Portugal, ese ejemplo de que sí, de que es posible un
gobierno de izquierdas transformador, acaba de aprobar la puesta en marcha de
un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de envases de bebidas (SDDR). Un
sistema que ya funciona en el medio mundo más respetuoso con la sostenibilidad
del planeta y que entre 2015 y 2018 estuvimos a punto de implantar desde la
Secretaría de Medio Ambiente del Govern del Botànic de la Generalitat. Finalmente
no vio la luz porque el gran poder económico mandó parar y no lo permitió. Ya
se sabe, los poderosos ni protestan ni reclaman, ellos tienen capacidad de
amenaza y de chantaje y están acostumbrados, entonces pasó, a que los jefes y
jefas de gobiernos cedan.
La implantación del SDDR en el País Valenciano fue
aquel intento que se frustró por el ordeno y mando de los grandes supermercados
que en estas tierras valencianas sabemos que, ajenos a cualquier conciencia
ambiental, mercadean con el consumo de las personas más y más que en ni ningún
otro sitio.
Fue aquella iniciativa comprometida y verde que se bloqueó por el empeño de la patronal,
esa que ahora defiende “Puerto/Intu Mediterraneo” como si el negocio estuviera
antes que las personas y como si solamente fueran empresarios los que operan en
paraísos fiscales y no los centenares de hombres y mujeres que levantan las
persianas de sus comercios cada mañana.
Pues bien, en Portugal la ley del SDDR ya tiene la
aprobación del Parlamento. La puesta en marcha se hará en lo que equivale a
toda una legislatura, igual que lo teníamos previsto aquí. La ley portuguesa
enumera las razones para la implantación del sistema, y tampoco difieren de las
nuestras: disminuyen las toneladas de plástico incinerado y enterrado en
vertederos, se reduce el impacto ambiental y el abandono en el territorio de
millones de botellas, se valorizan mejor los materiales, se progresa en
economía circular, se recorta en gasto de combustibles fósiles, se avanza en la
independencia
energética del país, se mejora la calidad del material resultante de los
residuos, se favorece el cumplimiento de los acuerdos sobre el clima de París
2015 y se crean muchos puestos de trabajo. Yo añadiría una razón más, de
carácter más político. Implantar el SDDR suponía apostar por una gestión
responsable y sostenible de los residuos de acuerdo con un nuevo modelo económico
con el que el Govern del Botànic se decía comprometido. No es una cuestión menor: era un vector de
cambio real que impulsaba la profundización democrática que necesitamos para
construir una voluntad compartida contra el miedo y la desconfianza, esas
sombras que hoy sacuden nuestras sociedades.
La previsión de la ley portuguesa es que el sistema arranque
a finales de este año 2019. Durante 2020 y 2021, y a cuenta de la propia
administración, se dará un incentivo, una especie de gratificación al consumidor,
por cada envase que se devuelva y a partir del 1 de enero de 2022 ya se
cobraran los envases con depósito (latas, plástico, tetra-brick y vidrio). El
sistema será gestionado por la Agencia Portuguesa del Medio Ambiente (APA) “con
la participación de otras entidades”, que es la manera de facilitar la
intervención de los distintos agentes implicados en el proceso. Vamos, lo que
también defendimos en nuestro caso.
La norma portuguesa, a diferencia de lo que se proponía para
el País Valenciano, obliga por ley a todos los grandes supermercados, de 2.000
metros cuadrados o más, es decir, y para entendernos, del tamaño de un
Mercadona hacia adelante, a ceder “gratuitamente” espacio para la instalación
de las máquinas de recogida y, además, a habilitar una zona para vender
exclusivamente bebidas en envase retornable. En nuestra propuesta, la recogida
se hacia en el conjunto de comercios y todos tenían una compensación por
gestionar los envases. Dejar fuera los establecimientos medianos y pequeños los
excluye de un un flujo económico y un reclamo comercial importante.
Los legisladores portugueses, en la exposición de motivos de
la nueva regulación, especifican que el sistema de Devolución y Retorno es el
único que garantiza que se podrán cumplir las exigencias europeas en cuanto a
gestión de plásticos y residuos en general. Cifran su actual porcentaje de
reciclado de envases de bebida en un
inaceptable 30%, muy parecido al que hay en Valencia, y explican tan negativo
dato diciendo que el “punto verde” que se paga actualmente por la gestión de
los envases, como en España, no supone
ningún incentivo para el ciudadano. Recuerdan, como repetidamente hicimos
también nosotros, que, frente a su 30% de reciclaje, en los países que ya
disponen de SDDR se supera claramente el 90%.
¿Y quien votó la ley portuguesa? Pues la derecha, miren
ustedes qué cosas. Bueno, no solamente la derecha, es verdad. La propuesta vino
del diputado del PAN (Personas, Animales y Naturaleza) y la secundaron el gobernante
Partido Socialista y el Bloque de Izquierdas, su apoyo parlamentario. Pero también
votó sí la oposición: el PSD y el CDS-PP, dos formaciones derechistas que
pertenecen al Partido Popular Europeo, compañeros pues de nuestro PP. No hubo
votos en contra. El Partido Verde y el Partido Comunista se abstuvieron. Ambos
consideraron que la ley se queda corta.
Así pues, un proyecto casi idéntico al valenciano pero con
un desenlace bien distinto. Tal vez las cosas vistas desde Portugal son
diferentes, puede que allá la derecha no sea tan irresponsable, o que su patronal no sea tan miope. Quién
sabe. Quizás es que en Lisboa la izquierda gobernante actúa con mayor valentía
que la nuestra o, a lo mejor, es que los supermercados portugueses ponen precio
a sus productos pero no a la cabeza de los cargos políticos.
