jueves, 27 de enero de 2011

Televisiones públicas, WANTED, muertas

Hace un par de días la Secretaria General del PP, María Dolores de Cospedal, aseguraba que de ganar las próximas elecciones autonómicas privatizaría Castilla-La Mancha Televisión. La canción de siempre, privatizar como sinónimo de ahorro, sencillo y populista. Lo paradójico es que los que defienden la privatización son los mismos, o compañeros de partido, de quienes han llevado los medios de comunicación públicos a la bancarrota. Pensemos en Telemadrid o en Canal 9 con sus deudas millonarias, con sus pésimas audiencias, con su manipulación y su censura, con su rosario de escándalos. Por cierto, ¿privatizar? Querrán decir regalar, porque a ver quien se queda con los astronómicos créditos pendientes de devolución que arrastran estas cadenas. Cuando se habla de privatización de las televisiones públicas siempre se habla de las peores, de las más desprestigiadas, de las más cuestionadas. ¿Quieren saber por qué no se dice de privatizar TVE o TV3? Pues porque son percibidas como útiles y, oh casualidad, son las más plurales y las menos manipuladas.
Me parece que la solución de la televisiones públicas es justo la contraria de privatizarlas, se trata de hacerlas más públicas, públicas de verdad. Si son realmente públicas y son éticas serán útiles, y lo útil no es un problema, lo útil no se cuestiona.
Dejo a continuación un artículo que publiqué ayer en la edición valenciana del periódico "El País" sobre el debate, por llamarle de alguna manera, que hay sobre el futuro de Canal 9, cadena en la que trabajo. Hablo de Canal 9 pero me parece que los argumentos podrían servir para otras cadenas públicas españolas.


EL DOBLE ATRACO DE RTVV
Ahora que la ofensiva contra Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) está lanzada resulta evidente lo que era previsible: RTVV no tiene quien la defienda. Desde hace muchos años Canal 9 y Ràdio 9 solo han sido útiles al PP y sus Gobiernos, así que en cuanto estos han sentido las primeras molestias, se acabó. A soltar lastre. Ya no les compensa. Aun así, conviene detenerse en unas cuantas cosas. En las últimas semanas se está focalizando sobre RTVV toda la bancarrota de nuestras instituciones y hasta de nuestras empresas. Lo está haciendo la derecha: su Gobierno de la Generalitat, sus políticos, sus empresarios, sus medios de comunicación. Mienten; lo saben mejor que nadie porque ellos tienen la culpa de casi todo lo que ha pasado. La derecha miente y la izquierda, como siempre, chapotea en barro ajeno porque no da más de sí. Entran a todos los trapos y así les va, nos va.
El descalabro económico de RTVV es indiscutible y la necesidad de tomar medidas también, pero esto no puede ser todo. Aceptado el pésimo estado de las cuentas, lo primero es preguntarse por qué los empresarios, e incluso la siempre complaciente Sindicatura de Comptes, despiertan ahora y hacen sonar las alarmas. Con lo mudo que siempre estuvo el sector empresarial valenciano ante la deriva de RTVV mientras las empresas audiovisuales, e incluso las que no lo eran, se forraban a costa del despilfarro de la radiotelevisión pública. Sorprende observar cómo se rasgan las vestiduras por las pérdidas pero obvian a sus responsables, el primero de todos, el Gobierno de la Generalitat y el PP que durante años han utilizado las emisoras públicas para hacerse propaganda, enriquecer a sus próximos y extender su red clientelar a base de colocar amigos y parientes. Es posible que en RTVV sobre gente pero, en todo caso, sobran aquellos que llegaron a doblar plazas ya cubiertas ofreciendo como única credencial su filiación personal o política. Si ha de caer alguien, que caigan los que han hundido la empresa. No es aceptable que el pirómano haga de bombero.
Con todo, si nuestra clase dirigente fuera un poco más seria y honrada, oposición incluida, antes de emprender esta liquidación por derribo, se hubiera debatido con rigor sobre el sentido y la necesidad de una televisión y una radio autonómicas públicas. No estas que ellos mismos han arrastrado por el fango, sino las que establece la ley, unas emisoras al servicio de la ciudadanía y no de los intereses particulares de unos cuantos. Si Canal 9 y Ràdio 9 son dos medios vergonzosos es por la pésima gestión desarrollada por los mismos que ahora ponen en entredicho su continuidad, o por sus amigos directivos. Que estos medios públicos no sirvan a la sociedad valenciana, no quiere decir que la sociedad valenciana no necesite unos medios públicos. Así que, mientras no se cambien las leyes, mientras no se apruebe la renuncia del pueblo valenciano a tener sus propios medios audiovisuales, el plan de viabilidad más urgente, más incluso que el económico, es ajustar los contenidos a la ley. RTVV debe ser un grupo de medios plurales y no un coto del PP; debe ser un ámbito de debate cívico y no un escaparate de lo malo, lo superficial y lo inútil; que se bajen del escenario freaks, curiosidades variopintas y tonterías y suban a él los referentes ejemplares de nuestra sociedad, que existen por más que estén invisibilizados.
La amenaza de tormenta que se cierne sobre RTVV y la injusticia de que lo peor de lo que se avecina caerá en primera instancia sobre sus trabajadores no permite, de todas formas, pasar por alto la irresponsabilidad de la propia plantilla de las emisoras públicas. Unas plantillas que ha visto con indiferencia cómo se deterioraba el producto que elaboraban hasta provocar, primero, el rechazo y, después, la hostilidad de los ciudadanos. Cuando un producto no vale, quienes lo fabrican están condenados a quedarse sin empleo.
En todo caso, convendría que la sociedad valenciana fuera consciente de lo que se juega. En la era de la globalización, disponer de herramientas propias en el sector de la comunicación es la única forma de no vivir de prestado. La comunicación democrática, el acceso a los medios, el derecho a la información son, como la seguridad, la sanidad o la educación, demasiado importantes para dejarlas en manos del mercado. Que los gestores de RTVV hayan podido ser unos indocumentados y hasta unos delincuentes no es culpa de RTVV y no es ella quien debe pagar, porque la factura recaería sobre toda la sociedad, víctima por partida doble. Que pague quien tenga la culpa y que no vuelvan, ni ellos ni parecidos. Ese es el reto, que lo sepan los empresarios especuladores, los directivos pelotas, los políticos manipuladores, los trabajadores acomodados y los ciudadanos indolentes.

miércoles, 26 de enero de 2011

Durán i Lleida en su torre de marfil

Este artículo no es continuación del anterior, pero podría serlo. Vuelvo a la casta política convertida en grupo social inferior al que me referí hace unos días. Hablo de Josep Antoni Durán i Lleida, el portavoz de Convergència i Unió en el Congreso de los Diputados. Parece que Durán i Lleida no cree conveniente ni tan siquiera que se discuta de endurecer las incompatibilidades que afectan a los políticos o, simplemente, debatir sus sueldos. Es como si la crisis, el recorte en las retribuciones de los funcionarios, todos los ERE en marcha, en fin, todas las penurias a las que se está viendo sometida la población no tuvieran que afectar a los políticos. En su torre de marfil, Durán no quiere que el ruido de los que las pasan canutas le perturbe. Y lo pone de manifiesto de la peor forma posible. Asegura que "si la sociedad pretende que al Congreso venga simplemente gente que no tenga propiedad, si pretende la sociedad que esta Cámara sea de funcionarios y de gente pobre, porque si es así, vamos por el mejor de los caminos". "Gente pobre...". Es difícil decirlo peor, es complicado parecer menos clasista.










Josep Antoni Durán i Lleida.







Que los políticos deben estar bien pagados, me parece fuera de toda duda. Su responsabilidad es grande y merecen que la recompensa esté a la altura. Pero también su preparación debería estar a esa misma altura, y de esto nadie habla. Ni Durán.
No quiero aburrir con lo de siempre: la máxima pensión con simplemente siete años de cotización, retenciones de Hacienda por debajo del común de los mortales,viajes gratis, asesores elegidos arbitrariamente, gastos de representación, de desplazamiento, de residencia, consejos de administración, fundaciones, tertulias, conferencias...¿Alguien puede defender, de verdad, que un expresidente siga cobrando 80.000 euros del erario público si percibe 250.000 de otra empresa que le ha contratado, por cierto, simplemente por todos los contactos de que dispone por haber sido Presidente? Además, quien no quiera ser político, quien se considere mal pagado con lo que hay, que se dedique a otra cosa, ni que los que hoy ocupan los cargos fueran ases de la política, ni que con ellos hubiéramos llegado a las mayores cotas de bienestar y desarrollo. Empezando por el propio Duran i Lleida, un señor que desde los 26 años está en cargos públicos, que, por tanto, lleva 32 de escaño en escaño. ¿En que empresa privada ha testado su capacidad Durán como para decir que si se debaten las retribuciones de sus señorías gobernará "la gente pobre". ¿Qué tiene Duran contra la "gente pobre"?
Un reciente reportaje de "El País" sobre una jornada de Josep Antoni Durán i Lleida aporta datos que pueden explicar su actitud. Cuando su cargo de diputado al Congreso le obliga a estar en Madrid vive en una suite del Hotel Palace, el tope del lujo, y para las grandes ocasiones escoge entre las 1000 corbatas que tiene. El día del reportaje de "El País" se pudo una que le había regalado su amiga Esther Koplowitz. Claro, con estas amistades no es raro ni que le moleste que le bajen el sueldo, ni que tenga tan mal concepto de la "gente pobre".
Repasando este reciente reportaje de "El País" se puede ver todo lo que digo. Se puede ver, además, un interesante vídeo que acompaña al texto. Un detalle para los que vean el vídeo, puede ser menor, pero a mí me ha llamado la atención: observen, cuando está reunido con su grupo parlamentario, como le acercan una botella de agua (con vaso y posavasos, incluido) y como, a su derecha, el diputado Carles Campuzano se apresta a servirle sin dejar, casi, que la botella toque la mesa. Por cierto, los demás no beben.
Humildemente, un servidor tiene mucho más interés en que Josep Antoni Durán i Lleida, que lleva 24 años presidiendo Unió Democràtica de Catalunya, ofrezca explicaciones sobre los distintos casos de corrupción que afectan a su partido que en escuchar su desafortunado gesto de desprecio hacia la "gente pobre". En distintas ocasiones, las consejerías ocupadas por militantes de Unió Democràtica han acabado en los juzgados, y Durán no ha dicho nada al respecto. No es un asunto, son varios. El "caso Turisme", con muertes misteriosas de por medio, donde las subvenciones públicas desaparecían sin dejar rastro; los casos "Treball" y "Pallerols", sobre presunta financiación irregular de Unió a través de informes falsos y cursos de formación que no existían; las Fundaciones FECEA y "Catalunya i Territori", vinculadas al partido e investigadas judicialmente, y las distintas ramificaciones del "caso Palau". En el último informe del Tribunal de Cuentas, que casualidad, para el único partido que se pedían sanciones por donaciones superiores a los límites fijados era para Unió.

miércoles, 19 de enero de 2011

En España, algo va pésimo

El inmenso dominio de la derecha, en España y mucho más allá, tiene que ver con multitud de elementos y consideraciones. La derechización de la sociedad, entendiendo como tal el predominio de sus principios, es un hecho incuestionable y que tal cosa acabará perjudicando la calidad de vida de los ciudadanos de a pie, a mi me parece fuera de toda duda. Hay distintas cuestiones que tienen una gran influencia en lo que está sucediendo. El desmoronamiento del pensamiento comunista y la desaparición del equilibrio que eso suponía ante las peores pretensiones capitalistas creo que es una razón de primera magnitud. Añádase el control de los medios informativos, la fractura de la separación de poderes, el incontable número de voluntades directas que el dinero es capaz de comprar, la ventaja que supone actuar sin una conciencia condicionada por principios nobles... En fin, por hablar de una obra reciente, sugiero pasarse por "Algo va mal" de Tony Judt cargar la mochila de razones con interpretación incluida.
Yo, consciente de mis limitaciones, voy a ser menos ambicioso que Judt y simplemente voy a añadir una especie de nota a pie de página, referida a España, a lo dicho por el profesor. Me parece que la hegemonía de la derecha no puede entenderse sin ser consciente de la inanidad intelectual de la inmensa mayoría de la clase política española. A fuerza de despreciar la inteligencia, la propia y la ajena, y de apelar a los peores rasgos de la condición humana, los políticos se han convertido en un grupo social inferior y, así las cosas, el terreno favorable a la derecha está abonado. Y frente de la derecha, ¿que hay? Nada, en todo caso, nada distinto. Lo cual desbroza definitivamente el camino conservador. No importa la corrupción, no importan sus errores de gestión. La derecha les seguirá votando y la izquierda se quedará en casa.
El pasado miércoles, en una rueda de prensa celebrada en Bruselas, el President de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, del PP, se topó con un periodista que le preguntó por sus problemas judiciales ligados al "caso Gürtel". Camps, una vez más se negó a contestar, mejor dicho, le contestó explicándole la importancia y necesidad de las nuevas infrestructuras que estaba reclamando. Camps en España no concede entrevistas ni acepta preguntas en las mal llamadas ruedas de prensa. Junto a Camps estaban Manel Villalante, alto cargo del Ministerio de Fomento del gobierno del PSOE, y Lluis Recoder, conseller de Territori de la Generalitat de Catalunya, de CiU. ¿Qué hicieron ante la actitud de Camps? Pues reírle la gracia, destacar su habilidad, lo bien que usaba la mentira para contestar y lamentar el mal gusto del periodista por preguntar lo que preguntó. ¿No sabe Villalante que ha sido su propio partido, el socialista, el que ha llevado al President valenciano ante los tribunales por las cuestiones que le planteaba el periodista? Si Villalante y Recoder no pertenecieran al grupo social inferior al que antes me he referido, al menos uno de los dos, se hubiera dado cuenta de lo inaceptable del comportamiento de Camps, de que burlarse del que pregunta es burlarse de la ciudadanía y de que no hay sitios inoportunos para que un político conteste; se hubieran dado cuenta y, como mínimo, se hubieran callado.
Como no creo que se trate de nada genético, estoy dispuesto a aceptar que puede haber personas dedicadas a la política que no hayan caído en el grado inferior de la condición humana que habitan buena parte de sus colegas de profesión. Lo acepto con la condición de que alguna vez, públicamente, demuestren que son capaces de pensar por si mismos y que saben decir que no cuando toca decir que no, sea ante quien sea.
A modo de epílogo dejo aquí un fragmento de una conferencia del profesor Arcadi Oliveres que, al menos, se puede decir que ofrece algunas pistas sobre en qué dirección podría buscar la izquierda su discurso, o parte de él.