viernes, 26 de septiembre de 2008

La presunción de inocencia no vale para el Presidente de la Diputación

A veces uno siente la necesidad de escribir obviedades. Por ejemplo, que el presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra, no es la víctima de ningún juicio paralelo, ni se le niega la presunción de inocencia. Me parece necesario escribir esto, y razonarlo, para poner en evidencia que el presidente de la Diputación castellonense ya debería haber dimitido y, además, como doctrina para casos venideros, porque si bien hoy es el PP el que clama al cielo en defensa de Fabra, en otros tiempos fueron otros; otros que ahora si demandan dimisiones.
Carlos Fabra es, antes que nada, un ciudadano con todos los derechos. Faltaría más. En tanto que ciudadano, ni se merece juicios paralelos, ni que se discuta su presunción de inocencia. Lo que pasa es que Carlos Fabra, porque así lo quiere, sin que nadie le haya obligado a ello, es un importante dirigente político y desempeña distintos cargos públicos destacados. Como político, Carlos Fabra sí puede estar sometido a juicios paralelos y, si alguien pone en duda su comportamiento, como es el caso, es a él a quien le toca disipar esos interrogantes, es cosa suya demostrar que aquello de lo que se le acusa no tiene fundamento. Políticamente la presunción de inocencia no existe.
Llevamos muchos años de "proceso Fabra" pero el principal responsable de ello es él mismo. Fabra está entorpeciendo la resolución de su caso con todas las trabas dilatorias que a sus buenos abogados se les ocurren, y son muchas. Es aceptable que un ciudadano adopte esta táctica de defensa pero no lo es que lo haga un cargo político. El presidente del PP de Castellón, Presidente de la Diputación provincial y concejal de la capital castellonense, Carlos Fabra, desde el primer momento, estaba obligado a mostrar todo su patrimonio y el de sus familiares directos, sus declaraciones de la renta, todos sus intereses, sus cuentas corrientes y dar razón de todos y cada uno de los movimientos que allí constaran. En resumen, colaborar. No lo ha hecho.
Cuando desde instancias políticas o periodísticas se le han pedido explicaciones ha contestado con cajas destempladas y descalificaciones. Mal. Su obligación es responder con todo detalle. No porque pregunte un político o un periodista sino porque, a través de ellos, está contestando a las dudas del ciudadano, de cualquier ciudadano, de todos los ciudadanos; esos a quienes debe sus cargos y a quienes representa. La pregunta que se le debe hacer a Carlos Fabra no es que opinión le merece lo publicado por tal o cual periódico cuando publican, como hace hoy "El País", que entre 1999 y 2004 ingresó seis millones de euros sin justificar. No importa lo que opine al respecto. La pregunta es: ¿Cómo justifica usted los seis millones de euros que ingresó entre 1999 y 2004? Si Carlos Fabra no responde a este interrogante, sea porque no quiere hacerlo o porque no puede, si no resuelve de inmediato la sospecha que implica la pregunta, el presidente del PP de Castellón, presidente de la Diputación provincial y concejal del ayuntamiento de la capital de la Plana debe dimitir. Si no dimite por propia iniciativa, su partido le debe obligar a hacerlo y si nada de esto sucede, ni él ni su partido tienen ningún derecho, ni ninguna razón para decir que se les está persiguiendo, ni que hay un juicio paralelo, ni que no se respeta la presunción de inocencia. Un cargo público que quiera presunción de inocencia, que dimita. Un político está obligado a ser un referente ético para el ciudadano, un sospechoso no puede ser referente ético, luego, un sospechoso no puede ser político. Por eso Fabra debe dimitir.

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