martes, 23 de diciembre de 2008

Los monstruos que nos administran no necesitan consejos (2)


Francisco Camps, president de la Generalitat valenciana, "El Consejo del Audiovisual [...] es un compromiso personal". (Valencia, 30 de noviembre de 2006)






“El Consejo del Audiovisual de la Comunidad Valenciana es una propuesta [...] para poner en marcha lo más pronto posible porque es un compromiso personal, porque es un compromiso político del grupo parlamentario del Partido Popular y porque es un compromiso de desarrollo del Estatuto de Autonomía de todos los valencianos”. Estas palabras del President de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, tienen dos años y un mes. Palabras que quedaron escritas en el Diario de Sesiones, porque las dijo en Les Corts, pero que, en realidad, ni están, ni se les espera. Han pasado más dos años y, pese a tanta apelación al compromiso, pese a la holgada mayoría absoluta de que disfruta el PP, el Consejo del Audiovisual Valenciano sigue sin existir.
En Valencia todo lo relacionado con la intersección entre el poder político y los medios de comunicación se basa en simular y esperar. La gente tiene poca memoria. Las palabras se las lleva el viento y las leyes, también. Incluso el Estatuto de Autonomía.
El nuevo Estatuto de Autonomía valenciano de abril de 2006 contempla explícitamente en su artículo 53.3 que: “Por Ley de Les Corts, aprobada por mayoría de tres quintas partes, se creará el Consell del Audiovisual de la Comunitat Valenciana, que velará por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en el ámbito de la comunicación y los medios audiovisuales en la Comunitat Valenciana. En cuanto a su composición, nombramiento, funciones y estatuto de sus miembros, igualmente habrá que ajustarse a lo que disponga la Ley”.
Lo pactaron populares y socialistas. Estos últimos destacaron el acuerdo sobre el Consejo del Audiovisual como uno de los elementos que justificaban su visto bueno al nuevo texto estatutario. Treinta y dos meses después seguimos sin Consejo.
En abril de este año, cuando ya se llevaban veinticuatro meses de demora, la diputada socialista Nuria Espí preguntó al gobierno de Camps sobre cuándo se iba a constituir el Consejo. La respuesta se la dio el vicepresidente Vicente Rambla: “no se ha creado por la falta de voluntad de la oposición”. Y añadió, desde su más que sólida mayoría absoluta y con evidente desfachatez, “esperamos imprimirle la máxima celeridad”.
El grupo socialista ya presentó pocos días después de la aprobación de la reforma estatutaria un proyecto de ley del Consejo Audiovisual Valenciano. Los populares, gracias a su mayoría absoluta, rechazaron la propuesta. Cuando, también en abril de 2006, se aprobó la Ley valenciana del sector Audiovisual, tanto socialistas como Esquerra Unida, demandaron que se especificara en ese texto las características del futuro Consejo pero los populares se negaron. Al final la ley en cuestión se limitó a constatar que “se creará el Consejo del Audiovisual Valenciano como órgano independiente que se regirá por la presente ley, por la propia ley por la cual se cree y por otras disposiciones aplicables. La ley de Creación del Consejo del Audiovisual de la Comunidad Valenciana establecerá su composición, sus funciones y competencias que, junto con las que la presente ley señala, desarrollará…”. La negativa del PP a aceptar la iniciativa de la oposición la justificó la entonces diputada, y hoy alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente con el argumento, textual, de que “nos parece muy bien que ustedes intenten determinar que funciones va a tener, que independencia o no va a tener. Pero es que, a lo mejor, el consejo que luego se eleve a ley específica va a ser mucho más ambicioso, más independiente, más neoliberal, más progresista, más moderno que el que ustedes plantean […] El consejo del audiovisual tendrá una ley específica, yo creo que igual o más participativa que este proyecto de ley y, estoy segura, que será el mejor dentro del territorio nacional”. Lo decía Lorente, “a lo mejor”. Ha sido a lo peor.





Pedro García (Alzira, 1967). Director General de RTVV. Inmediatamente antes de llegar al cargo fue jefe de comunicación del actual president de la Generalitat, Francisco Camps, y Secretario de Comunicación de su gobierno.




Conste que si bien la Ley del sector Audiovisual, una vez aprobada, no especificaba las características del Consejo, dos meses antes el por aquel entonces conseller de Comunicación, y actual portavoz del PP, Esteban González Pons, presentó un anteproyecto que sí concretaba mucho más. Proponía una entidad vinculada orgánicamente a un departamento gubernamental; con ocho miembros, siete de los cuales los iba a nombrar el PP, y dejaba la capacidad sancionadora en manos del gobierno autonómico. Nadie apoyó ese anteproyecto. Incluso el Consejo Económico y Social formuló observaciones destinadas a liberar al nuevo organismo del control por parte del gobierno. Otra vez carpetazo.
Las iniciativas para crear un Consejo del Audiovisual vienen de bastante lejos. El PSPV prsentó en noviembre de 1998 su primera proposición de ley para crear el organismo en cuestión. Entonces el gobierno popular, con Eduardo Zaplana al frente, dijo no alejando que los socialistas no concretaban ni la financiación, ni los cometidos exactos del nuevo organismo. En enero de 1999 fue Joan Romero, entonces líder de los socialistas valencianos, quien aprovechó unas jornadas de debate sobre televisión para emplazar al gobierno del PP a la creación de una entidad que regulara el audiovisual valenciano. Concretó sobre financiación y cometidos y tuvo la callada por respuesta.
En octubre de 1999, Les Corts aprobaron por unanimidad la puesta en marcha de una comisión parlamentaria para estudiar, así lo declaraba oficialmente su nombre, nuevas formas de gestión para Radio Televisión Valenciana. Durante los tres años siguientes, el PP desvió a esta nueva comisión todas las demandas de creación del Consejo del Audiovisual. Ante cualquier petición, el gobierno del PP contestaba pidiendo tranquilidad. Tranquilidad para esperar el dictamen de la comisión. Así pasaron tres años.
En enero del 2001, en el marco de la mencionada comisión de nuevas formas de gestión, el PP dijo, por primera vez, sí a la puesta en marcha del futuro Consejo, pero sin prisas. Luego, en mayo, cuando la comisión seguía funcionando, y olvidando su reiterado mensaje de esperar a la finalización de sus trabajos, la portavoz del gobierno Zaplana, Alicia de Miguel, ofreció a la oposición consensuar la creación de un Consejo del Audiovisual. Un par de meses antes, cuando los socialistas habían demando ese acuerdo durante el debate parlamentario de “Política General” el mismo gobierno se había negado a negociar.
En las postrimerías de 2001, olvidada ya la oferta de de Miguel, y en vista que la comisión de nuevas formas de gestión no encontraba el momento de cerrar sus debates, los socialistas, con el argumento de que ya estaba bien de estudiar, “ahora hay que legislar”, propusieron de nuevo la creación del Consejo del Audiovisual. Otra vez obtuvieron un no por respuesta. En mayo del 2002 fue la federación valenciana del Audiovisual quien hizo la reclamación pero, de nuevo, se contestó con un “hay que esperar a lo que diga la comisión”.
Finalmente la comisión habló. El dictamen tenía como afirmación estrella, la que interesaba al PP, la posible privatización de Canal 9 pero recomendaba, también, la constitución de un Consejo del Audiovisual.
Los trámites para privatizar Canal 9 se iniciaron de inmediato pero del Consejo jamás se supo. Con el paso del tiempo, los tribunales frustraron las ansias de dejar la cadena en manos privadas. Con el paso de todavía más tiempo, el pretendido Consejo quedó en nada. Periódicamente la oposición recordó la necesidad de crearlo pero los gobiernos populares, primero con Zaplana, después con Camps, no se dieron por aludidos. Hasta que en 2006 llegó la reforma del Estatuto. Los socialistas pensaron que sí, que era la ocasión, que de ésta salían con Consejo. Iba a constar en el Estatuto. Palabras mayores. Como quien cree haber descubierto donde esconde su bolita el trilero, los socialistas pensaban que, por fin, ganarían. Error. Una vez más bajo la media cáscara de nuez no había nada. Siguió pasando el tiempo y, ya saben, casi tres años después Vicente Rambla, el vicepresidente, asegura que si no hay Consejo es por culpa de la oposición.
Es evidente que incumplimiento de leyes y Canal 9 son términos relacionados. Sólo hay que leer el artículo dos de la ley de creación de RTVV de 1984 cuando se refiere al pluralismo o a la veracidad, imparcialidad y objetividad de las informaciones y, después, echar un vistazo a los noticiarios de la cadena. Como diría Serrat, “… no es triste la verdad, lo que no tiene es remedio”.
Me voy de vacaciones. Más o menos 15 días. Para hacer honor a las fechas que nos ocupan me gustaría dejar por escrito un deseo, simple, sencillo: que la misma vara de medir sirva para todo y para todos. Se lo pediré a los Reyes Magos.

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