sábado, 31 de enero de 2009

Un periodista no es ni un policía, ni un fiscal, ni un juez

A un periodista, a un periódico, a un medio de comunicación no se le puede exigir que facilite “toda” la información de los temas que trata, no se le puede reclamar que aporte "todas" las pruebas para esclarecer hasta el final cualquier caso que publique. Pedir eso es acabar con el periodismo (como si la profesión no viviera ya rodeada de bastantes minas). La obligación del periodista es sacar a la luz hechos de evidente interés informativo, de los que disponga de datos ciertos y suficientemente contrastados. Nada más, nada menos.En una sociedad democrática del siglo XXI, quien tiene la obligación de llegar al fondo de los posibles delitos que se cometan, señalar a sus responsables y dictar quien es culpable y quien no son las fuerzas de seguridad y el aparato judicial. Un periodista no interroga, no registra, no pincha teléfonos, no detiene, no dicta requerimientos obligatorios. Las reiteradas llamadas que venimos escuchando en los últimos días a los periodistas de “El País” para que cuenten “todo” el caso del espionaje alrededor del gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, para que den nombres, para que resuelvan todas las dudas, responden a la ignorancia o a la mala fe, yo diría que más a la mala fe. Se exigen explicaciones como si el hecho de no llegar a “contarlo todo” restará valor a lo conocido hasta ahora. Es una trampa burda. Llegados al punto en el que estamos ha de ser la justicia quien ponga a cada cual en su sitio y aclare, si los hay, quienes son exactamente los responsables del delito, porque está visto que nadie parece dispuesto a asumir responsabilidades políticas. Las únicas pruebas que ha de presentar “El País”, y lo ha hecho, son las necesarias para evidenciar que sus noticias, todas, están fundamentadas. Los certificados de culpabilidad los trabaja la polícia y los dictan los jueces, no los periodistas. Quienes deberían estar más interesados que nadie en aclarar lo sucedido (porque ha sucedido) son los políticos que, con Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy al frente, están directamente aludidos por las informaciones publicadas pero son precisamente ellos, y su entorno, los que levantan cortinas de humo para escabullirse. Sobre ellos se ciernen las sospechas y, como servidores públicos, como políticos al servicio de los ciudadanos, deberían correr a dar explicaciones… si es que pueden.

jueves, 29 de enero de 2009

La justicia como vía para huir de las responsabilidades políticas

La crisis económica actual durará más de 30 años; los españoles volveremos a emigrar, esta vez en patera, y los jubilados dejarán de cobrar pensión dentro de tres años. Las frases son del presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, presidente del Consejo Valenciano de Cámaras y vicepresidente de Bancaixa, Arturo Virosque, un veterano empresario del transporte que nunca se ha caracterizado por la finura de sus análisis y sí, en cambio, por su proximidad cortesana a los gobiernos autonómicos del PP. Mucha amenaza y ni un dato que avale tan desoladores pronósticos. También dijo Virosque que “los políticos son unos embusteros, todos, sin excepción”. En eso es obligado reconocer que sus muchos años de cercanía a la mencionada clase le da un plus de fiabilidad, por más que tan absoluta generalización pueda chirriar.
Embustero es quien utiliza artificios para disfrazar aquello que sabe o que piensa. Observese Madrid. Vayamos al vodevil de los espías, Esperanza Aguirre, Gallardón, Rajoy. El PP contra el PP. Esta mañana he oído a Aguirre en Onda Cero. No sabe nada, es la primera sorprendida, la víctima mayor. Muy digna anima a quien tenga alguna sospecha sobre su gobierno a que vaya al juez. Pues no. No es ese el papel de la presidenta de un gobierno alguno de cuyos miembros están acusados de organizar una red de espías especializados en seguir a sus rivales políticos o, incluso, a sus propios compañeros de partido y hasta de ejecutivo. A la justicia apelara quien quiera y los jueces ya dirán, eso no es cosa de Aguirre. Un político no debe esconderse tras las togas. La presunción de inocencia sirve en el ámbito judicial pero aquí hablamos de política. Ante una sospecha, reiterada, con muchos datos, con pruebas encima de la mesa, una dirigente responsable no puede decirles a los ciudadanos que esperen a ver que resuelven los jueces, como si ella fuera una espectadora más de lo acaecido. Aguirre debe esclarecer lo sucedido porque puede hacerlo; como Rajoy con sus tesoreros armados de dossiers, que van por ahí recomendado a empresas para adjudicaciones de servicios. En este culebrón de espías que nos ocupa, Esperanza Aguirre, si quiere, está en disposición de saber qué documentos se han elaborado, quién los ha elaborado, con qué dinero, quién dio la orden y por qué y a qué manos han ido a parar los documentos en cuestión. Si no lo hace es que da por bueno todo lo publicado. Si no lo hace, se convierte en la máxima responsable de lo sucedido.


Esperanza Aguirre plantea su defensa ante las acusaciones de espionaje intentando que el tema salga de la política y se limite al ámbito judicial: la justicia como bálsamo para diluir sus responsabilidades políticas en un proceso penal indefinido, borroso, infinito. Como si el hecho de que hubiera una causa judicial en marcha le exonerara de dar explicaciones sobre las sospechas y acusaciones que hay sobre su gestión al frente de la Comunidad de Madrid.

Los presuntos espías madrileños tienen jefes muy concretos: primero, un responsable de seguridad, Sergio Gamón, y, por encima, un consejero de Interior, Francisco Granados. Esperanza Aguirre los conoce bien, conoce su pasado, son de su máxima confianza. Sabe que Gamón, siendo director general de seguridad de Interior, registró el despacho de otro alto cargo de la consejería y se llevó documentos y un ordenador. Lo sabe. En su día, eso le costó el puesto pero inmediatamente ella misma lo recuperó para un nuevo destino: director del área de seguridad de Interior. Lo sabe porque conoce a Gamón desde hace muchos años. No en balde fue su responsable de seguridad cuando Aguirre presidió el Senado. Incluso trabajaba allí su mujer. La misma que, posteriormente, y eso también lo sabe Aguirre, sustituyó en Telemadrid a la secretaria que denunció por acoso al director general de la cadena, Manuel Soriano. No desconoce tampoco Esperanza Aguirre que Francisco Granados, su consejero de Interior, fue noticia cuando a su mujer se le incendió el coche. Resultó que el vehículo estaba a nombre de una empresa constructora con amplios intereses en Valdemoro donde Granados había sido alcalde. Incluso su vivienda la había construido esa empresa. Sobre el coche, Granados argumentó que al concesionario donde lo había adquirido se le había olvidado cambiar el nombre del primer propietario y por eso constaba la empresa constructora. Francisco Granados presidió en 2003 la comisión de investigación que el Parlamento madrileño puso en marcha para esclarecer el caso de los tránsfugas Tamayo y Sáez que acabaron dando a Esperanza Aguirre el cargo que ahora ocupa, la presidencia autonómica.
Apelar a la justicia cuando uno mismo, una misma, en este caso, está en disposición política de esclarecer todas las dudas planteadas sobre cuestiones de su propia responsabilidad es intentar que el caso se empantane en vía muerta. Querer eso pero presentarse como víctima y primera interesada en que todo se aclare es ser una política embustera.
“Van a por mí”, asegura Aguirre. Claro, ya se sabe, es la política, todos van a por todos. La cuestión no es esa. Como no lo es quien se está beneficiando de lo que sucede: los socialistas, claro. Lo importante es si es cierto o no lo que se publica. Eso es lo que se debe aclarar. No pretenderá la presidenta que, para no molestarla, no se haga públicas las verdades que le puedan perjudicar… Debería recordar la presidenta madrileña que en agosto de 2003, ante la sospecha de que algunos teléfonos de la sede del PP estuvieran pinchados, puso el grito en el cielo, calificó el caso de espionaje político de enorme gravedad y acuso directamente al PSOE sin más pruebas que el “cui prodest” que también blande ahora.
Van camino de despedazarse. Se van a matar entre ellos. Veremos que PP sale de todo esto. Mientras los periódicos tiren del hilo cada vez habrá más mierda al descubierto. La pregunta es: ¿hasta donde llegará “El País” con estas informaciones que tan claramente desgastan a Aguirre en beneficio del tándem Gallardón-Rajoy?, ¿hasta dónde aguantará el tirón “El Mundo” con noticias de índole contraria?, ¿dónde habrá situado cada protagonista el punto de no retorno?

martes, 27 de enero de 2009

Sr. Zapatero, tengo una mina para usted





“Tengo una pregunta para usted” es un programa interesante. Ayer, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, salió airoso de su paso por el espacio que conduce Lorenzo Milá. El cuerpo a cuerpo con un grupo de ciudadanos, en directo y sin red, aporta momentos valiosos para calibrar los reflejos, los conocimientos, el bagaje cultural y la habilidad discursiva del dirigente político de turno. Proporciona pistas del tipo de persona que es cada cual. No da para más, no debe esperarse más pero con eso basta. En “Tengo una pregunta…” resulta muy complicado escuchar un discurso político de cierta altura, se aportan pocas novedades. Es una hora y media, noventa minutos a la espera de la anécdota que sirva de guinda a un pastel que, de normal, va falto de sustancia. Todo se reduce a la presentación de casos concretos, humanos, cercanos, “que hay de lo mío”. En ese terreno, un presidente del gobierno no puede hacer mucho más que combinar buenas palabras con generalizaciones. Zapatero se aferró a esta fórmula. Ante cada problema individual, ante cada caso particular, echó mano de la gastada, gastadísima táctica, de decir que ese tema le parecía fundamental (sea el paro, la situación de los autónomos, la violencia machista, el precio de la vivienda, la incorporación de discapacitados al mercado laboral, la educación, las jubilaciones…lo que sea), que lo consideraba de importancia capital. Como si fuera un mantra, como si se tratara de una invocación. Luego llega el momento de tirar de guión para ir toreando cada tema con las respuestas que sus asesores (dijo que dispone de 77) le han preparada con anterioridad sabedores de por dónde podían ir las preguntas. Esa es la dinámica. Eso fue lo que hizo Zapatero. Hasta que llegó un traductor de Granada, Rafael Lafuente Blanco, y le planteó al presidente el Gobierno una cuestión que no tenía prevista.



Le dijo Rafael: “No se si sabe que España está entre los diez primeros países exportadores de armas, no se si sabe que en los dos últimos años su gobierno ha multiplicado por dos la exportación de armas. Vendemos armas a África, a países que no respetan los derechos humanos como Colombia, como Israel. A mi me parece muy hipócrita que un gobierno que habla de derechos humanos, de compromiso con la paz, de alianza de civilizaciones y que se dedica a vender guerra, muerte, destrucción. A mi me gustaría que nos explicara esta incongruencia. No con palabras bonitas, porque usted habla muy bien, me gusta mucho su discurso, es un discurso muy ético pero, como en el amor, las palabras bonitas se tienen que apoyar en hechos, en acciones bonitas”. Y Zapatero balbuceó, se encharcó en obviedades, se equivocó, no supo salir, no contestó a lo que le preguntaba Rafael. Quedó en evidencia. Empezó Zapatero con “nosotros tenemos una industria de armamento que exporta armamento”. Siguió con que lo que vendemos a Israel es “insignificante”. Le replicó Lafuente que “¿cómo de insignificante?”. Más o menos un millón de euros, dijo Zapatero. Dato equivocado. Las exportaciones de armas de España a Israel, sólo en el primer semestre de este años, es de casi 1’6 millones de euros; más que durante todo 2007 y tres veces lo de 2006. Entonces, el traductor granadino volvió a la carga: “Para mostrar la insignificancia, ¿sabe usted a cuántos civiles palestinos habrán matado con nuestras armas?”. “Estoy convencido que nuestros componentes o con el armamento que nosotros vendemos no se han utilizado para esto”. Un poco más de presión: “¿Seguro?”. Dudas, requiebros, huida por la tangente: “Somos líderes y pioneros en desactivación de las bombas de racimo”. Como si alguien le hubiera preguntado por ellas. Tuvo que salir al quite Lorenzo Milá para recordarle a Rafael que había más gente que quería preguntar. Zapatero respiró. Pudo volver al guión. Nos quedamos sin saber si el presidente notaba o no algún punto de incongruencia en la acción de su gobierno al respecto de la exportación de armas.



El fotógrafo Gervasio Sánchez (a cuya obra "Vidas minadas" pertenecen las imágenes que acompañan este artículo) ya hizo un alegato muy parecido al del traductor granadino cuando recibió el premio “Ortega y Gasset” de periodismo en mayo de 2008, precisamente por la última de estas fotos. Sánchez, ante la vicepresidenta del gobierno María Teresa Fernández de la Vega, entre otros miembros del gabinete, acabó su parlamento con estas palabras: Yo también tengo un sueño: que, por fin, un presidente de un gobierno español tenga las agallas suficientes para poner fin al silencioso mercadeo de armas que convierte a nuestro país, nos guste o no, en un exportador de la muerte”.
Volveremos a escuchar la pregunta. Seguramente en ese momento Zapatero ya tendrá la respuesta a punto. Veremos.

martes, 20 de enero de 2009

"Nueva era de responsabilidad", dijo Obama

Barack Obama describió como debe actuar la administración:"gastar con prudencia, cambiar malos hábitos y hacer nuestro trabajo a la luz del día"



Después de escribir mi última nota me quedé con la sensación de que me había excedido, de que me había faltado una relectura para limar aristas, matizar algunos extremos y, en definitiva, moderar mis pretensiones y propuestas. Hoy pienso que no. Como tantos, ayer escuché a Barack Obama en su toma de posesión. Su discurso fue excelente, se mire por donde se quiera mirar. No pretendo aquí analizar las palabras de Obama. Si quiero destcar la claridad con la que abogó por un orden internacional más justo, por el multilateralismo, por los acuerdos antes que las batallas, por el desarrollo sostenible, por el respeto de los derechos humanos y por el necesario control de la economía. No son pocos compromisos para los Estados Unidos. Un mensaje de ilusión resonó en el Capitolio, “hemos escogido la esperanza por encima el miedo”, en base a su convicción de que nada es imposible si existe un propósito común. De manual fue su resumen de cómo debe actuar la administración: “gastar con prudencia, cambiar malos hábitos y hacer nuestro trabajo a la luz del día”.
Dicho todo esto, yo me quedo con su apelación a la “nueva era de responsabilidad”. La bondad o maldad de la gestión Obama se verá por sus resultados, al margen de discusiones y polémicas que, las más de las veces, son interesadas cortinas de humo para tapar los errores de quienes están en el poder. La pregunta debe ser: ¿me ayudan mis gobernantes?, ¿solucionan mis problemas?, ¿los siento a mi lado?
Hace tres semanas escasas, “El País” publicó un reportaje sobre Obama en el que destacaba que se había rodeado de colaboradores de mucho prestigio y que incluso no había dudado, extremo ya conocido, en ofrecer cargos en su gobierno a miembros del Partido Republicano. Me pareció interesante la referencia que hacía el artículo a como había configurado su equipo económico. Sus tres “ministros” en esta área, Paul Volcker, Timothy Geithner y Larry Summers, eran, decía, personas unánimemente reconocidas y sobre los que había coincidencia en asegurar que no les iba a temblar el pulso para llevar la contraria al presidente cuando lo consideraran oportuno. Incluso iba más allá el artículo y definía al nuevo inquilino de la Casa Blanca como una persona que no temía rodearse de gente más inteligente y experimentada que él.

"Yes, we can" fue el lema de la campaña de Barack Obama. También el título que le puso el cantante Will.i.am, líder del grupo Black Eyed Peas, de gran éxito en Estados Unidos, al soul que compuso para apoyar a Obama. Escribió la letra después de escuchar el discurso que el entonces candidato a la nominación demócrata pronunció tras perder las primarias de New Hampshire frente a Hillary Clinton y lo hizo a partir de las propias palabras de Obama. Esa derrota se produjo el 8 de enero de 2008. Tres semanas después el trabajo estaba colgado en internet. En seis días el vídeo recibió más de dos millones de visitas.
Will.i.am compuso una segunda canción en favor de Barack Obama: "We are the ones", también tomando como base las palabras de Obama en sus discursos. Es menos conocida pero es, igualmente, una pieza de mucho interés para reflexionar sobre comunicación política.





Hoy el aplauso a Obama es generalizado. El mundo bate palmas y España, también. Por la derecha y por la izquierda, desde los gobiernos y desde las oposiciones, desde los puestos de mando y desde las trincheras de todas las resistencias posibles. Pero acabo de leer en el periódico que el ejecutivo de la Comunidad de Madrid que preside Esperanza Aguirre en Madrid ofrece cargos a cambio de votos en la asamblea de una caja de ahorros. Todo apunta también, por extraño que parezca, que Zapatero no conoce a nadie mejor para el Ministerio de Fomento que a Magdalena Álvarez, ni tiene una alternativa a Celestino Corbacho en el del Trabajo. Claro que, por ejemplo, al frente de les Corts Valencianes está Milagrosa Martínez; el conseller de Educación de la Generalitat Valenciana es Alejandro Font de Mora; su Secretaria Autonómica es Concha Gómez, y quien dirige la Radiotelevisión autonómica, Pedro García. Sus hojas de servicio parecen "vestidos de lunares" que es como una antigua profesora que yo tenía se refería a los cuadernos de notas de los menos aplicados de la clase, todo eran ceros. Pero siguen. En España, la administración está en manos de los más incapaces porque el proceso de selección, a diferencia de lo apuntado por Obama, reposa sobre dos patas: el amiguismo y el clientelismo. Ministros, consellers, directores generales, jefes de gabinete, asesores mil. Todos viven con el carnet del partido en la boca y, si éste falta, con el de identidad para demostrar que son “hijos de fulano” o “sobrinas de mengano”. En los partidos políticos españoles “la selección adversa”, el ascenso de los peores, está enraizada, cada día más. Por eso también Francisco Camps puede presidir la Generalitat; Jorge Alarte dirigir el PSPV, y Esquerra Unida está como está. Por no citar Madrid y detenernos en Rajoy, Blanco o Pajín. Porque aquí todavía no sabemos nada de la “era de la responsabilidad”, por eso todos los irresponsables, y algunos delincuentes, a los que aludía en mi última nota pueden seguir tranquilos. De momento.

jueves, 15 de enero de 2009

La raya se mueve

Cuentan que allá por finales de la década de los ochenta del siglo pasado, bueno, tampoco hace tanto, José Rodríguez de la Borbolla, entonces presidente autonómico andaluz, hizo unas declaraciones que no gustaron nada a Alfonso Guerra, en aquel momento vicesecretario general del PSOE y vicepresidente del gobierno. Guerra llamó a capítulo a Rodríguez de la Borbolla sobre el exceso de sus palabras: “Eso no puedes decirlo”. La contestación de Rodríguez de la Borbolla fue algo así como: “Vale Alfonso, pues dime donde está la raya”. “Pepote, la raya se mueve”, fue el cañonazo final de Alfonso Guerra.
“La raya se mueve” siempre me ha parecido la concreción perfecta de la injusticia, la arbitrariedad, el abuso. Se dice: “La política, el arte de lo posible”. Suena bien pero no es verdad. Es más preciso: “La política, la raya se mueve”. La afirmación de Guerra contiene la explicación de muchas de las cosas que nos suceden en lo cotidiano. De una manera u otra, está en la base de la condición humana el mover las rayas que cada cual tiene a su alcance. Siempre en beneficio propio y perjuicio ajeno, claro. Sucede que, en la mayoría de casos, en nuestro día a día, no pasan de ser pequeñas trampas, mentirijillas, traiciones domésticas o trucos menores. Las rayas gruesas, las que afectan a la vida de miles, millones de personas, éstas están sólo alcance de los más poderosos, particularmente de los dirigentes políticos, supuestos servidores públicos, presuntos ejemplos de comportamiento, que son quienes tienen en su poder la máquina de hacer leyes. Legislar es la mayor de las palancas para mover las rayas decisivas o, por el contrario, para impedir que éstas se puedan desplazar caprichosamente. Lo legal y lo justo deben ir de la mano. Cuando lo legal permite la injusticia la está consolidando. Hablo de arbitrariedad. Pocas cosas hay esencialmente más antidemocráticas que la arbitrariedad. La arbitrariedad, la raya que se mueve, niega un principio básico de la democracia: todos somos iguales ante la ley.
Leo que en La Xara, un pueblo de la comarca valenciana de la Marina Alta, en Alicante, los alumnos de un colegio público están dando clases en una antigua tienda de lámparas. No hay colegio. Los barracones no están a punto. Imagino el sentimiento de los padres. Diariamente sujetos, como ciudadanos y contribuyentes, a miles de normas de obligada observancia y con los hijos escolarizados (es un decir) en una vieja tienda de lámparas. Seguro que los vástagos del conseller de Educación de la Generalitat valenciana no dan, ni han dado nunca, clase en unas instalaciones así. La raya se mueve. Para algunos ciudadanos, como se ve, siempre hacia abajo. Una ley debería regular que cuando la gestión de un cargo público desemboca en este tipo de situaciones, él tendría que vivirla en sus propias carnes. En este caso, por ejemplo, sus hijos deberían escolarizarse en la mencionada tienda de lámparas en cuestión. O se escolarizaban allí o el conseller dimitía. Soy consciente de la dificultad de concretar en una ley este tipo de exigencia pero más difícil es mandar un señor a la luna, organizar la hacienda pública de un país con cincuenta, cien o doscientos millones de habitantes o diseñar árboles artificiales que eliminen CO2, y todo eso se hace. Lo que sirve para educación, sirve para sanidad. Superado un determinado margen, algún miembro de la familia del responsable del ramo debería pasar las incomodidades de verse encamado en un pasillo o esperar años para ser operado.

Concejal de Castellón desde 1987 y presidente de la Diputación desde 1995, como cinco de sus antepasados, Carlos Fabra está imputado por diversos delitos de tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas, contra la Administración Pública y fraude fiscal. Por su causa han pasado cinco años, ocho jueces y cuatro fiscales. Nada se sabe de la posibilidad de ir a juicio.


Las malas gestiones económicas tampoco deberían salir gratis. Habría que pagarlas. En efectivo. Es inaceptable que se gestionen las grandes empresas públicas con criterios que nada tienen que ver con el sentido común, ni con la razón. Reincidir en desfases contables sin explicación evidente debería desembocar en descuentos porcentuales en las nóminas de los directivos en cuestión. Igual que esos responsables de personal vinculados a la administración que llevan sobre sus espaldas decenas y decenas de despidos improcedentes que han comportado indemnizaciones millonarias con dinero público. Se podrían tolerar una, dos o tres sentencias en contra pero más son una prueba de mala fe o incompetencia; por tanto, y puesto que pagan con el dinero que no les pertenece, con el dinero incluso de sus propias víctimas, el responsable tendría que quedar temporalmente inhabilitado para cargo público. Ya se que, en general, los servidores públicos corruptos pueden pagar sus trampas y mentiras en las siguientes elecciones pero también puede que se escapen de rositas. Es lo que acostumbra a pasar. No puede ser. Convertir las elecciones en un manto grueso que todo lo tapa, que todo lo legitima, es perverso. El ciudadano sólo puede votar aquello que se le presenta y, en la medida que los distintos partidos tienden a ofrecer comportamientos cada vez más parecidos, la disyuntiva se sitúa entre lo malo y lo peor. La legislación debe evitarle al votante este mal trago, las leyes deben facilitar la ejemplaridad de los dirigentes políticos. ¿Qué tendrá que ver que Carlos Fabra gane unas elecciones con que sea o no un corrupto? ¿Cómo es posible que no se impida por ley que alguien en su situación judicial, como tantos otros, pueda seguir ocupando un cargo institucional? Ya se que puede suceder que un inocente se vea perjudicado y deba abandonar su puesto sin merecerlo. Bien. Ya volverá. No estamos hablando de cárcel, ni de nada parecido, sólo digo dejar el cargo hasta que resuelva la justicia. Y que resuelva rápido. Lo importante es evitar que un delincuente gobierne las instituciones públicas.
Es obligado crear automatismos que impidan que nuestros gobernantes puedan, aprovechando su privilegiada situación, hacer la vida imposible a los propios contribuyentes. No es tolerable que en los contenciosos judiciales entre los ciudadanos y la administración, ésta abuse de su poder y, de recurso en recurso, eternice las causas o que reincida en las irregularidades abocando al particular, una y otra vez, a los tribunales. Esta actitud contumaz tendría que impedirse. Un alcalde que pierde reiteradamente en los juzgados las causas abiertas por su falta de disposición a consensuar sus acciones con los vecinos debería verse obligado a dejar el cargo.
Sucede con el transfuguismo. Es una vergüenza, una burla, que todos los partidos se rasguen las vestiduras y se llenen la boca de críticas y denuncias y, en cambio, busquen excusas cuando un tránsfuga les facilita un gobierno. Es inaceptable que la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo califique un determinado caso de transfuguismo evidente y, luego, los mismos partidos que componen la citada comisión no tomen mediadas al respecto cuando se ven afectados. Así las cosas, hágase por ley. Todo aquel que se aprovecha de un tránsfuga, inmediatamente expulsado del partido. Se acabó.
La gestión del dinero es especialmente sensible. Costaría muy poco que todos los cargos de la administración tuvieran sus páginas web y que en ella constara exactamente lo que ingresan cada mes. Puede que incluso se tuvieran que aumentar los sueldos pero el control sería estricto. Más allá de eso debería legislarse la obligatoriedad de que a través de internet cualquier ciudadano pudiera consultar los extractos de todas las tarjetas de pago (las famosas visas oro y las demás), que se abonan a costa del erario público, quién hace uso de ellas y para qué.


Los canales de televisión públicos en España han sido siempre herramientas al servicio de los gobiernos de turno. Telemadrid y Canal 9 son, en estos momentos, los ejemplos más evidentes de medios informativos convertidos en instrumentos de simple propaganda a mayor gloria, en estos casos, de Esperanza Aguirre y Francisco Camps, respectivamente.



También sobre el abuso de los medios de comunicación públicos hay medidas drásticas a tomar. El sectarismo, la falta de pluralidad, es la negación de la democracia y la fuente de todo tipo de irregularidades. La primera norma de obligada aplicación podría ser tan sencilla como que al frente de una emisora pública tuviera que estar un profesional de los medios que, al menos durante los últimos diez o doce años, no hubiera desempeñado ningún cargo o tarea vinculado a las instituciones o a algún partido político. Es cuestión de ampliar las incompatibilidades.
Para que las rayas no se muevan es preciso que queden fijadas por ley. Sirva como apunte de dirección lo aquí sugerido, aunque caben muchas otras iniciativas. Lo que no puede ser es quedarse mirando mientras el barco hace aguas por todas partes. La democracia no puede cruzarse de brazos ante los comportamientos antidemocráticos. Si lo hace no es democracia. Votar cada cuatro años es un acto de participación consustancial con la democracia, sí, pero no es un punto de llegada sino, simplemente, una estación de salida.

viernes, 9 de enero de 2009

De dinero y santidad, la mitad de la mitad

Para el Rey, la Nochebuena; para los presidentes autonómicos, la Nochevieja. Nadie quiere ser menos. Todos tienen su discurso en tan señaladas fechas. La ceremonia se repite: todo muy solemne, todo muy preparado. Envaramiento, rigidez, boato. Bustos parlantes y, en vez de apuntador, el telepronter, ese aparato donde se lee como si nada, mirando a cámara sin que se note. La Corte, siempre, ha sido así. En otro tiempo las cornetas y los tambores ponían el subrayado a lo que reclamaba atención obligada. Hoy lo hacen, hacemos, los periodistas. Escucho los discursos navideños y pienso que sin la acción de los periodistas sería imposible convertir esos aburridos recuentos de obviedades en episodios imprescindibles de la vida política y social.
Este Fin de Año Francisco Camps, el presidente de la Generalitat valenciana, aprovechó su plática para, entre otras cosas, anunciar un plan inversor de 8.000 millones de euros. Dinero para más colegios, hospitales, carreteras, depuradoras, centros sociales. No concretó más. Pasó de puntillas por el qué y ni se asomó al cómo. Desde ese día mucho se ha especulado alrededor de la promesa inversora. A ella se han dedicado con denuedo periodistas y políticos. Unos dan por hecha la inversión, otros dicen que el anuncio no es más que humo. La discusión, a mí, me ha llevado no al discurso del pasado día 31, sino al de hace un año, al discurso de Camps del último día de 2007. He pensado que en lugar de especular sobre si va a cumplir o no lo prometido para este año, podía resultar más práctico ver que ha cumplido de los compromisos que adquirió entonces para el ya superado 2008.

2008 contempló a los bólidos de Fórmula 1 por las calles de Valencia pese a que Camps no lo avanzó en su discurso de 2007.De izquierda a derecha, Fernando Roig, presidente de Valmor la empresa que gestiona la prueba en Valencia; Francisco Camps; Bernie Ecclestone, el máximo responsable de la Fórmula 1, y José Luis Olivas, expresidente de la Generalitat y actual presidente de Bancaja, entidad accionista de Valmor.


La primera evidencia es que la concreción no es una característica que adorne a Camps. De casi media hora de parlamento sólo se pueden extraer los siguientes compromisos más o menos claros: seguir creciendo y crear puesto de trabajo, acordar con los sindicatos y empresarios las pautas para llegar al pleno empleo, mejorar la calidad de la educación gracias a una nueva ley, hacer un esfuerzo para construir más vivienda protegida y acabar las obras del Ágora de Valencia y comenzar las del Palacio de Congresos de Alicante y el Centro de Convenciones de Castellón. Lo demás son todo buenos deseos, juicios interesados y muchos adjetivos.
revisemos uno por uno los compromisos. Empecemos:
“Seguir creciendo y creando puestos de trabajo”: En 2008 la Comunidad Valenciana ha sido la tercera autonomía española con mayor crecimiento del paro. En un año el aumento en el número de parados ha sido del 65%, cifra sólo superada por Murcia y Aragón. Se ha pasado de 215.000 parados a 357.000. Sólo en diciembre el incremento ha sido de 25.000 personas. Uno de cada cinco nuevos parados españoles, el 20%, se registran en la Comunidad Valenciana. Ninguna otra autonomía arroja números tan altos.
“Acordar con sindicatos y empresarios para llegar al pleno empleo”: Camps efectivamente consiguió firmar el Pavace (Pacto Valenciano por el Crecimiento y el Empleo) con la patronal, con UGT y con CCOO. Fue en septiembre. Han pasado tres meses. UGT hizo público hace unos días un comunicado en el que denuncia que el acuerdo no se aplica, exige que se concreten las inversiones y pide que se impulse, de una vez por todas, un verdadero diálogo social. CCOO, por su parte, acaba de convocar manifestaciones para el día 31 de enero para reivindicar que se pongan en marcha medidas encaminadas a la creación de puestos de trabajo. Sobre lo del pleno empleo, que también constaba en la frase, sirvan las cifras que constan en el párrafo anterior.
“Nueva ley para mejorar la calidad de la educación”: De nueva ley, nada de nada. Lo que si ha habido durante 2008 es un verdadero motín en el sector de la educación ante la normativa impulsada por la Generalitat para impartir en inglés las clases de “Educación para la Ciudadanía”. Padres, alumnos y profesores, todos a una. Se llegó a convocar una huelga general en enseñanza que se acabó desactivando ante la marcha atrás del gobierno de Camps.
“Más vivienda protegida”: En 2008 el porcentaje de vivienda protegida en la Comunidad Valenciana respecto al total de construidas es de apenas un 10%. En Valencia, en seis años, el precio del metro cuadrado de vivienda protegida ha crecido un 86%. A finales de año, la Federación Española de Municipios y Provincias dio a conocer un informe en el que la Comunidad Valenciana figura como la segunda autonomía que más demanda de vivienda social tendrá en los próximos cuatro años, mientras que está a la cola en cuanto a suelo disponible para su construcción.
“Acabar el Ágora de Valencia”: El Ágora, una original plaza techada diseñada por Santiago Calatrava, ubicada en el conjunto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y de la que, de momento, sólo se sabe que servirá para albergar un torneo de tenis, no se acabó en 2008. Las obras continúan. En estos momentos las previsiones más optimistas apuntan a que la construcción de la nueva obra de Calatrava, después de duplicar su coste inicialmente pensado, podría estar a punto en verano de 2009.
“Comenzar las obras del Palacio de Congresos de Alicante”: No sólo los trabajos no han comenzado sino que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, acaba de explicar que pretende modificar la tipología de la construcción y considerarla obra pública en lugar de integrarla en un plan de reforma interior para así agilizar los trámites e intentar que la primera piedra se pueda colocar antes de que acabe 2009.
Comenzar las obras del Centro de Convenciones de Castellón”: En este caso la situación es todavía peor que en el del Palacio de Congresos de Alicante. El Centro de Convenciones de Castellón continúa inédito. No se ha dado un solo paso. En todo caso, hacia atrás. Las obras, por supuesto, no han comenzado pero es que además, a mediados del pasado mes de diciembre, “Desarrollo del Suelo Terciario”, la adjudicataria de la obra, renunció a su construcción. Vuelta a empezar.
Si realmente los discursos navideños de nuestros gobernantes tuvieran algún valor, éste pasaría por escrutar al milímetro si lo dicho en ellos se cumple o no. Para eso están, estamos, los periodistas. No para ir con el botafumeiro al lado del presidente de turno. Si, por el contrario, los discursos de marras son simples representaciones que ya se han hecho un hueco en la fiesta, como los belenes vivientes o la cabalgata de los Reyes Magos, tendríamos que aclararlo y presentarlo como tal.