viernes, 16 de octubre de 2009

La política desregulada y el voto a delincuentes

Mientras los periódicos no cesan de vomitar detalles y más detalles sobre la corrupción protagonizada por la cúpula del PP, sobre todo el valenciano; mientras la policía persigue a los dirigentes populares y a sus compañeros de mafia atraídos por el insoportable tufo a delincuentes que desprenden; mientras en Valencia tanto la sede del PP como las instituciones que este partido gobierna, o sea todas, se han demostrado centros de planificación de atracos y reparto de botín; mientras los jueces amenazan con meter entre rejas a quienes hoy viajan en coche oficial, mientras todo esto sucede con absoluta publicidad y conocimiento general, no solamente el PP de la Comunidad Valenciana no experimenta ningún desgaste electoral sino que las encuestas apuntan que sus actuales mayorías absolutas tienen tendencia a crecer.
En resumen, los valencianos no tienen ningún problema para votar a delincuentes. Parece mentira, pero así es. No entraré a juzgar la responsabilidad que tiene en este hecho la ausencia de alternativa política, un PSPV secuestrado por las familias que lo habitan y unos grupos más a la izquierda (en el caso del Bloc, lo que sea este trimestre) empeñados en demostrar que todo es divisible por dos. Incluso desde la plena conciencia de la pobreza del paisaje descrito se hace difícil comprender cómo bastante más del 50 por ciento de los votantes valencianos, cerca de 1'5 millones de personas, están dispuestos a votar a mafiosos.
La duda puede plantearse entre si los políticos se convierten en delincuentes porque descubren que la ciudadanía no penaliza tal condición o si son los mafiosos los que moldean al ciudadano consiguiendo que les acabe dando el voto. Es la historia del huevo o la gallina, pero es un dilema totalmente trucado, un nuevo montaje de la mafia que nos gobierna. Me parece evidente que estamos ante la segunda de las opciones planteadas: somos lo que nos han hecho, la oferta ha fabricado la demanda.
Ha sido el comportamiento de los políticos el que ha extendido entre la población la imagen de que todo vale. Llevamos años con ese mensaje; arranca mucho antes de la recuperación de la democracia tras la muerte de Franco y nadie ha roto con él. A la vista de los modos que se gastan nuestros dirigentes ha calado que no hay unos límites a respetar, que lo importante es procurarse la propia salvación aunque sea contraviniendo la ley y jodiendo al prójimo, que el fin justifica los medios, que valen las mentiras, las excusas, el tirar pelotas fueras y no justificar lo que uno ha hecho. Irresponsabilidad absoluta y la culpa al empedrado, o al juez, o a la policía, o al maestro que me tiene manía, que por ahí se empieza. Llevamos años y años haciendo proselitismo, dignificando este terrible "modus operandi" que ha conseguido dar carta de normalidad a que se beneficie a los amigos, a que a nadie extrañe que se arrime el ascua institucional a los intereses del partido que ha ganado unas elecciones, a que se puede decir una cosa, hacer la contraria, y no pase nada.



Francisco Camps y Carlos Fabra son dos de los muchos dirigentes del PP valenciano que se niegan a dar explicaciones sobre las acusaciones de corrupción que les persiguen.






Un remedo del ultraliberalismo más desenfrenado se ha apropiado de la práctica política. Si en lo económico se plantea que el mercado se regula solo y que cada uno debe salvarse por si mismo, en política se utiliza el concepto democracia como la panacea que todo lo resuelve, y las elecciones son el paño milagroso que garantiza al público en general que está al mando de la nave. La receta liberal es "no hay que regular el mercado", la máxima de nuestros dirigentes políticos es "no hay que regular la política", votar cada cuatro años y dejar que los elegidos hagan su trabajo, sin ser molestados; no se les fiscaliza, no se les exigen explicaciones, como si la democracia funcionara sola. Justamente un sistema como el democrático, en cuya base está la desconfianza y la necesidad de controles y equilibrios de poderes, ha acabado en manos de las cúpulas de un par de partidos que constantemente se presentan como juez y parte en los conflictos sociopolíticos que se plantean.
Con el paso de los años se ha consolidado la imagen de que "todos son iguales", de que los comportamientos políticos son de natural egoístas y se mueven por el propio interés y no por el interés general. Por tanto se ha reforzado la política de trincheras y, en ese caso, se dan por buenos los excesos de los propios ya que se supone que de ellos se puede obtener rédito, mientras que si gobiernan "los otros" quienes se beneficiaran serán los "suyos". Ni pensarlo. En el fondo se acepta la corrupción porque todos asumimos que tenemos un corrupto dentro, que estamos dispuestos a aprovechar el primer trato de favor que se nos ponga a tiro aunque el perjudicado directo sea el vecino de toda la vida, "él haría lo mismo".
Así las cosas, cómo se puede esperar que el grueso del electorado le pase factura a sus políticos, en este caso al PP de Francisco Camps, por hacer lo que ellos harían si pudieran. En una sociedad como la valenciana, totalmente huérfana de debate social, sin cauces de discusión política que vayan más allá de una élite electoralmente insignificante, el triunfo del "todo vale" como mensaje más que dominante, hegemónico es indiscutible. Por eso el PP hace lo que le da la gana y cuando llegan elecciones gana. ¿Alguien ofrece otra cosa?

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