jueves, 4 de marzo de 2010

Vender o que te vendan, esa es la cuestión

El Gobierno va a nombrar mañana, si no hay algún imprevisto, al veterano periodista Félix Monteira como nuevo Secretario de Estado de Comunicación. Es seguro que Monteira no está en ninguno de los supuestos que harían legalmente objetable su nombramiento. Pero esto no empece que haber escogido al hasta hoy director del diario "Público", hombre históricamente ligado a Prisa, tenga aspectos discutibles desde el punto de vista periodístico. No por lo de Prisa, claro. Pasar, sin solución de continuidad, de la dirección de un medio importante a un altísimo cargo político que tiene como principal preocupación preservar y mejorar la imagen del gobierno es, como mínimo, poco estético. La confianza es un elemento imprescindible en periodismo y precisamente confianza es lo que no genera el tránsito de Monteira. Su elección por parte del gobierno hace suponer que el Ejecutivo está plenamente satisfecho de su tarea al frente de "Público", cosa nunca deseable. Los gobiernos no pueden estar contentos con el trato que reciben de los medios; el periodismo está, justamente, para molestar al poder. Además, tanta satisfacción mueve a pensar que Monteira, o incluso Jaume Roures y los propietario de "Público", no son en realidad ajenos a la estrategia de comunicación gubernamental. Y que así se debe entender su línea editorial. Más allá de la verosimilitud de tal afirmación, la sola posibilidad de que se pueda pensar, de que haya argumentos para la duda, es periodísticamente rechazable.
En el PP ha sido una tradición que destacados presidentes autonómicos, desde Eduardo Zaplana a Francisco Camps, pasando por Esperanza Aguirre, nombraran a sus jefes de propaganda como máximos responsables de las televisiones públicas bajo su control. Lo mismo hizo en su momento Manuel Chaves en Andalucía. El caso que nos ocupa es un proceso a la inversa. Además, Monteira no tiene el currículum profesional vacío de los elegidos para dirigir los canales autonómicos a los que me refería. Con todo, encadenar dos tareas tan enfrentadas, a mí, personalmente, me parece inaceptable. El factor tiempo es decisivo.
Nada tengo que objetar a que un periodista pase al otro lado del mostrador. El cambio es absoluto. Significa salir del periodismo. Es pasar de buscar para el ciudadano la información que pretende esconder el poder a decidir y administrar aquello a lo que los periodistas pueden tener acceso, y cómo, de la actividad gubernamental. Justo lo contrario; pero me parece perfectamente defendible. Que un responsable de cultura o un redactor de deportes pase a Secretario de Estado de Comunicación lo creo inobjetable. Incluso que lo pueda ser un director de provincias. Que el escogido sea un director de uno de los grandes periódicos nacionales, y de hoy para mañana, no me parece adecuado. A no ser que el frentismo que preside la política española y que ha infectado el periodismo hasta los tuétanos haya convertido los diarios en prensa de partido. Entonces todo quedaría en casa.

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