miércoles, 29 de febrero de 2012

Marivent: delitos y descansos

Iñaki Urdangarín, junto a su esposa la Infanta Cristina, llegando el viernes pasado al Palacio de Marivent para declarar al día siguiente ante el juez por distintos casos de corrupción.



He esperado un par de días para ver si alguien escribía al respecto. Nada. Así que, pasados ya cuatro días, pongo por escrito lo que el mismo sábado me pareció que Iñaki Urdangarín, antes de declarar ante el juez Castro por la causa que se sigue contra él, se alojara en Marivent.
Inaceptable. Me parece inaceptable que un señor que se desplaza, imputado, hasta Palma de Mallorca porque tiene que declarar en un juzgado como presunto responsable de distintos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude a la Administración y prevaricación pase la noche en un palacio de titularidad pública, el Palacio de Marivent, precisamente allí donde ya hizo algunos de los negocios que ahora lo han llevado a los tribunales. La conclusión es que la misma Administración a quien supuestamente ha robado le pone la cama; los propios ciudadanos de quienes se ha aprovechado, le pagan la vigilia. Un mínimo de respeto y de prudencia aconsejaría que Urdangarín no hiciera, al menos públicamente, ostentación de sus privilegios. Un hotel o la casa de algún amigo resultaría mucho más oportuno. Los delitos de los que se acusa al yerno del Rey se han cometido valiéndose justamente de esa privilegiada posición en la que vive fruto de su boda con la Infanta. Tocaría, pues, al menos hasta que el asunto se resuelva, que se mantuviera al margen de todo lo que tenga que ver con el disfrute del patrimonio que pagamos con nuestros impuestos. Haberse dedicado al expolio de lo público le debería alejar de su disfrute. Tanto bombo que se le dio a la frase salida de la Casa Real en el sentido de lo poco ejemplar del comportamiento de Urdangarín y ahora se pone Marivent a su disposición.
Luego se centrará la polémica en la tontería de si entra o no a pie en el juzgado. Y acabará entrando a pie para que así se pueda ofrecer la imagen de que la justicia es igual para todos. Los periodistas morderemos el anzuelo de esa discusión como si no supiéramos que todo es una cortina de huma organizada también por periodistas situados en agencias de comunicación potentes o en la misma Zarzuela.
Se oyen incluso voces discutiendo la duración de los interrogatorios, como si los delitos de los que se acusa al marido de la Infanta fueran cuestiones simples, sencillas, como si no se caracterizaran precisamente por ser grandes redes de testaferros, empresas fantasmas y marcas tapadera tras las que se esconde lo que se ha hecho. No. Urdangarín, como Botín, como los Albertos, como Saez, como Camps, como Fabra... como tantos y tantos, disfrutan del privilegio de disponer de un ejército de abogados con pocos escrúpulos para hacer frente a la desigual batalla con unos jueces instructores y unos fiscales cargados de faena y con la amenaza de un posible error sobre sus cabezas. Asistimos a un evidente proceso de desequilibrio entre las clases sociales porque las leyes no son igual para todos, porque se están escorando de forma descarada hacia los poderosos. Se legisla pensando en ellos pero no para controlar su poder sino para evitar que pueda estar en peligro. Por eso el poder y la riqueza están cada día más concentrados.
Que Urdangarín, como si tal cosa, duerma en Marivent antes de que el juez ponga en evidencia sus turbios negocios a la sombra de la Casa Real no es más que la prueba de hasta que punto el poder está dispuesto a aprovechar todo lo que su status le aleja del común de los ciudadanos. Diga lo que diga el Rey. Un Rey, por cierto, que conocedor de las irregularidades de su yerno no solo no denunció nada sino que puso un equipo a trabajar para evitar que los hechos trascendieran. Si el Rey Juan Carlos fuera un suegro normal y la ley igual para todos quizá ahora estaría declarando también como posible encubridor o, al menos, como testigo.

viernes, 24 de febrero de 2012

Valencia: por la corrupción hasta el abismo

Carlos Fabra, presidente del PP en Castellón, está a la espera de juicio por diversos delitos de estafa, tráfico de influencias y delito fiscal. Hace unos días declaró que "no me iré por más que me lo pidan cuatro inútiles". Problemas con la justicia y poco respeto a las formas democráticas son dos características ya tradicionales de los gobernantes valencianos.


Trabajo de periodista en Canal 9, la televisión autonómica valenciana, desde hace 22 años y ahora estamos a las puertas de un Expediente de Regulación de Empleo. La empresa está social y económicamente hundida. Los trabajadores no somos los máximos responsables del desastre pero seremos sus paganos. No quiero decir tampoco que seamos inocentes, solo digo que los delitos los han cometido otros. Nuestro error, grave, ha sido callar demasiado, denunciar poco y resistirse casi nada.
¿A qué viene esta confesión? Pues viene a que me parece que la situación de Canal 9 es una metáfora de lo que sucede en el conjunto del País Valenciano. Hoy, los trabajadores de la televisión autonómica lamentamos estar a las puertas del despido igual que los valencianos en general se quejan de la bancarrota de su economía, de todos los sacrificios que ello comporta y de la pésima imagen que se tiene de su comunidad autónoma. Nada es casual, ni la culpa está fuera de nosotros. Los que hablan de oscuros montajes de desprestigio lo hacen no desde la ignorancia sino desde una evidente mala fe.
Los que vivimos en el País Valenciano, como los que trabajamos en Canal 9, sabemos que llevamos muchos años de escándalo en escándalo, encadenando decisiones increíbles que no eran errores sino ilegalidades. Quienes pretenden hacer ver que en el País Valenciano no pasa nada que no pase en cualquier otro sitio mienten. En muchos otros lugares de España hay corrupción, uso y abuso de lo público, desprecio a los modos básicos de la democracia, persecución de los discrepantes, ejercicio del poder desde la total sensación de impunidad, promoción de los más incompetentes y poco honrados y marginación de los mejores... pero todo junto, a la vez y con tanta repetición, en ningún sitio como en el País Valenciano.
Aquí todos hemos visto a Zaplana nacer aprovechándose de una trásfuga y le hemos escuchado pidiendo comisiones bajo mano. Hemos sido espectadores de sus delirios de grandeza, de sus recalificaciones urbanísticas a peso, de sus pisos en la Castellana, de sus siestas en el Ritz, de sus pagos a Julio Iglesias en paraísos fiscales, de sus fichajes de lo más corrupto de las filas socialistas. Aquí todos hemos visto como el PP monopolizaba las empresas públicas y se empezaba a perder dinero a espuertas. Perder, obviamente, es una manera de hablar ya que el dinero no se perdía, pasaba de las arcas públicas a los bolsillos privados. Y todo el mundo ha callado. Una legión de políticos y militantes del PP han hecho de guardianes y han servido de coartada a dirigentes como Rita Barberá, Francisco Camps o tantos otros cuya gestión ahora rebosa en los tribunales. Corrupción en las empresas de saneamiento de aguas, en los viajes del Papa, en las cajas de ahorros, en la gestión deportiva, en la política de museos, en la construcción de colegios, en las actividades culturales, en la cooperación internacional, en los actos electorales, en las residencias de la tercera edad, en las recalificaciones de terrenos, en los medios audiovisuales, en los parques de ocio, en los aeropuertos, en las declaraciones de renta, en sus regalos navideños, en la recogida de basuras, en los planes urbanísticos, en la financiación del partido, en los ferrocarriles públicos, en la promoción turística... En todos estos campos ha habido casos de corrupción.
Mientras tanto, la oposición política todo menos alternativa, mirándose el ombligo, sin discurso, tantas veces cómplice, presa de una estúpida responsabilidad institucional que la desactivaba, descapitalizándose de su mejor personal y dando tumbos hasta llegar a un secretario general del PSPV-PSOE como Jorge Alarte. Los empresarios valencianos que ahora se quejan de la pésima imagen de su comunidad no solo nunca advirtieron de lo que pasaba sino que eran sus principales beneficiarios, los que pagaban comisiones por encargos a dedo, el núcleo de todo el clientelismo perfectamente tejido, los que aplaudían a los políticos del PP entre canapé y canapé. Los periódicos que hoy hacen campañas para "recuperar el prestigio de nuestra tierra" negaban todo lo que sucedía y, faltando a su responsabilidad social, se vendían por páginas de publicidad. La Universidad ha estado muy callada no fuera cosa que se la acusara de politizada, los sindicatos han convivido con los excesos ya que había trabajo para todos, los jueces eran "más que amigos" en lugar de pedir responsabilidades. En general, nadie ha estado a la altura. Nadie ha asumido el liderazgo social que le correspondía. Entretanto, los ciudadanos a la suya, y cuando les llamaban a votar, mayoría absoluta para el PP.
Mientras el robo, el abuso y la extorsión campaban a sus anchas, mientras la bola se iba haciendo grande, todo el mundo miraba hacia otro lado. Ahora la bola nos aplasta. Ahora resulta que las trampas no solo no eran éticas sino que tampoco eran útiles. Ahora sabemos que los deshonrados que nos gobernaban y nos gobiernan eran/son, además, un puñado de incompetentes. Ahora ya es tarde. Los trabajadores de Canal 9 nos quedaremos sin trabajo y los ciudadanos el País Valenciano se quedan con el trabajo de reconstruir su país.

martes, 21 de febrero de 2012

Los enemigos del pueblo invaden Valencia

En Valencia, lo que empezó siendo una protesta de un par de centenares de estudiantes de enseñanza secundaria contra los recortes de la Generalitat en educación va camino de convertirse en un asunto de Estado. Y ya veremos como acaba. Ya veremos hasta dónde llegan las protestas, hasta dónde se extienden y cuantos heridos acaba habiendo.
Las actuaciones policiales están siendo de lo más desproporcionado. Su uso de la violencia es impropio de un sistema democrático. No están resolviendo nada. Están crispando a la población. Están agrediendo a quienes tienen la obligación de proteger. Si de lo que se trata es de atemorizar a la población, ni eso les está saliendo bien. Estamos ante unas fuerzas del orden desordenadas que están desordenando toda una ciudad. El balance no puede ser peor.
La policía se ha especializado en el supuesto mantenimiento de un curioso orden que consiste en que si alguien protesta ruidosamente se cae sobre él mientras ningún otro estamento de la administración hace nada para resolver el motivo de las manifestaciones. Protestas por no tener calefacción en el aula y la policía te persigue... pero sigues sin calefacción. Protestas porque te quedas sin casa, sin trabajo o sin sueldo y se te persigue... pero sigues sin casa, sin sueldo y sin trabajo.
Escuchar al Jefe Superior de la Policía de Valencia, Antonio Moreno Piquer, calificar de "enemigo" a los jóvenes estudiantes que piden que el Consell no desmantele la educación es significativo, le delata.



Cortar una calle es motivo de carga policial. No importa que antes se hayan intentado todas las vías de petición, negociación o protesta. Tanto da que el malestar haya salido en prensa, que la oposición política lo haya denunciado o que todo tipo de portavoces hayan clamado por un acuerdo. Nada. Cuando finalmente se ocupa una calle, los responsables gubernamentales envían a la policía y, en paralelo, reclaman unas conversaciones a las que se dicen dispuestos pese a haberse negado a ellas con contumacia.
Nuestra democracia tolera mal que la calles se ocupen a golpe de manifestación. El malestar de la gente no parece razón suficiente para que una ciudad haya de soportar una calle cortada durante unas cuantas horas. En cambio, que los cortes respondan a acontecimientos deportivos o a fiestas, eso no parece problemático. Sin ir más lejos, en Valencia, a partir de la semana que viene, se cortaran unas 400 calles durante tres semanas con motivo de las Fallas.
La proporcionalidad de la actuación policial solo puede defenderse desde posiciones interesadas, desde la más absoluta de las ignorancias o desde la mala fe. No me extenderé en imágenes que demuestran el nivel de violencia de los cuerpos de seguridad, internet rebosa de ellas.
Simplemnte un botón de muestra: Dos chicas son arrojadas contra un coche por un policía que, cobardemente, luego ni las mira.



Esos balances de las versiones oficiales que hablan de "20 heridos de los cuales 14 son policías" son insultos a la inteligencia. Es imposible, materialmente imposible que esos policías de 80, 90 o 100 kilos con cascos, porras, pistolas, hombreras, rodilleras, botas militares y chalecos protectores caigan heridos ante muchachos y muchachas que abultan una cuarta parte y van a pelo.
En este sentido, las palabras del Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, diciendo que los agentes han sufrido violentas agresiones son mentiras, palabras falsas a sabiendas, intentos de engañar al ciudadano. Cosas que están muy feas.

Pulsar aquí para oír al Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, mentir sobre las agresiones a los policías.







¿Puede Gallardón demostrar lo que dice? No, no puede. Un Ministro jamás debería hacer afirmaciones que no puede desmostrar y menos si con ellas criminaliza a una parte de los ciudadanos.
El Sindicato Unificado de la Policía (SUP), que a diferencia del Ministro, tiene como primera función la representación de sus policías afiliados, también ha defendido la acción de las fuerzas de seguridad. Lo ha hecho con un vídeo que, según consta en su página web, desmonta las denuncias sobre la violencia utilizada. Si el SUP no tiene nada mejor que enseñar para justificarse, si no son capaces de ofrecer una sola imagen de agresiones a los agentes... ¿No será que no las tienen porque no las hay?
Este es el vídeo del SUP:


Las imágenes corresponden al primer día de concentraciones estudiantiles ante el Instituto Lluís Vives. Las agresiones, los heridos, los helicópteros, las pelotas de goma, los botes de humos, las cargas y las detenciones policiales vinieron posteriormente. Que aquí no estén no desmiente ninguno de los otros mil vídeos que corren por internet donde sí se ven las agresiones.
De todas formas, el SUP, en los documentos que constan en su página antes mencionada, dice otras cosas que deben ser consideradas. Así en una comunicado que lleva por título "¿Qué está pasando en Valencia?" hace afirmaciones como:

"Lo de ayer, las cargas, justificaciones y conveniencia de haber actuado como se hizo
es un punto de inflexión, habiendo pasado de tener toda la razón a empezar (o
acabar) de perderla".
"Lo siguiente a valorar es si por un corte de tráfico, en el
ambiente artificialmente creado y con los efectivos que había, se debe ordenar una
carga policial para restablecer el tráfico, o si eso es, dicho vulgarmente, “matar
moscas a cañonazos”.
"Quien dio la orden de cargar (la Delegada del Gobierno y el Jefe Superior de Policía) cometieron un grave error. No se puede hacer".
"Las declaraciones de hoy del ministro del Interior diciendo que la actuación policial tal vez ha sido excesiva es un acto de cobardía política y personal, porque si ha sido excesiva debe empezar por cesar a la máxima responsable política, la Delegada del Gobierno, y después por fijar protocolos de actuación adecuados a esas situaciones, que no existen".


Dejar la gestión de lo público en manos de incompetentes es muy peligroso. La Delegación del Gobierno de Valencia, es decir, el mando de la policía, está en manos de Paula Sánchez de León, una mujer cuya carrera política no tiene otro mérito que haber crecido a la sombra de Francisco Camps. Una vez caído Camps, era preciso recolocar a Sánchez de León y, calculando los equilibrios dentro del PP valenciano, Rajoy la puso en la Delegación. Podía haber ido al Consejo Superior de Deportes o a los Astilleros públicos, pero cayó en la Delegación del Gobierno. Todo menos buscar al mejor. Luego pasa lo que pasa.

viernes, 17 de febrero de 2012

La Infanta Cristina no es normal y lo que está pasando, tampoco


Hace unos días, la Infanta Cristina se quejaba amargamente de no poder llevar una "vida normal". ¿Se quejaba? Sí, se quejaba. Tenía razón la Infanta, su vida no es normal. Su vida es mucho mejor que la de los ciudadanos "normales" que ni hemos nacido en una Familia Real, ni cobramos del erario público sin que se sepa muy bien a cambio de qué, ni tenemos un puestazo en "La Caixa" por nuestro apellido como mejor cualificación, ni estamos casados con un bribón como su santo Urdangarín.
Si Cristina fuera "normal" seguramente a estas alturas estaría en paro, con el marido en la cárcel y quien sabe si a las puertas de que la entidad donde tuviera la hipoteca (¿La Caixa?) la tirara del piso. Porque la "gente normal" vive en pisos y no en palacios, y sufre desahucios. En palacios viven los reyes, los ladrones de alto standing y poco más. Por supuesto que si siendo "normal" se viera en la tesitura de tener que salir tarifando de su vivienda, nada de escaparse a Washington, como mucho se podría ir a la casa del pueblo o a esa segunda residencia que algún familiar ya mayor ha dejado de usar y que está siempre vacía.
Madre de cuatro hijos como es, si la Infanta viviera una "vida normal", tendría el corazón en un puño por el futuro de sus vástagos ya que, al paso que vamos, su mundo parecerá más una trampa que un lugar en el que vivir. Además, uf, cuatro hijos cuestan mucho de criar, una barbaridad. Por si faltara algo, igual alguno de esos hijos estos días aparecía por casa con moratones por culpa de las porras de esos policías que habitualmente la protegen a ella cuando va de acá para allá. Porque si Cristina fuera "normal" alguno de sus hijos podría haber participado en esas manifestaciones que los estudiantes están haciendo para reclamar más dinero para su educación y menos para los bancos. Esas manifestaciones que la policía está reprimiendo como si la seguridad del sistema estuviera en juego.
Tener manía a los bancos es propio de "gente normal", por eso la Infanta no se la tiene. Eso que se ahorra. Los banqueros, que tan bien tratan a su distinguida familia, están logrando que las personas de "vida normal" sufran un tembleque permanente. Un tembleque que Cristina desconoce. De desregulación en desregulación, los ricos (y sus aliados, los políticos, esos que le besan la mano con tanta fruición) van acabando con todos los derechos sociales y las garantías laborales de los "ciudadanos normales". Los "anormales" eso no lo perciben. Les pasa como a los coches de lujo que no notan los malos tiempos ya que mientras se desmoronan las ventas de los coches "normales", las suyas se multiplican por dos.
La Infanta Cristina tiene una vida tan poco "normal" que su reino (!) no es de este mundo. En su universo no existe la política cuando para la gente con "vida normal" la política es la única esperanza para que esta llamada crisis no acabe en una tranformación del sistema que nos convierta en simples súbditos, mano de obra barata y votantes narcotizados. Eso sí, de darse esa triste situación, siempre quedará espacio para que los ciudadanos "anormales" sean caritativos con nosotros y demuestren pena por nuestro sufrimiento. Una pena que, sinceramente, yo no siento ante la queja de la Infanta Cristina de no poder llevar una "vida normal".

miércoles, 15 de febrero de 2012

Si Zaplana preside RTVE, que Sor Maravillas dirija un prostíbulo

Sor Maravillas fue la monja ultracatólica a quien José Bono, siendo presidente del Congreso, estuvo a punto de colocar una placa en la sede parlamentaria. En su momento se hcieron bromas sobre su parecido con quien entonces era portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana.


Hoy el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, se reunen en Moncloa para hablar de distintos temas, entre ellos la renovación de la cúpula de Radiotelevisión Española. Hace unos días distintos medios, sobre todo digitales, publicaron que el próximo Presidente de RTVE iba a ser Eduardo Zaplana. Puede sonar extraño pero es perfectamente verosímil. A mi me parece una barbaridad y como conozco de cerca la gestión de Zaplana en relación a los medios de comunicación y los públicos en particular quiero dar cuatro datos al respecto.
La posible elección de Zaplana, que él mismo ha desmentido, todo sea dicho, se vinculaba, además, a que su buen amigo Alfredo Pérez Rubalcaba, llegara a la secretaría general del PSOE como así ha sido. Zaplana se mueve bien en sus relaciones con el PSOE. No es solo su amistad con Rubalcaba. No hay que olvidar que su entrada en Telefónica está apadrinada más por los socialistas que por el propio PP. De hecho, quien la bendice es el mismo Zapatero vía Javier de Paz, el antiguo secretario general de las Juventudes Socialistas y hasta ahora miembro del Consejo de Administración de Teléfónica. De Paz es amigo íntimo de Zapatero, compañero de sus ratos de ocio, y su mujer, Ana Pérez, era la jefa de gabinete de Sonsoles Espinosa, la esposa de Zapatero. De Paz y Zaplana son también amigos; compañeros de footing, que es algo que solo los que practican atletismo popular saben lo que une.
Así que, en previsión de que tal nombramiento se produzca, creo que vale la pena que escriba algo, aunque sea por encima de lo que sé respecto a Eduardo Zaplana y su relación con el mundo de la televisión. Solo algunos datos a modo de "por si acaso"; como si se tratara de unas notas preventivas. Esquemáticas y preventivas. De confirmarse la elección, obligado sería ampliar la información. Porque otra cosa no pero sobre Eduardo Zaplana Hernández-Soro, información hay mucha, mucha. Desde su charlas en teléfonos pinchados, pasando por sus mociones de censura con tránsfugas que están 20 años cobrando sus servicios hasta sus pisos en la Castellana o sus fichajes por departamentos exteriores de multinacionales pese a no hablar más que castellano o los periodistas que estaban con él en el ministerio de Trabajo pese a cobrar del paro. Información la hay en abundancia. Tan abundante como, al parecer, poco significativa ya que jamás los escándalos en los que se ha visto implicado le han pasado factura.





Eduardo Zaplana y Alfredo Pérez Rubalcaba, en 2006.








Voy a lo que me ocupa.
A las puertas de su elección como President de la Generalitat en 1995, en una reunión con la directiva de la Unió de Periodistes Valencians, Zaplana tiró de perfil institucional y aseguró que era consciente de la inutilidad de la manipulación de los informativos de la televisión pública. Les dijo que no pensaba abusar Canal 9 porque ya desde los tiempos de UCD sabía que controlando la televisión también se perdía el poder.
Pese a tales afirmaciones, lo primero que hizo al ganar las elecciones fue colocar a un diputado del PP y hombre fundamental en su equipo de propaganda electoral, José Vicente Villaescusa, al frente del departamento de Informativos de Canal 9. La polémica que levantó tal nombramiento le llevó a reconsiderar su decisión, pero unos meses después nombró al mencionado Villaescusa director general de Radiotelevisión Valenciana (RTVV). Lo que no pudo colar por abajo lo coló por arriba.
En ese mismo paquete de nombramientos iniciales entró como jefe de Personal de RTVV el que era presidente del PP en Valencia, Vicente Sanz, que posteriormente ascendió a la Secretaría General de la empresa, puesto que ocupó hasta hace poco más de un año cuando lo abandonó acusado de un triple delito de abusos sexuales. Sanz es el autor real de aquella famosa frase de "estoy en política para forrarme" que tantas veces, equivocadamente, se ha atribuido a Eduardo Zaplana. La frase de Zaplana, durante unas conversaciones que se destaparon con el "caso Naseiro", se refería a unas comisiones ilegales que un compañero suyo debía pedir a un empresario: "le pides dos o tres millones... un poquito más y me das la mitad bajo mano". Esas fueron sus palabras. No es lo mismo. Es peor.
Su siguiente nombramiento fue el nuevo director de Canal 9. El elegido, su jefe de gabinete en Presidencia de la Generalitat, Jesús Sánchez Carrascosa, viejo compañero de escuela en Cartagena. Carrascosa, inventor de "Tómbola", revisaba personalmente una a una las noticias que se emitían e intento establecer un premio de 150 euros diarios (25.000 pesetas de entonces) para la que él considerara la mejor información del día. La Redacción se negó. De inmediato, Jesús Sánchez Carrascosa se encargó personalmente de contratar a 50 nuevos periodistas que, de un día para otro, sustituyeron, de golpe, al 80% de la redacción existente en Canal 9. Al mismo tiempo, en Radio 9 se elaboraron unas listas negras de supuestos redactores hostiles, según reconoció en su día el propio director de la cadena, Francisco Mora. La promotora del listado fue quien ese momento era directora general de medios de la Generalitat, Genoveva Reig, que ya había sido jefa de prensa del Ayuntamiento de Benidorm cuando Zaplana era su alcalde. Reig fue quien, posteriormente relevó a Carrascosa en al dirección de Canal 9 y aleccionaba a sus directivos diciéndoles que ella no era del PP “sino de Zaplana”.




Genoveva Reig.










En aquellos tiempos el Comité de Redacción de Canal 9 denunció hasta la saciedad la manipulación y la censura informativa en la cadena. Se dieron datos demoledores. Solo un par de datos. Hubo meses en que las apariciones de Zaplana en los informativos de la cadena multiplicaban por 11 las de todos los políticos de la oposición juntos. El President era omnipresente. Se contrataban enlaces por satélite para que, por ejemplo, sus opiniones sobre un partido del Valencia CF de competición europea llegaran antes que las de los propios jugadores o el entrenador del equipo y si en los actos de partido era necesario poner aplausos allá donde solo había silencio, se ponían.
Siguiendo aquel ejemplo de un grupo de presos de la película “Cadena perpetua”, el mencionado Comité estuvo más de dos años enviándole una carta diaria a Zaplana para concertar una entrevista pero el President nunca contestó.
A quienes sí contestaba Eduardo Zaplana sin demasiados problemas era a la pléyade de periodistas madrileños que tenían programas o secciones en distintos espacios de Canal 9. Les contestaba, les contrataba y los enriquecía. Así, semanalmente pasaban por los estudios de Burjassot o enviaban sus colaboraciones personas como Pilar Ferrer, Carlos Dávila, Julián Lago, Fernando Sánchez Dragó y muchos otros. Su papel podía ir desde ser tertulianos a presentar programas. En este último caso, se trataba de espacios que se emitían a las 2 de la madrugada, no llegaban al uno por ciento de audiencia y se pagaba por ellos hasta diez veces lo que costaban. Eso sí, los periodistas en cuestión, en sus columnas madrileñas, siempre devolvían en tinta los favores que recibían en dinero. La carrera del President apuntaba a Madrid.
La gestión económica de Eduardo Zaplana en la televisión y la radio valencianas es seguro que le podrían servir de referencia para su tarea en RTVE. Referencia de lo que no se debe hacer, claro. Ya que el PP encontró en RTVV unas cuentas prácticamente equilibradas y, ocho años después, cuando Zaplana cedió el testigo a Francisco Camps, el déficit que se arrastraba se acercaba a los 500 millones de euros.
La sensibilidad de Eduardo Zaplana respecto a la televisión es tanta que incluso se preocupó de canales de televisión que nada tenían que ver con los que dependían de su gobierno. Así se supo que siendo President de la Generalitat viajó en persona a París para que el grupo Bouygues, con acciones en importantes empresas valencianas, hicieran un esfuerzo para salvar y reforzar una red de medios provinciales y televisiones comarcales de Alicante cuya línea editorial era, digamos, muy complaciente con su gobierno y su partido. Trascendió entonces también el detalle de que había alquilado una habitación en el Hotel Ritz de París para poder cumplir con el tradicional precepto de la siesta tras la sobremesa.
Eduardo Zaplana no ha sido hombre dejar nada a la improvisación en el mundo de la tele. Así, mientras presidía la Generalitat, los cámaras de Canal 9 tenían la orden de no grabarle por su perfil izquierdo ya que había llegado a la conclusión, junto a sus asesores, de que por ese lado su imagen flojeaba. Así mismo, sus declaraciones nunca podían ser contestadas por nadie, siempre debía ser él quien cerrara los bloques de cortes de voz, suya debía ser inexorablemente la última palabra. El Comité de Redacción denunció tales consignas en una comparecencia ante el Parlamento valenciano pero la normas de obligado cumplimiento no cambiaron.
De todas maneras no hay que retroceder hasta su gestión en Valencia para saber del mimo con que siempre ha atendido los contenidos de las televisiones que podían quedar en su radio de acción. Siendo portavoz del Gobierno de José María Aznar fue el principal responsable de la elección de su buen amigo José Antonio Sánchez para la dirección general de RTVE. Después llegaron esas abundantes tardes de gloria gracias a los informativos dirigidos por Alfredo Urdaci, rematadas por aquella engañosa y manipulada cobertura de los atentados del 11-M y sus días posteriores. Eduardo Zaplana siempre defendió la gestión de Sánchez y Urdaci.
En realidad, Eduardo Zaplana y la televisión dan para un libro. Si finalmente aterriza en la Presidencia de RTVE, atentos, porque ese puede acabar siendo un nuevo capítulo de lo más interesante.

martes, 14 de febrero de 2012

Lo público en la diana

Ni las llamas, ni los miles de manifestantes, ni toda la desesperación desbocada consigue parar los pies a las medidas de ajuste y recorte de derechos que nos vienen desde Europa.

Definitivamente los gobiernos de derechas que dirigen Europa le han declarado la guerra a todo lo que suene a público. Lo público es su enemigo. Enemigo de esos gobiernos y de sus poderosos amigos de bancos y grandes empresas. Por eso lo público es la pieza que se debe abatir.
Lo público es garantía de seguridad y de servicio a los ciudadanos. Solo en base a lo público se pueden organizar las instancias de control social y político que dan sentido a la democracia. Únicamenete lo público puede en el terreno laboral ser la referencia opuesta a la explotación de los trabajadores y a su pérdida de derechos. Por todo esto, lo público molesta. Además, todo el dinero que no se invierta en gasto social directo puede desviarse a servicios privatizados y eso es un botín al que amigos, conocidos, especuladores y aprovechados varios no van a renunciar. En definitiva, una multitud de razones para que lo público está en el centro de la diana.
La reciente reforma laboral del gobierno Rajoy es un paso definitivo en ese desmantelamiento de lo público en España. El precepto que fija que la "insuficiencia presupuestaria" puede justificar el despido en masa de los trabajadores públicos da rienda suelta a todo tipo de excesos, abusos y arbitrariedades. La voracidad de las empresas no tiene fin y no están dispuestas a repartir con nadie. Rajoy les hará el servicio y parece dispuesto a no fallarles. Tampoco a Europa le fallará. Toda la obsesión por el déficit se concreta en recortes. Ni se plantea la posibilidad de que pague más quien más tiene, aunque sea solo una vez en la vida. Ni pensarlo.
Si alguien duda de hasta dónde llegará Rajoy que mire a Grecia. Mientras miles de personas están en la calle protestando por las nuevas medidas de austeridad, mientras le prenden fuego a 43 edificios en Atenas, los dos partidos mayoritarios aprueban otra entrega de recortes dictados por la Unión Europea. No contentos con eso, y ajenos a todo menos a la fidelidad cuartelaria a las órdenes de Merkel y compañía, al día siguiente expulsan a todos sus diputados que osaron saltarse la disciplina de partido y votar en contra de las nuevas medidas de ajuste.
PD: ¿Como es posible que hoy "El País" no dedique ni una sola información al tema griego pese a ser una referencia de como podemos estar en España dentro de cuatro días?

lunes, 13 de febrero de 2012

Las reformas laborales siempre las pagan los mismos

Luis de Guindos, ministro de Economía.

Cuando un político habla de que una determinada decisión relacionada con la economía va a "ser muy dura", o será "altamente dolorosa", o entrañará "sacrificios importantes", nadie pregunta: ¿dura, dolorosa, sacrificios... para quién? Nadie lo pregunta. Todos sabemos que se están refiriendo a las clases populares; de clase media para abajo. Por eso cuando, hace unos días, el ministro Luis de Guindos anunciaba que la reforma laboral iba a ser "extremadamente agresiva" ni un solo ciudadano dudó que, de las dos partes implicadas en una reforma laboral, la agresividad iba a recaer en una de ellas, solo en una, en los trabajadores. Estaba claro que de Guindos daba por sentado que no debía dar más datos, que si en una reforma laboral se habla de sacrificios se entiende que se refiere a los trabajadores, no se plantea la posibilidad de que les toque a los empresarios. De hecho, solo hay que recordar las reivindicaciones de la patronal para ver que la reforma se ha hecho a su dictado.
No me extenderé en las mil reformas anteriores (llevamos 52 desde 1977). Es obvio que han sido una concatenación de fracasos (empezando por la reciente del PSOE). Tampoco diré nada de lo prometido por el PP durante la reciente campaña electoral; promesas incumplidas de la cruz hasta la raya. Lo que sí me parece necesario tener en cuenta es que intentar hacernos creer que abaratando el despido se facilita la creación de empleo es un insulto a la inteligencia, un desprecio a los ciudadano y, por tanto, una vergüenza política. La proclama de que con un despido más barato los empresarios se atreverán a contratar más trabajadores es, como mínimo, una ingenuidad. Facilitando los despidos los que se hace, como su propio nombre indica, es facilitar los despidos. Nada más. Lo de favorecer nuevas contrataciones, seamos generosos, sería en una segunda fase pero los datos, llevamos ya muchos intentos, nos demuestran una y otra vez que a esa segunda fase no se llega nunca... A no ser que vengan las "vacas gordas" y, entonces sí, somos líderes en creación de empleo, independientemente de una ley u otra.
El abaratamiento de los despidos es una cuestión de reparto de los sacrificios. Cuando vienen mal dadas y las empresas ven recortados sus beneficios hacen una cosa que cuando todo va bien no hacen tanto, me refiero a repartir, reparten las pérdidas. Ellos pierden ganancias y los trabajadores pierden sueldo o, simple y llanamente, el puesto de trabajo. Para esos casos, la ley contempla que el trabajador no quede desasistido y disponga de garantías en el despido y una determinada indemnización. Cuando la reforma recorta eso lo que está haciendo es permitir que del montante de dinero destinado a finiquitar la relación laboral, el empresario se lleve más y el trabajador, menos. Es así de simple. El trabajador se va con menos porque el empresario se queda con más. Por más que se vista con elaborados discursos y se disfrace con bondades futuras, es todo mentira. No hay nada estratégico, nada estructural. Es más sacrificio para el que menos tiene, menos para el que más...Y punto. Luego, lo de crear nuevos puestos de trabajo, pues ya veremos.
Sea en el restaurante, en la fábrica o en la gestoría, cuando la crisis sea historia se contratará otra vez. Serán trabajadores un poco más necesitados que los anteriores, con lo cual también se les podrá pagar un poco menos; los nuevos convenios también echarán una mano. Todo perfecto. Bueno, casi todo... porque a este pasó a los restaurantes, a las fábricas y a las gestorías les será más fácil tener trabajadores que clientes.

viernes, 10 de febrero de 2012

Garzón, ministro de Justicia


La sentencia contra el juez Baltasar Garzón, sus 11 años de inhabilitación son un aviso a navegantes en el sentido de que nada ni nadie está libre de que la arbitrariedad acabe con él. Los encargados de nuestra seguridad jurídica nos envían el mensaje de que esto se ha acabado, de que no hay seguridad jurídica, de que lo mejor es "no meterse en política", entiéndase política como cualquier tipo de complicaciones. Nadie está a salvo. Lo que sirve para acabar con la carrera judicial de Garzón sirve para que el banco abuse de nosotros impunemente, para que nuestros hijos sean discriminados cuando intenten acceder a un puesto de trabajo, para que a nosotros nos despidan por el simple hecho de no dorarle la píldora al jefe o por la mala costumbre de exigir derechos laborales, para que nos traten como ganado cuando vamos a un ambulatorio o un hospital, para que nos echen de casa por no pagar una hipoteca que se mantiene como si fuera de acero mientras nuestro sueldo se desmorona, para que nos sigan envenenado el cerebro con una tele deleznable, para que haya dinero para pagar profesores de religión pero no para tener calefacción en las aulas, para que no sepamos ni lo que comemos, para que nos roben aquellos a quienes votamos. Sirve para todo esto y para que no pase nada. Y tenemos que callar.
Envueltos en nuestra gloriosa bandera, podemos estar orgullosos. El mundo está pendiente de nosotros. Nos miran. Avergonzados, tristes, apenados, pero nos miran. Somos el hazmerreir. Felicidades. Los únicos que celebran el gran papel de la justicia española son los fans de Pinochet. Solo ellos acompañan a la caverna del PP, a sus voceros y a ese aparato judicial que, como el Rey, nos asegura solemnemente que la justicia es igual para todos y que como nos atrevamos a decir lo contrario nos vamos a enterar.
Esto es una broma. Los ladrones, absueltos y los jueces, condenados. Botín, los Albertos, La Infanta Cristina, Urdangarín, Camps, Felipe González y sus GAL, Pujol y su Banca Catalana, Naseiro, los banqueros que han robado por millones, Fabra, los cientos de políticos corruptos... todos en la calle. Y Garzón fuera de la carrera judicial. Se lo han cargado con todos los focos dirigidos a él. No ha sido anónimamente, ha sido sacando pecho. Y ahora se escaparan los Gürtel, y luego la Familia Real, y los que han saqueado la CAM, o la Caja de Castilla-La Mancha, o Bancaixa, o el Banco de Valencia, o Cajasur. Qué más da.
No voy a entrar en la discusión de cuestiones técnicas sobre la sentencia del Tribunal Supremo. No sé lo suficiente. Ni me parece que Garzón sea la bondad personificada. Ni le voy a defender por cepisodios como la detención masiva de independentistas catalanes en 1992 con torturas denunciadas y sentencia en contra de los tribunales europeos. No es una cuestión de blanco y negro. La clave está en la impunidad del poder, del verdadero poder que no tiene nada que ver con el que sale de las urnas. Ese poder que conforman las altas instancias financieras, con brazos que van más allá de lo nacional, y en cuya mano come la cúpula política de los dos grandes partidos y la cúpula judicial. Este es el mensaje del "caso Garzón".
Desde que Franco murió en 1975 han pasado 36 años. De ellos, 22 han sido de gobiernos socialistas. Hoy, lo que le ha pasado a Garzón demuestra que sí, que hemos mejorada en pensiones, en carreteras, en sanidad o en educación (y bueno, ya veremos como queda todo en poco tiempo) pero que la impunidad del poder sigue igual que entonces. Ciertamente todo es más sofisticado pero las leyes que deberían evitar que siga habiendo ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda siguen inéditas. 22 años de gobiernos socialistas no han podido con los privilegios de los grandes poderes, con su arbitrariedad, con su impunidad. ¿No han podido? No, no han querido, ni lo han intentado.
Así las cosas, puesto que el Nobel de la Paz es tan poca cosa que lo tiene hasta Kissinger, propongo que cuando haya un gobierno que crea de verdad que la justicia ha de ser igual para todos nombre de ministro del ramo a Baltasar Garzón.

jueves, 9 de febrero de 2012

Cuando el PSOE confunde retroceder con avanzar


En el inmenso debate sobre qué debe hacer el PSOE para volver a ser alternativa de gobierno hay muchas teclas a tocar, cierto. No es fácil, de acuerdo. Pero dicho esto, me parece fundamental no mentir, no engañar, no empezar tomando el pelo a los ciudadanos porque en tal actitud está el principio del desastre.
La gente, al menos la necesaria para que la izquierda vuelva a ser mayoritaria en España, tardará en comulgar con nuevas ruedas de molino socialista. Tampoco es tan grave. Si las demás fuerzas progresistas están a la altura, todo el espacio que vaya dejando el PSOE lo ocuparan ellas.
Yo, que vivo en Bétera, una población a 15 kilómetros de Valencia, no tengo ni idea de como ir a, pongamos por caso, una población belga de menos de 1500 habitantes (el nombre no importa). No sé como ir pero si sé como empezar mi camino. La dirección a tomar es Castellón, y luego Barcelona, y luego buscar la frontera francesa y, según me acerque a Bélgica, ya veremos como me organizo.
Pues eso. Cierto es que la crisis de la socialdemocracia ha dejado al PSOE sin recetas. No niego que es necesario encontrar un nuevo discurso, que lo que se entiende por debate ideológico de fondo es preciso. Lo que no puede ser es que esa supuesta dificultad, esa gran tormenta de ideas siempre pendiente, ese rearme ideológico sirva de excusa para no hacer lo que, objetivamente, es necesario llevar a cabo.
El reciente culebrón del 38 congreso del PSOE ha sido una buena pérdida de tiempo, el pulso Chacón-Rubalcaba ha estado muy bien, por decir algo, como duelo al sol para entretener a la tropa pero para ganar posiciones en la batalla ha servido para bien poco.
En este sentido, la apelación de Alfredo Pérez Rubalcaba de acabar con el Concordato con El Vaticano es muy positiva. Es justo, es necesario, es lo que querría oír una inmensa mayoría de los ciudadanos progresistas españoles. Incluso muchos conservadores, con profundos principios democráticos en su manera de pensar, también están de acuerdo. Seguramente tal decisión no tiene nada que ver con la revisión ideológica que precisa la socialdemocracia, pero acerca al PSOE a sus votantes. Es más, sin formar parte del núcleo del nuevo pensamiento de la izquierda europea, seguramente este tipo de actitudes ayudarían a clarificar los nuevos mensajes, irían marcando la senda.
Pero hete ahí que la argumentación ofrecida por Alfredo Pérez Rubalcaba tiene un añadido que tira por tierra todo el valor de su propuesta. Dice Rubalcaba que el Concordato se debe revisar si la derecha revisa también pactos y acuerdos de hace años, compromisos de la Transición. Se refiere al aborto, a los recortes sociales y dijo que si ellos "están dispuestos a retroceder 30 años, nosotros también". Pues no, ese es el "error Rubalcaba". Denunciar el Concordato no tiene nada que ver con retroceder, denunciarlo es avanzar. El Concordato con El Vaticano se ha de acabar no porque el PP acabe con otras conquistas progresistas sino porque es impropio de un país laico del siglo XXI mantener ese tipo de relaciones con una determinada religión, porque las aficiones, sean deportivas, gastronómicas o religiosas, se las debe pagar cada cual y porque las democracias y el dinero público no está para primar ni sufragar las actividades sectarias de ningún grupo ideológico.
Denunciar el Concordato, aunque no se sepa muy bien como se cierra el discurso de la socialdemocracia para el siglo XXI, es un ejemplo de lo que yo entiendo por tirar hacia Castellón aunque se desconozca como llegar a un determinado punto de Bélgica.
Además, para los que miran, para los ciudadanos a los que se pedirá el voto, observar como se enfila hacia Castellón para ir a Bélgica inspira mucha más confianza que si se te ven coger dirección Alicante. Credibilidad y coherencia, coherencia y credibilidad son atributos fundamentales. El discurso, también... pero mientras obligatoriamente se llega a él no es necesario ir haciendo el ridículo de contradicción en contradicción.

lunes, 6 de febrero de 2012

El PSOE sigue perdiendo el tiempo que no le pertenece


Con toda franqueza: el proceso congresual del PSOE de estas última semanas me ha interesado muy poco. No por mi falta de motivación, que es alta, sino por la absoluta falta de contenido del debate socialista. Días y días de lugares comunes, de frases previsibles, de falsa esgrima dialéctica sin decir nada, puede que sean útiles para llenar páginas y páginas de periódico y mantener vivo el espejismo de la controversia política, pero poco más. A mi la esgrima me interesa poco. Resumiendo, de los socialistas lo que se espera es que expliquen cual es la salida que le ven por la izquierda a nuestro oscuro presente. Todo un fin de semana de Congreso, solemne, grande y ceremonioso, lo han despilfarrado sin ofrecer pista alguna al respecto. Más allá de discutir sobre nombres, poca cosa más han hecho llegar a la gente.
De todas formas, los socialistas tienen una deuda añadida. Nos deben decir, credibilidad obliga, por qué, si hay y tienen (¿tienen?) soluciones de izquierdas, gastaron su última legislatura en aplicar soluciones de derechas. Es obligado que nos aclaren por qué dedicaron tanto tiempo a decirnos, de decisión de decisión, que las buenas medidas eran de derechas, neoliberales y conservadoras y ahora, en cambio, están desbocados con las "salidas progresistas a la crisis". Coño, con perdón, haberlo pensado antes, ¿no?
Pienso publicar en este blog alguna otra opinión respecto al Congreso del PSOE pero, vista hoy la prensa, me parece que hay dos cosas en "El País" muy significativas. Dos cosas que son un canto a la inanidad política y que me convencen de que el PSOE se parece mucho a los protagonistas de la película "Los otros", aquellos personajes de Alejandro Amenabar que estaba muertos sin ellos saberlo.
¿Qué dos cosas he encontrado?
La primera, esa declaración de José Bono diciendo que "los que han perdido [el Congreso] deben someterse". ¿Someterse? Dios mío, dicho sea a su estilo. Es difícil encontrar una expresión menos democrática, menos progresista y menos honrada que "someterse". Dicha por la persona a quien José Luis Rodríguez Zapatero puso de ejemplo de socialista, de amigo y de político en su discurso de despedida, el "someterse" es como una metáfora de todo lo sucedido y de lo poco que se puede esperar de cara al futuro.
La segunda, una entrevista con la nueva número 2 del PSOE, Elena Valenciano. Es imposible hacer un discurso más plano, más vacío. Un dirigente del PP diría exactamente lo mismo y de la misma manera. Hay frases que te congelan el ánimo. El titular es "Se queda al frente del PSOE quien ha sido más leal a Zapatero". Cuando le preguntan por el futuro de Chacón contesta que "tiene el futuro que quiera", justo lo que responden en el PP cuando les hablan de Francisco Camps. En toda una página no hace un mínimo gesto de autocrítica, asegura que la nueva ejecutiva es una mezcla de "experiencia, solvencia y juventud", que las federaciones que salen divididas del Congreso lo hacen para bien, del Partido Socialista andaluz no dice más que "trabajará unido para ganar las autonómicas, asegura que la corrupción sobre los ERE de Andalucía no les perjudicará "en absoluto"... En fin, recomiendo encarecidamente la lectura de la entrevista. Es muy poca cosa pero en enseña mucho. Si disponen de 5 minutos, revisen la entrevista con Elena Valenciano. Es una pérdida de tiempo de mucha utilidad.

jueves, 2 de febrero de 2012

Los Quintela o el fraude en las televisiones públicas

Fernando Quintela, director de Antena de Canal 9.

Hay episodios pequeños y muy localizados que, por si solos, pueden llegar a explicar situaciones mucho, muchísimo más amplias. Estos días, inmersos en este insensato cuestionamiento general de todo lo que suena a público, se habla y no se para del sentido de las televisiones autonómicas. Sin ir más lejos, yo participé hace unos días en un debate al respecto en "La Ventana" de la SER. Resumiendo diré que creo que las televisiones autonómicas públicas, más allá de las particularidades de cada territorio, tienen sentido porque, igual que la sanidad o la educación, la comunicación de masas no puede estar solo en manos del sector privado. No estamos hablando de mercancías, sino del control comunicativo y de la información que todo ciudadano necesita para ejercer como tal en un sistema democrático.
El drama de las televisiones autonómicas ha sido, y es, su gestión. Una gestión, tan llena de fraudes, de delitos y de poca vergüenza, que está a punto de dejar sin argumentos a quienes defendemos la continuidad y fortalecimiento de las cadenas regionales públicas.
Voy con el episodio al que me refería al principio. Afecta a Canal 9 Televisió Valenciana pero sirve como ejemplo para cualquier otra televisión autonómica cuando se discute sobre su sentido y su futuro.
Canal 9 acaba de emitir el reportaje "Garzón: el juez estrella al descubierto". El trabajo forma parte de un conjunto de tres reportajes. Los otros dos, todavía no ofrecidos, son sobre los GAL y sobre Alfredo Pérez Rubalcaba.
¿Quien los ha hecho? No los profesionales de la casa, que por supuesto los podían haber hecho, pero no. No. Los ha elaborado una productora madrileña de nombre "Triskel Audiovisual" que tiene como administrador único a Mario López Sanclemente. Esta productora ha compartido sede social con otra llamada "25 Frames Audiovisual" que era propiedad de Fernando Quintela, un antiguo fotógrafo que se había convertido en uno de los hombres de confianza para temas audiovisuales de Pedro J. Ramírez, que había dirigido "El Mundo TV" y que, posteriormente, pasó por Intereconomía.
¿Tiene algo que ver Quintela con Canal 9? Sí, es ni más ni menos que su Director de Antena. Quintela dice que no estaba en Canal 9 cuando se firmó el contrato. Es verdad. Llegó un mes más tarde pero desde hacía mucho tiempo está muy bien relacionado con la cúpula de la cadena. Por aquella época ya sonaba su nombre como posible nuevo director de la cadena. Al final se quedó en responsable de Antena. Cuando entró en Canal 9, Quintela abandonó su participación en una tercera productora "El Nacimiento Producciones" y la dejó, precisamente, en manos del mencionado Mario López Sanclemente, el jefe de "Triskel".
¿Cuanto le costaron los tres reportajes a Canal 9? 634.000 euros. Lo que hecho por personal de la casa no hubiera costado nada, costó 634.000, más de 105 millones de las antiguas pesetas. 210.000 euros cada pieza. Casi 5.000 euros por minuto. En el mercado, un reportaje de parecidas características comprado a una productora no debería costar más de 3.000 euros. Es decir, menos de 10.000 euros el paquete de tres. Lo que en esta caso han costado dos minutos de producción.
¿Cómo se explica tan alto coste? No hay explicación. Canal 9 se ha negado a dar cualquier tipo de información alegando que se trata de contratos protegidos por clausulas de confidencialidad. Lo que es cierto es que el sonido tuvo que ser rectificado por técnicos de la casa ya que no llegaba a los mínimos de calidad exigidos para poder ser entendido.
¿El contenido era el propio de una televisión pública? En absoluto. El reportaje sobre Garzón repetía todas las descalificaciones que desde la derecha mediática y el PP se le están haciendo en los últimos años. Las declaraciones estaba absolutamente desequilibradas en contra de Garzón. Sus argumentos no aparecían por ningún lado y las pocas voces que le defendían quedaban sepultadas bajo un alud de juicios de valor y comentarios despectivos. Era lo que se entiende por un reportaje sesgado, manipulado y poco profesional desde el punto de vista periodístico.
¿Se consiguió una buena audiencia? No. Apenas un 3% de share. En número de espectadores, 78.000 personas.
¿Como se justifica la elección de los tres temas objeto de los reportajes comprados por Canal 9? No hay justificación. Según un obligado criterio de proximidad o interés autonómico es evidente que antes que un reportaje sobre el "caso Garzón" tocarían reportajes sobre Gürtel, Camps, los distintos casos de corrupción de Alicante, Carlos Fabra y sus constantes premios en la lotería, la financiación del PP que también va a ser juzgada, el Aeropuerto sin aviones de Castellón, los impagos generalizados de la Generalitat, el saqueo de Emarsa... Pero no. De todo esto no se ha hecho nada absolutamente, ningún reportaje, ni elaborado en casa ni comprado fuera. De Garzón, los GAL y Rubalcaba, sí.
¿Por que no se han emitido todavía los reportajes? No se sabe. No se habrá encontrado la oportunidad. El de los GAL estaba previsto para antes de las elecciones generales pero ETA anunció su alto el fuego permanente y dejó sin sentido su emisión. El de Rubalcaba también se pretendía colocar antes de las elecciones pero se fue retasando y, ahora, solo su elección el sábado como nuevo secretario general del PSOE explicaría su puesta en pantalla. Como gane Chacón...
¿Eran inéditos los reportajes? Tampoco. Ni eso. Intereconomía ya los ha emitido. Canal 9 no ha explicado cuánto pagó Intereconomía por esa emisión, ni porque se le permitió pasarlos con anterioridad a la propia emisión.
Vuelvo al principio. En la compra y emisión, o no, de los reportajes de Canal 9 está comprendidos todos los vicios de la mala gestión que ha dejado las televisiones autonómicas públicas a los pies de los caballos: ausencia de modelo, arbitrariedad, desprecio al servicio público, desaprovechamiento de los recursos propios, despilfarro, amiguismo, opacidad, corrupción, manipulación informativa... Podemos seguir especulando y teorizando sobre el futuro de estas cadenas pero si resulta que el enfermo está grave por la negligencia de quienes lo han tratado, antes de discutir sobre el tipo de vida que le espera, haríamos bien en cambiar de médicos. Si las televisiones autonómicas están a las puertas del desguace, deberíamos empezar por dejar a los directivos responsables de tanto fraude a las puertas de los juzgados. Sabemos quienes son y que han hecho.