martes, 21 de febrero de 2012

Los enemigos del pueblo invaden Valencia

En Valencia, lo que empezó siendo una protesta de un par de centenares de estudiantes de enseñanza secundaria contra los recortes de la Generalitat en educación va camino de convertirse en un asunto de Estado. Y ya veremos como acaba. Ya veremos hasta dónde llegan las protestas, hasta dónde se extienden y cuantos heridos acaba habiendo.
Las actuaciones policiales están siendo de lo más desproporcionado. Su uso de la violencia es impropio de un sistema democrático. No están resolviendo nada. Están crispando a la población. Están agrediendo a quienes tienen la obligación de proteger. Si de lo que se trata es de atemorizar a la población, ni eso les está saliendo bien. Estamos ante unas fuerzas del orden desordenadas que están desordenando toda una ciudad. El balance no puede ser peor.
La policía se ha especializado en el supuesto mantenimiento de un curioso orden que consiste en que si alguien protesta ruidosamente se cae sobre él mientras ningún otro estamento de la administración hace nada para resolver el motivo de las manifestaciones. Protestas por no tener calefacción en el aula y la policía te persigue... pero sigues sin calefacción. Protestas porque te quedas sin casa, sin trabajo o sin sueldo y se te persigue... pero sigues sin casa, sin sueldo y sin trabajo.
Escuchar al Jefe Superior de la Policía de Valencia, Antonio Moreno Piquer, calificar de "enemigo" a los jóvenes estudiantes que piden que el Consell no desmantele la educación es significativo, le delata.



Cortar una calle es motivo de carga policial. No importa que antes se hayan intentado todas las vías de petición, negociación o protesta. Tanto da que el malestar haya salido en prensa, que la oposición política lo haya denunciado o que todo tipo de portavoces hayan clamado por un acuerdo. Nada. Cuando finalmente se ocupa una calle, los responsables gubernamentales envían a la policía y, en paralelo, reclaman unas conversaciones a las que se dicen dispuestos pese a haberse negado a ellas con contumacia.
Nuestra democracia tolera mal que la calles se ocupen a golpe de manifestación. El malestar de la gente no parece razón suficiente para que una ciudad haya de soportar una calle cortada durante unas cuantas horas. En cambio, que los cortes respondan a acontecimientos deportivos o a fiestas, eso no parece problemático. Sin ir más lejos, en Valencia, a partir de la semana que viene, se cortaran unas 400 calles durante tres semanas con motivo de las Fallas.
La proporcionalidad de la actuación policial solo puede defenderse desde posiciones interesadas, desde la más absoluta de las ignorancias o desde la mala fe. No me extenderé en imágenes que demuestran el nivel de violencia de los cuerpos de seguridad, internet rebosa de ellas.
Simplemnte un botón de muestra: Dos chicas son arrojadas contra un coche por un policía que, cobardemente, luego ni las mira.



Esos balances de las versiones oficiales que hablan de "20 heridos de los cuales 14 son policías" son insultos a la inteligencia. Es imposible, materialmente imposible que esos policías de 80, 90 o 100 kilos con cascos, porras, pistolas, hombreras, rodilleras, botas militares y chalecos protectores caigan heridos ante muchachos y muchachas que abultan una cuarta parte y van a pelo.
En este sentido, las palabras del Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, diciendo que los agentes han sufrido violentas agresiones son mentiras, palabras falsas a sabiendas, intentos de engañar al ciudadano. Cosas que están muy feas.

Pulsar aquí para oír al Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, mentir sobre las agresiones a los policías.







¿Puede Gallardón demostrar lo que dice? No, no puede. Un Ministro jamás debería hacer afirmaciones que no puede desmostrar y menos si con ellas criminaliza a una parte de los ciudadanos.
El Sindicato Unificado de la Policía (SUP), que a diferencia del Ministro, tiene como primera función la representación de sus policías afiliados, también ha defendido la acción de las fuerzas de seguridad. Lo ha hecho con un vídeo que, según consta en su página web, desmonta las denuncias sobre la violencia utilizada. Si el SUP no tiene nada mejor que enseñar para justificarse, si no son capaces de ofrecer una sola imagen de agresiones a los agentes... ¿No será que no las tienen porque no las hay?
Este es el vídeo del SUP:


Las imágenes corresponden al primer día de concentraciones estudiantiles ante el Instituto Lluís Vives. Las agresiones, los heridos, los helicópteros, las pelotas de goma, los botes de humos, las cargas y las detenciones policiales vinieron posteriormente. Que aquí no estén no desmiente ninguno de los otros mil vídeos que corren por internet donde sí se ven las agresiones.
De todas formas, el SUP, en los documentos que constan en su página antes mencionada, dice otras cosas que deben ser consideradas. Así en una comunicado que lleva por título "¿Qué está pasando en Valencia?" hace afirmaciones como:

"Lo de ayer, las cargas, justificaciones y conveniencia de haber actuado como se hizo
es un punto de inflexión, habiendo pasado de tener toda la razón a empezar (o
acabar) de perderla".
"Lo siguiente a valorar es si por un corte de tráfico, en el
ambiente artificialmente creado y con los efectivos que había, se debe ordenar una
carga policial para restablecer el tráfico, o si eso es, dicho vulgarmente, “matar
moscas a cañonazos”.
"Quien dio la orden de cargar (la Delegada del Gobierno y el Jefe Superior de Policía) cometieron un grave error. No se puede hacer".
"Las declaraciones de hoy del ministro del Interior diciendo que la actuación policial tal vez ha sido excesiva es un acto de cobardía política y personal, porque si ha sido excesiva debe empezar por cesar a la máxima responsable política, la Delegada del Gobierno, y después por fijar protocolos de actuación adecuados a esas situaciones, que no existen".


Dejar la gestión de lo público en manos de incompetentes es muy peligroso. La Delegación del Gobierno de Valencia, es decir, el mando de la policía, está en manos de Paula Sánchez de León, una mujer cuya carrera política no tiene otro mérito que haber crecido a la sombra de Francisco Camps. Una vez caído Camps, era preciso recolocar a Sánchez de León y, calculando los equilibrios dentro del PP valenciano, Rajoy la puso en la Delegación. Podía haber ido al Consejo Superior de Deportes o a los Astilleros públicos, pero cayó en la Delegación del Gobierno. Todo menos buscar al mejor. Luego pasa lo que pasa.

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