La presunción de inocencia como excusa

Aburre, sonroja y preocupa escuchar a la mayoría de dirigentes políticos referirse a la presunción de inocencia como un escudo para la continuidad de su carrera en cargos públicos. La presunción de inocencia es una garantía para los ciudadanos pero se ha convertido también en una excusa perfecta para los dirigentes políticos. Unos y otros no pueden acogerse a la presunción de inocencia en igualdad de condiciones. De ciudadano no se puede dimitir; de dirigente político, sí. Por eso, a un ciudadano no se le pude condenar si existen dudas sobre su actuación. En cambio, y por el contario, para un dirigente político las dudas sin resolver son causa suficiente para su dimisión. Las dudas salvan al ciudadano y condenan al político. Jamás un resultado electoral favorable exonera de responsabilidad.
Y lo que vale para corruptos, vale para incompetentes. Ante la contumacia en el error, un dirigente político no puede apelar a su buena fe, a su dedicación o al centrifugado de culpas. Vuelve a ser la presunción de inocencia por la vía del buenismo. No vale. Cualquier decisión que desemboque en un gran perjuicio para la ciudadanía, por más que sea una consecuencia no querida, debe desembocar en dimisión inmediata, o en destitución. No se trata de ningún castigo sino de un mecanismo para garantizar el mejor servicio posible al contribuyente. Un cargo político debe saber que es responsable absoluto de sus actos y de sus consecuencias y que, por tanto, está obligado a la máxima dedicación porque nada es gratis; ha de tener claro que le interesa rodearse de los mejor preparados y no de pelotas y amiguetes ya que los errores de estos los acabará pagando él; ha de ver con claridad que debe regir su acción a partir de criterios profesionales y sólo tiene que servir al interés general porque una desviación por intereses inconfesables puede tenerle a él mismo como primera víctima. Saber todo esto vale para estar atento, tomar el máximo de precauciones y procurar, por encima de todo, hacer las cosas bien. Por eso que quien se equivoca pague es una garantía para el ciudadano.