miércoles, 28 de abril de 2010

El prestigio, la política y el Tribunal Constitucional

Está como un navío de excesivo calado en medio de la bocana del puerto, varado. El puerto es España; el barco, el Estatut de Catalunya. Su zozobra es general. O casi. En realidad, en lo único que parece que no hay nada que objetar es en lo más importante, en su aplicación, ¿puede haber situación más ridícula? El vía crucis infinito del Estatut es un ejemplo indiscutible de todas las contradicciones que arrastra el sistema político español con unos dirigentes que no son capaces de resolver ni los problemas que ellos mismos crean y unos ciudadanos que, con un variado catálogo de razones, cada día confían menos en las instituciones.
Hay afirmaciones que son incontestables pero que si se combinan entre ellas conducen a un callejón sin salida. La ley está para cumplirse, claro. El Tribunal Constitucional (TC) es el garante último de la Constitución, su palabra es la definitiva, de acuerdo. Ahora combinemos eso con un Tribunal Constitucional que lleva meses y meses incumpliendo su propia ley que marca que sus miembros deben ser renovados cuando tienen el mandato cumplido. Cuatro de los componentes del TC acabaron su permanencia en la institución hace más de dos años, pero ahí siguen. Además, hay otra vacante por fallecimeinto. Continúo sin entender la falta de nobleza, la poca categoría personal y la total ausencia de responsabilidad cívica que demuestran esos "prohombres" que, sabiéndose caducados y agentes de un fraude político evidente, no dimiten de una vez. Y luego está la soberanía popular y las reglas básicas de funcionamiento de una democracia. ¿Tiene sentido que dos parlamentos, allá donde están representada la voluntad popular, vean su voz callada por una institución emanada de uno de ellos a partir de criterios estrictamente partidistas? ¿Y qué decir del referéndum en Catalunya? ¿Cómo es posible que al ciudadano se le pueda decir que aquello que ha votado mayoritariamente no vale? Si puede no valer, ¿por qué se le consulta?

- Usted vote, que ya veremos.
- Pues casi mejor no voto. Ni esta vez, ni ninguna otra.

En el caso del Estatut y del TC se le debería explicar a la gente que la vía más cierta para que se disipen todas las dudas de constitucionalidad alrededor del texto es que gane las elecciones precisamente el partido que ha presentado el recurso contra él. A ver que les parece tamaño absurdo a los votantes. Así de mal está la politica española. Una victoria electoral en las próximas generales del Partido Popular obligaría a esta formación a pactar con Convergència i Unió y, éstos, no aceptarían nuevos recortes en el Estatut. Por tanto, el PP si quisiera gobernar, que querría, debería buscarse una excusa para retirar su recurso ante el TC, y seguro que la encontraría. Y lo retiraría. En resumen, una payasada. Pero, eso sí, el desprestigio es culpa de quien critica.
Estos días, muchas son las voces, desde los propios políticos hasta los más destacados opinadores mediáticos, que alertan sobre el peligro de que tanta crítica a determinadas instituciones acabe desgastándolas. Discrepo. Las instituciones solamente se desgastan si se desgastan solas, con sus procederes torticeros, con sus trampas, con sus abusos. Es inaceptable que, encima, el ciudadano vea recortada su libertad de expresión y no pueda decir que aquellos que están para servirle le complican la vida, casi le toman el pelo. Parece mentira que al ciudadano de a pie, al pagano de todo, se le llame la atención y se le diga que no critique al TC porque "la institución pierde prestigio", como si ese fuera el principal de los problemas. Los que hoy, sin mirarse a si mismos y apuntando con el indice a la tropa, alertan de la posible perdida de prestigio de las instituciones mejor hubieran hecho, por ejemplo, avisando en su día sobre las pérdidas de empleo que se avecinaban en lugar de babear de una España que ataba los perros con longanizas.

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