martes, 3 de julio de 2012

La necesidad y el valor de las dimisiones

Ya. Ahora. Inmediatamente. Son las tres respuestas que se me ocurren cuándo se plantea en qué momento debe dimitir un responsable político si en su área de gestión se da un hecho excepcionalmente negativo y con gravísimas consecuencias en forma de pérdida de vidas humanas o materiales.
Digo ésto por los incendios que ha habido estos días en Valencia. Desde multitud de instancias se está pidiendo la dimisión del conseller de Gobernación de la Generalitat, Serafín Castellano. No se le denuncia ante el juez, se le pide que se vaya como responsable político de lo sucedido. Pero nada, dicen que ahora no es el momento, que cuando esté apagado el incendio ya dará las explicaciones que sean necesarios y, si es preciso, asumirá sus responsabilidades. La misma historia de siempre. Luego, dentro de no sé cuántos días, cuando la opinión pública esté atenta a cualquier otra cosa, el conseller comparecerá en el parlamento, la comparecencia pasará desapercibida para el 95% de los ciudadanos, dará cien datos y mil excusas, cargará contra la oposición, sus compañeros de escaño le aplaudirán... y a otra cosa mariposa. Todo menos asumir que recortaron casi en tres cuartas partes los presupuestos para prevención de incendios en 2012,  que contrataron a menos de la mitad de brigadistas que en años anteriores. Todo menos aceptar que no han presentado ninguna estrategia perventiva o de gestión del fuego, que no han tenido protocolos efectivos sobre sucesos como los de estos días, que hay menos bomberos o que se ha despedido a muchísimo personal de todo tipo de empresas implicadas en las tareas de control y protección de bosques.
Un cara a cara de hace unos meses entre el conseller Castellano y el diputado de Esquerra Unida, Lluís Torró, pone en evidencia los argumentos y las actitudes del gobierno valenciano. El mismo conseller que saca pecho dando por seguro que no pasará nada es evidente que a día de hoy debería tener las horas contadas.



La dimisión de Castellano ha de ser ya, ahora, inmediata porque 50.000 hectáreas quemadas no pueden salir gratis, porque un fracaso tan grande no puede pasar como si nada. No se trata de culpabilizarlo del fuego. Nada de eso. No hablo de responsabilidades penales. Hablo de responsabilidades políticas. Castellano debe dimitir porque los cargos institucionales, los políticos en general, han de saber que su continuidad en el puesto depende de que hagan las cosas bien y de que les salgan mínimamente bien. Han de saber que las arbitrariedades se pagan, que si recortan donde no deben recortar y gastan donde no han de gastar pueden pasar cosas que acaben con su carrera politica. Teniendo la certeza de que pagarán por su gestión serán más cuidadosos, más serios, colocarán a menos amiguetes, no llegará cualquier botarate a conseller. En resumen, nos administrarán mejor.
Y, por favor, que nadie diga que no se dimite mientras arde el monte porque no se puede abandonar el puesto de mando en plena tormenta. ¿Qué sabe Serafín Castellano de incendios? ¿Qué hará él que no pueda hace el propio president de la Generalitat que ante tal desastre, y después de aceptar la dimisión de su conseller, debería ponerse al frente del operativo? Pero si Serafín Castellano es un político profesional, licenciado en derecho pero que jamás ha ejercido de abogado,  afiliado al PP desde los 24 años, alcalde de su pueblo a los 27, diputado autonómico con la misma edad, vicepresidente de Nuevas Generaciones, presidente de la Federación Valenciana de Municipios, conseller de Justicia en 1999; de Sanidad, en 2000; portavoz parlamentario, en 2003. Con ese currícúlum, ¿cómo puede ser imprescindible al frente de la extinción de fuegos?


Además hoy es 3 de julio. Hace exactamente seis años, 43 personas murieron en un accidente de metro en Valencia. 47 personas más resultaron heridas. Nadie, ni un solo responsable político dimitió a raíz del suceso. En ese momento, cuando los hechos estaban recientes, también se apeló a que una vez pasará todo se iban a concretar las responsabilidades de cada cual. Mentira. Cuando pasó un tiempo, el drama se fue olvidando, desapareció de las primeras páginas de los periódicos y nadie asumió nada. El president de la Generalitat de entonces, Francisco Camps, incluso se negó a recibir a los familiares de las víctimas. Las comisiones de investigación se cerraron en falso. Se culpó de todo al conductor por ir a una velocidad excesiva. Judicialmente no se encontraron delitos. Las balizas que hubieran frenado el tren no estaban, la seguridad del convoy estaba anticuada, no se había invertido lo necesario ni de lejos, pero parece que nadie tenía la culpa de eso. El conseller del ramo murió sin pagar por nada y pese a saberse que la responsable de la empresa pública de transporte incluso llegó a contratar a una empresa de comunicación para planear lo que iban a decir ante el parlamento valenciano y ante el juez, incluso ella se ha ido de rositas.

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