martes, 23 de diciembre de 2008

Los monstruos que nos administran no necesitan consejos (2)


Francisco Camps, president de la Generalitat valenciana, "El Consejo del Audiovisual [...] es un compromiso personal". (Valencia, 30 de noviembre de 2006)






“El Consejo del Audiovisual de la Comunidad Valenciana es una propuesta [...] para poner en marcha lo más pronto posible porque es un compromiso personal, porque es un compromiso político del grupo parlamentario del Partido Popular y porque es un compromiso de desarrollo del Estatuto de Autonomía de todos los valencianos”. Estas palabras del President de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, tienen dos años y un mes. Palabras que quedaron escritas en el Diario de Sesiones, porque las dijo en Les Corts, pero que, en realidad, ni están, ni se les espera. Han pasado más dos años y, pese a tanta apelación al compromiso, pese a la holgada mayoría absoluta de que disfruta el PP, el Consejo del Audiovisual Valenciano sigue sin existir.
En Valencia todo lo relacionado con la intersección entre el poder político y los medios de comunicación se basa en simular y esperar. La gente tiene poca memoria. Las palabras se las lleva el viento y las leyes, también. Incluso el Estatuto de Autonomía.
El nuevo Estatuto de Autonomía valenciano de abril de 2006 contempla explícitamente en su artículo 53.3 que: “Por Ley de Les Corts, aprobada por mayoría de tres quintas partes, se creará el Consell del Audiovisual de la Comunitat Valenciana, que velará por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en el ámbito de la comunicación y los medios audiovisuales en la Comunitat Valenciana. En cuanto a su composición, nombramiento, funciones y estatuto de sus miembros, igualmente habrá que ajustarse a lo que disponga la Ley”.
Lo pactaron populares y socialistas. Estos últimos destacaron el acuerdo sobre el Consejo del Audiovisual como uno de los elementos que justificaban su visto bueno al nuevo texto estatutario. Treinta y dos meses después seguimos sin Consejo.
En abril de este año, cuando ya se llevaban veinticuatro meses de demora, la diputada socialista Nuria Espí preguntó al gobierno de Camps sobre cuándo se iba a constituir el Consejo. La respuesta se la dio el vicepresidente Vicente Rambla: “no se ha creado por la falta de voluntad de la oposición”. Y añadió, desde su más que sólida mayoría absoluta y con evidente desfachatez, “esperamos imprimirle la máxima celeridad”.
El grupo socialista ya presentó pocos días después de la aprobación de la reforma estatutaria un proyecto de ley del Consejo Audiovisual Valenciano. Los populares, gracias a su mayoría absoluta, rechazaron la propuesta. Cuando, también en abril de 2006, se aprobó la Ley valenciana del sector Audiovisual, tanto socialistas como Esquerra Unida, demandaron que se especificara en ese texto las características del futuro Consejo pero los populares se negaron. Al final la ley en cuestión se limitó a constatar que “se creará el Consejo del Audiovisual Valenciano como órgano independiente que se regirá por la presente ley, por la propia ley por la cual se cree y por otras disposiciones aplicables. La ley de Creación del Consejo del Audiovisual de la Comunidad Valenciana establecerá su composición, sus funciones y competencias que, junto con las que la presente ley señala, desarrollará…”. La negativa del PP a aceptar la iniciativa de la oposición la justificó la entonces diputada, y hoy alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente con el argumento, textual, de que “nos parece muy bien que ustedes intenten determinar que funciones va a tener, que independencia o no va a tener. Pero es que, a lo mejor, el consejo que luego se eleve a ley específica va a ser mucho más ambicioso, más independiente, más neoliberal, más progresista, más moderno que el que ustedes plantean […] El consejo del audiovisual tendrá una ley específica, yo creo que igual o más participativa que este proyecto de ley y, estoy segura, que será el mejor dentro del territorio nacional”. Lo decía Lorente, “a lo mejor”. Ha sido a lo peor.





Pedro García (Alzira, 1967). Director General de RTVV. Inmediatamente antes de llegar al cargo fue jefe de comunicación del actual president de la Generalitat, Francisco Camps, y Secretario de Comunicación de su gobierno.




Conste que si bien la Ley del sector Audiovisual, una vez aprobada, no especificaba las características del Consejo, dos meses antes el por aquel entonces conseller de Comunicación, y actual portavoz del PP, Esteban González Pons, presentó un anteproyecto que sí concretaba mucho más. Proponía una entidad vinculada orgánicamente a un departamento gubernamental; con ocho miembros, siete de los cuales los iba a nombrar el PP, y dejaba la capacidad sancionadora en manos del gobierno autonómico. Nadie apoyó ese anteproyecto. Incluso el Consejo Económico y Social formuló observaciones destinadas a liberar al nuevo organismo del control por parte del gobierno. Otra vez carpetazo.
Las iniciativas para crear un Consejo del Audiovisual vienen de bastante lejos. El PSPV prsentó en noviembre de 1998 su primera proposición de ley para crear el organismo en cuestión. Entonces el gobierno popular, con Eduardo Zaplana al frente, dijo no alejando que los socialistas no concretaban ni la financiación, ni los cometidos exactos del nuevo organismo. En enero de 1999 fue Joan Romero, entonces líder de los socialistas valencianos, quien aprovechó unas jornadas de debate sobre televisión para emplazar al gobierno del PP a la creación de una entidad que regulara el audiovisual valenciano. Concretó sobre financiación y cometidos y tuvo la callada por respuesta.
En octubre de 1999, Les Corts aprobaron por unanimidad la puesta en marcha de una comisión parlamentaria para estudiar, así lo declaraba oficialmente su nombre, nuevas formas de gestión para Radio Televisión Valenciana. Durante los tres años siguientes, el PP desvió a esta nueva comisión todas las demandas de creación del Consejo del Audiovisual. Ante cualquier petición, el gobierno del PP contestaba pidiendo tranquilidad. Tranquilidad para esperar el dictamen de la comisión. Así pasaron tres años.
En enero del 2001, en el marco de la mencionada comisión de nuevas formas de gestión, el PP dijo, por primera vez, sí a la puesta en marcha del futuro Consejo, pero sin prisas. Luego, en mayo, cuando la comisión seguía funcionando, y olvidando su reiterado mensaje de esperar a la finalización de sus trabajos, la portavoz del gobierno Zaplana, Alicia de Miguel, ofreció a la oposición consensuar la creación de un Consejo del Audiovisual. Un par de meses antes, cuando los socialistas habían demando ese acuerdo durante el debate parlamentario de “Política General” el mismo gobierno se había negado a negociar.
En las postrimerías de 2001, olvidada ya la oferta de de Miguel, y en vista que la comisión de nuevas formas de gestión no encontraba el momento de cerrar sus debates, los socialistas, con el argumento de que ya estaba bien de estudiar, “ahora hay que legislar”, propusieron de nuevo la creación del Consejo del Audiovisual. Otra vez obtuvieron un no por respuesta. En mayo del 2002 fue la federación valenciana del Audiovisual quien hizo la reclamación pero, de nuevo, se contestó con un “hay que esperar a lo que diga la comisión”.
Finalmente la comisión habló. El dictamen tenía como afirmación estrella, la que interesaba al PP, la posible privatización de Canal 9 pero recomendaba, también, la constitución de un Consejo del Audiovisual.
Los trámites para privatizar Canal 9 se iniciaron de inmediato pero del Consejo jamás se supo. Con el paso del tiempo, los tribunales frustraron las ansias de dejar la cadena en manos privadas. Con el paso de todavía más tiempo, el pretendido Consejo quedó en nada. Periódicamente la oposición recordó la necesidad de crearlo pero los gobiernos populares, primero con Zaplana, después con Camps, no se dieron por aludidos. Hasta que en 2006 llegó la reforma del Estatuto. Los socialistas pensaron que sí, que era la ocasión, que de ésta salían con Consejo. Iba a constar en el Estatuto. Palabras mayores. Como quien cree haber descubierto donde esconde su bolita el trilero, los socialistas pensaban que, por fin, ganarían. Error. Una vez más bajo la media cáscara de nuez no había nada. Siguió pasando el tiempo y, ya saben, casi tres años después Vicente Rambla, el vicepresidente, asegura que si no hay Consejo es por culpa de la oposición.
Es evidente que incumplimiento de leyes y Canal 9 son términos relacionados. Sólo hay que leer el artículo dos de la ley de creación de RTVV de 1984 cuando se refiere al pluralismo o a la veracidad, imparcialidad y objetividad de las informaciones y, después, echar un vistazo a los noticiarios de la cadena. Como diría Serrat, “… no es triste la verdad, lo que no tiene es remedio”.
Me voy de vacaciones. Más o menos 15 días. Para hacer honor a las fechas que nos ocupan me gustaría dejar por escrito un deseo, simple, sencillo: que la misma vara de medir sirva para todo y para todos. Se lo pediré a los Reyes Magos.

jueves, 18 de diciembre de 2008

Músicas y vidas que se cruzan: "Lágrimas negras"

Lejos de las mentiras de los periodistas, en las antípodas de los políticos fraudulentos (anti-podas que dirían en "Los lunes al sol"), como un corte de mangas a esas clases dominantes, los de arriba, que se creen que están donde están porque los demás somos tontos, nosotros, los de abajo, vivimos empujados por pellizcos de felicidad. Es una suerte que no se nos pueda desposeer de la sensibilidad, del sentimiento, de la ternura y de la fe en unas pocas cosas. Y eso que lo intentan; procuran despistarnos, embrutecernos, acabar de jodernos, en definitiva; pero no pueden. Por más mierda que arrojan sobre el mundo siempre hay espacios de luz, guiños, requiebros, fugas, resquicios por los que huir. Los vídeos que acompañan este desahogo son alimento de primera calidad para el corazón que, tengo para mí, es por donde respira el cerebro.





"Lágrimas negras" es una canción compuesta en 1930 por el cantante y compositor cubano Miguel Matamoros. Se supone, digo supone porque hay variaciones en la historia, que Matamoros hizo la canción después de escuchar llorar a una mujer dominicana recién abandonada por su marido. Miguel Matamoros nacido en Santiago de Cuba en 1894 y allí mismo murió en 1971.Era el alma del "Trío Matamoros", un grupo de inmenso éxito en Cuba entre 1930 y 1961.
El primer vídeo corresponde a la grabación de la película de Fernando Trueba "Calle 54", en 2000. El pianista Dionisio Emilio Valdés, Bebo Valdés, y el bajista Israel López, Cachao, son dos músicos cubanos nacidos en 1918. Ambos fueron jovenes estrellas de la música cubana anterior a Fidel Castro. Después de la revolución abandonaron su país y poco más se supo de ellos. Tanto Valdés como Cachao con aproximadamente 45 años y una gran trayectoria a sus espaldas se sumergieron en el anonimato. Valdés durante muchos años se limitó a amenizar las fiestas de una cadena hotelera de Suecia, donde vivía; Cachao, considerado el inventor del mambo, ejercía en locales nocturnos de medio pelo de Miami. Sus biografías se cruzaron de nuevo cuando a mediados de los años 90 del siglo pasado, después de más de 30 años de silencio, volvieron a grabar. Desde entonces los dos recuperaron su esplendor y reconocimiento. Cachao murió hace ocho meses. Valdés vive en Málaga.
El segundo video es de una actuación del acordeonista vasco Miguel Sagastume, conocido como el “Mago de Urki”. Sagastume, nacido en Eibar en 1931, se fue a Cuba en 1950 y allá vivió durante más de cuatro años. Con su acordeón se paseó por los más importantes cabarets del país caribeño, Tropicana incluido. Llegó a compartir escenario, lo que son las cosas, con Bebo Valdés. De vuelta a Euskadi, Miguel Sagastume ambientó todo tipo de fiestas, ceremonias y conciertos. Se casó. Las cosas no eran sencillas. Vivir del acordeón era impensable. Entonces, al menos como profesión, cambió la música por los pasteles. Eso sí, continuó tocando, estudiando el acordeón y practicándolo. Por eso hoy, cincuenta años después, da gusto oír sus “Lágrimas negras”.

martes, 16 de diciembre de 2008

Esta alcaldesa está enajenada


En política, posiblemente en la vida, en general, hay gestos que delatan a quien los hace. Leyendo esta mañana el diario “Levante” me he encontrado con la fotografía que encabeza este artículo: la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, sonrisa en ristre, aguantando ante un grupo de periodistas una foto correspondiente al punto donde se han hundido 40 metros de túnel del AVE Valencia-Madrid. Posando. Exhibiéndose.
Me resulta una instantánea increíble. No entiendo dónde le puede ver la gracia la alcaldesa de Valencia al hecho de que se haya producido un accidente en unas obras que han de dar servicio a sus ciudadanos. Unas obras que tantas veces ha reclamado, unas obras que tan urgentes considera. Se lo suficiente del funcionamiento de los partidos políticos para que no me sorprenda que los dirigentes orgánicos del PP se alegren de los problemas que pueda haber en obras que hacen instituciones gobernadas por el PSOE; y viceversa. Son los malos pensamientos, el olvido de su función, son las miserias partidistas. Lo que me aterra es la magnitud.
Resulta descorazonador ver que las cosas están peor de lo que habitualmente imagino, detectar que la catadura moral de nuestros gobernantes está por debajo del pobre nivel que yo les concedo. Veo a la alcaldesa de Valencia en esta foto y me pregunto cómo tiene que estar de poseída por el virus del sectarismo, enajenada en lo político, para que al hacer ese posado no se le dispare ninguna alarma. ¿No se da cuenta la señora Barberá que un alcaldesa no puede alegrase o hacer broma de una circunstancia como el hundimiento del túnel del AVE? ¿No recuerda que ocupa un cargo institucional? ¿No ve que los perjudicados son sus representados, sus ciudadanos? ¿Dónde queda la lealtad entre instituciones?
Falta inteligencia o falta honradez. Lo uno o lo otro, si no las dos cosas a la vez. Pero todavía es peor. La foto en cuestión que muestra la alcaldesa de Valencia es un fotomontaje que coloca un falso cartel de “Gobierno de España” donde no lo hay, en el punto del accidente. Por supuesto, la señora Barberá, máxima representante de la ciudad de Valencia, sabe que tiene en sus manos una instantánea manipulada que no pretende otra cosa que mofarse del gobierno Zapatero. Además, no crean ustedes que ha sido un fotógrafo de “Levante” o de alguna agencia de información quien ha captado la graciosa imagen de Rita Barberá. No. La fotografía es obra de la oficina de prensa del Ayuntamiento de Valencia. Ellos la han hecho y ellos la han distribuido. Estará satisfecha la alcaldesa.
Echo la vista atrás y recuerdo cuando se inundó el Palau de les Arts en el centro de Valencia. No olvidó que los dirigentes del PP prohibieron que se hicieran fotos del desastre, que colocaron guardias de seguridad para asegurarse de que no había testimonios de lo sucedido. Hoy, en cambio, se pasean con imágenes trucadas. No tienen ni remedio, ni perdón.

viernes, 12 de diciembre de 2008

Los monstruos que nos administran no necesitan consejos (1)

Me parece del máximo interés el debate que hay alrededor de los Consejos del Audiovisual. Los creo organismos imprescindibles. Sigo atentamente todo lo que se discute alrededor de las actuaciones del Consejo del Audiovisual de Cataluña. Lo tengo por un buen ejemplo de funcionamiento. Y no olvido, por supuesto, que el reformado Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana de abril de 2006 contempla en su artículo 53 la creación de un Consejo del Audiovisual. Han pasado más de dos años, treinta y dos meses para ser exactos. Seguimos sin Consejo.
La Ley de Creación de RTVV, de 1984, dispone, en su artículo 4, la puesta en marcha de un Consejo Asesor como uno de los tres pilares de gobierno del ente. Luego, en el artículo 9, regula su composición y funciones. Veinticuatro años después todavía no ha visto la luz. Las vicisitudes, lo dicho y comentado, en todo este tiempo sobre el Consejo Asesor, sus peticiones y sus negaciones, aportan pistas suficientes para saber lo que nos espera en relación al Consejo del Audiovisual de la Comunidad Valenciana. Son temas parecidos, los actores son los mismos. Merece la pena revisar la historia del nonato Consejo Asesor. Es como un aviso, como aquel “abandonad toda esperanza” que Dante colocaba a las puertas del infierno. Resumidamente, veamos.


Dos legislaturas no fueron suficientes para que Joan Lerma procurara la puesta en marcha del Consejo Asesor de RTVV








Canal 9 y Ràdio 9 iniciaron sus emisiones en octubre de 1989 sin que el Consejo Asesor se hubiera creado. No debió parecer imprescindible ni urgente la existencia de un órgano plural, de representación social y que, además de asesorar, podía dedicarse a emitir observaciones y quejas. En su informe correspondiente a 1990 la Sindicatura de Comptes fue la primera instancia en reclamar su puesta en marcha pero el gobierno socialista, con Joan Lerma al frente, no le hizo ningún caso. El Comité de Empresa de RTVV desde 1991 también pidió en diversas ocasiones el nuevo organismo pero tampoco recibió nunca ni respuesta.
En 1993, Enric Bellvesser, representante sindical en RTVV, publicó en el periódico “Levante” un artículo en el que denunciaba el incumplimiento de la Ley de Creación que significaba la inexistencia del Consejo Asesor. Incluso apuntaba a que esa ausencia podía llevar a considerar anulables todas las decisiones tomadas por los órganos de gobierno de RTVV desde 1989. Bellveser fue una de las personas que con más dedicación se ocupó de reivindicar el Consejo. Lo hizo hasta que el PP llegó al gobierno autonómico y desalojó a los socialistas. Entonces pasó a ocupar un cargo de responsabilidad en RTVV y dejó las denuncias pese a que los nuevos gobernantes siguieron negando la existencia del Consejo.



Pese a pedirlo desde la oposición, Eduardo Zaplana tuvo dos legislaturas para crear el Consejo Asesor y no lo hizo.




En 1994 Esquerra Unida presentó una proposición de ley en Les Corts para modificar la Ley de Creación de RTVV e instituir el Consejo Asesor. Se pretendía ampliar el número de miembros y reforzar su papel. Pascual Mollà y Manuel Alcaraz, que fueron quienes presentaron la iniciativa, denunciaron la falta de interés por parte del PSOE, del PP y, en particular, del director general de RTVV, Amadeu Fabregat. Tan poco interés hubo que la propuesta de Esquerra Unida quedó en nada. Acto seguido fue el PP quien propuso una iniciativa parlamentaria similar. Según el texto de los populares, el nuevo organismo era necesario para garantizar la pluralidad y la participación en RTVV. Tampoco hubo suerte. Fue entonces cuando el Consell justificó sus negativas argumentando que votaba no a reforma legales encaminadas a crear el Consejo Asesor, precisamente para no retrasar su puesta en marcha. Su receta era aprobar un decreto ley. Decían que, así, todo sería más rápido y el nuevo organismo podría entrar antes en funcionamiento.
El PP no se dio por satisfecho y volvió a la carga. El entonces diputado Serafín Castellano, en la actualidad conseller de Gobernación de la Generalitat valenciana, presento una nueva iniciativa parlamentaria que, finalmente sólo voto a favor su grupo y Unión Valenciana. Castellano argumentaba que los socialistas no querían el Consejo porque estaban muy cómodos con una Radio Televisión Valenciana a sus órdenes.
En su informe de 1994 el que se detenía en la cuestión era el Síndic de Greugues, Arturo Lizón. En respuesta a una denuncia del sindicato CGT, el Síndic solicitaba “el urgente desarrollo de la Ley de Creación de RTVV para constituir el Consejo Asesor y dar cumplida satisfacción al ejercicio del derecho de participación constitucionalmente reconocido”. Agua. Otra vez agua.
Entretanto, el supuesto decreto ley con el que, a principios de 1994, los socialistas pretendían acelerar la entrada en funcionamiento del Consejo Asesor se fue ralentizando. No fue hasta 1995 que la Mesa de Les Corts acordó tramitarlo. Luego pasó lo inevitable. Corrió el calendario, se convocaron elecciones, se disolvió la cámara y adiós decreto. Con las elecciones llegó Zaplana y adiós socialistas.
Junto al cambio de inquilinos en el poder, también cambiaron prioridades de unos y otros. La calma socialistas se hizo urgencia y las prisas populares se volvieron peticiones de paciencia.
Esquerra Unida siguió con sus demandas y consiguió que, en febrero de 1996, Les Corts aprobaran por unanimidad una resolución que obligaba a que antes de tres meses el Consejo Asesor fuera una realidad. La propuesta la voto incluso el gobernante PP que no disponía de mayoría absoluta y sabía que sus socios de Unión Valenciana le iban a dar el sí. Hubo unanimidad pero, a lo decidido, ni caso.


Más de dos legislaturas lleva Francisco Camps presidiendo la Generalitat valenciana y el Consejo Asesor sigue sin existir.







A finales del mismo 1996, José Vicente Villaescusa, el hombre que empezó en la extrema izquierda, pasó por el PSOE cuando estos gobernaban y acabó de director general de RTVV con el PP, se comprometió a que durante el primer trimestre de 1997 el Consejo Asesor se pondría en marcha. No cumplió. Un año y medio después, hacia finales de 1998, Les Corts, con el voto en contra del PP pero el favorable de su socio de gobierno Unió Valenciana y de toda la oposición, aprobaron reclamar al Consell, presidido por Eduardo Zaplana, el funcionamiento del Consejo y le dieron dos meses de plazo para hacer efectivo lo acordado. Aquel día el PP justifico su voto negativo en que “ya se ha abierto un expediente administrativo que está tramitando la creación del Consejo”. El plazo eran dos meses. Han pasado diez años. han pasado los dos meses del plazo y 118 meses más. El expediente debe continuar su trámite. Cualquier día nos sorprenden.

viernes, 5 de diciembre de 2008

A Dios rogando y con el mazo dando, o mejor dicho, hipócritas.


La justicia ha anulado las concesiones de Aguirre por falta de transparencia.


En cuestiones de “mal menor” estoy mucho más con Michel Ignatieff que con Maquiavelo; me parece que la aceptación del “mal menor” no puede hacerse al margen de la ética. Basar la defensa del “mal menor” sólo en que se trata de una alternativa a un mal todavía mayor e inevitable me parece pura trampa. Los “males menores” precisan de explicaciones muy precisas, de justificaciones claras. El “mal menor” existe sólo si es capaz de poner en evidencia, sin espacio para la duda, cual es el “mal mayor”, si no es simplemente mal.
Sirva este preámbulo para referirme a la reciente polémica alrededor de la concesión por parte del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) de 83 frecuencias de radio y la todavía más reciente anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del concurso de adjudicación de licencias de Televisión Digital Terrestre (TDT) por parte del gobierno autonómico madrileño de Esperanza Aguirre.
Al CAC se le ha acusado de sectarismo, de favorecer a los próximos. Incluso se le han convocado manifestaciones, se ha atacado su sede a pedradas y se han colocado micrófonos en su sala de plenos.
Es evidente que el resultado del concurso es discutible de las licencias de radio catalanas. Siempre es discutible. Todo. Este tipo de decisiones no son matemática pura por más que los baremos se intenten objetivar al máximo. Sucede que las críticas pierden todo el valor cuando quien las formula es un partido, el PP, que ha cometido incontables tropelías y abusos en ese mismo campo de las concesiones de emisoras o cuando quien se queja son empresas que, en su momento, se han beneficiado claramente de las trampas que ahora detectan pero que, en su caso, les pasaron inadvertidas.
La concesión las 83 licencias de radio efectuada por el CAC es el primer caso de un concurso de este tipo que se hace a través de un organismo independiente y no directamente por el gobierno de turno. Por tanto, primer aspecto favorable.
Resulta además que se dice que las empresas más beneficiadas son próximas al tripartito catalán. Recuérdese que el tripartito lo forman el PSC, Iniciativa y Esquerra Republicana. Pues bien, la empresa que más licencias se ha llevado, diecisiete, ha sido el grupo Godo (La Vanguardia); a continuación, con doce, Flaix, cadena presidida por Miquel Calzada, hombre próximo a CiU, y, también con doce, Radio Teletaxi, empresa propiedad del locutor Justo Molinero, militante de Convergència; la SER ha conseguido nueve; Onda Cero, de Planeta, ocho, y Radio Estel, de la iglesia catalana, siete. Por ningún lado se observa una proximidad mayoritaria a los partidos gobernantes. El grupo Zeta, tradicionalmente cercano a los socialistas que presiden el ejecutivo catalán, se ha quedado sin una sola concesión. Sirva también este dato.
Como Zeta, han quedado fuera, entre otras, “Unidad Liberal”, empresa de la editora del diario “El Mundo”; “Onda Ramblas”, de Luis del Olmo, y “Radio 13”, del grupo de la Cope. Gracias a la transparencia del concurso del CAC se puede saber que, por ejemplo, las ofertas de “Radio 13” no han pasado en ninguna de las demarcaciones en las que concursaban del puesto número 11 y se han quedado siempre a más de 150 puntos de la oferta ganadora. “Onda Ramblas” consiguió resultados mucho mejores; hasta el punto que en una de las 35 demarcaciones en las que concursó quedó en segunda posición a sólo 7’2 puntos de RKOR que fue la primera. En el caso de “Unidad Liberal” sus veintidós ofertas quedaron fuera en la fase previa del concurso en aplicación del punto 18.1 del pliego de condiciones que estipulaba que “las ofertas con una puntuación inferior al 50% en cualquiera de los grupos de evaluación correspondientes a la propuesta tecnológica, propuesta económica y programación de la memoria descriptiva, quedarán automáticamente eliminadas”. Es decir, en el listado final sólo aparecían aquellas ofertas que hubieran superado el 5, cosa que las de “El Mundo” en ningún caso lo consiguieron.


Así quedaron los cristales de la sede del CAC después del ataque a pedradas.

Estos datos son importantes porque demuestran, como mínimo, transparencia en el concurso. Precisamente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado esta misma semana la concesión de TDTs que hizo en 2005 el gobierno de Esperanza Aguirre. Se anula por falta de claridad en los resultados y por no justificar las puntuaciones dadas a los distintos ofertantes.
Una concesión, por cierto, la de Esperanza Aguirre que dejó todas las licencias en manos de sus empresas más próximas, sin matices, sin vergüenza: Cinco para la COPE, cuatro para Federico Jiménez Losantos y Antena 3, y una para Intereconomía y “El Mundo”. Ni agua para los no afines. “Me ha escandalizado este sectarismo deleznable”, dijo Esperanza Aguirre. Lo dijo la semana pasada, claro, se refería las concesiones del CAC, por supuesto, no a las suyas.
Lo de Madrid se repite, siempre con el PP mediante, en Galicia, en Murcia, en Baleares, en La Rioja, en Valencia. Siempre “El Mundo”, la COPE, Losantos e Intereconomía repartiéndose el botín. En algunos casos, las circunstancias claman al cielo, nunca mejor dicho. En Galicia, por ejemplo, las concesiones, que eran de ámbito autonómico, se otorgaron cuando el gobierno Fraga, ya perdidas las elecciones, estaba en funciones. En Murcia, los más beneficiados fueron empresas dedicadas a la construcción que, de la noche a la mañana, abrieron sus divisiones audiovisuales y vieron como les tocaba el gordo. En Valencia, donde “El Mundo”, Federico Jiménez Losantos e Intereconomía salieron a cuatro frecuencias por barba, y donde las dos grandes emisoras autonómicas fueron para la COPE y para el diario “Las Provincias”, la concesión se hizo pública el día previo a Fin de Año. El entonces conseller autonómico de Comunicación, Esteban González Pons declaró que “hay un problema de recorte de la libertad de expresión y recorte de la pluralidad. Los más críticos son los más recortados cuando deberían ser los más protegidos”. González Pons, como Aguirre, dijo esto la semana pasada y, como no, también hablaba de Cataluña. Lo suyo le pareció bien.
Por cierto que en calendario festivo también coincidieron los casos madrileño y valenciano ya que, si en Valencia el fallo se conoció en plenas vacaciones navideñas, Aguirre publicó los resultados a mediados de agosto. Aquí también hay diferencias respecto al caso catalán, allí se dio a conocer la decisión un 7 de noviembre.
Se ha acusado también al CAC de haber retirado emisoras puesto que las frecuencias ahora asignadas ya estaban ocupadas. Otra mentira más. Las frecuencias ahora otorgadas estaban ocupadas con carácter provisional en virtud de un convenio que especificaba que “la participación de una empresa emisora en la prueba piloto no le otorgará ningún tipo de derecho en el concurso que se convoque…”. Por tanto si alguno de los que emitía provisionalmente al final no ha obtenido la frecuencia que ocupaba, como le ha sucedido a la COPE en dos casos y a la SER en tres, por citar algunos ejemplos, en ningún caso se puede hablar de retirada. Es más, lo que si ha hecho el CAC durante este mismo año 2008 ha sido renovar para los próximos diez años las concesiones de cuatro emisoras de la Cope en Cataluña.
Para acabar llama la atención un porcentaje que destacaba “El Mundo” durante los días inmediatos al fallo del CAC. Decía el diario que “el 55% de las emisoras habían ido a empresas próximas al gobierno catalán. Sin entrar en el fondo del dato, que es discutible, el porcentaje mencionado me sugiere tres observaciones: la primera, siguiendo el discurso de próximos y contrarios, que esto querría decir que el 45% de las frecuencias han ido a empresas enfrentadas al gobierno catalán, cosa que otros no pueden mantener; la segunda, que siempre será mejor un 55 % a los cercanos que el 100% como ha sucedido con el PP, y tercero, que no tiene nada de particular que la mitad de la concesiones vayan a grupos que puedan considerarse cercanos a un determinado gobierno, ya que en la medida que los partidos que lo forman reciben el voto mayoritario de la gente, no es raro que también hayan grupos periodísticos con una sensibilidad política parecida; lo extraño sería que no los hubiera.
En resumen que la concesión en España de licencias de radio y televisión por parte de los gobiernos se ha caracterizado, siempre, por su descarado favoritismo y cuando el proceso ha estado en manos del Partido Popular ese favoritismo se ha convertido en una burla sectaria impropia de un régimen democrático. Como alternativa tenemos, la única en España, la concesión por parte de un organismo como el CAC. No hay color. No lo hay a priori, siempre será mejor que el reparto lo haga una entidad independiente, y menos lo hay a posteriori, sólo hay que comparar. El funcionamiento del CAC es perfectible, por supuesto, personalmente hay muchas cosas relativas al peso en él de los partidos políticos que no me gustan y que son, objetivamente, negativas, pero enfrente no hay nada. La alternativa al CAC es mucho peor, mírese Madrid, Valencia, Murcia, Baleares, etc. También las concesiones del gobierno socialistas de Andalucía dejan mucho que desear. No podemos huir de la realidad, ni colgarnos de ensoñaciones teóricas, las frecuencias se tienen que otorgar y, de momento, sólo disponemos de dos sistemas. Uno, el mejor, discutible y que se debe perfeccionar, el que pasa por organismos independientes, que es el imperante en Europa, y otro, el peor, que debería desaparecer, que lo deja todo en manos del gobierno de turno, y del que, más que nadie, el PP ha abusado hasta la náusea. Uno u otro, no hay más. Lo contrario de lo malo no es lo perfecto, simplemente es lo mejor respecto a lo malo, y más cuando la diferencia es tan evidente como en el caso que me ocupa. Vuelvo al “mal menor” del principio. Acepto el “mal menor” del CAC. Es muy menor y está perfectamente justificado.

lunes, 1 de diciembre de 2008

Los condenados de Canal 9


El pasado sábado, en medio de la manifestación en la que alrededor de 50.000 personas recorrieron las calles de Valencia contra la política educativa del gobierno de la Generalitat presidido por Francisco Camps, había pancartas preguntándose dónde estaba Canal 9. Ciertamente, allí no. Acertaban en su suposición los manifestantes: Canal 9, la televisión autonómica valenciana, censuró la protesta; en la medida en que los responsables de la cadena pudieron, la hicieron invisible. Tan invisible como darle sólo treinta y cuatro segundos, poco más de medio minuto, en el informativo de la noche de ese sábado. Y nada más. Treinta y cuatro segundos que se emitieron veinte minutos después del inicio del espacio, es decir con una docena de temas por delante. Invisible. No estábamos ante una manifestación cualquiera, fue la mayor movilización vivida en Valencia desde las marchas del “No a la Guerra” de 2003. Hablo de 50.000 personas porque fueron 2.300 metros de recorrido, por calles con una anchura media de 12 metros, con la cabecera de la marcha llegando al final cuando la cola todavía no había arrancado y con aproximadamente dos manifestantes por metro cuadrado (2300 x 12 = 27.600 x 2 = 55.200). La importancia de la convocatoria se demuestra en el hecho de que al día siguiente, domingo, todos los periódicos abrieran sus portadas con la manifestación. Había unanimidad. “Levante” decía: “Decenas de miles de personas contra la política educativa del Consell”; “Las Provincias”, “Masiva manifestación contra la política educativa del Consell”; “El País”, “Marea ciudadana contra la política educativa de Camps”, y “El Mundo”, “La protesta contra Ciudadanía arrastra a miles de personas a la calle en Valencia”. Únicamente para Canal 9 se trató de un tema menor.

El contenido de los mencionados treinta y cuatro segundos de información no tiene desperdicio. Fueron diez planos, ni uno más. Por supuesto ninguno era un plano general que pudiera dar una idea de la cantidad de gente que había manifestándose. De los diez planos, seis eran de banderas vinculadas a Esquerra Republicana de Catalunya, partido que nada tenía que ver con la convocatoria de la protesta; en otro se podía leer una pancarta que decía “Zapatero, sácanos de Bolonia”, y los otros tres eran neutros, planos medios y laterales de la marcha sin ningún elemento significativo. El texto exacto de la noticia era el siguiente: “Esta misma tarde las calles de Valencia han sido el escenario de una manifestación en defensa de la enseñanza pública. En la marcha se ha rechazado la política educativa del Consell y también se han visto pancartas pidiendo respuestas a Zapatero. La manifestación ha sido convocada por asociaciones de estudiantes, padres y sindicatos y a ella se han sumado los partidos de izquierda. Se ha rechazado la asignatura de Educación para la Ciudadanía en inglés pese a que el Consell acaba de anunciar una moratoria de esta iniciativa. La Policía Local ha cifrado en 12.000 los manifestantes, por debajo de las expectativas de los convocantes. Los comercios se han quejado a la Delegación del Gobierno por autorizar esta manifestación el primer sábado de la campaña de Navidad”.
Un redactado que se ajusta como un guante al argumentario utilizado por el PP para criticar la manifestación. Acabada ésta, el Secretario General del PP valenciano, Ricardo Costa, declaró que la convocatoria había sido un fracaso y no había llegado a lo que se esperaba porque “no reunió a los dos millones de personas que integran la comunidad educativa” y acusó a los convocantes de “boicotear” el comercio por colapsar el centro de la ciudad. Qué casualidad.
Por tanto, esas pancartas que se podían leer en la manifestación referidas a la ausencia de Canal 9 tenían sentido. Verlas me hizo pensar en esa inmensa mayoría de ciudadanos valencianos que han dado la espalda a su televisión autonómica, que ya no se preocupan de lo que hace, ni de lo que emite, ni de lo que en ella sucede. Es una postura comprensible, fruto de años de manipulación, censura y sectarismo, pero es al mismo tiempo una postura irresponsable. El funcionamiento y los contenidos de Canal 9 también afectan, y mucho, a los que, pese a pagarla, no quieren saber nada de ella. Si Canal 9 fuese una televisión pública un poco más democrática, sería más plural y en ella tendrían cabida, por ejemplo, las críticas a la política educativa del Consell, manifestaciones incluidas. Entonces, a diferencia de ahora, las voces discrepantes conseguirían repercusión y, quizás, precisamente por eso, políticas como las que han llevado a convocar manifestaciones como la del sábado serían imposibles.
Este es el nudo de la situación, la impunidad de Canal 9 se alimenta del desinterés de sus críticos, de sus víctimas que no se toman, que nunca se han tomado, la regeneración de la televisión autonómica valenciana como un elemento estratégico en sus demandas ciudadanas. Es un pecado de desprecio que esconde, a su vez, la penitencia de facilitar que todo siga como está. No es una cuestión menor. En juego está la calidad de la democracia. Si se quiere, la democracia misma.

jueves, 27 de noviembre de 2008

La espiral del deterioro


Crisis dentro de la crisis. En esas está hoy el periodismo. Acosado por las penurias económicas y ajeno al sentido de su existencia. Para ser exactos quienes están así son los periodistas, claro. Hablar del periodismo en general es muy fácil, es gratis. Decimos el periodismo está mal, torcemos el gesto, arqueamos las cejas y nos damos por satisfechos. Nadie se siente aludido, ni comprometido, ni culpable, nadie es responsable. Es cosa del periodismo, y ya está. Parece como si se tratase de una fatalidad, la onceava plaga de Egipto: llegará un día que las noticias se redactarán pensando en quien paga y no en quien lee, la propaganda pasará por información, los diarios se llenarán de notas escritas por los propios protagonistas de los hechos, en las ruedas de prensa estará prohibido preguntar y cada vez costará más cobrar un sueldo digno. Menuda plaga. Sucede que aquí no hay ningún Moisés dedicado a extender maldiciones. Aquí todas las miserias son autoimpuestas o aceptadas con fruición. Ahora, además, llegan los problemas económicos y los periodistas se convierten en los grandes paganos de la crisis en los medios. Desde los gratuitos a las cabeceras líderes, desde las televisiones locales a las cadenas de radio que cuentan a sus oyentes por millones, los despidos de periodistas se multiplican y los que tiene la enorme fortuna de conservar su trabajo deben aceptar recortes en el sueldo o peores condiciones laborales y profesionales. No podía ser de otra forma. En el pecado iba la penitencia. Era insensato imaginar que vivir instalados en la despreocupación por la calidad del trabajo, que en el fondo es exactamente lo mismo que olvidar el sentido de la profesión, no tendría consecuencias. La espiral del deterioro cuando se pone en marcha es muy difícil de acotar. Con un producto cada vez peor se deprecia también el valor de quien lo elabora; para hacer un peor producto no se necesita a los buenos profesionales, ni tienen que estar especializados, ni tienen que ser muchos. Con pocos, y malos, y mal pagados, ya vale. Al final se habrán quedado sin trabajo centenares y centenares de periodistas, miles, y no volverán. Cuando la economía mejore se habrá demostrado que los medios se apañan con menos, que pueden ser más baratos, que la publicidad vuelve pese a todo. Así que los periodistas despedidos no regresarán, los sueldos no subirán y las condiciones laborales y profesionales no mejorarán. Nadie reclamará la calidad perdida y seguiremos pendiente abajo. Hasta la próxima sacudida. Sepan ustedes que, hoy, en España, ya hay anunciantes que para insertar publicidad en los periódicos exigen que en su página no haya malas noticias. La espiral del deterioro, a diferencia de los periodistas, no se conforma.

lunes, 24 de noviembre de 2008

Negreros en el periodismo

Cuando pienso que, en esto del periodismo, ya nada me ha de sorprender siempre acabo conociendo una nueva historia que me deja con la boca abierta. Verán. Javier Gallego era un guionista destacado de M-80 Radio, cadena perteneciente a PRISA, que también colaboraba en otras emisoras del grupo. Un día recibió una oferta de Televisión Española para presentar junto a Pepa Bueno un nuevo espacio matinal que la cadena pensaba poner en marcha. El programa se iba a llamar “Esta mañana” y lo iba a dirigir la propia Bueno. La propuesta de TVE suponía un aumento de sueldo y, sobre todo, significaba una promoción profesional evidente. Así las cosas, el entonces guionista de M-80 puso la oferta en conocimiento de sus superiores, les contó su decisión de aceptarla y todos le dieron la enhorabuena. Perfecto.


Javier Gallego, junto a Pepa Bueno, en los inicios de "Esta Mañana"



Javier Gallego se incorporó a TVE. Se puso en marcha “Esta mañana”. Empezó a presentarlo. Viento en popa. Pasados unos meses, aquellos superiores que habían felicitado a Gallego por su nuevo destino recibieron una llamada desde las alturas, hablaba la gerencia. Bronca descomunal por haber dejado marchar, así como así, a Gallego. Recordaban que existía un contrato que estipulaba que si el guionista se marchaba antes de acabar su compromiso estaba obligado a indemnizar a la empresa con el doble de la cantidad que le quedaba por percibir. Vaya. Se le tenía que notificar al interesado.
Así se hizo. Pusieron a Gallego en antecedentes, le explicaron cual era exactamente la situación y que no pensaban perdonarle nada. Problemas. La cantidad a pagar era grande. Gallego estaba desolado. Entonces apareció una luz, un alto cargo de TVE, familiar de un mandamás de PRISA, intercedió. No logró el perdón pero la cifra a abonar fue sustituida por 2 años de colaboraciones en programas de emisoras del grupo. Colaboraciones gratuitas, claro. En fin, con lo negro que estaba el panorama, algo era algo.
Pero entonces acabó la primera temporada de “Esta mañana”, Pepa Bueno abandonó el espacio, llegaron nuevas caras y nuevos directivos. Javier Gallego no resultó de su agrado y dejo su puesto de presentador. De inmediato se encontró en la calle. En la calle y trabajando gratis para pagar la deuda contraída con PRISA, así estaban las cosas.


Gallego con Inmaculada Galván, la nueva presentadora, pocas semanas antes de su despido


Con el paso de las semanas le salieron algunas posibilidades de trabajo pero sus acreedores le dijeron que no, que ni pensarlo, que le reclamaban exclusividad, que bastante habían hecho aceptándole el pago en especies. Y así sigue. Trabajando gratis para una empresa que en 2007 ingresó 3.696 millones de euros. Por tanto cuando algún día, oyendo la SER, escuchen alguna intervención de Javier Gallego no piensen en lo bonita que es la radio, ni en lo interesante que es el periodismo, ni en lo bien que viven sus estrellas. Piensen, mejor, en esos subsaharianos que hipotecan un par de años de su vida por un viaje en patera; recuerden a esas chicas del este de Europa que pagan sus deudas alquilando sus cuerpos por las cunetas.

jueves, 20 de noviembre de 2008

Usted hable que yo vomito





Carmen Iglesias rodeada, por la izquierda, de Rajoy, el premiado Leguineche, Zapatero y Ramírez.






Leo en la edición de hoy de “El Mundo” (página 4) la reproducción del discurso pronunciado por Carmen Iglesias, presidenta de Unidad Editorial (Unedisa), en el acto de entrega de la VII Edición de los Premios Internacionales de Periodismo que otorga el mencionado diario. Cuanto aprecio por la tarea periodística en las palabras de Iglesias, cuanta confianza en sus posibilidades.
Me emocionan esas peroratas solemnes y llenas de citas que destacan lo importante que es el periodismo, el inmenso valor que tiene, lo imprescindible de su compromiso, la necesidad de descubrir abusos y desenmascarar corruptos, poner de manifiesto las tropelías; siempre con los poderosos en el punto de mira, y con los ciudadanos como único referente de servicio. De todo eso habló Iglesias. Tanto me emociono que rompo a reír, a carcajadas. Es la única reacción que me queda. Lo siguiente es la indiferencia. No quiero caer en ella. La señora Iglesias será una historiadora de inmensa reputación, a su cargo pusieron la educación del príncipe, lo cual no se si habla en su favor o en su contra, pero como descriptora del presente sólo hay dos posibilidades: o es muy mala o muy poco honrada. Se le habrá pasado que las oficinas del paro se están llenando de periodistas a la misma velocidad que se banalizan los contenidos y la información se subordina absolutamente al negocio, que cada vez se escribe más al dictado y en peores condiciones laborales.
Sin ir más lejos, hoy, y ayer, “El Mundo”, rotativo dirigido por Pedro J. Ramírez, ese profesional que, según testigos, considera que entre el periodismo y la política no hay frontera, está atacando con dureza, tanto en las páginas de información como en las de opinión, el reparto de frecuencias de radio que ha hecho el Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Denuncia “El Mundo” que se ha discriminado a distintos grupos de comunicación; por supuesto, entre ellos a Unedisa, su empresa editora. Asegura el diario en un editorial que el “55 por ciento” de las frecuencias repartidas en Catalunya han ido a manos de los amigos del gobierno de la Generalitat. Sea esta afirmación cierto o no, lo que seguro sorprendería a la señora Iglesias es saber que cuando Unedisa fue una de las empresas que más frecuencias de televisión digital terrestre obtuvo en los repartos en comunidades autónomas como Madrid, Valencia o Baleares, “El Mundo” no dijo nada. Ni tan siquiera se detuvo en que no el “55 por ciento” sino prácticamente el 100 por cien de las licencias fueron a empresas próximas a los respectivos gobiernos autonómicos. Digo que le sorprendería porque seguro que no lo sabe; si lo supiera no hablaría como habla. ¿O sí?
Por cierto que es esta VII Edición de los Premios Internacionales de Periodismo, el premio Reporteros del Mundo se le entregó a Manu Leguineche. No creo que lo necesitara. Su presencia sirvió, al menos, para oír alguna verdad en medio de tanto almíbar y tanto embuste. Leguineche soltó a bocajarro que “el periodismo está más o menos acabado”.

miércoles, 19 de noviembre de 2008

Yanke topó con Aguirre o la colera de dios






German Yanke es un periodista de amplio currículum que ha trabajado mayormente en medios diríamos que de derechas pero que siempre se ha caracterizado por huir del periodismo de trincheras. Un tibio, vaya. Pese a ser tibio es vasco. Nació en 1955 y tiene las trazas de un liberal conservador antiguo. Él mismo se reconoce de derechas. Entre 2004 y 2006 dirigió y presentó el informativo "Diario de la Noche" de Telemadrid. Un día entrevistó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, a quien no gustaron las preguntas de Yanke. Tan poco le gustaron que, en directo, le echó en cara que "compra usted el discurso de nuestros adversarios". Ya no volvió a aparecer en pantalla. Poco después Germán Yanke dimitía. El periodista alegó razones vinculadas a las presiones políticas recibidas. Desde Telemadrid se aseguraba que Yanke se había negado a aceptar recortes presupuestarios.
Hablo de Yanke para contextualizar un vídeo que les aconsejo y que se puede ver en esta dirección, es cuestión de copiar y pegar:

http://www.youtube.com/watch?v=jsUiuZZLzhk&feature=related

En este vídeo Yanke pone al descubierto las prácticas manipuladoras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, respecto a su televisión autonómica. La pieza, de todas formas, tiene valor más allá del caso concreto de Telemadrid.
Muchas veces se plantea la discusión sobre la intromisión de los políticos en los contenidos informativos como un debate entre diferentes opiniones, simplemente. Los que aseguran que hay manipulación frente a los que la niegan. Los que dicen que los políticos no hacen otra cosa que presionar y presionar y los que proclaman que los periodistas trabajan con libertad. Dos puntos de vista. Como si tan válidas fueran unas opiniones como las otras. No lo son. En la mayoría de casos quienes defienden que la manipulación no existe es porque son ellos quienes la deciden o la aplican. Un análisis de los contenidos los deja en evidencia pero, al mismo tiempo, es muy complicado encontrar pruebas concretas de las intromisiones. Nunca nadie dice "sí, a mi me presionaron y lo hizo fulano". Pasa esto, porque las presiones las reciben los directivos o los "profesionales de confianza" y estos nunca muerden la mano que les da de comer. Aquí radica el valor de Yanke. Él sí habla de presiones y da nombres. Se puede ver en este vídeo y en 10 entregas más que sobre el mismo acto se encuentran en "youtube".
Yanke dice cosas como que Esperanza Aguirre le llamó baboso después de una entrevista a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, o que su destitución como director del “Diario de la Noche” de Telemadrid se discutía en los Consejos de Gobierno.
Lo que resulta increíble es que después de que contenidos como los de este vídeo, después de revelaciones de este tipo, los responsables institucionales y dirigentes políticos implicados en las presiones, amenazas y persecuciones sigan tan campantes con la boca llena de democracia, de libertad y de tolerancia. Sólo son 7 minutos; escuchen a Yanke, por favor.

miércoles, 12 de noviembre de 2008

Los dinosaurios existen y están en Valencia

La sensación de que nada cambia, la imagen de lo inalterable, puede resumirse mucho, muchísimo, o presentarse como un estadio infinito. En el primer caso tropezaríamos, por ejemplo, con la genialidad del cuento "El dinosaurio" de Monterroso. Sólo siete palabras: "Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí". En el segundo supuesto, nos daríamos de bruces con la política valenciana, una especie de estanque dorado que esconde el fluir caótico de aguas turbias. A ellas voy.
Tan turbias como para que pasen por normales los escándalos encadenados, la inanidad en la gobernanza pública y la falta de respeto constante a la inteligencia de los ciudadanos. Tan oscuras que hacen de los dirigentes institucionales, seres impunes, exonerados de toda responsabilidad, situados al margen del control democrático.
Una patología, la citada, imposible de entender si no se observa a partir de la fractura política de la sociedad valenciana. División en dos trincheras. La realidad leída siempre en clave de ellos y nosotros. En una trinchera, la izquierda arquetípica: culta, superior, guardiana de la esencias, con cierto complejo de Madame Bovary. En la otra, la derecha de manual: populista, festera, blavera y pragmática. En medio, nada, ningún puente que una políticamente los dos bandos y permita transitar entre ellos.
La derecha gobernante, liberada de complejos, se siente cómoda con las cosas como están; claro, lleva casi quince años con mayorías cada vez más amplias. La izquierda, en cambio, entre hastiada y perpleja, no da con el camino, no encuentra el discurso; vueltas y más vueltas al atajo, piruetas, improvisación y la vieja verborrea de consumo interno de siempre.
Perseverar en lo que se ha demostrado inútil no tiene sentido. Sólo desde la superación de la fractura política en la que vive instalada la sociedad valenciana, sólo dirigiendo el mensaje más allá de las propias filas, puede la izquierda revertir el actual estado de cosas. Sin renuncias, ni copias de discursos ajenos, pero trascendiendo los límites marcados. Buscando lo que se puede compartir. Sin más cruzadas que el bienestar y la felicidad de la gente, que están mucho antes que los himnos que se cantan, las banderas que se enarbolan, el nombre que se le pone a las cosas o el idioma que se usa. La máquina expendedora de certificados de buenos y malos valencianos, desmantelada para siempre. Progresar juntos o fracasar juntos, no hay otra.
Un país es de todos y no puede repudiar a su cincuenta por ciento. Haber estado en la lucha por la recuperación de la democracia y el autogobierno hace 30 años no da más derechos, como tampoco los da vivir envuelto en las tradiciones culturales más visibles. Son prejuicios caducados.
La izquierda hará mal si no aprovecha su superioridad en lo ideológico, claro, pero con eso no basta. En paralelo, debe hallar una posición firme en lo transversal, que es donde está perdiendo por goleada. Con el debate político en vigor, mezquino, maniqueo y simple, la izquierda está muerta. Su oportunidad pasa por ofrecer hechos donde otros sólo presenten quimeras, utilidad en vez de retórica, valores reales frente a proclamas de ocasión, resultados en lugar de quejas, humildad y no desprecio, más trigo y menos prédicas.
La mayoría natural no existe, eso lo entendió incluso Fraga hace 20 años. Nadie lleva el voto en el código genético. El voto más bien habita en el terreno de la esperanza, de la ilusión, de la confianza.
Más allá del propio castillo, allende la propia fortaleza, hay una multitud, que no es de nadie. Ciudadanos capaces de entender cualquier cosa si perciben sinceridad y honradez, si se les dice lo que se es y lo que se pretende, que nadie es mejor o peor, que nadie tiene que renunciar a nada de lo que hace o cree, que todo es posible si se suma y no se resta. Hay destinatarios suficientes, votantes bastantes, para hacer posible el cambio. Si la izquierda es capaz de derribar el “muro de las descalificaciones” puede ganar la batalla. Los que están a gusto con un país dividido, empequeñecido, es porque el país, entero, les queda grande.

martes, 11 de noviembre de 2008

Con un zumo y un cruasán, de regalo "El País", que sí, que sí


Como cada día, o casi, sin que sean las nueve de la mañana cojo "El País" y le doy un primer vistazo. En portada España pide revisar la estrategia en Afganistán, los matrimonios Bush y Obama posando, más de Obama, la Camorra, un artículo de Colombani, detalles sobre la muerte de dos soldados españoles, Santamaría y el PP, las fosas, Melilla, publicidad, economía, el Santander se refuerza, ING, Nissan, los problemas de las inmobiliarias valencianas, nuevas chapuzas de Camps y, ... por dios, esto no puede ser verdad. No. Página 5 del cuadernillo de Comunidad Valenciana, publicidad propia: "Disfruta del desayuno más completo y llévate "El País" gratis". ¿Cómo? ¿"El País" gratis? ¿Lo regalan? Pues sí, lo regalan. Parece imposible. Un vaso de leche, un bollo y, de regalo, "El País". El periódico global en español, el referente intelectual de la España moderna, nuestra particular "Luz de Trento", ¿qué está pasando?. El diario de Polanco, de Cebrián, el buque insignia de la exquisita "PRISA" convertido en propina, calderilla, migajas de un simple cruasán. Me quedo helado sólo de pensar cómo estarán esos grandes periodistas de "El País" que tantas lecciones nos han dado y a quien tanto agradecimiento debemos, que tan generosos han sido con los plumillas de medios menores, que tanto han lamentado la aparición de medios gratuitos porque, decían, lo que se regala no tiene valor y nada vale quien elabora cosas sin valor. Ahora "El País" también de regalo en tres cadenas de bares distintas. Estamos perdidos. Es la muerte del periodismo. Que desastre... Bueno, al menos no nos moriremos de frío. Con quince desayunos, quince "países", y recortando el vale diario de la contraportada, también gratis, nos dan un edredón. Madre mía como está la información.

viernes, 7 de noviembre de 2008

Ser Juan Roig y acabar sentado al lado de un delincuente





La foto que acompaña este artículo es un síntoma de enfermedad social grave. Juan Roig, de pie con americana oscura, el dueño de Mercadona, ejemplo para todos los empresarios, emprendedor de éxito, entregado con sus clientes, atento con sus trabajadores, el modélico y todopoderoso Juan Roig, sentado al lado, o casi, de un delincuente, Luis Fernando Cartagena, traje gris, corbata roja, exalcalde de Orihuela, exconsejero autonómico de Obras Públicas, que robó 48.000 euros a las monjas del convento de su pueblo, que está en tercer grado penitenciario y que todavía tiene causas judiciales pendientes que pueden prolongar su estancia entre rejas. La patología es evidente: a la organización se le cuela como si nada, hasta casi la primera fila, un personaje como Cartagena y, lo que todavía es peor, el gran Roig no evita coincidir con semejante sujeto. Me pregunto de qué sirve llegar a ser Juan Roig, tener más de 1000 tiendas, facturar por encima de los 15.000 millones de euros y pasar de los 60.000 trabajadores si no puedes evitar sentarte al lado, o casi, de un ladrón que, de miserable que era, robaba desde un despacho oficial a los que tenían menos, mucho menos, que él.
(La foto apareció publicada en la página 43 del diario “Levante” del jueves 6 de noviembre de 2008. Se trataba de una conferencia organizada por la Escuela de Negocios EDEM celebrada en la Bolsa de Valencia).

lunes, 3 de noviembre de 2008

La guardia pretoriana de Francisco Camps (y 2)

Entramos en el capítulo de secretarios:
Enrique Crespo Calatrava repite como secretario de Organización. Crespo es alcalde de Manises desde 1999. Fue el primero en romper el poder municipal socialista en los grandes ayuntamientos del entonces “cinturón rojo” de Valencia. Nació en mayo del 68 y es licenciado en Económicas. En paralelo a su carrera municipal ha sido diputado provincial de Valencia, primero al frente de Cultura y, desde 2003, de Infraestructuras y Medio Ambiente. Actualmente es el Vicepresidente tercero de la Corporación provincial. Como alcalde de Manises no cobra sueldo, sólo dietas. Su sueldo lo recibe de la Diputación, más de 50.000 euros mensuales además, también, de las dietas. En Manises la asistencia a cada pleno se paga a 500 euros y a cada Junta de Gobierno a 450. Por su cargo provincial forma parte del Consejo de Administración de la empresa pública Imelsa. Crespo dispone de coche oficial, chofer y guardaespaldas. Como alcalde de Manises ha visto su gestión salpicada por distintas acusaciones. Una permuta que su Ayuntamiento hizo con un constructor de un solar de 1100 metros cuadrados a cambio de 228.000 euros y las obras de ampliación del “Hogar de Jubilados” de la localidad ha acabado en polémica. No hubo ningún concurso, la adjudicación a Luis Sanchis fue directa. La oposición denunció que el empresario había hecho un inmenso negocio ya que un solo local del edificio que se construyó en el solar de marras valía más que todo lo pagado. Luego apareció que en ese edificio el padre de Crespo tenía dos pisos y tres plazas de garaje; su hermano Carlos, a quien había colocado por libre designación coordinador municipal de cultura y juventud, otros dos y dos plazas más de garaje, y una prima, también nombrada asesora municipal, era propietaria de un piso y una plaza de garaje. Otra de las actuaciones cuestionadas de Crespo es la adjudicación del proyecto urbanístico “Nou Mileni”, que contempla 10.000 viviendas, al empresario alicantino Enrique Ortiz. Se da la circunstancia que Ortiz, promotor también del macro “Plan Rabassa” de Alicante gracias a la adjudicación municipal, aparece vinculado al concejal alicantino de Tráfico Luis Concepción en diferentes presuntos delitos urbanísticos denunciados por la Fiscalía Anticorrupción. Concepción es el suegro de Crespo.
También repite Sagrario Sánchez como secretaria de Comunicación, aunque en su caso, de hecho, hay un descenso en el escalafón ya que esta secretaría se sitúa ahora por debajo de la vicesecretaría que ocupa Marta Torrado. Sánchez nació en Xest en enero de 1964. Sin estudios, ni profesión conocida, fue alcaldesa de su localidad natal entre 1995 y 2003 cuando perdió frente a la candidatura socialista. En las últimas municipales, las de 2007, el PP ha recuperado la alcaldía. En esta ocasión Sagrario Sánchez no encabezaba la lista, aunque si iba en ella, por lo cual sigue de concejal. Es también diputada provincial, desde 1999. Actualmente ocupa la delegación de Personal, antes estuvo al frente de Turismo. Ha sido miembro del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Valencia.
En la secretaría de Política Económica y Empleo se sitúa un fiel colaborador de Francisco Camps, José Marí Olano. Marí ha acompañado a Camps en distintos destinos, es de su máxima confianza. Ahora entra en la Ejecutiva regional del partido. Se trata de un abogado de 39 años, nacido en la localidad castellonense de Segorbe. Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra aprobó las oposiciones a Abogado del Estado en 1997 con el número 4 de su promoción. Pertenece al sector más conservador y cristiano del PP. Esta casado y tiene dos hijos. Una vez superada la oposición ejerció como Abogado del Estado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, durante un mes, y, posteriormente, en Tarragona, once meses. Actualmente su destino es Valencia y está en situación de excedencia especial. Marí Olano es un caso destacado de cómo se enlazan y enlazan cargos institucionales mientras el partido al que uno pertenece está en el gobierno. En 1999, con Francisco Camps de Secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Marí accedió a la Dirección General de Cooperación Autonómica y en 2000, a la Dirección General de Política Autonómica. En el año 2001 ocupó el cargo de Secretario general Técnico del Ministerio de medio Ambiente y en 2002 pasó a ser Subsecretario de Trabajo y Asuntos Sociales siendo Ministro de Trabajo Eduardo Zaplana. A partir de mayo del 2004, fuera ya el PP del gobierno de España, Marí Olano se ocupó de la Secretaría Autonómica de Política Institucional y de la dirección del Gabinete Jurídico de la Generalitat. De este cargo pasó al de Abogado general de la Generalitat en enero de 2006 y, a continuación, ya saltó a las listas autonómicas del PP para las elecciones de 2007, resultando elegido diputado. En Les Corts, Marí es Secretario adjunto del Grupo Popular y portavoz de Economía, Hacienda y Presupuestos. Hasta las elecciones de 2007, compatibilizó el puesto de Abogado general de la Generalitat con el de asesor jurídico del PP y llegó a presentar alegaciones contra una queja del PSPV en su doble condición; los socialistas denunciaron que se trataba de dos tareas incompatibles. Fuera de la política, José Marí Olano forma parte de la plantilla de abogados “Eius Abogados”. Se trata de un bufete fundado en 2004 con oficinas en Madrid, Valencia, Londres y Miami, según consta en su página web. El director de “Eius Abogados” es Alberto Dorrego de Carlos que fue, entre otros cargos, director general en el Ministerio de Justicia durante el último gobierno de José María Aznar. El ministro que nombró a Dorrego de Carlos fue José María Michavilla que, actualmente, también forma parte del bufete “Eius”. Uno de los socios fundadores de “Eius” es Alfredo Dagnino actual presidente de la “Asociación Católica de Propagandistas” y consejero de la cadena COPE.
La secretaría de Política Local ha ido a manos de Manuel Pérez Fenoll, de 51 años, médico odontólogo, casado, tiene dos hijas y es alcalde de Benidorm. Entró en el ayuntamiento como concejal en 1995. Desde 1999 a 2007 también fue diputado en Les Corts. Sus orígenes políticos, como la mayoría de los cargos populares de su generación hay que buscarlos en el zaplanismo, y más en su caso, siendo de Benidorm como Eduardo Zaplana. Su fidelidad al líder era máxima, de ahí que entre 1995 y 1999, presidiera el partido en la ciudad. En el pulso abierto en el PP valenciano a partir de 2000 entre los seguidores de Zaplana y del Presidente de la Generalitat, Francisco Camps, Pérez Fenoll empezó de zaplanista pero ha ido cambiando hasta convertirse en hombre de confianza de Camps. Así, fue uno de los diputados que en julio de 2004 plantó a Camps en una sesión de Les Corts y, todavía en 2006, después de la muerte del alcalde benidormense, Vicente Pérez Devesa, Zaplana estuvo en su toma de posesión como primera autoridad municipal y no así el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. De todas formas, sólo un año después, reelegido como alcalde con mayoría absoluta, dejó fuera de las concejalías con cartera a la presidenta del PP en Benidorm y destacada zaplanista, Gema Amor. El viaje estaba en marcha. Pese a todo, sus movimientos hacia el campismo no eran demasiado sonoros hasta que llegó el reciente congreso regional y accedió a la ejecutiva. A continuación se ha producido el acto definitivo de su nueva adscripción, la presentación de una candidatura a la presidencia provincial del partido en Alicante. Se enfrentará, pues, a José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación alicantina y guardián de las esencias zaplanistas en el último bastión de los seguidores de Zaplana, la organización provincial del PP de Alicante.
Pérez Fenoll pactó esta presentación con Francisco Camps a través del vicesecretario de organización, David Serra. Su irrupción se produjo para sorpresa y enfado de los campistas alicantinos con más pedigrí, Asencio, Pedrosa, Hernández Mateo…
Como alcalde de Benidorm, Pérez Fenoll sigue manteniendo como asesora municipal a Maruja Sánchez, la mujer que en 1991 y recién obtenida la plaza de concejal por las listas del PSPV apoyó la moción de censura que permitió el acceso a la alcaldía de Benidorm de Eduardo Zaplana. Desde entones Sánchez está a sueldo del ayuntamiento por una asesoría que nadie ha explicado en qué consiste. Antes de las elecciones municipales de 2007, en una entrevista digital, le preguntaban a Pérez Fenoll: “¿Hasta cuándo piensa mantener como cargo de confianza a la tránsfuga Maruja Sánchez?” y él contestaba: “Todos los que han apoyado el proyecto del Partido Popular en Benidorm han contribuido al mayor progreso de esta ciudad en los últimos años y por ello tienen mi respeto y consideración”.
Del campismo alicantino llega también el nuevo secretario de Justicia y Libertades Públicas, José Ciscar. Es el alcalde de Teulada. Llegó a la alcaldía con una candidatura independiente, Gente de Moraira, en 1999. En las siguientes elecciones, 2003, ya se presentó como candidato del PP. Obtuvo una mayoría absoluta que en los comicios del 2007 ha renovado aunque con un claro descenso de voto. Ciscar es abogado y tiene 47 años. Actualmente al cargo municipal y, ahora, al orgánico le suma su escaño como diputado autonómico. El alcalde de Teulada ocupó el número 21 de la lista popular por Alicante en las autonómicas de 2007. No salió. El PP obtuvo 19 escaños. Fue después de las últimas elecciones generales cuando, a causa de los diputados autonómicos que marcharon a Madrid, corrió la lista hasta llegar a Ciscar. Forma parte del grupo de dirigentes alicantinos que se han decantado por Francisco Camps en su enfrentamiento con Zaplana y afines, aunque no ha sido nunca de los más visibles o beligerantes. Como hecho más destacado de su alineamiento está el haber sido el anfitrión de la reunión mantenida por los campistas, durante el verano de 2004, después del plante de los zaplanistas a Camps en Les Corts.
Para acabar, la cuota castellonense, la cuota de Carlos Fabra: la nueva secretaria de Política Social es Andrea Fabra, la mayor de los cuatro hijos de Carlos Fabra y su exmujer Amparo Fernández. El matrimonio se separó hace poco y en la actualidad Fabra está unido sentimentalmente a Esther Pallardó, casi 30 años más joven que él, su antigua jefa de prensa y hoy diputada provincial.
Pese a tratarse de su hija, Andrea Fabra, en lo estrictamente político, no es del círculo más estrecho de su padre. Políticamente más cercanos son, por ejemplo, Marisol Llinares o Alfonso Ferrara que estaban en los cargos preferentes de la Ejecutiva anterior y ahora se han quedado fuera.
Madre de dos hijas, está casada desde 2001 con el consejero de sanidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, hombre de la máxima confianza de la presidenta madrileña Esperanza Aguirre. Andrea Fabra nació en 1973, es licenciada en derecho y tiene un master en IESE. Se afilió al PP en 1991, con 18 años. Mucho antes, en 1983, había sido Reina Infantil de las fiestas de la Magdalena de Castellón.
En 2000 entró en la ejecutiva provincial del PP castellonense presidida por su padre y actualmente formaba parte del Comité Electoral Nacional del partido. Entre 1997 y 1999 fue asesora parlamentaria de Juan Costa y desde 2001 se ocupaba de la gerencia de Relaciones Internacionales de Telefónica en Madrid al lado de Arturo Moreno, aquel dirigente del PP que desapareció de la escena política después de su implicación en el “caso Naseiro”.
Pese a vivir en Madrid y no disponer de ninguna experiencia en política institucional, el parlamento valenciano escogió a Andrea Fabra como senadora de representación territorial en julio de 2007 y ocho meses después resultó elegida diputada por Castellón, ocupaba el numero 2 de las lista. Esta súbita aparición en la primera línea política encaja con el carácter hereditario que los cargos políticos han tenido para la familia Fabra desde hace muchas generaciones. No en balde, el padre, el abuelo y el bisabuelo de Carlos Fabra ya fueron presidentes de la Diputación de Castellón y, todavía antes, un tío tatarabuelo, conocido como el “Tío Pantorriles”, inició la saga.
Andrea Fabra no ha quedado al margen de la investigación que Hacienda está haciendo de las cuentas de su padre en relación a sus distintos procesos judiciales pendientes. En concreto, según han publicado distintos periódicos, cuentas de las que era titular o cotitular Andrea Fabra han recibido más de 1’2 millones de euros sin que quede claro el origen de tal dinero.

Vista, en dos entregas, la composición de la nueva Ejecutiva Regional del PP de la Comunidad Valenciana es obligado concluir que no hay ni rastro de cuotas territoriales, ni de peajes a otra observancia que no sea el “campismo” más absoluto. Francisco Camps ha hecho la Ejecutiva a su gusto, a su imagen y semejanza. Ni los miembros de origen castellonense responden al dictado de Fabra, ni en Alicante se ha permitido el más mínimo gesto con los zaplanistas. Camps se ha rodeado de fieles guardianes, de peones que le garantizan que no habrá ni un resquicio para la duda, que su estrategia se aplicara como un rodillo, que sus deseos serán órdenes. La política valenciana del PP en estado puro. Ahora quien reclama un perfil es el propio Francisco Camps, para no ser menos quien es mucho más.

Reina Sofía, ¿por qué no te callas?

(Copia del artículo publicado el pasado jueves 30 de octubre y que por un error mío desapareció. Disculpas para quienes habían escrito unos comentarios que no he sido capaz de recuperar)

Ya sabíamos donde estaba el límite de la sensibilidad de la monarquía española: una caricatura suya te puede llevar a la cárcel o a la casa de empeños; quemas una foto con sus rostros, y te arriesgas a dar con tus huesos en el infierno. Lo que desconocíamos era el respeto, poco, que tienen ellos por las sensibilidades ajenas. Pensábamos, ya que se las daban de buenos profesionales, que teniéndolos a sueldo como los tenemos, nos corresponderían con una cierta consideración. Pues no. El avance de un libro en el que la reina Sofía se confiesa a la periodista Pilar Urbano nos ha abierto los ojos.
Dice la reina, y se intuye un cierto fastidio, que esas fiestas del orgullo gay son molestas y le desagradan; que una boda entre dos homosexuales de ninguna manera puede dar lugar a un matrimonio; que no es partidaria de la eutanasia porque la vida no está en nuestras manos, y que no es “en absoluto” favorable al aborto. Por orden se le debería contestar que para desfile “coñazo” el de las Fuerzas Armadas; que dos homosexuales conforman un matrimonio porque lo dice la ley y porque no hay nada objetivo que, con ley o sin ella, lo impida; que si no siente su vida en sus manos es su problema pero que no debe hablar por otros, y, sobre el aborto, no entiendo si lo que lamenta es, en general, que se haya de llegar a él o quiere decir que en ningún caso lo considera aceptable. Me parece que la falta de tolerancia que desprenden sus palabras (y mira que deben estar revisadas y corregidas) es fruto de que igual le parecen realidades lejanas. Seguro que sobre el culto a la apariencia, la hipocresía, el adulterio, el divorcio o la investigación con células madre, por poner algunos ejemplos al azar, podría mostrarse más comprensiva.
Dejo para el final aquello que ha dicho de que “se ha de enseñar religión en los colegios, al menos hasta cierta edad: los niños necesitan una explicación del origen del mundo y de la vida". Qué relación tendrá una cosa con la otra, como si la religión tuviera algo que ver con el origen del mundo o de la vida, como si siguiera creyéndose lo de Adán y Eva.
En fin, bien mirado, qué otra cosa se puede esperar de una reina, de un miembro de una familia real. Hablan como les corresponde, como lo que son, personajes fuera de su tiempo, protagonistas de una institución tan demodé que es imposible que estén a la altura más allá de saludar, repartir besos a los peques y estar callados. Eso, reina, ¿por qué no te callas? Que nos dejaran en paz, que se fueran, quiero decir, ya sería demasiado.

miércoles, 29 de octubre de 2008

La guardia pretoriana de Francisco Camps (1)

Me comprometí a revisar los resultados del último congreso del partido Popular de la Comunidad Valenciana y, como hice en el caso del PSPV, he analizado los miembros de la nueva Ejecutiva. Cuelgo el artículo en dos entregas ya que, la verdad, me ha quedado un poco largo. En la primera, se incluye al secretario general, a los dos presidentes de Comités y a los cuatro vicesecretarios; en la segunda, los secretarios ejecutivos. De las cuatro coordinadoras (sus áreas se llaman: Sí al PP, sí a la vida, sí al futuro y sí a la Comunidad Valenciana) no me voy a ocupar ya que no creo que desempeñen ninguna responsabilidad orgánica real.
Empiezo, pues, por Ricardo Costa que repite como número dos, como secretario general y brazo derecho del presidente Francisco Camps. Economista de 35 años, Costa es también el portavoz del Grupo Popular en el parlamento autonómico valenciano. Es diputado desde la cuarta legislatura, es decir, entró en Les Corts en 1995, con 23 años. No ha pisado nunca otro mercado laboral que no sea el de la política. Fue presidente valenciano de Nuevas Generaciones del PP. Es hermano de Juan Costa, ex ministro con Aznar y hombre del entorno de Rodrigo Rato que, además, se postuló como posible rival de Mariano Rajoy en el último congreso nacional de los populares. Ricardo Costa no apoyó a su hermano cuando los medios le preguntaron por la posibilidad de que éste se enfrentara a Rajoy. Sus padres son viejos militantes del PP de Castellón. El padre es Juan Costa Galindo, un veterano inspector de Hacienda que dirigió la delegación de Castellón en los tiempos de gobierno de José María Aznar. La madre es María Dolores Climent, una histórica del PP castellonense, que ha sido muchos años concejal en el ayuntamiento de la capital de La Plana y ha formado parte de la Ejecutiva provincial presidida por Carlos Fabra. Costa es el principal ariete dialéctico contra los grupos de la oposición, su verbo y su gesto son desmesurados y no acostumbra a mostrarse preocupado por caer en contradicciones evidentes. La reciente elección de Jorge Alarte como líder de los socialistas PSPV la recibió con una declaraciones en la que lo acusaba de ser “enemigo de los valencianos por ser aliado de Zapatero” y sobre el presidente del Gobierno mantiene que “odia a la Comunidad Valenciana”. Cuando habla de su porpio partido es más mesurado. Así, después del reciente congreso del PP valenciano de octubre, destacó que su formación iba a ser muy exigentes en los temas éticos y de corrupción y cuando se le planteó la existencia de un presidente local en Vila-real condenado por el Tribunal Supremo lo resolvió diciendo que el aludido, Manuel Vilanova, ha tenido un “comportamiento ejemplar” y que su sentencia está recurrida “al Tribunal Europeo”. Sobre “el caso Fabra” mantiene que los comentarios sobre esta cuestión no deberían salir del ámbito judicial.
Junto a Costa, dos veteranos presiden el Comité Electoral y el Comité de Garantías, son, respectivamente, Pedro Agramunt y Juan Rodríguez Marín. Como el secretario general, los dos repiten en el cargo.
Pedro Agramunt Font de Mora nació en 1951, es licenciado en derecho y diplomado en IESE. Casado con Carmen Sáez-Merino, hija del fundador de Lois, Agramunt ha sido directivo de empresas textiles y presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV). Precisamente desde esta institución saltó a la política. Ha sido presidente del PP de Valencia y presidente del PP de la Comunidad Valenciana entre 1990 y 1993. Llegó a la presidencia regional del partido de la mano de Manuel Fraga en el Congreso de Benidorm de 1990, donde el partido pasó de llamarse Alianza Popular del Reino de Valencia a Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Para su elección contó con el apoyo de Carlos Fabra que en 1993 fue quien organizó la cena en Castellón donde Aznar le pidió a Agramunt su renuncia para poder poner en su puesto a Eduardo Zaplana. Agramunt acató disciplinadamente. En las generales de aquel año el PP valenciano había doblado los votos respecto a las de 1989 pero eso no fue suficiente para que Aznar desbancara al PSOE. Agramunt nunca ha comentado públicamente los pormenores de su relevo y nunca le ha faltado un puesto en cargos de relevancia institucional y partidista. Ha sido diputado en el Congreso en la legislatura de 1989 y senador desde 1993 hasta la actualidad. En 1991 fue candidato de los populares a la presidencia de la Generalitat. Perdió las elecciones ante Joan Lerma que consiguió mayoría absoluta. En las generales de 2008 cosechó el mayor número de votos que un senador ha obtenido nunca por Valencia, más de 743.000.
Juan Rodríguez Marín, abogado nacido en Xàbia hace 69 años, ha sido presidente de la Junta del Puerto de Alicante, profesor de derecho en la Escuela de Prácticas Jurídicas de Alicante y está jubilado como abogado del Banco Central Hispano.
Entró en política en 1976 a través del Partido Democrático Liberal del País Valenciano a la sombra de Francisco Zaragoza Gomis, destacado político alicantino, jefe de la Falange en Altea en los años 40, miembro de la Guardia de Franco en los 50 y, después, colaborador de los círculos próximos a Juan de Borbón. Con el Partido Democrático Liberal entra en UCD pero, cuando este partido desaparece, Rodríguez, siguiendo a Zaragoza, participa en la fundación de Unión Provincial Alicantina (UPRA) entidad clave en el “alicantinismo” de principios de los años 80. En 1987 se presenta a las elecciones autonómicas con Coalición Electoral Valenciana y fracasa. Entonces es cuando se afilia a Alianza Popular. Rodríguez Marín ha sido diputado en el Congreso entre 1977 y 1979 con UCD y con esta misma formación, concejal en Alicante y vicepresidente de la Diputación (1979-83). Ha ocupado escaño de diputado autonómico en la legislatura 1983-1987 y, después, entre 1991 y 2003. En 2003 volvió a ser concejal del Ayuntamiento de Alicante.
En el apartado de vicesecretarios, siguen dos, David Serra y Cesar Augusto Asencio, y hay dos novedades, Beatriz Gascó y Marta Torrado.
David Serra continúa como responsable de organización, ahora con rango de vicesecretario. Nacido en Valencia en 1969, Serra, sin estudios ni profesión reconocida, lleva toda su vida en cargos políticos. Ha sido Presidente de Nuevas Generaciones de la Comunidad Valenciana, ha tenido cargos en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, ha sido Director comarcal de Patrimonio y Política Lingüística, Secretario Autonómico de Cultura y Secretario Autonómico de Deporte de la Generalitat Valenciana y vocal de las Juntas Directivas provinciales, regionales y nacional del PP. En su época de máximo responsable del deporte valenciano, en una entrevista en la Cadena Ser se le escapó que Alejandro Agag, yerno de José Aznar, había sido fundamental para convencer a Bernie Ecclestone para llevar la Fórmula 1 a Valencia. Sus palabras provocaron muchas reacciones, se desató una cierta polémica, Serra fue reconvenido. Inmediatamente hizo unas nuevas declaraciones en las que aseguró que Agag no había intervenido. Antes del XVI Congreso Nacional del PP que se celebró el pasado verano en Valencia, el diputado y exconseller Miguel Peralta, de los pocos zaplanistas que siguen ejerciendo de tal, le acusó de presionar al alcalde de Alcoi, Jorge Sedano, para conseguir la elección de unos determinados compromisarios.
Cesar Augusto Asencio, que sigue como responsable de política local aunque asciende de secretario a vicesecretario general, nació en Alicante en mayo de 1962 y es abogado. Tiene una largo historial de cargos institucionales en el PP. Estuvo entre los más fieles a Eduardo Zaplana en el PP alicantino desde 1993 a 2003 pero en 2004 fue de los primeros en pasarse al campismo cuando Francisco Camps llegó a la presidencia de la Generalitat; por eso es de los más odiados por los zaplanistas. Su pésima relación con los que fueron sus afines llega al punto que de cara al último congreso regional del PP se negó a dar su aval de compromisario al presidente del partido en Alicante, José Joaquín Ripoll, para que este se lo hiciera llegar a Francisco Camps. Ripoll recogió 141 de los 139 compromisarios alicantinos, uno de los que no le quiso usar intermediario fue Asencio que le entregó su aval personalmente al presidente de la Generalitat. Cesar Augusto Asencio es presidente del PP en Crevillent y alcalde de esta población desde 1995, en las últimas municipales casi con un 60% de los votos. Fue portavoz del PP en la Diputación de Alicante entre 1991 y 2007. Por campista los zaplanistas lo descabalgaron de la institución provincial pero Francisco Camps lo incluyó en la lista autonómica y ahora es diputado en Les Corts. Como alcalde de Crevillent se ha quejado reiteradamente de la presencia masiva de inmigrantes marroquíes en su localidad asegurando que la inmigración trae delincuencia y que si hay problemas no es por racismo sino por falta de voluntad de integración de los recién llegados; como diputado autonómico y portavoz del PP en la comisión de control de RTVV se encarga de contestar las reiteradas críticas de la oposición al funcionamiento de Canal 9 con el argumento de que la característica de los informativos de la televisión autonómica es su objetividad y, por ello, no merece descalificaciones.
Marta Torrado de Castro, la nueva vicesecretaria de Comunicación, además de estar en la ejecutiva popular es teniente de alcalde del ayuntamiento de Valencia y diputada en el Congreso de Madrid. Nacida en Valencia en 1966, estudió en el Colegio Domus de Godella y luego se licenció en Derecho. Llegó a la política de la mano de Rita Barbera. Asegura que fue un miting de la alcaldesa de Valencia lo que le arrastró a meterse en política. En 1991, con 25 años, entró como asesora del grupo municipal popular del ayuntamiento de Valencia y cuatro años después se estrenó como concejal. Ha dirigido las áreas de Juventud, Patrimonio y, actualmente, Bienestar Social. Marta Torrado está casada con Jesús Wolstein que empezó organizando conciertos; luego, con la llegada de Camps a la presidencia de Generalitat, pasó a la dirección de Ràdio 9 y, de allí, saltó al Valencia CF. En el club valencianista era el “político”, el hombre de confianza del PP que estaba al lado del nuevo presidente Juan Soler. Su salida del club estuvo acompañado de una indemnización multimillonaria y envuelto en polémica ya que Wolstein apadrinó a la empresa fantasma “Valencia Experience” como sponsor del Valencia CF. “Valencia Experience” ni pagó las cantidades acordadas, ni nunca se ha sabido quien estaba detrás de ese nombre.
Beatriz Gascó, nueva vicesecretaria de Relaciones Institucionales, es la benjamín de la Ejecutiva. Tiene 29 años y es concejal del ayuntamiento de Castellón donde dirige Educación, Turismo e Igualdad. Licenciada en Humanidades, su valedor es el alcalde de Castellón Albero Fabra y no pertenece al círculo directo del presidente provincial castellonense, Carlos Fabra. Beatriz Gascó es periodista e hija del cronista oficial de Castellón nombrado por el ayuntamiento, Antonio Gascó. La nueva responsable popular de Relaciones Institucionales está considerada próxima al conseller de Educación del gobierno autonómico, Alejandro Font de Mora, en cuyo gabinete de prensa trabajó.

viernes, 24 de octubre de 2008

Cuando lo que puede pasar no pasa y siguen gobernando los mismos

Hay una frase que he escuchado o leído mil veces en boca de los dirigentes políticos de la izquierda valenciana cuando plantean las posibilidades que tienen de derrotar al PP: “para las elecciones falta mucho tiempo y pueden pasar muchas cosas”. Lo dicen a dos años de los comicios, a uno, a seis meses; cuando interesa. Siempre dicen lo mismo. Sobre el papel tienen razón, en cualquier momento pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar, claro, pero no pasan. Y si pasan, no sirven. Llevan más de quince años encadenando derrotas; los resultados, que es a lo que ellos se refieren, no cambian.
Para hacer más evidente que el mapa político valenciano parece esculpido en mármol no hay más que revisar las encuestas que ha publicado desde 2005 el diario “El País” con motivo del 9 de octubre. Los datos de esos trabajos, sin entrar muy a fondo en ellos, demuestran que no sólo se mantienen invariables los resultados electorales, evidencian también que es el conjunto de percepciones y opiniones de los valencianos lo que no sufre modificaciones significativas, y si hay cambios, dicho sea de paso, favorecen más el voto al PP que a los grupos de oposición.
Fijándonos en las valoraciones de los principales líderes políticos valencianos vemos que en el periodio 2005-2008 Rita Barberá, la alcaldesa de Valencia, empieza con un 6’4 y ahora está en 6’5 y el President de la Generlitat, Francisco Camps, cae del 6’1 al 5’8. Los nombres más conocidos de la oposición ofrecen números muy inferiores pero, también, con poca variación: el último secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla va del 5’1 al 4, sin duda la mayor oscilación; Carmen Alborch, pasa del 5’4 al 5’8; la líder de Esquerra Unida, Gloria Marcos, del 4’7 al 4’5, y Enric Morera, máximo representante del Bloc Nacionalista, se mueve entre el 4’9 y el 4’6.
La nota que se pone a la gestión del gobierno autonómico empieza en un 5’9 y acaba en un 5’6.
Conselleria por conselleria la nota media era de un 4’7 en 2005, con solamente tres consellers por encima del cinco; un 4’6 en 2006, con todos suspendidos, de 2007 no hay datos y en 2008 todos menos uno superan el cinco para situar la media en el 5’5.
El porcentaje de población que piensa que el gobierno Zapatero ha perjudicado a la Comunidad Valenciana era del 74% en 2005; 79%, en 2006; en 2007, el 67 % opinaba que la gestión del gobierno Zapatero era entre regular y muy mala, y en 2008 ese porcentaje se quedaba en el 64%.
Sobre el “caso Fabra”, en 2005, un 66% de los valencianos pensaban que el presidente de la Diputación de Castellón debía dimitir; en 2006, un 69, y en 2008, un 46. De 2007 no hay datos.
Cuando se pregunta por lo que hace bien y lo que hace mal el gobierno de la Generalitat, invariablemente aparecen, en lado positivo, el turismo y, en el negativo, la sanidad y la educación.
Sobre inmigración tampoco hay grandes cambios: en 2005 un 38% de la población pensaban que la llegada de inmigrantes perjudicaba la economía valenciana y en 2008 lo cree el 39%.
En resumen, que todo sigue igual; que no sólo parece que no llegan las cosas que se supone que pueden pasar sino que prácticamente nada se mueve y si algo varía parece que quienes han de detectarlo no lo detectan.
La eterna referencia a que “pueden pasar muchas cosas” me parece, al fin y al cabo, una prueba indiscutible de debilidad. En el “pueden” está el reconocimiento de la propia culpa. Lo que “puede” que pase también “puede que no pase”. Más que apelaciones a la fortuna, que es ante lo que estamos, más valdría disponer de un método concreto que llevara las cosas al terreno de la causalidad y no de la casualidad. Lo pertinente sería decidir estrategias concretas y esperar unas determinadas consecuencias, ver si estas se han producido o no y analizar las razones. Quizás es un exceso de rigor, quizás significa demasiado trabajo. Quizás.

lunes, 20 de octubre de 2008

Seppuku

En el País Valenciano las noticias de política lleva mucho tiempo siendo malas noticias. La reiteración de abusos, corrupciones y entronizaciones constantes que vemos en el gobernante PP son malas noticias para la política. El reciente congreso de los populares autonómicos, del que pienso ocuparme, políticamente raya en el terreno de las bromas de mal gusto. También los tropiezos constantes de los grupos de oposición son pésimas noticias, y no paran.
La última, de ayer, del recién estrenado líder de los socialistas valencianos: “Alarte acata la orden de Zapatero de no oponerse a los presupuestos del gobierno Camps”. Dice que no votará en contra de las cuentas del PP, que lo hará a favor o se abstendrá. Es lo que le ha ordenado Zapatero en el reciente Consejo Territorial del PSOE. Empieza bien Jorge Alarte. Si de lo que se trataba es de hacerse visible como oposición, de armar un discurso alternativo creíble, de que se visualizara que no se es un satélite a las órdenes de Ferraz, de demostrar que el eje del trabajo del nuevo PSPV es el interés de los valencianos, mal arranca.
Decía Jorge Alarte (El Punt 19/25 de octubre de 2008): “El PSPV no ha de tener sólo un discurso y una posición autónoma, sino una cosa más importante: un proyecto para los valencianos”. Si esto es así, entonces, ¿por qué hace justamente lo contrario?
No es obligatorio, ni mucho menos, que un grupo opositor tenga que votar contra los presupuestos del gobierno, lo que si parece razonable es que el voto se base en los contenidos de los presupuestos y no en una orden recibida desde la metrópoli, ¿qué sabe Zapatero de los intereses de los valencianos? Asegura Zapatero que la decisión se toma para “superar la crisis económica, generar empleo y mantener las políticas sociales”. Claro, lo que sucede es que sus compañeros de Valencia llevan años diciendo que las cuentas de la Generalitat van justamente en contra de todo eso. Es decir, mentían antes o lo hacen ahora, se equivocaban antes o se equivocan ahora. Cómo se puede edificar un discurso creíble sobre el reconocimiento de que, toque de corneta de Madrid mediante, lo que se defiende hoy se olvida mañana.
La solidez democrática que subyace en esta forma de hacer las cosas es tan poca que el texto aprobado por el PSOE en su Consejo Territorial se descuelga con que facilitar la aprobación de los presupuestos allá donde no gobiernan es conveniente porque “los ciudadanos no entenderían que los intereses partidistas puedan estar por delante de los intereses de España”. Esta frase entraña tanta estupidez o mala fe que no parece dicha en serio. Decir eso es reconocer que cuando se oponen lo hacen por partidismo, lo hacen porque no son sus presupuestos, lo hacen aunque eso perjudique al ciudadano. Desde la oposición no se puede hacer mejor servicio a la sociedad que demostrar que se es alternativa y eso es lo que lleva trece años sin demostrar el PSPV. Que la reunión donde el PSOE decidió ese apoyo a las cuentas del PP la dirigieran dos diputadas elegidas en el País Valenciano, María Teresa Fernández de la Vega y Leire Pajín, demuestra el nivel de desorientación o abandono en el que viven; que además el PP valenciano tenga una holgadísima mayoría absoluta y el gesto del PSPV no pase de testimonial lleva la situación casi a la caricatura; que todo esto no tenga otra explicación que servir de munición defensiva al gobierno de Madrid ante las críticas de Rajoy y sus muchachos es, políticamente, vergonzoso. Malas noticias, muy malas.Una oposición en permanente hara-kiri, seppuku, en japonés, no es buena cosa.