jueves, 10 de junio de 2010

Pagar para que te engañen

La desinformación es el recurso que siempre usa el poder para perpetuarse. Las víctimas de la desinformación son, obviamente, los ciudadanos. Para defenderse esos ciudadanos cuentan con las instituciones y con el periodismo, pero solo en teoría. La realidad es muy otra. El día 3 de mayo se celebra el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Es una jornada en la que se reitera la importancia de la información en democracia, se denuncian los asesinatos de periodistas, las persecuciones, los encarcelamientos. En definitiva, se pone en valor la información y se justifica su papel.



Irina Bokova, Directora General de la Unesco. Discurso con motivo del Día Internacional de la Libertad de Prensa 2010.



Los discursos sobre el derecho a la información deberían servir, al menos, para que el ciudadano supiera todo lo que se pierde por culpa de vivir en sociedades caracterizadas por la impunidad desinformativa, donde los poderes privados pero, también, las instituciones y los periodistas en general, ponen la información al servicio de sus particulares intereses. La libertad de información está perseguida allá donde se asesina a periodistas, llámese Méjico, Sri Lanka o Filipinas, pero también allá donde se les despide, margina o amenaza; pongamos, por ejemplo, España, Madrid, Valencia o Sevilla.
Mucho se ha escrito del uso de los medios públicos como herramientas de propaganda del partido gobernante de turno: la TVE de Calviño o de Enric Sopena, en tiempos de Felipe González, o la de Buruaga o Alfredo Urdaci, con Aznar, son ejemplos de un pasado atroz. La Telemadrid de Esperanza Aguirre o el Canal 9 de Francisco Camps nos asaltan cada día como muestras de que lo pésimo todavía tiene margen de empeoramiento. En los medios privados, los casos de sectarismo, censura, manipulación y mentira son constantes: los canales de TDT con marchamo fascista, los periódicos de versiones unilaterales, las radios de trinchera... Resulta descorazonador que ante todo esto no se oiga, como un clamor, la protesta de los periodistas. Gente que, supuestamente, llegó a la profesión con la voluntad de informar y que han acabado como agentes de la desinformación burda, descarada y torpe. Tampoco se entiende que desde las instituciones no se disparen mecanismos de defensa del derecho a la información del ciudadano que eviten que el actual estado de cosas se prolongue empeorando.
Además de los medios clásicos hay otra instancia que es buen ejemplo de hasta que punto está pervertida en nuestra sociedad la comunicación democrática, son los gabinetes de prensa vinculados a las distintas administraciones. Hay un ejército, inmenso, de periodistas en gabinetes de comunicación públicos. Profesionales que, se supone, están para hacer llegar al ciudadano la actividad de las instituciones a las que pertenecen y facilitar la información sobre su funcionamiento pero que hacen justamente lo contrario. Los gabinetes de comunicación de presidencias, organismos oficiales, consejerías, ministerios, direcciones generales, subsecretarías, etc, etc. existen para maquillar la realidad, para engañar a los periodistas que a ellos se acercan, para actuar como cortafuegos del cargo de turno. Y todo con dinero público. Ese es el dato que hace increíble lo que está sucediendo, es dinero público al servicio de la desinformación del ciudadano, dinero público invertido en confundir, en molestar, en distraer a cualquier que pretende acceder a información de interés público. Y nadie se queja. Los políticos, encantados de tener su guardia de corps, multiplican y perfeccionan sus departamentos de prensa para que sus mentiras penetren mejor en los medios; los periodistas observan los gabinetes como oportunidad de nuevos empleos y no se plantean, o hacen como si no se plantearan, cual es su sentido.
Ya sé que la crisis le tiene al borde de un ataque de nervios pero estaría muy bien que Zapatero, igual que fue capaz de ser el primer presidente de gobierno español en apartar las manos de la televisión pública, pusiera ahora los gabinetes de comunicación de la administración central a trabajar pensando en el derecho a la información de la ciudadanía y no en la permanencia de su partido en el poder.

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