viernes, 8 de octubre de 2010

Esclavos del banco

Cesar y Cecilia acaban de tener su primer hijo, una niña. En el piso donde la pareja vive de alquiler en un barrio popular de Valencia la pequeña deberá compartir habitación con sus padres, como ellos comparten vivienda con otro matrimonio. Cesar lamenta que la recién nacida no pueda disfrutar de habitación propia en el piso que compraron en 2007. Ya no lo tienen. Fue suyo, o eso pensaban ellos, durante más de dos años pero, después de cinco meses de no pagar la hipoteca, la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) se lo quedó. De esto hace ya casi un año. La CAM les había dado un crédito de 162.000 euros, el cien por cien del valor del piso, a treinta años. La letra mensual empezó siendo de 720 euros, luego 850, más tarde 970. Cesar se quedó sin trabajo en la empresa de alimentación donde trabajaba. No podían pagar. Les ofrecieron un nuevo crédito. Deuda sobre deuda. No aceptaron. Entregaron las llaves. No fue suficiente. Además del piso les exigen 6000 euros que invirtieron en mejoras.
El caso de Cesar y Cecilia no tiene nada de extraordinario. Desde 2007 a finales del 2010 se calcula que serán alrededor de 500.000 las ejecuciones de hipoteca que se habrán producido en España. Medio millón de familias que se habrán quedado sin casa. Un informe presentado el pasado mes de septiembre en Barcelona titulado "El banco me echa de casa" detalla la realidad de las ejecuciones de hipoteca en España. El trabajo recoge como el valor medio de las hipotecas casi se dobló entre 2003 y 2007 (de 111.000 euros a 184.000) y como en junio de 2010 prácticamente volvían a estar en precios de siete años antes. Murcia y la Comunidad Valenciana son las autonomías que más deshaucios acumulan por cada mil viviendas, más de 10. Que suene el interfono y una voz al otro lado diga algo parecido a "somos de la Unidad de Deshaucios, nos abre la puerta, por favor", ha dejado de ser una escena extraña.
Una crisis económica que está multiplicando el número de parados sumada a miles de trabajadores hipotecados que compraron viviendas por encima de sus posibilidades acaba siendo una mezcla explosiva. La cuerda no resiste. Se rompe por el lado más débil. Los bancos, responsables de haber hinchado una burbuja inmobiliaria supuestamente infinita a base a dar todas las facilidades del mundo para otorgar créditos, no están dispuestos a perder y, por tanto, quienes no puede devolver los préstamos en las condiciones establecidas se quedan sin casa. Esto en el mejor de los casos. A menudo con la entrega de las llaves no se resuelve el problema. El drama es que los pisos ya valen menos que las hipotecas, que el patrimonio inmobiliario ya no cubre las deudas contraídas.



Así las cosas, la realidad es que una persona que en 2007 hubiera recibido, por ejemplo, 180.000 euros para comprar un piso tasado en esa misma cantidad, si ahora pasados tres años no puede hacer frente a su letra mensual no será suficiente con que entregue la vivienda. Al producirse el impago, su piso será tasado por segunda vez. Los 180.000 euros de 2007 no pasarán hoy de los 120.000 y, además, el banco acreedor se podrá quedar con el inmueble por la mitad ya que nunca se presenta nadie a las subastas. Al final, el propietario desalojado no recibirá pues más de 60.000 euros con lo que además de quedarse sin vivienda todavía deberá hacer frente a una deuda superior a los 100.000 euros, incluyendo intereses y costas judiciales.
Magí, un tarraconense de 46 años, explicaba en un reportaje del diario "Avui" que acaba de ser deshauciado, que su hipoteca era de 164.000 euros y que le ha quedado una deuda de 38.000 euros que tampoco puede pagar. Magí está en paro, cobra 426 euros mensuales y solo el alquiler ya le cuesta 383.
En España, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de países europeos, las garantías hipotecarias son personales y por esta razón no basta con entregar la vivienda para resolver la deuda que se ha contraído por su compra.
El pasado 9 de septiembre diferentes centrales sindicales y entidades de consumidores de Cataluña iniciaron los trámites para desarrollar una Iniciativa Parlamentaria Popular (ILP) que pretende modificar la legislación hipotecaria. Los promotores de la iniciativa quieren conseguir dos cosas: implantar la llamada dación en pago, es decir, que la entrega de la vivienda resuelva completamente la deuda, y que se promulgue una ley de sobreendeudamiento que garantice condiciones especiales para aquellos deudores de buena fe que no pueden hacer frente a sus compromisos. Defienden que es obligado que la ley reconozca de forma diferenciada la deuda por la compra de un bien, la vivienda, que se considera básico y que está contemplado como tal en la propia Constitución de 1978. Para hacer efectiva la ILP precisan 500.000 firmas y tramitarlo a través del Congreso de los Diputados ya que se trata de materias que no han sido transferidas a las comunidades autónomas. Los mismos impulsores de la ILP consideran que previo a las modificaciones legales que se precisan, y puesto que tardarán, se empiece por una inmediata "moratoria en las ejecuciones".
Desde febrero de 2009 funciona en España la "Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)", una organización que agrupa a personas con dificultades para pagar sus hipotecas. La entidad pretende ser un punto de encuentro y ayuda para afectados y convertirse en una instancia de presión ante la administración para que se cambie la normativa en vigor. La Plataforma, que ya cuenta con delegaciones por toda España, considera que "el marco legal actual está diseñado para garantizar que los bancos cobren las deudas, mientras que deja desprotegidas a las personas hipotecadas que por motivos como el paro o la subida de las cuotas no pueden hacer frente a las letras".










En Barcelona, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) empapela habitualmente fachadas de cajas y bancos para denunciar lo que consideran abusos que esas entidades cometen con la complicidad de las autoridades.



Las asociaciones de consumidores y los sindicatos que están ocupándose de la problemática que afecta a los miles de ciudadanos que se han quedado sin casa o están en pleno proceso de ejecución critican al Banco de España por no haber sido diligente en el control de la política financiera que ha desembocado en la situación actual. La consecuencia es que en estos momentos se producen en España cerca de 600 desalojos diarios.
En plena burbuja inmobiliaria, los bancos y cajas españoles no solamente eran capaces de dar créditos por el 100 % del valor de la vivienda que se pretendía comprar sino que incluso llegaban al 120%. En Europa, según un trabajo de la Unió de Consumidors de Catalunya, se cubre alrededor del 65%.
La petición al gobierno para que reforme la legislación hipotecaria no pasa por alto que las entidades bancarias han recibido estos dos últimos años cuantiosas ayudas de la administración, mientras aquellos ciudadanos que no han podido pagar sus hipotecas se han quedado desamparados.
Tan desamparados como están Alonso y Eva, según explica un reportaje del diario "El País". Tienen 36 y 32 años, respectivamente, son padres de tres hijos y ahora viven en el piso de alquiler de la madre de ella junto a otros dos hermanos suyos que también han tenido que abandonar sus viviendas. Del piso que Alonso y Eva tienen en propiedad en Badalona, y por el que pagan 1400 euros mensuales, ya no les dan ni la mitad de lo que les costó y deben al banco. Lo tienen alquilado, claro, pero también esto se les ha complicado ya que "la inquilina se ha quedado ahora sin trabajo y no me paga los 600 euros de la renta, aunque sabemos que realquila las habitaciones a 400", cuenta Alonso.
Las organizaciones de consumidores denuncian que hay deudores protegidos, los bancos, y otros que no lo están, los ciudadanos de a pie. Así, las mismos entidades financieras que están embargando a aquellos clientes que no pueden pagar sus deudas reciben ayudas en forma de aval del gobierno para hacer frente a las suyas. Bancos y cajas han dispuesto en España en 2008 y 2009 más de 200.000 millones de euros para poder satisfacer a sus obligaciones. En el mismo periodo el total de impagos que han desembocado en embargos (considerando la media del valor de las hipotecas en el periodo 2003-2009) se sitúan en unos 30.000 millones de euro pero en relación a esta cantidad no se han tomado medidas excepcionales y quienes tenían esas deudas se han visto en la calle y, en muchos casos, abocados a la exclusión social.

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