martes, 23 de diciembre de 2008

Los monstruos que nos administran no necesitan consejos (2)


Francisco Camps, president de la Generalitat valenciana, "El Consejo del Audiovisual [...] es un compromiso personal". (Valencia, 30 de noviembre de 2006)






“El Consejo del Audiovisual de la Comunidad Valenciana es una propuesta [...] para poner en marcha lo más pronto posible porque es un compromiso personal, porque es un compromiso político del grupo parlamentario del Partido Popular y porque es un compromiso de desarrollo del Estatuto de Autonomía de todos los valencianos”. Estas palabras del President de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, tienen dos años y un mes. Palabras que quedaron escritas en el Diario de Sesiones, porque las dijo en Les Corts, pero que, en realidad, ni están, ni se les espera. Han pasado más dos años y, pese a tanta apelación al compromiso, pese a la holgada mayoría absoluta de que disfruta el PP, el Consejo del Audiovisual Valenciano sigue sin existir.
En Valencia todo lo relacionado con la intersección entre el poder político y los medios de comunicación se basa en simular y esperar. La gente tiene poca memoria. Las palabras se las lleva el viento y las leyes, también. Incluso el Estatuto de Autonomía.
El nuevo Estatuto de Autonomía valenciano de abril de 2006 contempla explícitamente en su artículo 53.3 que: “Por Ley de Les Corts, aprobada por mayoría de tres quintas partes, se creará el Consell del Audiovisual de la Comunitat Valenciana, que velará por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en el ámbito de la comunicación y los medios audiovisuales en la Comunitat Valenciana. En cuanto a su composición, nombramiento, funciones y estatuto de sus miembros, igualmente habrá que ajustarse a lo que disponga la Ley”.
Lo pactaron populares y socialistas. Estos últimos destacaron el acuerdo sobre el Consejo del Audiovisual como uno de los elementos que justificaban su visto bueno al nuevo texto estatutario. Treinta y dos meses después seguimos sin Consejo.
En abril de este año, cuando ya se llevaban veinticuatro meses de demora, la diputada socialista Nuria Espí preguntó al gobierno de Camps sobre cuándo se iba a constituir el Consejo. La respuesta se la dio el vicepresidente Vicente Rambla: “no se ha creado por la falta de voluntad de la oposición”. Y añadió, desde su más que sólida mayoría absoluta y con evidente desfachatez, “esperamos imprimirle la máxima celeridad”.
El grupo socialista ya presentó pocos días después de la aprobación de la reforma estatutaria un proyecto de ley del Consejo Audiovisual Valenciano. Los populares, gracias a su mayoría absoluta, rechazaron la propuesta. Cuando, también en abril de 2006, se aprobó la Ley valenciana del sector Audiovisual, tanto socialistas como Esquerra Unida, demandaron que se especificara en ese texto las características del futuro Consejo pero los populares se negaron. Al final la ley en cuestión se limitó a constatar que “se creará el Consejo del Audiovisual Valenciano como órgano independiente que se regirá por la presente ley, por la propia ley por la cual se cree y por otras disposiciones aplicables. La ley de Creación del Consejo del Audiovisual de la Comunidad Valenciana establecerá su composición, sus funciones y competencias que, junto con las que la presente ley señala, desarrollará…”. La negativa del PP a aceptar la iniciativa de la oposición la justificó la entonces diputada, y hoy alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente con el argumento, textual, de que “nos parece muy bien que ustedes intenten determinar que funciones va a tener, que independencia o no va a tener. Pero es que, a lo mejor, el consejo que luego se eleve a ley específica va a ser mucho más ambicioso, más independiente, más neoliberal, más progresista, más moderno que el que ustedes plantean […] El consejo del audiovisual tendrá una ley específica, yo creo que igual o más participativa que este proyecto de ley y, estoy segura, que será el mejor dentro del territorio nacional”. Lo decía Lorente, “a lo mejor”. Ha sido a lo peor.





Pedro García (Alzira, 1967). Director General de RTVV. Inmediatamente antes de llegar al cargo fue jefe de comunicación del actual president de la Generalitat, Francisco Camps, y Secretario de Comunicación de su gobierno.




Conste que si bien la Ley del sector Audiovisual, una vez aprobada, no especificaba las características del Consejo, dos meses antes el por aquel entonces conseller de Comunicación, y actual portavoz del PP, Esteban González Pons, presentó un anteproyecto que sí concretaba mucho más. Proponía una entidad vinculada orgánicamente a un departamento gubernamental; con ocho miembros, siete de los cuales los iba a nombrar el PP, y dejaba la capacidad sancionadora en manos del gobierno autonómico. Nadie apoyó ese anteproyecto. Incluso el Consejo Económico y Social formuló observaciones destinadas a liberar al nuevo organismo del control por parte del gobierno. Otra vez carpetazo.
Las iniciativas para crear un Consejo del Audiovisual vienen de bastante lejos. El PSPV prsentó en noviembre de 1998 su primera proposición de ley para crear el organismo en cuestión. Entonces el gobierno popular, con Eduardo Zaplana al frente, dijo no alejando que los socialistas no concretaban ni la financiación, ni los cometidos exactos del nuevo organismo. En enero de 1999 fue Joan Romero, entonces líder de los socialistas valencianos, quien aprovechó unas jornadas de debate sobre televisión para emplazar al gobierno del PP a la creación de una entidad que regulara el audiovisual valenciano. Concretó sobre financiación y cometidos y tuvo la callada por respuesta.
En octubre de 1999, Les Corts aprobaron por unanimidad la puesta en marcha de una comisión parlamentaria para estudiar, así lo declaraba oficialmente su nombre, nuevas formas de gestión para Radio Televisión Valenciana. Durante los tres años siguientes, el PP desvió a esta nueva comisión todas las demandas de creación del Consejo del Audiovisual. Ante cualquier petición, el gobierno del PP contestaba pidiendo tranquilidad. Tranquilidad para esperar el dictamen de la comisión. Así pasaron tres años.
En enero del 2001, en el marco de la mencionada comisión de nuevas formas de gestión, el PP dijo, por primera vez, sí a la puesta en marcha del futuro Consejo, pero sin prisas. Luego, en mayo, cuando la comisión seguía funcionando, y olvidando su reiterado mensaje de esperar a la finalización de sus trabajos, la portavoz del gobierno Zaplana, Alicia de Miguel, ofreció a la oposición consensuar la creación de un Consejo del Audiovisual. Un par de meses antes, cuando los socialistas habían demando ese acuerdo durante el debate parlamentario de “Política General” el mismo gobierno se había negado a negociar.
En las postrimerías de 2001, olvidada ya la oferta de de Miguel, y en vista que la comisión de nuevas formas de gestión no encontraba el momento de cerrar sus debates, los socialistas, con el argumento de que ya estaba bien de estudiar, “ahora hay que legislar”, propusieron de nuevo la creación del Consejo del Audiovisual. Otra vez obtuvieron un no por respuesta. En mayo del 2002 fue la federación valenciana del Audiovisual quien hizo la reclamación pero, de nuevo, se contestó con un “hay que esperar a lo que diga la comisión”.
Finalmente la comisión habló. El dictamen tenía como afirmación estrella, la que interesaba al PP, la posible privatización de Canal 9 pero recomendaba, también, la constitución de un Consejo del Audiovisual.
Los trámites para privatizar Canal 9 se iniciaron de inmediato pero del Consejo jamás se supo. Con el paso del tiempo, los tribunales frustraron las ansias de dejar la cadena en manos privadas. Con el paso de todavía más tiempo, el pretendido Consejo quedó en nada. Periódicamente la oposición recordó la necesidad de crearlo pero los gobiernos populares, primero con Zaplana, después con Camps, no se dieron por aludidos. Hasta que en 2006 llegó la reforma del Estatuto. Los socialistas pensaron que sí, que era la ocasión, que de ésta salían con Consejo. Iba a constar en el Estatuto. Palabras mayores. Como quien cree haber descubierto donde esconde su bolita el trilero, los socialistas pensaban que, por fin, ganarían. Error. Una vez más bajo la media cáscara de nuez no había nada. Siguió pasando el tiempo y, ya saben, casi tres años después Vicente Rambla, el vicepresidente, asegura que si no hay Consejo es por culpa de la oposición.
Es evidente que incumplimiento de leyes y Canal 9 son términos relacionados. Sólo hay que leer el artículo dos de la ley de creación de RTVV de 1984 cuando se refiere al pluralismo o a la veracidad, imparcialidad y objetividad de las informaciones y, después, echar un vistazo a los noticiarios de la cadena. Como diría Serrat, “… no es triste la verdad, lo que no tiene es remedio”.
Me voy de vacaciones. Más o menos 15 días. Para hacer honor a las fechas que nos ocupan me gustaría dejar por escrito un deseo, simple, sencillo: que la misma vara de medir sirva para todo y para todos. Se lo pediré a los Reyes Magos.

jueves, 18 de diciembre de 2008

Músicas y vidas que se cruzan: "Lágrimas negras"

Lejos de las mentiras de los periodistas, en las antípodas de los políticos fraudulentos (anti-podas que dirían en "Los lunes al sol"), como un corte de mangas a esas clases dominantes, los de arriba, que se creen que están donde están porque los demás somos tontos, nosotros, los de abajo, vivimos empujados por pellizcos de felicidad. Es una suerte que no se nos pueda desposeer de la sensibilidad, del sentimiento, de la ternura y de la fe en unas pocas cosas. Y eso que lo intentan; procuran despistarnos, embrutecernos, acabar de jodernos, en definitiva; pero no pueden. Por más mierda que arrojan sobre el mundo siempre hay espacios de luz, guiños, requiebros, fugas, resquicios por los que huir. Los vídeos que acompañan este desahogo son alimento de primera calidad para el corazón que, tengo para mí, es por donde respira el cerebro.





"Lágrimas negras" es una canción compuesta en 1930 por el cantante y compositor cubano Miguel Matamoros. Se supone, digo supone porque hay variaciones en la historia, que Matamoros hizo la canción después de escuchar llorar a una mujer dominicana recién abandonada por su marido. Miguel Matamoros nacido en Santiago de Cuba en 1894 y allí mismo murió en 1971.Era el alma del "Trío Matamoros", un grupo de inmenso éxito en Cuba entre 1930 y 1961.
El primer vídeo corresponde a la grabación de la película de Fernando Trueba "Calle 54", en 2000. El pianista Dionisio Emilio Valdés, Bebo Valdés, y el bajista Israel López, Cachao, son dos músicos cubanos nacidos en 1918. Ambos fueron jovenes estrellas de la música cubana anterior a Fidel Castro. Después de la revolución abandonaron su país y poco más se supo de ellos. Tanto Valdés como Cachao con aproximadamente 45 años y una gran trayectoria a sus espaldas se sumergieron en el anonimato. Valdés durante muchos años se limitó a amenizar las fiestas de una cadena hotelera de Suecia, donde vivía; Cachao, considerado el inventor del mambo, ejercía en locales nocturnos de medio pelo de Miami. Sus biografías se cruzaron de nuevo cuando a mediados de los años 90 del siglo pasado, después de más de 30 años de silencio, volvieron a grabar. Desde entonces los dos recuperaron su esplendor y reconocimiento. Cachao murió hace ocho meses. Valdés vive en Málaga.
El segundo video es de una actuación del acordeonista vasco Miguel Sagastume, conocido como el “Mago de Urki”. Sagastume, nacido en Eibar en 1931, se fue a Cuba en 1950 y allá vivió durante más de cuatro años. Con su acordeón se paseó por los más importantes cabarets del país caribeño, Tropicana incluido. Llegó a compartir escenario, lo que son las cosas, con Bebo Valdés. De vuelta a Euskadi, Miguel Sagastume ambientó todo tipo de fiestas, ceremonias y conciertos. Se casó. Las cosas no eran sencillas. Vivir del acordeón era impensable. Entonces, al menos como profesión, cambió la música por los pasteles. Eso sí, continuó tocando, estudiando el acordeón y practicándolo. Por eso hoy, cincuenta años después, da gusto oír sus “Lágrimas negras”.

martes, 16 de diciembre de 2008

Esta alcaldesa está enajenada


En política, posiblemente en la vida, en general, hay gestos que delatan a quien los hace. Leyendo esta mañana el diario “Levante” me he encontrado con la fotografía que encabeza este artículo: la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, sonrisa en ristre, aguantando ante un grupo de periodistas una foto correspondiente al punto donde se han hundido 40 metros de túnel del AVE Valencia-Madrid. Posando. Exhibiéndose.
Me resulta una instantánea increíble. No entiendo dónde le puede ver la gracia la alcaldesa de Valencia al hecho de que se haya producido un accidente en unas obras que han de dar servicio a sus ciudadanos. Unas obras que tantas veces ha reclamado, unas obras que tan urgentes considera. Se lo suficiente del funcionamiento de los partidos políticos para que no me sorprenda que los dirigentes orgánicos del PP se alegren de los problemas que pueda haber en obras que hacen instituciones gobernadas por el PSOE; y viceversa. Son los malos pensamientos, el olvido de su función, son las miserias partidistas. Lo que me aterra es la magnitud.
Resulta descorazonador ver que las cosas están peor de lo que habitualmente imagino, detectar que la catadura moral de nuestros gobernantes está por debajo del pobre nivel que yo les concedo. Veo a la alcaldesa de Valencia en esta foto y me pregunto cómo tiene que estar de poseída por el virus del sectarismo, enajenada en lo político, para que al hacer ese posado no se le dispare ninguna alarma. ¿No se da cuenta la señora Barberá que un alcaldesa no puede alegrase o hacer broma de una circunstancia como el hundimiento del túnel del AVE? ¿No recuerda que ocupa un cargo institucional? ¿No ve que los perjudicados son sus representados, sus ciudadanos? ¿Dónde queda la lealtad entre instituciones?
Falta inteligencia o falta honradez. Lo uno o lo otro, si no las dos cosas a la vez. Pero todavía es peor. La foto en cuestión que muestra la alcaldesa de Valencia es un fotomontaje que coloca un falso cartel de “Gobierno de España” donde no lo hay, en el punto del accidente. Por supuesto, la señora Barberá, máxima representante de la ciudad de Valencia, sabe que tiene en sus manos una instantánea manipulada que no pretende otra cosa que mofarse del gobierno Zapatero. Además, no crean ustedes que ha sido un fotógrafo de “Levante” o de alguna agencia de información quien ha captado la graciosa imagen de Rita Barberá. No. La fotografía es obra de la oficina de prensa del Ayuntamiento de Valencia. Ellos la han hecho y ellos la han distribuido. Estará satisfecha la alcaldesa.
Echo la vista atrás y recuerdo cuando se inundó el Palau de les Arts en el centro de Valencia. No olvidó que los dirigentes del PP prohibieron que se hicieran fotos del desastre, que colocaron guardias de seguridad para asegurarse de que no había testimonios de lo sucedido. Hoy, en cambio, se pasean con imágenes trucadas. No tienen ni remedio, ni perdón.

viernes, 12 de diciembre de 2008

Los monstruos que nos administran no necesitan consejos (1)

Me parece del máximo interés el debate que hay alrededor de los Consejos del Audiovisual. Los creo organismos imprescindibles. Sigo atentamente todo lo que se discute alrededor de las actuaciones del Consejo del Audiovisual de Cataluña. Lo tengo por un buen ejemplo de funcionamiento. Y no olvido, por supuesto, que el reformado Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana de abril de 2006 contempla en su artículo 53 la creación de un Consejo del Audiovisual. Han pasado más de dos años, treinta y dos meses para ser exactos. Seguimos sin Consejo.
La Ley de Creación de RTVV, de 1984, dispone, en su artículo 4, la puesta en marcha de un Consejo Asesor como uno de los tres pilares de gobierno del ente. Luego, en el artículo 9, regula su composición y funciones. Veinticuatro años después todavía no ha visto la luz. Las vicisitudes, lo dicho y comentado, en todo este tiempo sobre el Consejo Asesor, sus peticiones y sus negaciones, aportan pistas suficientes para saber lo que nos espera en relación al Consejo del Audiovisual de la Comunidad Valenciana. Son temas parecidos, los actores son los mismos. Merece la pena revisar la historia del nonato Consejo Asesor. Es como un aviso, como aquel “abandonad toda esperanza” que Dante colocaba a las puertas del infierno. Resumidamente, veamos.


Dos legislaturas no fueron suficientes para que Joan Lerma procurara la puesta en marcha del Consejo Asesor de RTVV








Canal 9 y Ràdio 9 iniciaron sus emisiones en octubre de 1989 sin que el Consejo Asesor se hubiera creado. No debió parecer imprescindible ni urgente la existencia de un órgano plural, de representación social y que, además de asesorar, podía dedicarse a emitir observaciones y quejas. En su informe correspondiente a 1990 la Sindicatura de Comptes fue la primera instancia en reclamar su puesta en marcha pero el gobierno socialista, con Joan Lerma al frente, no le hizo ningún caso. El Comité de Empresa de RTVV desde 1991 también pidió en diversas ocasiones el nuevo organismo pero tampoco recibió nunca ni respuesta.
En 1993, Enric Bellvesser, representante sindical en RTVV, publicó en el periódico “Levante” un artículo en el que denunciaba el incumplimiento de la Ley de Creación que significaba la inexistencia del Consejo Asesor. Incluso apuntaba a que esa ausencia podía llevar a considerar anulables todas las decisiones tomadas por los órganos de gobierno de RTVV desde 1989. Bellveser fue una de las personas que con más dedicación se ocupó de reivindicar el Consejo. Lo hizo hasta que el PP llegó al gobierno autonómico y desalojó a los socialistas. Entonces pasó a ocupar un cargo de responsabilidad en RTVV y dejó las denuncias pese a que los nuevos gobernantes siguieron negando la existencia del Consejo.



Pese a pedirlo desde la oposición, Eduardo Zaplana tuvo dos legislaturas para crear el Consejo Asesor y no lo hizo.




En 1994 Esquerra Unida presentó una proposición de ley en Les Corts para modificar la Ley de Creación de RTVV e instituir el Consejo Asesor. Se pretendía ampliar el número de miembros y reforzar su papel. Pascual Mollà y Manuel Alcaraz, que fueron quienes presentaron la iniciativa, denunciaron la falta de interés por parte del PSOE, del PP y, en particular, del director general de RTVV, Amadeu Fabregat. Tan poco interés hubo que la propuesta de Esquerra Unida quedó en nada. Acto seguido fue el PP quien propuso una iniciativa parlamentaria similar. Según el texto de los populares, el nuevo organismo era necesario para garantizar la pluralidad y la participación en RTVV. Tampoco hubo suerte. Fue entonces cuando el Consell justificó sus negativas argumentando que votaba no a reforma legales encaminadas a crear el Consejo Asesor, precisamente para no retrasar su puesta en marcha. Su receta era aprobar un decreto ley. Decían que, así, todo sería más rápido y el nuevo organismo podría entrar antes en funcionamiento.
El PP no se dio por satisfecho y volvió a la carga. El entonces diputado Serafín Castellano, en la actualidad conseller de Gobernación de la Generalitat valenciana, presento una nueva iniciativa parlamentaria que, finalmente sólo voto a favor su grupo y Unión Valenciana. Castellano argumentaba que los socialistas no querían el Consejo porque estaban muy cómodos con una Radio Televisión Valenciana a sus órdenes.
En su informe de 1994 el que se detenía en la cuestión era el Síndic de Greugues, Arturo Lizón. En respuesta a una denuncia del sindicato CGT, el Síndic solicitaba “el urgente desarrollo de la Ley de Creación de RTVV para constituir el Consejo Asesor y dar cumplida satisfacción al ejercicio del derecho de participación constitucionalmente reconocido”. Agua. Otra vez agua.
Entretanto, el supuesto decreto ley con el que, a principios de 1994, los socialistas pretendían acelerar la entrada en funcionamiento del Consejo Asesor se fue ralentizando. No fue hasta 1995 que la Mesa de Les Corts acordó tramitarlo. Luego pasó lo inevitable. Corrió el calendario, se convocaron elecciones, se disolvió la cámara y adiós decreto. Con las elecciones llegó Zaplana y adiós socialistas.
Junto al cambio de inquilinos en el poder, también cambiaron prioridades de unos y otros. La calma socialistas se hizo urgencia y las prisas populares se volvieron peticiones de paciencia.
Esquerra Unida siguió con sus demandas y consiguió que, en febrero de 1996, Les Corts aprobaran por unanimidad una resolución que obligaba a que antes de tres meses el Consejo Asesor fuera una realidad. La propuesta la voto incluso el gobernante PP que no disponía de mayoría absoluta y sabía que sus socios de Unión Valenciana le iban a dar el sí. Hubo unanimidad pero, a lo decidido, ni caso.


Más de dos legislaturas lleva Francisco Camps presidiendo la Generalitat valenciana y el Consejo Asesor sigue sin existir.







A finales del mismo 1996, José Vicente Villaescusa, el hombre que empezó en la extrema izquierda, pasó por el PSOE cuando estos gobernaban y acabó de director general de RTVV con el PP, se comprometió a que durante el primer trimestre de 1997 el Consejo Asesor se pondría en marcha. No cumplió. Un año y medio después, hacia finales de 1998, Les Corts, con el voto en contra del PP pero el favorable de su socio de gobierno Unió Valenciana y de toda la oposición, aprobaron reclamar al Consell, presidido por Eduardo Zaplana, el funcionamiento del Consejo y le dieron dos meses de plazo para hacer efectivo lo acordado. Aquel día el PP justifico su voto negativo en que “ya se ha abierto un expediente administrativo que está tramitando la creación del Consejo”. El plazo eran dos meses. Han pasado diez años. han pasado los dos meses del plazo y 118 meses más. El expediente debe continuar su trámite. Cualquier día nos sorprenden.

viernes, 5 de diciembre de 2008

A Dios rogando y con el mazo dando, o mejor dicho, hipócritas.


La justicia ha anulado las concesiones de Aguirre por falta de transparencia.


En cuestiones de “mal menor” estoy mucho más con Michel Ignatieff que con Maquiavelo; me parece que la aceptación del “mal menor” no puede hacerse al margen de la ética. Basar la defensa del “mal menor” sólo en que se trata de una alternativa a un mal todavía mayor e inevitable me parece pura trampa. Los “males menores” precisan de explicaciones muy precisas, de justificaciones claras. El “mal menor” existe sólo si es capaz de poner en evidencia, sin espacio para la duda, cual es el “mal mayor”, si no es simplemente mal.
Sirva este preámbulo para referirme a la reciente polémica alrededor de la concesión por parte del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) de 83 frecuencias de radio y la todavía más reciente anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del concurso de adjudicación de licencias de Televisión Digital Terrestre (TDT) por parte del gobierno autonómico madrileño de Esperanza Aguirre.
Al CAC se le ha acusado de sectarismo, de favorecer a los próximos. Incluso se le han convocado manifestaciones, se ha atacado su sede a pedradas y se han colocado micrófonos en su sala de plenos.
Es evidente que el resultado del concurso es discutible de las licencias de radio catalanas. Siempre es discutible. Todo. Este tipo de decisiones no son matemática pura por más que los baremos se intenten objetivar al máximo. Sucede que las críticas pierden todo el valor cuando quien las formula es un partido, el PP, que ha cometido incontables tropelías y abusos en ese mismo campo de las concesiones de emisoras o cuando quien se queja son empresas que, en su momento, se han beneficiado claramente de las trampas que ahora detectan pero que, en su caso, les pasaron inadvertidas.
La concesión las 83 licencias de radio efectuada por el CAC es el primer caso de un concurso de este tipo que se hace a través de un organismo independiente y no directamente por el gobierno de turno. Por tanto, primer aspecto favorable.
Resulta además que se dice que las empresas más beneficiadas son próximas al tripartito catalán. Recuérdese que el tripartito lo forman el PSC, Iniciativa y Esquerra Republicana. Pues bien, la empresa que más licencias se ha llevado, diecisiete, ha sido el grupo Godo (La Vanguardia); a continuación, con doce, Flaix, cadena presidida por Miquel Calzada, hombre próximo a CiU, y, también con doce, Radio Teletaxi, empresa propiedad del locutor Justo Molinero, militante de Convergència; la SER ha conseguido nueve; Onda Cero, de Planeta, ocho, y Radio Estel, de la iglesia catalana, siete. Por ningún lado se observa una proximidad mayoritaria a los partidos gobernantes. El grupo Zeta, tradicionalmente cercano a los socialistas que presiden el ejecutivo catalán, se ha quedado sin una sola concesión. Sirva también este dato.
Como Zeta, han quedado fuera, entre otras, “Unidad Liberal”, empresa de la editora del diario “El Mundo”; “Onda Ramblas”, de Luis del Olmo, y “Radio 13”, del grupo de la Cope. Gracias a la transparencia del concurso del CAC se puede saber que, por ejemplo, las ofertas de “Radio 13” no han pasado en ninguna de las demarcaciones en las que concursaban del puesto número 11 y se han quedado siempre a más de 150 puntos de la oferta ganadora. “Onda Ramblas” consiguió resultados mucho mejores; hasta el punto que en una de las 35 demarcaciones en las que concursó quedó en segunda posición a sólo 7’2 puntos de RKOR que fue la primera. En el caso de “Unidad Liberal” sus veintidós ofertas quedaron fuera en la fase previa del concurso en aplicación del punto 18.1 del pliego de condiciones que estipulaba que “las ofertas con una puntuación inferior al 50% en cualquiera de los grupos de evaluación correspondientes a la propuesta tecnológica, propuesta económica y programación de la memoria descriptiva, quedarán automáticamente eliminadas”. Es decir, en el listado final sólo aparecían aquellas ofertas que hubieran superado el 5, cosa que las de “El Mundo” en ningún caso lo consiguieron.


Así quedaron los cristales de la sede del CAC después del ataque a pedradas.

Estos datos son importantes porque demuestran, como mínimo, transparencia en el concurso. Precisamente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado esta misma semana la concesión de TDTs que hizo en 2005 el gobierno de Esperanza Aguirre. Se anula por falta de claridad en los resultados y por no justificar las puntuaciones dadas a los distintos ofertantes.
Una concesión, por cierto, la de Esperanza Aguirre que dejó todas las licencias en manos de sus empresas más próximas, sin matices, sin vergüenza: Cinco para la COPE, cuatro para Federico Jiménez Losantos y Antena 3, y una para Intereconomía y “El Mundo”. Ni agua para los no afines. “Me ha escandalizado este sectarismo deleznable”, dijo Esperanza Aguirre. Lo dijo la semana pasada, claro, se refería las concesiones del CAC, por supuesto, no a las suyas.
Lo de Madrid se repite, siempre con el PP mediante, en Galicia, en Murcia, en Baleares, en La Rioja, en Valencia. Siempre “El Mundo”, la COPE, Losantos e Intereconomía repartiéndose el botín. En algunos casos, las circunstancias claman al cielo, nunca mejor dicho. En Galicia, por ejemplo, las concesiones, que eran de ámbito autonómico, se otorgaron cuando el gobierno Fraga, ya perdidas las elecciones, estaba en funciones. En Murcia, los más beneficiados fueron empresas dedicadas a la construcción que, de la noche a la mañana, abrieron sus divisiones audiovisuales y vieron como les tocaba el gordo. En Valencia, donde “El Mundo”, Federico Jiménez Losantos e Intereconomía salieron a cuatro frecuencias por barba, y donde las dos grandes emisoras autonómicas fueron para la COPE y para el diario “Las Provincias”, la concesión se hizo pública el día previo a Fin de Año. El entonces conseller autonómico de Comunicación, Esteban González Pons declaró que “hay un problema de recorte de la libertad de expresión y recorte de la pluralidad. Los más críticos son los más recortados cuando deberían ser los más protegidos”. González Pons, como Aguirre, dijo esto la semana pasada y, como no, también hablaba de Cataluña. Lo suyo le pareció bien.
Por cierto que en calendario festivo también coincidieron los casos madrileño y valenciano ya que, si en Valencia el fallo se conoció en plenas vacaciones navideñas, Aguirre publicó los resultados a mediados de agosto. Aquí también hay diferencias respecto al caso catalán, allí se dio a conocer la decisión un 7 de noviembre.
Se ha acusado también al CAC de haber retirado emisoras puesto que las frecuencias ahora asignadas ya estaban ocupadas. Otra mentira más. Las frecuencias ahora otorgadas estaban ocupadas con carácter provisional en virtud de un convenio que especificaba que “la participación de una empresa emisora en la prueba piloto no le otorgará ningún tipo de derecho en el concurso que se convoque…”. Por tanto si alguno de los que emitía provisionalmente al final no ha obtenido la frecuencia que ocupaba, como le ha sucedido a la COPE en dos casos y a la SER en tres, por citar algunos ejemplos, en ningún caso se puede hablar de retirada. Es más, lo que si ha hecho el CAC durante este mismo año 2008 ha sido renovar para los próximos diez años las concesiones de cuatro emisoras de la Cope en Cataluña.
Para acabar llama la atención un porcentaje que destacaba “El Mundo” durante los días inmediatos al fallo del CAC. Decía el diario que “el 55% de las emisoras habían ido a empresas próximas al gobierno catalán. Sin entrar en el fondo del dato, que es discutible, el porcentaje mencionado me sugiere tres observaciones: la primera, siguiendo el discurso de próximos y contrarios, que esto querría decir que el 45% de las frecuencias han ido a empresas enfrentadas al gobierno catalán, cosa que otros no pueden mantener; la segunda, que siempre será mejor un 55 % a los cercanos que el 100% como ha sucedido con el PP, y tercero, que no tiene nada de particular que la mitad de la concesiones vayan a grupos que puedan considerarse cercanos a un determinado gobierno, ya que en la medida que los partidos que lo forman reciben el voto mayoritario de la gente, no es raro que también hayan grupos periodísticos con una sensibilidad política parecida; lo extraño sería que no los hubiera.
En resumen que la concesión en España de licencias de radio y televisión por parte de los gobiernos se ha caracterizado, siempre, por su descarado favoritismo y cuando el proceso ha estado en manos del Partido Popular ese favoritismo se ha convertido en una burla sectaria impropia de un régimen democrático. Como alternativa tenemos, la única en España, la concesión por parte de un organismo como el CAC. No hay color. No lo hay a priori, siempre será mejor que el reparto lo haga una entidad independiente, y menos lo hay a posteriori, sólo hay que comparar. El funcionamiento del CAC es perfectible, por supuesto, personalmente hay muchas cosas relativas al peso en él de los partidos políticos que no me gustan y que son, objetivamente, negativas, pero enfrente no hay nada. La alternativa al CAC es mucho peor, mírese Madrid, Valencia, Murcia, Baleares, etc. También las concesiones del gobierno socialistas de Andalucía dejan mucho que desear. No podemos huir de la realidad, ni colgarnos de ensoñaciones teóricas, las frecuencias se tienen que otorgar y, de momento, sólo disponemos de dos sistemas. Uno, el mejor, discutible y que se debe perfeccionar, el que pasa por organismos independientes, que es el imperante en Europa, y otro, el peor, que debería desaparecer, que lo deja todo en manos del gobierno de turno, y del que, más que nadie, el PP ha abusado hasta la náusea. Uno u otro, no hay más. Lo contrario de lo malo no es lo perfecto, simplemente es lo mejor respecto a lo malo, y más cuando la diferencia es tan evidente como en el caso que me ocupa. Vuelvo al “mal menor” del principio. Acepto el “mal menor” del CAC. Es muy menor y está perfectamente justificado.

lunes, 1 de diciembre de 2008

Los condenados de Canal 9


El pasado sábado, en medio de la manifestación en la que alrededor de 50.000 personas recorrieron las calles de Valencia contra la política educativa del gobierno de la Generalitat presidido por Francisco Camps, había pancartas preguntándose dónde estaba Canal 9. Ciertamente, allí no. Acertaban en su suposición los manifestantes: Canal 9, la televisión autonómica valenciana, censuró la protesta; en la medida en que los responsables de la cadena pudieron, la hicieron invisible. Tan invisible como darle sólo treinta y cuatro segundos, poco más de medio minuto, en el informativo de la noche de ese sábado. Y nada más. Treinta y cuatro segundos que se emitieron veinte minutos después del inicio del espacio, es decir con una docena de temas por delante. Invisible. No estábamos ante una manifestación cualquiera, fue la mayor movilización vivida en Valencia desde las marchas del “No a la Guerra” de 2003. Hablo de 50.000 personas porque fueron 2.300 metros de recorrido, por calles con una anchura media de 12 metros, con la cabecera de la marcha llegando al final cuando la cola todavía no había arrancado y con aproximadamente dos manifestantes por metro cuadrado (2300 x 12 = 27.600 x 2 = 55.200). La importancia de la convocatoria se demuestra en el hecho de que al día siguiente, domingo, todos los periódicos abrieran sus portadas con la manifestación. Había unanimidad. “Levante” decía: “Decenas de miles de personas contra la política educativa del Consell”; “Las Provincias”, “Masiva manifestación contra la política educativa del Consell”; “El País”, “Marea ciudadana contra la política educativa de Camps”, y “El Mundo”, “La protesta contra Ciudadanía arrastra a miles de personas a la calle en Valencia”. Únicamente para Canal 9 se trató de un tema menor.

El contenido de los mencionados treinta y cuatro segundos de información no tiene desperdicio. Fueron diez planos, ni uno más. Por supuesto ninguno era un plano general que pudiera dar una idea de la cantidad de gente que había manifestándose. De los diez planos, seis eran de banderas vinculadas a Esquerra Republicana de Catalunya, partido que nada tenía que ver con la convocatoria de la protesta; en otro se podía leer una pancarta que decía “Zapatero, sácanos de Bolonia”, y los otros tres eran neutros, planos medios y laterales de la marcha sin ningún elemento significativo. El texto exacto de la noticia era el siguiente: “Esta misma tarde las calles de Valencia han sido el escenario de una manifestación en defensa de la enseñanza pública. En la marcha se ha rechazado la política educativa del Consell y también se han visto pancartas pidiendo respuestas a Zapatero. La manifestación ha sido convocada por asociaciones de estudiantes, padres y sindicatos y a ella se han sumado los partidos de izquierda. Se ha rechazado la asignatura de Educación para la Ciudadanía en inglés pese a que el Consell acaba de anunciar una moratoria de esta iniciativa. La Policía Local ha cifrado en 12.000 los manifestantes, por debajo de las expectativas de los convocantes. Los comercios se han quejado a la Delegación del Gobierno por autorizar esta manifestación el primer sábado de la campaña de Navidad”.
Un redactado que se ajusta como un guante al argumentario utilizado por el PP para criticar la manifestación. Acabada ésta, el Secretario General del PP valenciano, Ricardo Costa, declaró que la convocatoria había sido un fracaso y no había llegado a lo que se esperaba porque “no reunió a los dos millones de personas que integran la comunidad educativa” y acusó a los convocantes de “boicotear” el comercio por colapsar el centro de la ciudad. Qué casualidad.
Por tanto, esas pancartas que se podían leer en la manifestación referidas a la ausencia de Canal 9 tenían sentido. Verlas me hizo pensar en esa inmensa mayoría de ciudadanos valencianos que han dado la espalda a su televisión autonómica, que ya no se preocupan de lo que hace, ni de lo que emite, ni de lo que en ella sucede. Es una postura comprensible, fruto de años de manipulación, censura y sectarismo, pero es al mismo tiempo una postura irresponsable. El funcionamiento y los contenidos de Canal 9 también afectan, y mucho, a los que, pese a pagarla, no quieren saber nada de ella. Si Canal 9 fuese una televisión pública un poco más democrática, sería más plural y en ella tendrían cabida, por ejemplo, las críticas a la política educativa del Consell, manifestaciones incluidas. Entonces, a diferencia de ahora, las voces discrepantes conseguirían repercusión y, quizás, precisamente por eso, políticas como las que han llevado a convocar manifestaciones como la del sábado serían imposibles.
Este es el nudo de la situación, la impunidad de Canal 9 se alimenta del desinterés de sus críticos, de sus víctimas que no se toman, que nunca se han tomado, la regeneración de la televisión autonómica valenciana como un elemento estratégico en sus demandas ciudadanas. Es un pecado de desprecio que esconde, a su vez, la penitencia de facilitar que todo siga como está. No es una cuestión menor. En juego está la calidad de la democracia. Si se quiere, la democracia misma.