jueves, 21 de enero de 2010

Si me votas, te empadrono

No, que no, que al Partido Popular no se le puede acusar de xenófobo, ni de querer limitar los derechos de los inmigrantes sin papeles privándoles del empadronamiento; hay pruebas de que no. No importa que Alicia Sánchez Camacho diga que "el padrón no puede ser la puerta de entrada de la inmigración ilegal" y añada "en Catalunya y España no cabemos todos", ni que Soraya Sáenz de Santamaría sentencie que "a España se llega con papeles y con un empleo", ni que el ayuntamiento popular de Torrejón de Ardoz impida el empadronamiento de inmigrantes con requisitos más duros que los apuntados en Vic, ni que a Esperzana Aguirre eso le parezca bien. Nada de eso es significativo porque el verdadero PP se muestra en sus actuaciones. Hechos y no palabras. El Partido Popular, en los ayuntamientos donde gobierna, no solamente no restringe el empadronamiento de extranjeros sino que lo facilita, impulsa y promueve; la ausencia de papeles no es problema pare ellos, sobre todo, eso sí, si son rumanos o búlgaros. Miren si no lo sucedido en un buen número de ayuntamientos de la provincia de Castellón en los meses previos a las elecciones autonómicas y municipales de 2007, pueblos como la Pobla de Benifassà, Toro, San Rafael del Río, Argelita, la Salzadella, Sant Jordi, Santa Magdalena, Vall d'Alba o Cabanes, donde los dirigentes populares empadronaron o intentaron empadronar en bloque a centenares de extranjeros ofreciéndoles, incluso, sus mismas casas como dirección. En que cabeza cabe que un partido con esa ejecutoria pueda plantearse seriamente restringir el empadronamiento de los inmigrantes sin papeles. Luego, cuánta ingratitud, la generosidad de los populares fue contestada con denuncias que apuntaban que los empadronamientos en masa era ilegales, que respondían a intereses electorales, que se trataba de residentes fantasma que solamente aparecían por el pueblo el día de las elecciones para apoyar precisamente a los candidatos del PP. Aseguraban los denunciantes que los dirigentes populares proponían como direcciones de los nuevos residentes en la localidad viviendas deshabitadas, casas derruidas o colocaban hasta cuarenta personas en un mismo domicilio, a veces incluso el suyo propio. Ajenos a la fina sensibilidad que el comportamiento de los munícipes del PP ponía de manifiesto, algunos jueces iniciaron procesos judiciales que todavía están en marcha. Así se lo pagaron.
Recuérdese, pues, lo sucedido en Castellón cuando alguien del PP, llevado de alguna reacción refleja impropia de su profundo respeto por la condición humana, haga alguna declaración que se pueda interpretar como afán por recortar los derechos de los inmigrantes. No, no son así. Y no se hable de doble discurso, ni se diga que por ganar un puñado de votos el Partido Popular es capaz de cualquier cosa. Que esos votos de Castellón pudieran ser decisivos para asegurar la continuidad de Carlos Fabra al frente de la Diputación provincial es pura casualidad, la misma que explica que al mentado Fabra le toque tan a menudo la lotería.

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