viernes, 5 de diciembre de 2008

A Dios rogando y con el mazo dando, o mejor dicho, hipócritas.


La justicia ha anulado las concesiones de Aguirre por falta de transparencia.


En cuestiones de “mal menor” estoy mucho más con Michel Ignatieff que con Maquiavelo; me parece que la aceptación del “mal menor” no puede hacerse al margen de la ética. Basar la defensa del “mal menor” sólo en que se trata de una alternativa a un mal todavía mayor e inevitable me parece pura trampa. Los “males menores” precisan de explicaciones muy precisas, de justificaciones claras. El “mal menor” existe sólo si es capaz de poner en evidencia, sin espacio para la duda, cual es el “mal mayor”, si no es simplemente mal.
Sirva este preámbulo para referirme a la reciente polémica alrededor de la concesión por parte del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) de 83 frecuencias de radio y la todavía más reciente anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del concurso de adjudicación de licencias de Televisión Digital Terrestre (TDT) por parte del gobierno autonómico madrileño de Esperanza Aguirre.
Al CAC se le ha acusado de sectarismo, de favorecer a los próximos. Incluso se le han convocado manifestaciones, se ha atacado su sede a pedradas y se han colocado micrófonos en su sala de plenos.
Es evidente que el resultado del concurso es discutible de las licencias de radio catalanas. Siempre es discutible. Todo. Este tipo de decisiones no son matemática pura por más que los baremos se intenten objetivar al máximo. Sucede que las críticas pierden todo el valor cuando quien las formula es un partido, el PP, que ha cometido incontables tropelías y abusos en ese mismo campo de las concesiones de emisoras o cuando quien se queja son empresas que, en su momento, se han beneficiado claramente de las trampas que ahora detectan pero que, en su caso, les pasaron inadvertidas.
La concesión las 83 licencias de radio efectuada por el CAC es el primer caso de un concurso de este tipo que se hace a través de un organismo independiente y no directamente por el gobierno de turno. Por tanto, primer aspecto favorable.
Resulta además que se dice que las empresas más beneficiadas son próximas al tripartito catalán. Recuérdese que el tripartito lo forman el PSC, Iniciativa y Esquerra Republicana. Pues bien, la empresa que más licencias se ha llevado, diecisiete, ha sido el grupo Godo (La Vanguardia); a continuación, con doce, Flaix, cadena presidida por Miquel Calzada, hombre próximo a CiU, y, también con doce, Radio Teletaxi, empresa propiedad del locutor Justo Molinero, militante de Convergència; la SER ha conseguido nueve; Onda Cero, de Planeta, ocho, y Radio Estel, de la iglesia catalana, siete. Por ningún lado se observa una proximidad mayoritaria a los partidos gobernantes. El grupo Zeta, tradicionalmente cercano a los socialistas que presiden el ejecutivo catalán, se ha quedado sin una sola concesión. Sirva también este dato.
Como Zeta, han quedado fuera, entre otras, “Unidad Liberal”, empresa de la editora del diario “El Mundo”; “Onda Ramblas”, de Luis del Olmo, y “Radio 13”, del grupo de la Cope. Gracias a la transparencia del concurso del CAC se puede saber que, por ejemplo, las ofertas de “Radio 13” no han pasado en ninguna de las demarcaciones en las que concursaban del puesto número 11 y se han quedado siempre a más de 150 puntos de la oferta ganadora. “Onda Ramblas” consiguió resultados mucho mejores; hasta el punto que en una de las 35 demarcaciones en las que concursó quedó en segunda posición a sólo 7’2 puntos de RKOR que fue la primera. En el caso de “Unidad Liberal” sus veintidós ofertas quedaron fuera en la fase previa del concurso en aplicación del punto 18.1 del pliego de condiciones que estipulaba que “las ofertas con una puntuación inferior al 50% en cualquiera de los grupos de evaluación correspondientes a la propuesta tecnológica, propuesta económica y programación de la memoria descriptiva, quedarán automáticamente eliminadas”. Es decir, en el listado final sólo aparecían aquellas ofertas que hubieran superado el 5, cosa que las de “El Mundo” en ningún caso lo consiguieron.


Así quedaron los cristales de la sede del CAC después del ataque a pedradas.

Estos datos son importantes porque demuestran, como mínimo, transparencia en el concurso. Precisamente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado esta misma semana la concesión de TDTs que hizo en 2005 el gobierno de Esperanza Aguirre. Se anula por falta de claridad en los resultados y por no justificar las puntuaciones dadas a los distintos ofertantes.
Una concesión, por cierto, la de Esperanza Aguirre que dejó todas las licencias en manos de sus empresas más próximas, sin matices, sin vergüenza: Cinco para la COPE, cuatro para Federico Jiménez Losantos y Antena 3, y una para Intereconomía y “El Mundo”. Ni agua para los no afines. “Me ha escandalizado este sectarismo deleznable”, dijo Esperanza Aguirre. Lo dijo la semana pasada, claro, se refería las concesiones del CAC, por supuesto, no a las suyas.
Lo de Madrid se repite, siempre con el PP mediante, en Galicia, en Murcia, en Baleares, en La Rioja, en Valencia. Siempre “El Mundo”, la COPE, Losantos e Intereconomía repartiéndose el botín. En algunos casos, las circunstancias claman al cielo, nunca mejor dicho. En Galicia, por ejemplo, las concesiones, que eran de ámbito autonómico, se otorgaron cuando el gobierno Fraga, ya perdidas las elecciones, estaba en funciones. En Murcia, los más beneficiados fueron empresas dedicadas a la construcción que, de la noche a la mañana, abrieron sus divisiones audiovisuales y vieron como les tocaba el gordo. En Valencia, donde “El Mundo”, Federico Jiménez Losantos e Intereconomía salieron a cuatro frecuencias por barba, y donde las dos grandes emisoras autonómicas fueron para la COPE y para el diario “Las Provincias”, la concesión se hizo pública el día previo a Fin de Año. El entonces conseller autonómico de Comunicación, Esteban González Pons declaró que “hay un problema de recorte de la libertad de expresión y recorte de la pluralidad. Los más críticos son los más recortados cuando deberían ser los más protegidos”. González Pons, como Aguirre, dijo esto la semana pasada y, como no, también hablaba de Cataluña. Lo suyo le pareció bien.
Por cierto que en calendario festivo también coincidieron los casos madrileño y valenciano ya que, si en Valencia el fallo se conoció en plenas vacaciones navideñas, Aguirre publicó los resultados a mediados de agosto. Aquí también hay diferencias respecto al caso catalán, allí se dio a conocer la decisión un 7 de noviembre.
Se ha acusado también al CAC de haber retirado emisoras puesto que las frecuencias ahora asignadas ya estaban ocupadas. Otra mentira más. Las frecuencias ahora otorgadas estaban ocupadas con carácter provisional en virtud de un convenio que especificaba que “la participación de una empresa emisora en la prueba piloto no le otorgará ningún tipo de derecho en el concurso que se convoque…”. Por tanto si alguno de los que emitía provisionalmente al final no ha obtenido la frecuencia que ocupaba, como le ha sucedido a la COPE en dos casos y a la SER en tres, por citar algunos ejemplos, en ningún caso se puede hablar de retirada. Es más, lo que si ha hecho el CAC durante este mismo año 2008 ha sido renovar para los próximos diez años las concesiones de cuatro emisoras de la Cope en Cataluña.
Para acabar llama la atención un porcentaje que destacaba “El Mundo” durante los días inmediatos al fallo del CAC. Decía el diario que “el 55% de las emisoras habían ido a empresas próximas al gobierno catalán. Sin entrar en el fondo del dato, que es discutible, el porcentaje mencionado me sugiere tres observaciones: la primera, siguiendo el discurso de próximos y contrarios, que esto querría decir que el 45% de las frecuencias han ido a empresas enfrentadas al gobierno catalán, cosa que otros no pueden mantener; la segunda, que siempre será mejor un 55 % a los cercanos que el 100% como ha sucedido con el PP, y tercero, que no tiene nada de particular que la mitad de la concesiones vayan a grupos que puedan considerarse cercanos a un determinado gobierno, ya que en la medida que los partidos que lo forman reciben el voto mayoritario de la gente, no es raro que también hayan grupos periodísticos con una sensibilidad política parecida; lo extraño sería que no los hubiera.
En resumen que la concesión en España de licencias de radio y televisión por parte de los gobiernos se ha caracterizado, siempre, por su descarado favoritismo y cuando el proceso ha estado en manos del Partido Popular ese favoritismo se ha convertido en una burla sectaria impropia de un régimen democrático. Como alternativa tenemos, la única en España, la concesión por parte de un organismo como el CAC. No hay color. No lo hay a priori, siempre será mejor que el reparto lo haga una entidad independiente, y menos lo hay a posteriori, sólo hay que comparar. El funcionamiento del CAC es perfectible, por supuesto, personalmente hay muchas cosas relativas al peso en él de los partidos políticos que no me gustan y que son, objetivamente, negativas, pero enfrente no hay nada. La alternativa al CAC es mucho peor, mírese Madrid, Valencia, Murcia, Baleares, etc. También las concesiones del gobierno socialistas de Andalucía dejan mucho que desear. No podemos huir de la realidad, ni colgarnos de ensoñaciones teóricas, las frecuencias se tienen que otorgar y, de momento, sólo disponemos de dos sistemas. Uno, el mejor, discutible y que se debe perfeccionar, el que pasa por organismos independientes, que es el imperante en Europa, y otro, el peor, que debería desaparecer, que lo deja todo en manos del gobierno de turno, y del que, más que nadie, el PP ha abusado hasta la náusea. Uno u otro, no hay más. Lo contrario de lo malo no es lo perfecto, simplemente es lo mejor respecto a lo malo, y más cuando la diferencia es tan evidente como en el caso que me ocupa. Vuelvo al “mal menor” del principio. Acepto el “mal menor” del CAC. Es muy menor y está perfectamente justificado.

3 comentarios:

po78 dijo...

Muy bueno el artículo y muy esclarecedor.

Lucas Figueroa dijo...

Creo que para citar refranes populares primero hay que saber lo que significan, y en su caso está claro que no tiene ni idea. "A " quiere decir justo lo contrario, que hay que apoyar con acciones lo que se pide en la oración.
Saludos

Julià Álvaro Prat dijo...

Este artículo lo titulé en una primera edición: "A Dios rogando y con el mazo dando, o sea, hipócritas". Lucas Figueroa me hace una aclaración muy pertinente, el refrán en cuestión se refiere a la necesidad de poner de nuestra parte cuando se pide algo; por tanto no se trata de una expresión referida directamente a la hipocresía.Pido disculpas por mi falta de precisión. Pretendo que el titular apunte a determinados partidos y medios que viven con Dios siempre presente pero que no dudan en aplicar métodos absolutamente terrenales, trampas y mentiras incluidas, para llegar a sus objetivos. Agradezco la observación y, puesto que me parece acertada, he rectificado el título. Lucas, muchas gracias.