miércoles, 28 de abril de 2010

El prestigio, la política y el Tribunal Constitucional

Está como un navío de excesivo calado en medio de la bocana del puerto, varado. El puerto es España; el barco, el Estatut de Catalunya. Su zozobra es general. O casi. En realidad, en lo único que parece que no hay nada que objetar es en lo más importante, en su aplicación, ¿puede haber situación más ridícula? El vía crucis infinito del Estatut es un ejemplo indiscutible de todas las contradicciones que arrastra el sistema político español con unos dirigentes que no son capaces de resolver ni los problemas que ellos mismos crean y unos ciudadanos que, con un variado catálogo de razones, cada día confían menos en las instituciones.
Hay afirmaciones que son incontestables pero que si se combinan entre ellas conducen a un callejón sin salida. La ley está para cumplirse, claro. El Tribunal Constitucional (TC) es el garante último de la Constitución, su palabra es la definitiva, de acuerdo. Ahora combinemos eso con un Tribunal Constitucional que lleva meses y meses incumpliendo su propia ley que marca que sus miembros deben ser renovados cuando tienen el mandato cumplido. Cuatro de los componentes del TC acabaron su permanencia en la institución hace más de dos años, pero ahí siguen. Además, hay otra vacante por fallecimeinto. Continúo sin entender la falta de nobleza, la poca categoría personal y la total ausencia de responsabilidad cívica que demuestran esos "prohombres" que, sabiéndose caducados y agentes de un fraude político evidente, no dimiten de una vez. Y luego está la soberanía popular y las reglas básicas de funcionamiento de una democracia. ¿Tiene sentido que dos parlamentos, allá donde están representada la voluntad popular, vean su voz callada por una institución emanada de uno de ellos a partir de criterios estrictamente partidistas? ¿Y qué decir del referéndum en Catalunya? ¿Cómo es posible que al ciudadano se le pueda decir que aquello que ha votado mayoritariamente no vale? Si puede no valer, ¿por qué se le consulta?

- Usted vote, que ya veremos.
- Pues casi mejor no voto. Ni esta vez, ni ninguna otra.

En el caso del Estatut y del TC se le debería explicar a la gente que la vía más cierta para que se disipen todas las dudas de constitucionalidad alrededor del texto es que gane las elecciones precisamente el partido que ha presentado el recurso contra él. A ver que les parece tamaño absurdo a los votantes. Así de mal está la politica española. Una victoria electoral en las próximas generales del Partido Popular obligaría a esta formación a pactar con Convergència i Unió y, éstos, no aceptarían nuevos recortes en el Estatut. Por tanto, el PP si quisiera gobernar, que querría, debería buscarse una excusa para retirar su recurso ante el TC, y seguro que la encontraría. Y lo retiraría. En resumen, una payasada. Pero, eso sí, el desprestigio es culpa de quien critica.
Estos días, muchas son las voces, desde los propios políticos hasta los más destacados opinadores mediáticos, que alertan sobre el peligro de que tanta crítica a determinadas instituciones acabe desgastándolas. Discrepo. Las instituciones solamente se desgastan si se desgastan solas, con sus procederes torticeros, con sus trampas, con sus abusos. Es inaceptable que, encima, el ciudadano vea recortada su libertad de expresión y no pueda decir que aquellos que están para servirle le complican la vida, casi le toman el pelo. Parece mentira que al ciudadano de a pie, al pagano de todo, se le llame la atención y se le diga que no critique al TC porque "la institución pierde prestigio", como si ese fuera el principal de los problemas. Los que hoy, sin mirarse a si mismos y apuntando con el indice a la tropa, alertan de la posible perdida de prestigio de las instituciones mejor hubieran hecho, por ejemplo, avisando en su día sobre las pérdidas de empleo que se avecinaban en lugar de babear de una España que ataba los perros con longanizas.

jueves, 22 de abril de 2010

Todas las democracias son relativas o peor

Mirarse demasiado el ombligo no solamente no ayuda a entender la realidad sino que, muchas veces, acaba mareando. El primer mundo, las democracias occidentales, tienden a descalificar determinados comportamientos de políticos o gobiernos de los países pobres colgándoles, con indisimulado desprecio, el cartel de regímenes bananeros.
Ciertamente hay democracias, por ejemplo en Hispanoamérica, algunas con apellido, como la supuestamente democracia popular cubana, cuyos dirigentes o cuyas instituciones tienen comportamientos impropios de los principios básicos de la democracia; pero deberíamos ser un poco más honrados, también en nuestro ámbito, en España, sin ir más lejos, se dan hechos igual de inadmisibles.
Así, en Nicaragua, seguidores del gobierno sandinista han asaltado estos días con lanzagranadas el recinto donde un grupo de opositores pretendían derogar un decreto por el cual el presidente Daniel Ortega mantenía en la Corte Suprema a varios magistrados afines pese a haber superado su mandato. Pues bien, a nosotros nos puede escandalizar el uso de lanzagranadas pero no el fondo de la cuestión ya que PSOE y PP llevan meses incumpliendo la ley al mantener en el Tribunal Constitucional a jueces con el mandato vencido y resistiendo todas las demandas que les llegan. Es decir, en Nicaragua se meriendan la ley a tiros, mientras en España se hace con la complicidad de los dos grandes partidos. No está claro que es peor.




Igual que nos rasgamos las vestiduras cuando el histriónico presidente venezolano Hugo Chávez no renueva la licencia a una de las cadenas de televisión que le critican pero aceptamos como si nada que se cierre de la noche a la mañana una revista como "Egunkaria" argumentando que es un órgano de propaganda de ETA y, siete años después, un juez dice que la decisión fue equivocada, que no hay relación entre la revista y la banda terrorista y que utilizar el euskera no tiene nada que ver con una posible complicidad con ETA. Como si fuera necesario que pasaran siete años para llegar a tales conclusiones. Es sencillo: basta con mirar esta entrevista y preguntarse cómo puede ser verdad lo que cuenta, todavía en pleno juicio, el ex director de "Egunkaria", Martxelo Otamendi.



Pasa como con la censura y la manipulación. Kapuscinski decía que lo propio de las dictaduras es la censura y lo que caracteriza a las democracias es la manipulación informativa. Se equivocaba Kapuscinski. En Cuba, "Granma" informa de los presos políticos en huelga de hambre o de las manifestaciones de las llamadas "Damas de blanco", aunque manipule los hechos; en cambio, en Valencia, la televisión pública Canal 9 todavía no ha explicado en que consiste el "caso Gürtel", ni ha dicho nada de la censura de una exposición fotográfica en el MuVIM. Así que manipulación en dictadura y censura en democracia. Así que menos lobos.
Estos días no paramos de reír a costa de la estupidez del presidente de Bolivia, Evo Morales, que vinculaba la calvicie y la homosexualidad a los transgénicos pero olvidamos, por ejemplo, aquellas gloriosas palabras del ex-presidente José María Aznar cuando, en relación a una campaña gubernamental que pretendía concienciar a los conductores sobre la inconveniencia de beber al volante, dijo "déjame que beba tranquilamente si no pongo en riesgo a nadie ni hago daño a los demás". En Bolivia, si supieran que en España mueren cada año más de 3000 personas por accidentes de tráfico, todavía estarían con las manos en la cabeza después de escuchar a Aznar.




lunes, 19 de abril de 2010

El gobierno Zapatero al servicio del PP

La destrucción del barrio del Cabanyal para conseguir que la Avenida de Blasco Ibáñez de Valencia llegue hasta el mar está dejando a muchos con las vergüenzas al aire. Por una parte, y más allá de la indiscutible pretensión de facilitar un pelotazo inmobiliario, el Partido Popular valenciano está evidenciando su forma más que autoritaria de ejercer el gobierno. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, quiere contra viento y marea la prolongación de Blasco Ibáñez sin reparar en razones, sin atender ni a la ley ni al sentido común. Junto a ella, todo un gobierno autonómico, ahogado en su incompetencia contumaz y asfixiado por la corrupción, utiliza el caso como banderín de enganche electoral con el manido argumento de "nos tienen manía", "van a por nosotros", " a mí Valencia, que nos atacan". El PP se desentiende de la ley cuando se niega a aceptar las competencias que el gobierno central tiene sobre el asunto en cuestión y, como si de los más radicales independentistas se tratara (ver para creer), al grito de "esto es una intromisión inaceptable", llama a la resistencia y busca cualquier subterfugio para burlar la autoridad estatal y la legalidad. El sentido común, léase también como espíritu democrático, lo obvian cuando se empecinan en su proyecto urbanístico contra el sentir de buena parte de los vecinos con los que ni siquiera se dignan a hablar, cuando lo pretenden llevar adelante sin más explicación que "por que sí" y cuando hacen oídos sordos a la montaña de informes, dictámenes y opiniones técnicas especializadas que les piden que reconsideren sus pretensiones.
La perseverancia de un grupo de vecinos organizados alrededor del colectivo "Salvem el Cabanyal" ha conseguido que la justicia ponga pie en pared y, al menos de momento, evite la definitiva aniquilación del barrio. Han hecho, ellos con su determinación, lo que durante años no han sido capaces de hacer los partidos políticos de oposición, los socialistas preferentemente. Con mañas y a traición, el Ayuntamiento de Valencia sigue tirando casas y los vecinos se tiran a la calle para, con sus cuerpos, detener el avance de las máquinas.
Pues bien, la semana pasada hubo demoliciones y vecinos plantando cara. Y se la partieron. Como en los mejores regímenes dictatoriales, la policía, la nacional, la que está bajo el mando del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, pegó y pegó a ciudadanos indefensos que no hacían otra cosa que resistirse pacíficamente a la destrucción irreversible de su barrio.
La televisión autonómica valenciana, Canal 9, como eterno elemento propagandístico del PP y del gobierno Camps, intentó falsear la realidad, pretendió hacer creer que las cabezas, o las piernas, o los brazos de los concentrados impactaban con dureza con las porras policiales. Los violentos son los vecinos que se enfrentan a Rita Barberá, las cargas policiales lo demuestran. El mundo al revés. Pero, claro, hay otras cadenas y, por encima de todo, es imposible enseñar lo que no pasó. Hubo violencia, mucha, pero toda salió de las fuerzas policiales, de los agentes dependientes del delegado del gobierno, Ricardo Peralta, del gobierno Zapatero en definitiva. Ha pasado una semana y nadie ha dado explicaciones. Nadie ha contado de dónde salieron las órdenes, ¿o no las hubo? También pueden decir que la policía actuó por su cuenta. Qué más da... Desde cuándo los políticos se ven condicionados por la verdad a la hora de ofrecer excusas...
Las imágenes dejan poco sitio para la duda. Les ruego las miren. Es España. Es 2010.



El litigio político y social que representa el "caso Cabanyal" enfrenta a vecinos contra autoridades; "Salvem el Cabanyal" contra el PP. Los vecinos creían contar con el gobierno Zapatero para evitar un derrota por aplastamiento. Deberán reconsiderar tal impresión. Barberá, Camps y demás justifican todas sus actuaciones unilaterales con el falso argumento de que se enfrentan a un grupo de violentos. Por eso llama la atención que sea la policía nacional, la dependiente del ejecutivo central, la que haya dado la razón a los dirigentes del PP; con su brutal intervención los agentes policiales colocan el cartel de violentos a los vecinos que llevan años sufriendo la violencia institucional que supone la degradación del barrio, la presión para que malvendan sus casas y las constantes amenazas para que abandonen. Resulta curioso oír como se habla de batalla campal, de enfrentamientos, de agresiones, de policías heridos, de piedras volando pero sin que se vea nada de todo eso. No se ven piedras, solamente porrazos; no hay batalla, sólo recibe una de las partes; no hay enfrentamiento, sólo represión. No hay más violencia que la policial. Que Canal 9 no haya dado ni una sola imagen de lo que publicitan, de lo que pretenden hacer creer, es una prueba evidente de su inexistencia. Una sola piedra que hubiera caído sobre la policía se hubiera contemplado más veces en pantalla que el primer paso del hombre en la luna; repetida, ralentizada, con la súper-lenta. Si no se ha visto es que no la hubo, por más que con la narración se pretenda hacer creer al espectador que ha visto lo que no ha visto. Es una práctica muy vieja. Y muy poco profesional. Y nada democrática.

miércoles, 14 de abril de 2010

Comisión Zaplana

¿Puede un político sobrevivir a la publicación de una conversación en la que solicita explícitamente comisiones ilegales ligadas al urbanismo? Me refiero a frases como estas:

“A lo mejor se queda con el solar y hacemos allí una cosilla, ¿eh? Tú haces de intermediario de la venta que yo no puedo, y tú le pides la comisión a Javier Sánchez Lorenzo. ¿Eh? Y luego nos la repartimos bajo mano [...] Le dices, bueno yo una comisioncita. Le pides dos millones de pelas o tres de lo que quieras [...] Lo que te dé y me das la mitad bajo mano”.

La respuesta a la pregunta inicial es sí. Un político en España puede sobrevivir a una pillada de tales dimensiones. Una vez conocidas, publicadas y comentadas sus palabras, puede ser alcalde, presidente autonómico, ministro y portavoz gubernamental. Y después puede acabar siendo alto directivo de Telefónica y, por si faltaba alguna cosa, todavía puede ir por ahí amagando con volver como salvador de la derecha española. Es cuestión de llamarse Eduardo Zaplana. Las frases antes recogida las pronunció Zaplana en 1990 durante una conversación con el concejal valenciano Salvador Palop. Las grabó la policía y salieron a la luz cuando explotó el "caso Naseiro". Luego las grabaciones fueron anuladas como pruebas judiciales, cosa que, obvio es decirlo, no las convierte en inexistentes, ni les resta su inmenso valor político. La trascripción completa de la conversación entre Zaplana y Palop es de lectura obligada. Parece imposible que 20 años después Eduardo Zaplana no se haya visto obligado nunca a dar explicaciones sobre sus palabras en ninguna entrevista pública.

Eduardo Zaplana.







Recupero este pasaje de la curiosa trayectoria política de Eduardo Zaplana, "el campeón" como le definía su amigo Julio Iglesias, a raíz del último artículo de la "Defensora de el Lector" del periódico "El País". En él, "la Defensora", Milagros Pérez Oliva, rectifica un reciente editorial de su diario que atribuía a Zaplana aquella famosa frase de "estoy en política para forrarme" que, ciertamente, nunca había salida de la boca del político cartagenero. Lo que me sorprendió del artículo es que, después de reconocer el error, no incluyera en el texto la literalidad de lo más significativo que dijo Zaplana en aquella charla con Palop. Por eso lo consigno al inicio de este artículo. Además, "la Defensora" explicaba que el propio Zaplana había llamado a "El País" para negar las palabras que se le atribuían en el editorial del 25 de abril, y eso si que ya me parece inaceptable. Llama para advertir yo no he dicho "estoy en política para forrarme", que puede tratarse de un desliz genérico que, aunque no sea el caso, se podría entender como una forma de hablar, cuando lo que él hacía era negociar una comisión ilegal concreta, con unas personas determinadas y para un pelotazo señalado. Tanta desfachatez obligaba, a mi entender, a Pérez Oliva a recoger con el máximo de detalle todo lo que realmente leímos de boca de Zaplana.



Julio Iglesias y Eduardo Zaplana. El cantante fue "embajador" de la Comunidad Valenciana y cobró en paraísos fiscales el doble de lo que especificaba el contrato que la Generalitat hizo público.




Por cierto, no quiero acabar sin recordar que, como Julio Iglesias, Zaplana también era consciente de que su cara tenía un perfil mejor que otro. En el caso del político, parece ser que le fallaba el izquierdo. Por eso los cámaras de Canal 9 tenían prohibido grabarle por ese lado. En una ocasión tal circunstancia estuvo a punto de provocar un incidente protocolario durante una visita del Rey a Valencia. La zona de cámaras estaba a la izquierda de por donde debía pasar la comitiva y los responsables de Canal 9 intentaron que sus equipos pudieran saltarse los cordones de seguridad. No solamente no fue posible el cambio de ubicación sino que casi se llegó a las manos a dos metros de las autoridades.