del paro. El PP no comprende que la ciudadanía, tan indulgente con ellos hasta ahora, se extrañe ante tal ensañamiento mientras se hace la vista gorda con jefes corruptos, directivos que abusan sexualmente de sus trabajadoras, pérdidas económicas astronómicas y errores en la gestión que solo se explican desde la combinación de incompetencia y deshonestidad. De negociar el ERE, por supuesto, nada de nada.
Como en el caso de Jérez con Urbaser o de Madrid con el Hospital de la Princesa, la verdadera solución tanto en FGV como en RTVV está lejos de lo que ha decidido en la cúpula del PP, muy lejos de lo que pretenden los malos y poco honrados directivos colocados en ambas empresas y todavía más lejos de lo que han diseñado los caros despachos de abogados contartados. Las soluciones están en la negociación con los trabajadores y en la asunción de responsabilidades por parte de los hasta ahora directivos. Menos "ordeno y mando" a vista de pájaro y más implicación de los afecatdos. Menos impunidad y más compromiso por parte de todos. Igual que en la Princesa o en Urbaser, todos deberían ceder, todos deberían asumir determinados sacrificios. Al final, es posible que nadie saliera absolutamente satisfecho pero todos quedarían más o menos contentos: el premio sería tener futuro. El Partido Popular haría bien en pensar también en su futuro y no confiar en que los abusos que se les ha perdonado seguirán sin pasarles factura. Las mismas recetas no sirven pasa siempre... y si van dejando cadáveres por las cunetas, todavía menos.
Alberto Fabra lo debería tener presente; Gallardón, también.

No hay comentarios: