jueves, 15 de enero de 2009

La raya se mueve

Cuentan que allá por finales de la década de los ochenta del siglo pasado, bueno, tampoco hace tanto, José Rodríguez de la Borbolla, entonces presidente autonómico andaluz, hizo unas declaraciones que no gustaron nada a Alfonso Guerra, en aquel momento vicesecretario general del PSOE y vicepresidente del gobierno. Guerra llamó a capítulo a Rodríguez de la Borbolla sobre el exceso de sus palabras: “Eso no puedes decirlo”. La contestación de Rodríguez de la Borbolla fue algo así como: “Vale Alfonso, pues dime donde está la raya”. “Pepote, la raya se mueve”, fue el cañonazo final de Alfonso Guerra.
“La raya se mueve” siempre me ha parecido la concreción perfecta de la injusticia, la arbitrariedad, el abuso. Se dice: “La política, el arte de lo posible”. Suena bien pero no es verdad. Es más preciso: “La política, la raya se mueve”. La afirmación de Guerra contiene la explicación de muchas de las cosas que nos suceden en lo cotidiano. De una manera u otra, está en la base de la condición humana el mover las rayas que cada cual tiene a su alcance. Siempre en beneficio propio y perjuicio ajeno, claro. Sucede que, en la mayoría de casos, en nuestro día a día, no pasan de ser pequeñas trampas, mentirijillas, traiciones domésticas o trucos menores. Las rayas gruesas, las que afectan a la vida de miles, millones de personas, éstas están sólo alcance de los más poderosos, particularmente de los dirigentes políticos, supuestos servidores públicos, presuntos ejemplos de comportamiento, que son quienes tienen en su poder la máquina de hacer leyes. Legislar es la mayor de las palancas para mover las rayas decisivas o, por el contrario, para impedir que éstas se puedan desplazar caprichosamente. Lo legal y lo justo deben ir de la mano. Cuando lo legal permite la injusticia la está consolidando. Hablo de arbitrariedad. Pocas cosas hay esencialmente más antidemocráticas que la arbitrariedad. La arbitrariedad, la raya que se mueve, niega un principio básico de la democracia: todos somos iguales ante la ley.
Leo que en La Xara, un pueblo de la comarca valenciana de la Marina Alta, en Alicante, los alumnos de un colegio público están dando clases en una antigua tienda de lámparas. No hay colegio. Los barracones no están a punto. Imagino el sentimiento de los padres. Diariamente sujetos, como ciudadanos y contribuyentes, a miles de normas de obligada observancia y con los hijos escolarizados (es un decir) en una vieja tienda de lámparas. Seguro que los vástagos del conseller de Educación de la Generalitat valenciana no dan, ni han dado nunca, clase en unas instalaciones así. La raya se mueve. Para algunos ciudadanos, como se ve, siempre hacia abajo. Una ley debería regular que cuando la gestión de un cargo público desemboca en este tipo de situaciones, él tendría que vivirla en sus propias carnes. En este caso, por ejemplo, sus hijos deberían escolarizarse en la mencionada tienda de lámparas en cuestión. O se escolarizaban allí o el conseller dimitía. Soy consciente de la dificultad de concretar en una ley este tipo de exigencia pero más difícil es mandar un señor a la luna, organizar la hacienda pública de un país con cincuenta, cien o doscientos millones de habitantes o diseñar árboles artificiales que eliminen CO2, y todo eso se hace. Lo que sirve para educación, sirve para sanidad. Superado un determinado margen, algún miembro de la familia del responsable del ramo debería pasar las incomodidades de verse encamado en un pasillo o esperar años para ser operado.

Concejal de Castellón desde 1987 y presidente de la Diputación desde 1995, como cinco de sus antepasados, Carlos Fabra está imputado por diversos delitos de tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas, contra la Administración Pública y fraude fiscal. Por su causa han pasado cinco años, ocho jueces y cuatro fiscales. Nada se sabe de la posibilidad de ir a juicio.


Las malas gestiones económicas tampoco deberían salir gratis. Habría que pagarlas. En efectivo. Es inaceptable que se gestionen las grandes empresas públicas con criterios que nada tienen que ver con el sentido común, ni con la razón. Reincidir en desfases contables sin explicación evidente debería desembocar en descuentos porcentuales en las nóminas de los directivos en cuestión. Igual que esos responsables de personal vinculados a la administración que llevan sobre sus espaldas decenas y decenas de despidos improcedentes que han comportado indemnizaciones millonarias con dinero público. Se podrían tolerar una, dos o tres sentencias en contra pero más son una prueba de mala fe o incompetencia; por tanto, y puesto que pagan con el dinero que no les pertenece, con el dinero incluso de sus propias víctimas, el responsable tendría que quedar temporalmente inhabilitado para cargo público. Ya se que, en general, los servidores públicos corruptos pueden pagar sus trampas y mentiras en las siguientes elecciones pero también puede que se escapen de rositas. Es lo que acostumbra a pasar. No puede ser. Convertir las elecciones en un manto grueso que todo lo tapa, que todo lo legitima, es perverso. El ciudadano sólo puede votar aquello que se le presenta y, en la medida que los distintos partidos tienden a ofrecer comportamientos cada vez más parecidos, la disyuntiva se sitúa entre lo malo y lo peor. La legislación debe evitarle al votante este mal trago, las leyes deben facilitar la ejemplaridad de los dirigentes políticos. ¿Qué tendrá que ver que Carlos Fabra gane unas elecciones con que sea o no un corrupto? ¿Cómo es posible que no se impida por ley que alguien en su situación judicial, como tantos otros, pueda seguir ocupando un cargo institucional? Ya se que puede suceder que un inocente se vea perjudicado y deba abandonar su puesto sin merecerlo. Bien. Ya volverá. No estamos hablando de cárcel, ni de nada parecido, sólo digo dejar el cargo hasta que resuelva la justicia. Y que resuelva rápido. Lo importante es evitar que un delincuente gobierne las instituciones públicas.
Es obligado crear automatismos que impidan que nuestros gobernantes puedan, aprovechando su privilegiada situación, hacer la vida imposible a los propios contribuyentes. No es tolerable que en los contenciosos judiciales entre los ciudadanos y la administración, ésta abuse de su poder y, de recurso en recurso, eternice las causas o que reincida en las irregularidades abocando al particular, una y otra vez, a los tribunales. Esta actitud contumaz tendría que impedirse. Un alcalde que pierde reiteradamente en los juzgados las causas abiertas por su falta de disposición a consensuar sus acciones con los vecinos debería verse obligado a dejar el cargo.
Sucede con el transfuguismo. Es una vergüenza, una burla, que todos los partidos se rasguen las vestiduras y se llenen la boca de críticas y denuncias y, en cambio, busquen excusas cuando un tránsfuga les facilita un gobierno. Es inaceptable que la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo califique un determinado caso de transfuguismo evidente y, luego, los mismos partidos que componen la citada comisión no tomen mediadas al respecto cuando se ven afectados. Así las cosas, hágase por ley. Todo aquel que se aprovecha de un tránsfuga, inmediatamente expulsado del partido. Se acabó.
La gestión del dinero es especialmente sensible. Costaría muy poco que todos los cargos de la administración tuvieran sus páginas web y que en ella constara exactamente lo que ingresan cada mes. Puede que incluso se tuvieran que aumentar los sueldos pero el control sería estricto. Más allá de eso debería legislarse la obligatoriedad de que a través de internet cualquier ciudadano pudiera consultar los extractos de todas las tarjetas de pago (las famosas visas oro y las demás), que se abonan a costa del erario público, quién hace uso de ellas y para qué.


Los canales de televisión públicos en España han sido siempre herramientas al servicio de los gobiernos de turno. Telemadrid y Canal 9 son, en estos momentos, los ejemplos más evidentes de medios informativos convertidos en instrumentos de simple propaganda a mayor gloria, en estos casos, de Esperanza Aguirre y Francisco Camps, respectivamente.



También sobre el abuso de los medios de comunicación públicos hay medidas drásticas a tomar. El sectarismo, la falta de pluralidad, es la negación de la democracia y la fuente de todo tipo de irregularidades. La primera norma de obligada aplicación podría ser tan sencilla como que al frente de una emisora pública tuviera que estar un profesional de los medios que, al menos durante los últimos diez o doce años, no hubiera desempeñado ningún cargo o tarea vinculado a las instituciones o a algún partido político. Es cuestión de ampliar las incompatibilidades.
Para que las rayas no se muevan es preciso que queden fijadas por ley. Sirva como apunte de dirección lo aquí sugerido, aunque caben muchas otras iniciativas. Lo que no puede ser es quedarse mirando mientras el barco hace aguas por todas partes. La democracia no puede cruzarse de brazos ante los comportamientos antidemocráticos. Si lo hace no es democracia. Votar cada cuatro años es un acto de participación consustancial con la democracia, sí, pero no es un punto de llegada sino, simplemente, una estación de salida.

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